Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2178-13

Reclamante:	CARLOS CLAUSSEN CALVO
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, fundada en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Solicitud de venta directa de terrenos fiscales en actual tramitación, a favor del sostenedor del Colegio Antofagasta British School (ABS), la cual corresponde a la venta, a través del mecanismo especial establecido en el título IV, letra b) de la Orden Ministerial Nº 01, de 21 de septiembre de 2012 de un terreno que se encuentra en el sector de Jardines del Sur Alto, de una superficie aproximada de 22.000 m2 (2,2 hás.) a un valor propuesto (también aproximado) de UF 2,97 por m2; y, b) Carpeta y antecedentes del proyecto de licitación (en estudio o actualmente en ejecución) del terreno fiscal inmediatamente anexo a aquél objeto de la solicitud de venta directa señalada en el numeral anterior, esto es, a aquél ubicado en Jardines del Sur Alto de esta ciudad, incluyendo la tasación efectuada por su repartición a dichos terrenos, la cual -según sabemos- un mínimo de UF 5 por metro cuadrado". El Consejo acoge el amparo. Respecto al literal a), se acoge el amparo , toda vez que se estima que el conocimiento de los procedimientos de venta directa de inmuebles fiscales, en los que suelen coincidir grados significativos de discrecionalidad administrativa con la falta de competencia o puja en la formación del precio de venta, refuerza el interes público para escrutar la pertinencia, probidad y rigurosidad del mencionado procedimiento, no procediendo la causal de secreto invocada. Respecto al literal b), se acoge el amparo, toda vez que no basta para entender configurada la causal de reserva invocada que los antecedentes solicitados sean previos a la adopción de un decisión de la autoridad, sino que además se requiera que exista certeza de la adopción de la resolución, dentro de plazo prudencial. Certeza que no existe en el presente caso, pudiendo incluso no realizarse durante el 2014. Si se acogiera la causal de reserva invocada, implicaría reservar indefinidamente la información solicitada, lo que es contradictorio con los principios de publicidad y transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/31/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C248-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C2178-13 Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta Requirente: Carlos Claussen Calvo Ingreso Consejo: 06.12.2013 En sesión ordinaria Nº 511 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2178-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de octubre de 2013, Carlos Claussen Calvo solicitó al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, en adelante también "la SEREMI" "toda la información existente en el organismo que usted representa relacionada con los siguientes procesos: a) Solicitud de venta directa de terrenos fiscales en actual tramitación, a favor del sostenedor del Colegio Antofagasta British School (ABS), la cual corresponde a la venta, a través del mecanismo especial establecido en el título IV, letra b) de la Orden Ministerial Nº 01, de 21 de septiembre de 2012 de un terreno que se encuentra en el sector de Jardines del Sur Alto, de una superficie aproximada de 22.000 m2 (2,2 hás.) a un valor propuesto (también aproximado) de UF 2,97 por m2; y, b) Carpeta y antecedentes del proyecto de licitación (en estudio o actualmente en ejecución) del terreno fiscal inmediatamente anexo a aquél objeto de la solicitud de venta directa señalada en el numeral anterior, esto es, a aquél ubicado en Jardines del Sur Alto de esta ciudad, incluyendo la tasación efectuada por su repartición a dichos terrenos, la cual -según sabemos- un mínimo de UF 5 por metro cuadrado". El solicitante citó la Ley N° 20.285. Adjuntó a su solicitud copia de un croquis con la ubicación aproximada de los terrenos objeto de ambos procesos. Adicionalmente solicitó se dispusiere la suspensión del proceso de venta directa al sostenedor del Colegio Antofagasta British School (ABS), por las razones que en su presentación indica. 2) RESPUESTA: El 3 de diciembre de 2013, la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario N° 6788, de 15 de noviembre de 2013, señalando, en síntesis, que: a) Denegó la entrega de la información solicitada por los literales a) y b) del requerimiento, invocando la causal del artículo 21, Nº 1, letra b) de la Ley de Transparencia. b) En relación a la solicitud de suspensión del proceso de venta directa a ABS, no se accederá a ella, toda vez que no es un trámite que se pueda solicitar invocando la Ley de Transparencia. Para estos efectos la ley ha establecido otros mecanismos. 