Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2179-13

Reclamante:	ANDREA PAZ SATO JABRE
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Santiago de Chile, fundado en la negativa a una solicitud de información referente a: a) Copia de todos los contratos suscritos por la USACH con empresas contratistas, desde el año 2000 a la fecha, así como las bases de licitación respectivas, las empresas concursantes y sus resultados. b) Toda información solicitada por la USACH a las empresas contratistas, en virtud del artículo 183-C del Código del Trabajo, desde el año 2000 a la fecha. c) Balance general, estado de resultados y ejecución presupuestaria de todas las facultades, departamentos, escuelas y programas de la USACH, desde el año 2000 a la fecha. El Consejo rechaza el amparo. Respecto al literal a), toda vez que la entrega de la información solicitada distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales, toda vez que emite un número elevado de actos administrativos los cuales no se encuentran archivados de manera adecuada, lo que implica una dificultosa recopilación de los antecedentes. Respecto al literal b), se tiene acreditada la causal de secreto invocada en los mismos términos del literal a). Respecto al literal c), se rechaza el amparo toda vez que si bien existe la obligación para el organismo reclamado de elaborar un balance de ejecución presupuestaria, el que debe ser necesariamente remitido al Ministerio de Hacienda , al Ministerio de Educación y a la Contraloría General de la República. No obstante ello, no existe obligación expresa de que dicha información se elabore de manera desagregada, como se requirió.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/17/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
Jurisprudencia a:	C2170-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Órganos fuera de la competencia del Consejo >> Poder Judicial
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C2179-13 Entidad pública: Universidad de Santiago de Chile (USACH) Requirente: Andrea Sato Jabre Ingreso Consejo: 06.12.2013 En sesión ordinaria N° 553 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de septiembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2179-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de octubre de 2013, doña Andrea Sato Jabre solicitó a la Universidad de Santiago de Chile, en adelante e indistintamente USACH, la siguiente información: a) Copia de todos los contratos suscritos por la USACH con empresas contratistas, desde el año 2000 a la fecha, así como las bases de licitación respectivas, las empresas concursantes y sus resultados. b) Toda información solicitada por la USACH a las empresas contratistas, en virtud del artículo 183-C del Código del Trabajo, desde el año 2000 a la fecha. c) Balance general, estado de resultados y ejecución presupuestaria de todas las facultades, departamentos, escuelas y programas de la USACH, desde el año 2000 a la fecha. 2) RESPUESTA: El 17 de noviembre de 2013, la USACH dio respuesta a la solicitud de información, mediante correo electrónico, en el cual señaló que la "Universidad no dará curso a su solicitud dado el alto número de actos administrativos", invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 6 de diciembre de 2013 doña Andrea Sato Jabre dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la USACH, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al respecto, la reclamante precisó lo siguiente: a) La USACH se limitó a invocar la causal de secreto o reserva sin fundamentarla debidamente, ya que no señaló la cantidad de actos administrativos ni antecedentes que permitan justificar que se trataría de un número elevado de actos. b) La USACH no se hace cargo de la forma en que la recolección de la información distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 5.309, de 17 de diciembre de 2013, confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad de Santiago de Chile. Mediante Ordinario N° 7, de 8 de enero de 2014, ingresado en la misma fecha a este Consejo, el Sr. Secretario General de la Universidad de Santiago de Chile evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos: a) El requerimiento de información de la solicitante fue recepcionado a través del Sistema de Gestión de Solicitudes de la página web de la USACH el 17 de octubre de 2013, dando respuesta el 17 de noviembre de 2013 mediante correo electrónico, denegando el acceso a la información solicitada invocando la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra e), dado que se trataba de un requerimiento de carácter genérico, el cual se refería a un elevado número de actos administrativos, junto a sus antecedentes, para cuya respuesta se debía distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. b) Al respecto debo manifestar que la recurrente se refirió en un primer punto a "todos los contratos suscritos por la USACH con empresas contratistas desde el año 2000 a la fecha", es decir una inmensa cantidad de documentos tramitados en un período que abarca trece años, lo cual implica distraer a los funcionarios de sus labores habituales para recabar y sistematizar la información solicitada. c) La información sobre contrataciones celebradas por la Universidad con terceros, se encuentra disponible en el sitio web sobre Transparencia Activa de esta Casa de Estudios, a contar del año 2009 en adelante. