Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2188-13

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Reclamante:	N. N.
Reclamado:	INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia de informe 05.01.2013.683 y 05.01.2013.643". El Consejo acoge parcialmente el amparo. La información solicitada es de carácter público, por lo que debe ser entregada. No obstante, se debe reservar la información acerca de la identidad de los trabajadores y denunciantes que sean mencionados en ellos, al igual que testigos y toda persona que su revelación de identidades afectaría los derechos de los titulares de los mismos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/28/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C147-13
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Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C2188-13 Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso Requirente: N.N Ingreso Consejo: 09.12.2013 En sesión ordinaria Nº 510 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de marzo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2188-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de octubre de 2013, N.N solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, en adelante también "la Inspección": "copia de informe 05.01.2013.683 y 05.01.2013.643". 2) OPOSICIÓN DE TERCEROS INTERESADOS: Mediante Ordinario Nº 2892, de 24 de octubre de 2013, la Inspección comunicó a los terceros afectados, la facultad de oponerse a la entrega de la información. En su comunicación señaló que la solicitud refiere a copias de informes de fiscalización originados en denuncias de acoso sexual y por tanto, contiene datos personales, que podrían afectar derechos de los terceros en la esfera de su vida privada, de conformidad al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Mediante correo electrónico de 29 de octubre de 2013, los terceros interesados se opusieron a la entrega de la información solicitada, señalando en síntesis, lo siguiente: a) No parece prudente exponer en forma abierta lo sucedido. Corresponde resguardar la moral vulnerada y los riesgos de informar detalles que son de exclusivo manejo de los afectados. b) Se necesita proteger a los trabajadores, la identidad y moral de los denunciantes. 3) RESPUESTA: El 12 de noviembre de 2013, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución N° 585, de 8 de noviembre de 2013, cuya copia fue remitida al solicitante a través de ordinario N° 3067, de 12 de noviembre de 2013. Por la respuesta se señaló, en síntesis, que atendida la oposición en tiempo y forma de los terceros afectados, se denegaba la entrega de copia de los informes números 05.01.2013.683 y 05.01.2013.643. 4) AMPARO: El 3 de diciembre de 2013, N.N. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, presentado en la Gobernación Provincial de Valparaíso, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de un tercero. El amparo ingresó a este Consejo el 9 de diciembre de 2013. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, mediante oficio N° 5310, de 17 de diciembre de 2013. Se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) se refiriese específicamente, a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) acompañase los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia del oficio ORD. N° 2892 de 24 de octubre de 2013, y de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida; (3°) proporcionase los datos de contacto del tercero que se opuso a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (4°) remitiese copia de la solicitud de información. Se hizo presente que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Mediante ordinario N° 2, de 2 de enero de 2014, la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso presentó sus descargos, señalando, en síntesis que: a) En relación a la causal que hace procedente la denegación de la información solicitada, la solicitud incide en una investigación efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, iniciada por denuncia de la trabajadora que individualiza (denuncia N° 0501/2013/643) y por denuncia de otra trabajadora cuyo nombre señala (denuncia N° 0501/2013/683). Ambas personas señalaron ser objeto de acoso sexual por parte del mismo trabajador, lo que implicó que la labor fiscalizadora contempló entrevistas a los involucrados y a otros trabajadores testigos de los hechos, como también a las jefaturas de las empresas involucradas. b) La Inspección del Trabajo de Valparaíso, ponderó la solicitud acorde lo que ha resuelto el Consejo para la Transparencia en situaciones similares, esto es, considerando la posible afectación de la vida privada de los trabajadores. Así lo ha resuelto por ejemplo en la decisión del amparo Rol A53-09, en contra la Dirección del Trabajo. En armonía con lo expuesto, se procedió a dar traslado de la solicitud de información el 24 de octubre de 2013, recibiendo la oposición de los terceros en tiempo y forma. c) Acompañó copia de oficio Ordinario N° 2892, de 24 de Octubre de 2013, copia de correo electrónico de 29 de Octubre de 2013, los datos de terceros, copia de la solicitud de información que originó el amparo y copia de ingresos que contienen las denuncias 05.01.2013.683 y 05.01.2013.643. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE TERCEROS: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo a los terceros interesados, mediante Oficio N° 153, de 15 de enero de 2014. Por dicho oficio se le solicitó especialmente que, junto con formular sus descargos, hiciera mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante correo electrónico de 19 de febrero de 2014, se recibió respuesta de los terceros, señalado en síntesis, lo siguiente: a) Los informes 05.01.2013.683 y 05.01.2013.643 del servicio público requerido están referidos a la verificación de circunstancias de hecho, mediante las declaraciones de las afectadas y testigos en contexto de acoso sexual. b) Tales declaraciones y verificaciones contienen aspectos tremendamente íntimos de las personas allí mencionadas, y no podría ser de otro modo, atendida la compleja materia de la cual se trata. c) Los hechos relatados y circunstancias verificadas por los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, contenidos en los informes ya indicados, se encuentran amparados por la causal contenida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, especialmente en lo que se refiere a la esfera de la vida privada. Lo anterior, además de estar claramente protegido en la disposición legal ya citada, se encuentra protegida en el artículo 211-C del código del Trabajo. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que la información requerida a la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso es "copia informe 05.01.2013.683 y 05.01.2013.643". De acuerdo a lo señalado por la reclamada en sus descargos, tales informes se refieren a investigaciones por denuncias de acoso sexual laboral efectuadas por trabajadores de una empresa determinada, en contra de un mismo trabajador. 2) Que, cabe tener presente la siguiente regulación establecida en el Código del Trabajo, respecto a la investigación y sanción del acoso sexual: a) El artículo 211-B, establece que en el evento de recibir el empleador una denuncia por acoso sexual, deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, considerando la gravedad de los hechos y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. b) A su vez, el artículo 211-C, previene que en tales casos el empleador deberá disponer la realización de la investigación interna o, en el plazo de 5 días, remitir los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva. Agregando que "si se optare por una investigación interna, ésta debe constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva". c) El artículo 211-D dispone que "las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo o las observaciones de ésta a aquélla practicada en forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado". [lo destacado es nuestro]. d) Por último, el artículo 211-E, dispone: "En conformidad al mérito del informe, el empleador deberá, dentro de los siguientes quince días, contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan". [lo destacado es nuestro]. 3) Que, conforme con lo manifestado por la reclamada en sus descargos, las denuncias dieron lugar a procedimientos de fiscalización que fueron incoados por la Inspección del Trabajo reclamada. Por lo tanto, al tenor de la normativa transcrita en el considerando precedente, cabe entender que lo requerido es la copia de los informes, generados a partir de las denuncias señaladas, que deben contener las conclusiones de las investigaciones realizadas, allegadas a partir de declaraciones de las afectadas y testigos, en el contexto de acoso sexual, al tenor de los artículos 211-D y 211-E, del Código del Trabajo. 4) Que, los antecedentes que se solicitan corresponden a información que obra en poder de la reclamada, por lo que al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, es, en principio, pública. Además, la letra c) del artículo 11 del mismo cuerpo legal establece como uno de los principios rectores del derecho de acceso a la información el principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. 5) Que respecto de la individualización de las personas denunciantes y sus testimonios que se encuentren contenidos en los informes solicitados, siguiendo el criterio sostenido por este Consejo en la decisión del amparo Rol A53-09, cabe entender que los derechos que se ven afectados con la publicidad, comunicación o conocimiento de tales antecedentes, son el de la seguridad y de la protección de la esfera de la vida privada de las denunciantes, cuya identidad, en el presente caso, no consta que sea conocida por el reclamante. De esta forma se configura, respecto la identidad y testimonios de las denunciantes, la causal del artículo 21, numeral 2), de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por la especial función que el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia encomienda al Consejo, en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, por parte de los órganos de la Administración del Estado. En razón de ello, se denegará el acceso a la identidad y al testimonio o declaraciones efectuadas por los denunciantes que pudiere constar en los informes solicitados. 