3) AMPARO: El 6 de diciembre de 2013, Carlos Claussen Calvo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que la respuesta le parece infundada e inconsistente, toda vez que lo solicitado, esto es, carpeta y antecedentes del proyecto de licitación, no tendrían relación con el secreto contemplado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Indica que la resolución que se considera para denegar la entrega de la información perjudica los intereses del Colegio AIS S.A., situación que sólo podría aclararse accediendo al mencionado proyecto. El solicitante renunció a la notificación por carta certificada, y manifestó expresamente que todas las notificaciones se realicen mediante comunicación electrónica a la dirección de correo que señaló en su amparo. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, mediante oficio N° 5337, de 19 de diciembre de 2013. Se Solicito especialmente que junto con formular sus descargos se refiriese específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada, y en especial, informase en qué medida la documentación requerida serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura, explicando las implicancias de dicha medida o política, y explicitando las características particulares de la documentación solicitada que, a juicio del órgano, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación. Mediante ordinario N° 105, de 7 de enero de 2014, el Sr. SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta presentó sus descargos señalando, en síntesis que: a) En cuanto a la solicitud de la letra a), la negativa se fundó en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Lo anterior se fundamenta en que la solicitud de venta y sus antecedentes fueron remitidos al Ministerio para el análisis de pertinencia de la venta directa y verificación de cumplimiento de los requisitos que establece el Decreto Ley N° 1939, de 1977, y la Orden Ministerial N° 1, de 21 de septiembre de 2012. Por tanto, se estimó pertinente denegar el acceso a la información, toda vez que sobre el asunto, no ha recaído aún decisión de autoridad, encontrándose la tramitación de la solicitud de venta aludida, sólo en una etapa de evaluación de los antecedentes. b) Respecto al requerimiento de la letra b), también se denegó el acceso a la información por el mismo artículo 21 N° 1 letra b), toda vez que la licitación a que el usuario hace referencia se encuentra aún en el Ministerio a la espera de la confección y posterior aprobación de las bases que regulan la propuesta pública. c) Además, y más allá del ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285, el Sr Claussen solicitó la suspensión del proceso de venta a ABS, por no cumplir en su opinión, con las normas legales que rigen la venta de bienes fiscales, solicitud a la que no se accedió, toda vez que no se trata de un trámite que pueda solicitar el usuario invocando la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que se han establecido otros mecanismos jurisdiccionales al respecto. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 10 de marzo de 2014, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo solicitó al órgano reclamado, se refiriese al estado de los procesos consultados en la solicitud, esto es, la venta directa del inmueble y la licitación de bienes fiscales, requiriendo precisase si el fundamento material de la causal de reserva invocada en la época de la respuesta a la solicitud se mantiene o no. En caso que ambos procedimientos se encontraren en tramitación, se solicitó que señalase una eventual fecha en que se adoptarían las decisiones sobre tales materias. Por correo electrónico de 10 de marzo de 2014, la abogada de la Unidad de Jurídica de la SEREMI, doña Inés Tobar Zárate, señaló lo siguiente: a) "La solicitud de venta aun está en el Ministerio para su análisis, por tanto aún no se ha dictado el decreto autorizatorio. Según se me informo, dicha solicitud pasará para evaluación de pertinencia del nuevo gobierno y no hay certeza de su aprobación. b) En relación a la licitación de los terrenos aledaños al terreno solicitado por ABS, me informó el encargado de licitaciones que aún no se aprueban las bases de licitación de los citados terrenos y que probablemente este año no se licitaran, porque su venta por licitación pública dependerá de la nueva autoridad que asuma". <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que primeramente, cabe referirse a la solicitud del requirente por la cual solicitó a la SEREMI la suspensión del proceso de venta directa que indica. Al respecto, según se advierte del texto de la presentación el Sr. Claussen Calvo, este señaló expresamente "solicita acceso a información pública sobre venta directa que indica y proyecto de licitación de terrenos, conforme a la Ley Nº 20.285 y, adicionalmente solicita suspensión del proceso de venta directa que indica". De lo anterior se concluye que, además de requerir información invocando la Ley de Transparencia - aquella singularizada en los literales a) y b) de la solicitud- el solicitante requirió la suspensión del procedimiento que indica, pero esto último no se realizó conforme a la Ley Nº 20.285, sino que como requerimiento de carácter adicional. Por lo anterior, este Consejo no emitirá pronunciamiento sobre la materia, por tratarse de una presentación que no fue formulada al amparo de la Ley de Transparencia. 