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante Oficio N° 1.617, de 14 de abril de 2014, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo solicitó a la USACH (1°) informar fundadamente el volumen de actos administrativos solicitados; (2°) informar fundada y detalladamente de qué forma se almacena la documentación requerida y cómo se encuentra ordenada; (3°) informar fundadamente cómo la entrega de la información pedida distraería el cumplimiento regular de las funciones habituales de los funcionarios, y el modo en que su recopilación y entrega le demandaría un esfuerzo excesivo a los funcionarios; (4°) informar fundadamente las actividades que serían necesarias a efectos de proporcionar la información requerida; y (5°) informar fundadamente los recursos personales y materiales que se deben comprometer y el tiempo específico que sus funcionarios deberían emplear en relación con su jornada habitual de trabajo, para la búsqueda de las resoluciones. Mediante correo electrónico de 25 de abril de 2014, el Encargado de Transparencia de la Universidad de Santiago de Chile adjuntó el Ordinario N° 57, de 25 de abril de 2014, del Secretario General de la Universidad de Santiago de Chile, en virtud del cual señaló lo siguiente: a) Respecto de la solicitud de información relativa a contratos suscritos por la USACH con empresas contratistas, lo solicitado se trata de un número muy elevado de actos administrativos: - Año 2000: 7.278 resoluciones y 1.089 decretos. - Año 2001: 7.496 resoluciones y 903 decretos. - Año 2002: 7.858 resoluciones y 1.352 decretos. - Año 2003: 6.511 resoluciones y 1.240 decretos. - Año 2004: 7.030 resoluciones y 1.814 decretos. - Año 2005: 7.662 resoluciones y 1.301 decretos. - Año 2006: 9.180 resoluciones y 1.730 decretos. - Año 2007: 9.653 resoluciones y 1.524 decretos. - Año 2008: 10.278 resoluciones y 1.289 decretos. - Año 2009: 11.419 resoluciones y 1.840 decretos. - Año 2010: 12.612 resoluciones y 2.036 decretos. - Año 2011: 10.538 resoluciones y 2.259 decretos. - Año 2012: 12.258 resoluciones y 2.763 decretos. - Año 2013: 11.829 resoluciones y 3.333 decretos. - Año 2014: 3.872 resoluciones hasta el 23 de abril de 2014, y 734 decretos hasta el 22 de abril de 2014. b) De lo expuesto se concluye que la búsqueda de información solicitada por la reclamante significaría distraer al personal encargado del Archivo Central, que en este momento está conformado sólo por un servidor, quien cumple diversas funciones en la unidad señalada, lugar en que se resguarda la documentación de la institución. c) En cuanto al balance general, estado de resultados y ejecución presupuestaria de todas las facultades, departamentos, escuelas y programas de la USACH, respecto del período comprendido entre el año 2000 y el 2014, dichos antecedentes no existen en los términos solicitados, razón por la cual habría que la elaborar la información con el propósito de responder, lo cual también distraería a los funcionarios de las unidades involucradas del cumplimiento regular de sus funciones habituales. 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: 6.1. El Consejo Directivo en su sesión N° 520, de 7 de mayo de 2014, acordó la realización de una medida para mejor resolver el amparo de la especie, que fue evacuado mediante Oficio N° 2.661, de 23 de mayo de 2014, y en virtud de la cual se solicitó a la USACH la siguiente información: a) Informe detallada y fundadamente a este Consejo de qué forma almacena los contratos celebrados por la Universidad y cómo se encuentran ordenados. b) Informe detallada y fundadamente a este Consejo qué cantidad de actos administrativos de los señalados en su Ordinario N° 57, de 25 de abril de 2014, corresponde a contratos celebrados por la Universidad con empresas contratistas. c) Informe detallada y fundadamente a este Consejo el volumen de actos administrativos vinculados a las bases de licitación en relación a los contratos celebrados por la Universidad con empresas contratistas, de qué forma se almacena dicha información y cómo se encuentra ordenada. d) Informe detallada y fundadamente a este Consejo el volumen de actos administrativos o documentos referidos a empresas concursantes y sus resultados, de qué forma se almacena dicha información y cómo se encuentra ordenada. e) Informe detallada y fundadamente a este Consejo el volumen de actos administrativos correspondientes a la información solicitada a las empresas contratistas en virtud del artículo 183-C del Código del Trabajo, de qué forma se almacena dicha información y cómo se encuentra ordenada. f) Informe detallada y fundadamente a este Consejo cómo la entrega de la información pedida distraería el cumplimiento regular de las funciones habituales de los funcionarios y el modo en que su recopilación y entrega le demandaría un esfuerzo excesivo a los funcionarios. g) Informe detallada y fundadamente a este Consejo las actividades que serían necesarias a efectos de proporcionar la información requerida. h) Informe fundadamente el tiempo específico que sus funcionarios deberían emplear en relación con su jornada habitual de trabajo, para la búsqueda de sus resoluciones. Hasta la fecha, la USACH no ha dado respuesta a la medida para mejor resolver descrita precedentemente. 6.2. El Consejo Directivo en su sesión N° 546, de 13 de agosto de 2014, acordó reiterar la medida para mejor resolver descrita en el numeral 6.1. precedente, reiteración que fue evacuada mediante Oficio N° 4.712, de 22 de agosto de 2014. Dicha solicitud fue contestada mediante Ordinario N° 132, de 4 de septiembre de 2014, del Secretario General de la Universidad de Santiago de Chile, en los siguientes términos: a) Ante la solicitud de información presentada por doña Andrea Sato Jabre, esta institución denegó la entrega de información, invocando la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 letra c) de la Ley de Transparencia, puesto que se trataba de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos, y cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Por tanto, la respuesta se fundó en que la búsqueda de un elevado número de documentos distraería al personal de las unidades involucradas, además de marcar un precedente en materia de solicitud de información. b) Es preciso señalar que esta entidad no se opone a la entrega de la documentación solicitada, puesto que es pública, pero es preciso que los requirentes sean prudentes al momento de solicitar información, principalmente porque la administración pública adolece de un precario procedimiento de orden en materia de almacenamiento de datos, situación que la Ley de Transparencia ha relevado a un lugar importante en la discusión de temas a mejorar en todas las reparticiones, y de esa manera establecer un óptimo y eficiente almacenamiento de la información. c) En cumplimiento de la normativa legal señalada, al interior de este Servicio se han realizado numerosas reuniones para generar los cambios necesarios en cada una de las unidades que conforman la Universidad de Santiago de Chile, que permitan establecer los procedimientos relativos a la gestión de almacenamiento de información, como así también la obligación que recae en los funcionarios de remitir todos los antecedentes solicitados por la Unidad de Transparencia Universitaria, que vela por entregar respuesta a cada uno de los requirentes. Atendido lo anterior, se solicitó a las unidades internas mantener registros ordenados por número de cada una de las resoluciones emitidas y recibidas, poniendo énfasis especial en aquellas que sean de interés para su normal funcionamiento, para evitar que la Unidad de Transparencia reciba como respuesta la inexistencia de información, como se aprecia en los Oficios Nos 166 y 241, ambos de 2014, del ex - Jefe de Unidad de Gestión del Campus, los cuales se adjuntan para su conocimiento. d) Dado que como servicio público estamos conscientes que debemos entregar respuesta satisfactoria a nuestros requirentes, es por ello que la Unidad de Transparencia se abocó a trabajar en la recopilación de los antecedentes de contratos solicitados por doña Andrea Sato, llevándose a cabo una extensa búsqueda consistente en revisar cada uno de los archivadores que guarnece el Archivo Central, sin contar con la información básica del número de resolución que aprobó cada uno de los contratos celebrados en el período requerido. e) Para un mejor entendimiento de la magnitud de la búsqueda realizada se adjunta un cuadro que contiene el número de decretos y resoluciones que anualmente se tramitan en la institución: - Año 2000: 1.089 decretos y 7.278 resoluciones. - Año 2001: 903 decretos y 7.278 resoluciones. - Año 2002: 1.352 decretos y 7858 resoluciones. - Año 2003: 1.240 decretos y 6.511 resoluciones. - Año 2004: 1.814 decretos y 7.030 resoluciones. - Año 2005: 1.301 decretos y 7.662 resoluciones. - Año 2006: 1.730 decretos y 9.180 resoluciones. - Año 2007: 1.524 decretos y 9.653 resoluciones. - Año 