2) Que, por la solicitud del literal a), del requerimiento de información, se requirió "toda la información existente (...) relacionada con la solicitud de venta directa de terrenos fiscales en actual tramitación, a favor del sostenedor del Colegio Antofagasta British School (ABS), la cual corresponde a la venta, a través del mecanismo especial establecido en el título IV, letra b) de la Orden Ministerial Nº 01, de 21 de septiembre de 2012 de un terreno que se encuentra en el sector de Jardines del Sur Alto, de una superficie aproximada de 22.000 m2 (2,2 hás.) a un valor propuesto (también aproximado) de UF 2,97 por m2". Al respecto, cabe tener presente las siguientes disposiciones que regulan la venta directa de bienes inmuebles del Estado, aplicables al caso en análisis: a) El DL N° 1939, de 1977, que fijó normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del estado dispone en su artículo 84 "El Presidente de la República, a través del Ministerio, podrá vender directamente, como asimismo mediante subasta o propuesta pública o privada, los bienes fiscales que no sean imprescindibles para el cumplimiento de los fines del Estado, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado". b) La Orden Ministerial N° 01, de 21 de septiembre de 2012, del Ministerio de Bienes Nacionales, que impartió normas en materia de enajenación y administración de bienes raíces fiscales. En lo pertinente, el Título IV letra b) de dicha Orden- citado por el solicitante en sur requerimiento- regula la venta de inmuebles fiscales por Venta Directa. Contempla que "El Ministerio podrá vender bienes prescindibles de forma directa y sin que medie un proceso de licitación pública, en los siguientes casos excepcionales: a) Cuando sean solicitados por organismos públicos o personas jurídicas sin fines de lucro para el desarrollo de sus funciones propias" 3) Que, del tenor de la solicitud en análisis y de los antecedentes aportados por la reclamada, se concluye que el Colegio ABS, de Antofagasta, habría presentado en la SEREMI, una solicitud a objeto de que dicho organismo venda de forma directa, un determinado bien inmueble fiscal, en el marco de la normativa citada en el considerando precedente. La SEREMI no ha negado que exista la información solicitada, sino que ha señalado que la solicitud de que se trata se encuentra en tramitación. Agregó en sus descargos que "la solicitud de venta y sus antecedentes" fueron remitidos al Ministerio de Bienes Nacionales para el análisis de pertinencia de la venta directa y verificación de cumplimiento de los requisitos que establece el Decreto Ley N° 1939, de 1977, y la Orden Ministerial N° 1, de 21 de septiembre de 2012. De lo anterior se concluye que los documentos solicitados, relacionados con el procedimiento de venta directa consultado, han de obrar en poder de la reclamada, a objeto que, en ejercicio de sus competencias y en el marco de un procedimiento administrativo regulado, emita una determinada decisión. En consecuencia, la solicitud recae en información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, a menos que a su respecto concurra alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que la reclamada invocó tanto en su respuesta como en sus descargos, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° letra b) de la Ley de Transparencia, por la que se podrá denegar total o parcialmente la información que se solicite cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Al respecto, y conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento del citado cuerpo legal, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 5) Que, en relación a la causal de secreto o reserva invocada por la reclamada, cabe tener presente los criterios fijados por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A79-09 y C248-10, entre otras, en las que se ha sostenido que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 6) Que, respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, el Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa, en la especie, la solicitud presentada por el Colegio Antofagasta British School (ABS) a la SEREMI de Bienes Nacional de Antofagasta y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano, a saber, la aprobación o rechazo de la solicitud de venta en forma directa de determinado bien inmueble fiscal, de manera que sea claro que los antecedentes o deliberaciones originarán la resolución, medida o política de que se trata. En este caso, dicho requisito se ha verificado, dado que, de la normativa que regula la materia y de lo señalado por la reclamada, se concluye que los documentos solicitados se encontrarían en actual tramitación, previos a la adopción de una resolución o medida relativa a la venta directa de un inmueble, en los términos ya referidos. 