2008: 1.289 decretos y 10.278 resoluciones. - Año 2009: 1.840 decretos y 11.419 resoluciones. - Año 2010: 2.036 decretos y 12.618 resoluciones. - Año 2011: 2.259 decretos y 10.538 resoluciones. - Año 2012: 2.763 decretos y 12.258 resoluciones. - Año 2013: 3.333 decretos y 11.829 resoluciones. - Año 2014 a la fecha (23 de abril de 2014): 734 decretos y 3.872 resoluciones. f) Esperamos que la información que se entrega en esta ocasión sea de su conformidad, y reciba a su entera satisfacción la información recopilada desde el año 2000 a la fecha en materia de contratos, que se encuentra adjunta. Tal información se refiere a 32 contratos en materia de seguridad y aseo. g) Adjunta el Ordinario N° 166, de 22 de julio de 2014, del Jefe de Departamento Administración Campus, don Víctor Avendaño Segovia, dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica, que señala lo siguiente: "Adjunto remito Contratos de empresas que prestan Servicios de Aseo Áreas Comunes y Mantención de Áreas Verdes y Jardines; Servicio de Aseos en las Dependencias Administrativas y Académicas: Oficinas, Laboratorios, Salas de Clases, Talleres Laboratorios, Servicios Higiénicos, Aseo General Interiores y Servicios Preventivo de Vigilancia en el Campus de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es la información con la cual contamos ya que producto del incendio en bodega excluido se quemaron los muebles donde guardábamos gran parte de los contratos y otros". h) Adjunta el ordinario N° 241, de 29 de agosto de 2014, del Jefe de la Unidad de Gestión del Campus, don Víctor Avendaño Segovia, dirigido al Secretario general, el que señala lo siguiente: "Respecto a la información solicitada por doña Andrea Sato Jabre a través del Consejo para la Transparencia, se dio cuenta de lo que se pudo encontrar en archivos de esta Unidad, a posterior de incendio de bodega de excluido, lugar en el cual se guardaba parte de antigua documentación. En lo referente al texto íntegro del Oficio N° 4.712 del Consejo para la Transparencia, no es función de la Unidad de Gestión del Campus salvaguardar antecedentes referido a actos administrativos con empresas contratistas de distintos rubros. Creo que sería muy importante que la Autoridad Universitaria determinara el lugar y la forma en que se debería guardar y cuidar la información, de tal forma que ante situaciones como la requerida por el Consejo para la Transparencia se hallara disponible en un corto período de tiempo". <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, según lo disponen los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer término cabe, analizar el literal a) de la solicitud de información, que abarca tres aspectos diferentes: primero, copia de los contratos suscritos por la USACH con empresas contratistas, desde el año 2000 hasta la fecha; luego, las bases de licitación respectivas; y por último, las empresas concursantes y sus resultados. 3) Que tal información se refiere específicamente a "empresas contratistas". El término "proveedor" se encuentra definido en el artículo 2 N° 1 del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, como "proveedor que suministra bienes o servicios a la entidades, en virtud de la Ley de Compras y el presente Reglamento". Por lo tanto, ya que la reclamante se refiere específicamente a empresas, la solicitud de la especie se encuentra limitada sólo a las empresas contratistas que hayan suscrito contratos con la USACH y no se extiende a personas naturales contratistas. 4) Que, respecto de tal información, el organismo reclamado invocó en su respuesta la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por la que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de requerimientos referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Además, según lo previsto en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiere por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 5) Que de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol A96-09, la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 6) Que respecto de los contratos solicitados, la reclamada señaló en la gestión oficiosa descrita en el numeral 5° de la solicitud de información, que se refieren a "un número muy elevado de actos administrativos" e informó el número de resoluciones y decretos desglosado por años. Argumenta que la búsqueda de dicha información significaría distraer al personal encargado del Archivo Central, que en este momento está conformado por un solo funcionario, quien cumple diversas funciones en dicha unidad. Lo anterior, a juicio de la reclamada, implica una distracción de los funcionarios de dicho servicio de sus labores habituales, en los términos establecidos en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 7) Que, a fin de esclarecer cómo la entrega de la información pedida distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales, el modo en que la información obraría en su poder y en cuya virtud su recopilación, validación y entrega le demandaría un esfuerzo excesivo a los funcionarios, este Consejo solicitó a la USACH se pronunciara acerca de los puntos detallados en el numeral 6.1 de lo expositivo de la presente decisión. De la respuesta a tal diligencia, es posible advertir que la casa de estudios superiores reclamada emite un elevado número de actos administrativos anualmente (más de 8 mil por cada año), lo cual significa que respecto de la totalidad de los años solicitados (2000 a 2013) se emitieron un total de 156.081 actos administrativos. Asimismo, se advierte que tal información no se encontraba sistematizada, ni existe un registro que dé cuenta de cuales de esos decretos y resoluciones corresponden a contrataciones, de modo que revisar la totalidad de dichos actos administrativos implica claramente una dificultosa recopilación de los antecedentes que demandaría un esfuerzo excesivo a los funcionarios de la USACH. A juicio de este Consejo, tales situaciones son suficientes para dar por acreditada la causal invocada por el organismo reclamado. 8) Que no obsta lo anterior la entrega que efectuó la USACH de 32 contratos relativos a aseo y seguridad, ya que según da cuenta el Ordinario N° 166, de 22 de julio de 2014, del Jefe de Departamento Administración Campus, don Víctor Avendaño Segovia, dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica, toda vez que en el mismo se señala respecto de tales acuerdos que "actualmente es la información con la cual contamos ya que producto del incendio en bodega excluido se quemaron los muebles donde guardábamos gran parte de los contratos y otros". 9) Que, por último, atendido el modo en que se encuentra almacenada la información de que se trata, el organismo reclamado deberá arbitrar las medidas pertinentes a fin de que la documentación sea archivada de forma tal que permita el acceso a su contenido, sin que medien las dificultades a que ha hecho mención. 10) Que respecto de lo solicitado en el literal b) de la solicitud de información, esto es, toda información solicitada por la USACH a las empresas contratistas, en virtud del artículo 183-C del Código del Trabajo, desde el año 2000 a la fecha de la solicitud. Sobre este punto, el organismo reclamado invocó la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 11) Que el artículo 183-C, inciso primero, del Código del Trabajo, contenido en el Título VII "Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios", Párrafo 1° "Del Trabajo en Régimen de Subcontratación", dispone que "La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas". 12) Que respecto de esta parte de la solicitud de información, el organismo reclamado también invocó la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, la cual se tiene por acreditada en virtud de los mismos argumentos esgrimidos respecto del literal a) de la solicitud de información, expuestos en los considerandos 3° a 7° del presente acuerdo, los que se tendrán por reproducidos. 13) Que respecto de lo requerido en el literal c) de la solicitud de información, es decir, el balance general, estado de resultados y ejecución presupuestaria de todas las facultades, departamentos, escuelas y programas de la USACH, desde el año 2000 a la fecha, el organismo reclamado, con ocasión de los descargos y la gestión oficiosa descrita, señaló que tal información no existe en los términos requeridos por la solicitante, y que tendría que ser elaborada, lo cual implicaría distraer a los funcionarios de las unidades involucradas en el cumplimiento regular de sus funciones habituales. 14) Que, en primer término, es menester referirse al balance general y estados de resultados solicitados por la requirente. Al respecto, el artículo 2° de la Ley N° 20.044, que Establece Facultades en Materias Financieras para las Universidades Estatales, dispone que las universidades estatales deberán publicar sus balances generales y demás estados financieros debidamente auditados, y para ese sólo efecto, la forma, contenido y oportunidad de la publicación, serán idénticos a los contenidos en el artículo 76 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas. De acuerdo a la circular N° 84.327, de 24 de diciembre de 2013, de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones a las entidades de educación superior del Estado sobre el ejercicio contable año 2014, la publicación de los citados estados financieros debidamente auditados se hará en su sitio de internet, con no menos de 10 días de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión del órgano colegiado superior del respectivo plantel, la