7) Que además, este Consejo ha concluido que para aplicar la causal en comento se requiere, conjuntamente, que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios establecidos en su artículo 11. En este caso, de lo señalado por la reclamada en respuesta a la gestión oficiosa descrita en el numeral 5) de lo expositivo, puede desprenderse que la reclamada no tiene definido un plazo o periodo dentro del cual pudiera pronunciarse al respecto. En ese sentido, ha señalado que los antecedentes requeridos pasarían a evaluación del nuevo Gobierno, por lo que no habría "certeza de su aprobación", lo que da cuenta de la incertidumbre asociada a la adopción de la decisión acerca de la materia consultada. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, acoger la alegación planteada por el organismo reclamado, implicaría reservar indefinidamente la información solicitada, lo que resulta contradictorio con los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Constitución Política de la República y en la Ley de Transparencia. 8) Que respecto del segundo requisito en comento -referido a la afectación concreta del debido cumplimiento de las funciones- no se ha acreditado por el órgano reclamado de qué modo la divulgación de la información que se analiza podría afectar la adopción de una resolución o medida dentro del ámbito de su competencia, no existiendo una afectación presente o cierta, probable y específica a un derecho determinado. Se advierte que el órgano no ha fundado tal afectación, restringiéndose a señalar que la información sería un antecedente de una decisión que aún no ha sido adoptada. Sobre el particular, este Consejo no advierte de qué manera la entrega de la información solicitada pudiere afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, máxime si los antecedentes requeridos se encuentran insertos en un procedimiento reglado que necesariamente conducirá a la dictación de un acto terminal que disponga la aceptación o rechazo de la solicitud de venta directa de un inmueble fiscal, razón por la que no se aprecia de qué forma la divulgación de tales antecedentes produzca tal afectación. Este Consejo estima que dicho razonamiento no se ve alterado por el hecho de haberse producido un cambio de gobierno y que la decisión definitiva deba ser adoptada por otras autoridades distintas a aquellas que conocieron ésta solicitud, por cuanto el ejercicio de las potestades públicas corresponde al órgano reclamado, y la decisión a adoptar en este caso particular, a saber, aprobar o rechazar la venta directa de que se trata, constituye un proceso decisional que no se ve afectado por la comunicación de los antecedentes que deben fundar tal decisión, cualquiera sea la autoridad llamada a decidir la materia. 9) Que este Consejo estima que existe un especial interés público en el conocimiento de los procedimientos de venta directa de inmuebles fiscales, en los que suelen coincidir grados significativos de discrecionalidad administrativa con la falta de competencia o puja en la formación del preciode venta, lo que refuerza el interés público para escrutar la pertinencia, probidad y rigurosidad del mencionado procedimiento antes de que este eventualmente concluya con la enajenación del inmueble fiscal en cuestión. 10) Que, en consecuencia, conforme con lo expuesto precedentemente, y no habiendo acreditado la SEREMI la concurrencia de la causal de secreto o reserva alegada, se acogerá el presente amparo y se dispondrá que la SEREMI entregue al reclamante de copia de la información de que disponga, relacionada con la solicitad del literal a) de la solicitud de información. 11) Que en lo que atañe al literal b) de la solicitud, se requirió copia de la "carpeta y antecedentes del proyecto de licitación (en estudio o actualmente en ejecución) del terreno fiscal inmediatamente anexo a aquél objeto de la solicitud de venta directa señalada en el numeral anterior, esto es, a aquél ubicado en Jardines del Sur Alto de esta ciudad, incluyendo la tasación efectuada por su repartición a dichos terrenos, la cual -según sabemos- un mínimo de UF 5 por metro cuadrado". De acuerdo al tenor de la solicitud y a los antecedentes allegados por la reclamada en sus descargos, cabe entender que lo requerido son los antecedentes que existirán en poder de la reclamada, relacionados con un proyecto que se encontraría en estudio para llevar a cabo una licitación pública respecto de un terreno fiscal contiguo a aquel aludido en la letra a) de la solicitud, incluyendo la tasación fiscal de esos inmuebles, efectuada por la SEREMI. La reclamada no ha negado la existencia de información vinculada al proyecto de licitación consultado, pues, según indicó en sus descargos, "la licitación a que el usuario hace referencia se encuentra aún en el Ministerio a la espera de la confección y posterior aprobación de las bases que regulan la propuesta pública". Lo anterior permite presumir que existen antecedentes vinculados al estudio o proyecto de licitación pública señalado por el solicitante, incluida la tasación fiscal de los inmuebles aludidos. En consecuencia, este Consejo entiende que la solicitud en esta parte recae en información que ha de obrar en poder de la reclamada y que por lo tanto, constituye información pública, a menos que esté sujeta a alguna excepción de carácter legal. 