cual, conforme a las reglas consignadas en los artículos 54, N° 1 y 58, N° 1, de la Ley N° 18.046, deberá necesariamente efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance pertinente, lo que se traduce en que dicha publicación deberá efectuarse a más tardar el 30 de abril del año siguiente, al cierre de los estados financieros. Tal información debe ser enviada a más tardar en dicha fecha, a la Contraloría General de la República. Agrega dicha circular que las universidades estatales deben enviar de manera semestral y anual sus estados financieros preliminares, correspondientes al ejercicio año 2014, presentados en términos comparativos, tanto el balance general como el estado de resultados. Este último debe contener ingresos (de la actividad institucional y por aportes) y los gastos (administrativos y calculados). 15) Que del análisis de la normativa antes citada, y de los anexos de la mencionada Circular N° 84.327, se desprende que existe la obligación para el organismo reclamado para elaborar y publicar el balance genera y hacer entrega del mismo a la Contraloría General de la República, más de dichas normas no se advierte que exista la obligación por parte de las universidades estatales de entregar dicha información de manera desagregada en la forma solicitada por el reclamante, esto es, por facultades, departamentos, escuelas y programas. 16) Que en cuanto a la ejecución presupuestaria solicitada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley N° 18.591, que fija Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal, establece que a contar de 1987, las Instituciones de Educación Superior Estatales, incluidas la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile y todas aquéllas que perciban a la fecha de publicación de esta ley el aporte fiscal a que se refiere el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación Pública, deberán publicar, en un diario de circulación regional, su presupuesto anual antes del 31 de marzo de cada año y, antes del 30 de junio de cada año, un balance de ejecución presupuestaria del año anterior. 17) Que, a su vez, el artículo 5° del Decreto N° 180, de 23 de febrero de 1987, del Ministerio de Hacienda, que Fija Norma para la Presentación de Presupuestos, Balance de Ejecución Presupuestaria e Informes de Gestión de las Instituciones de Educación Superior que Indica, los balances de ejecución presupuestaria que deberán confeccionar las entidades afectas a dicho reglamento, serán elaborados considerando las mismas cuentas y clasificaciones del Presupuesto del ejercicio. El artículo 6° del mismo texto normativo señala que los referidos balances deberán ser confeccionados y aprobados a más tardar el 30 de mayo del año siguiente al del ejercicio presupuestario del que dan cuenta y publicados antes del 30 de junio del mismo año, en un diario de circulación regional. Asimismo, antes de esta última fecha, copia de dichos balances deberá ser enviada a los Ministerios de Educación Pública y de Hacienda. En tanto, le mencionada Circular N° 84.327, requiere el envío de una copia a la Contraloría General de la República. 18) Que del análisis de la normativa precitada se advierte que existe la obligación para el organismo reclamado de elaborar un balance de ejecución presupuestaria, el cual debe ser necesariamente remitido al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y a la Contraloría General de la República. No obstante ello, no existe obligación expresa de que dicha información se elabore de manera desagregada, como lo requirió la Sra. Sato. 19) Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información comprende "el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga". Agrega su artículo 5°, inciso segundo, que también es pública "toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas". En consecuencia, según ha expresado este Consejo en su decisión de amparo Rol C533-09, la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, por lo que no corresponde a este Consejo disponer la elaboración de la información solicitada desagregada en la forma solicitada por la reclamante. Dichos requerimientos no se encuentran cubiertos por la Ley de Transparencia, sino que pasan a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición, establecido en el art. 19 N° 14 de la Carta Fundamental, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la Ley N° 19.880, atendido su valor supletorio. Por tales motivos, se rechazará el amparo respecto de esta parte de la solicitud de información. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por doña Andrea Sato Jabre, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Rector de la Universidad de Santiago de Chile y a doña Andrea Sato Jabre. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.