12) Que la reclamada denegó la entrega de la información invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Acerca de los criterios para entender configurada la causal de reserva alegada en el caso de solicitud en análisis, cabe tener por reproducidos los considerandos 4) y 5) de la presente decisión. En el caso particular, la reclamada en sus descargos, señaló "aún no se aprueban las bases de licitación de los citados terrenos y que probablemente este año [2014] no se licitaran porque su venta por licitación pública dependerá de la nueva autoridad que asuma". 13) Que, según lo razonado en relación a la solicitud de información antes analizada, no basta para entender configurada la causal de reserva o secreto alegada, que los antecedentes solicitados sean previos a la adopción de una decisión de la autoridad, sino que además se requiere que exista certidumbre de la adopción de la resolución, dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. Asimismo, se requiere que la comunicación o divulgación de la información solicitada afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Sobre la materia, de las alegaciones de la reclamada, se advierte que no existe certeza acerca de la decisión para la licitación pública de los inmuebles señalados por el solicitante, pudiendo incluso no realizarse esta durante el año 2014, pues dependería de la nueva autoridad de gobierno determinar la realización de la señalada licitación. En opinión de este Consejo, acoger la alegación planteada por la reclamada, implicaría reservar indefinidamente la información solicitada, lo que resulta contradictorio con los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Constitución Política de la República y en la Ley de Transparencia. 14) Que, en lo que respecta a la afectación que se produciría con la divulgación de la información, la reclamada no se pronunció acerca de la manera que la comunicación de los antecedentes referidos pudieren afectar el debido cumplimiento de sus funciones. Asimismo, este Consejo no aprecia que la entrega de esos antecedentes, pudiesen afectar las funciones del órgano reclamado, máxime si los mismos refieren a una licitación pública en proyecto o estudio, cuyo objetivo es la venta de un determinado bien inmueble que pertenece al Fisco, en el marco de un procedimiento administrativo regulado por el DL N° 1939, de 1977. Del mismo modo, el hecho que la decisión acerca de la licitación sea adoptada por la autoridad que asuma en el cargo en el marco del cambio de gobierno, aquello no desvirtúa la conclusión antes reseñada, en tanto el ejercicio de las potestades públicas corresponde al órgano reclamado, y la decisión a adoptar en este caso particular, a saber, ejecutar la licitación pública o no, constituye un proceso decisional que no se ve afectado por la comunicación de los antecedentes que deben fundar tal decisión, cualquiera sea la autoridad llamada a decidir la materia. 15) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo también en este parte, y se requiera a la reclamada que entregue la información de que disponga, relacionada al estudio de la licitación consultada, incluida la tasación del inmueble fiscal señalado en el requerimiento de información. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por Carlos Claussen Calvo, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta que: a) Entregue al solicitante la totalidad de los antecedentes requeridos por los literales a) y b) de la solicitud de información, referidos, respectivamente, a) a la solicitud de venta directa de terrenos fiscales en actual tramitación, a favor del sostenedor del Colegio Antofagasta British School (ABS), la cual corresponde a la venta, a través del mecanismo especial establecido en el título IV, letra b) de la Orden Ministerial Nº 01, de 21 de septiembre de 2012 de un terreno que se encuentra en el sector de Jardines del Sur Alto; y b) la carpeta y antecedentes del proyecto de licitación (en estudio o actualmente en ejecución) del terreno fiscal inmediatamente anexo a aquél objeto de la solicitud de venta directa señalada en el numeral anterior, esto es, a aquél ubicado en Jardines del Sur Alto de esta ciudad, incluyendo la tasación efectuada por su repartición a dichos terrenos. En caso de no existir tales antecedentes, declararlo expresa y fundadamente b) Cumpla dichos requerimientos en un plazo que no supere los 5días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Claussen Calvo y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.