6) Que, a mayor abundamiento, acceder a la entrega de las denuncias, cuya descripción de encuentre en los informes solicitados, puede traer como consecuencia que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhibieran de realizarlas. Ello podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que las denuncias puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. En el presente amparo, ello podría traducirse en que los trabajadores se inhiban de denunciar actos que vulneran sus garantías fundamentales y que, por consiguiente, las inspecciones del trabajo se vieran impedidas de ejercer las atribuciones que en la materia le otorga la ley. Dicho efecto debe ponderarse por parte de este Consejo, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia. 7) Que por su parte, la Inspección reclamada señaló que la fiscalización contempló declaraciones de otros trabajadores testigos de los hechos, como también de las jefaturas de las empresas involucradas. De obrar en los informes requeridos declaraciones de testigos, siguiendo el criterio de la decisión de amparo Rol C147-13, es posible presumir que en ellas se contiene información sensible aportada por todos los testigos, bajo una razonable expectativa de reserva, lo que de vulnerarse, podría inhibir la participación de potenciales testigos en procedimientos de esta naturaleza, pudiendo impedir con ello el éxito de las investigaciones sobre hechos como los de la especie. Por ello habrá de reservar tales antecedentes, que se encuentren referidos en los informes pedidos, denegándose, en consecuencia, el amparo en este punto. 8) Que, en lo que se refiere a las conclusiones de la investigación, cabe hacer presente que de la lectura de los ingresos de las denuncias remitidos por la Inspección reclamada a este Consejo, se advierte que el solicitante de información tendría la calidad de denunciado en tales procedimientos. Conforme al criterio sostenido por este Consejo en el considerando 10) de la decisión de amparo Rol C147-13, atendida la especial calidad que tendría el solicitante de información, se acogerá en esta parte el amparo. Esto pues, de acuerdo al expreso tenor de lo señalado en el artículo 211-D, del Código del Trabajo, tal información debió haber sido puesta en conocimiento del denunciado, por parte de la Inspección Provincial reclamada, una vez terminada la investigación. Ello permite concluir que, en este caso, el legislador ya efectuó una ponderación respecto del conocimiento y publicidad de las conclusiones de la investigación, respecto del denunciado como interviniente en dicho proceso. En todo caso, la reclamada deberá observar lo señalado en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, que establece que "cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880". 9) Que, con todo, en el evento que los informes requeridos contengan la identidad de los trabajadores denunciantes o cualquier otro dato que permita inferirla, o se refieran a circunstancias de la esfera de la vida privada y/o derechos de los denunciantes o de otros terceros, testigos, así como datos personales de contexto tales como número de cédula de identidad, domicilio, teléfono, etc., o cualquier otro dato que permita identificar a las denunciantes y testigos que declararon en los procedimientos consultados, deberá reservarse dicha información al momento de proporcionarla, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, previsto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. 10) Que, en especial atención a que la publicidad de los antecedentes de que da cuenta la presente decisión pudieren afectar los derechos del reclamante en este amparo, en una lógica precautoria, se ha decidido mantener el anonimato de su identidad en el texto de este acuerdo y en la información publicada en el sitio web de este Consejo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por N.N., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso que: a) Entregue al reclamante, copia de las conclusiones adoptadas en los informes 05.01.2013.683 y 05.01.2013.643 por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, debiendo resguardar, de manera previa a su entrega, aquellos datos indicados en el considerando 5), 7) y 9) del presente acuerdo, si correspondiere. En todo caso, previamente, deberá dar estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director de Operaciones y Sistemas de este Consejo, adoptar las medidas que sean necesarias a fin de mantener la reserva de la identidad del reclamante en este caso, tanto en los registros del portal institucional como en las demás plataformas electrónicas en la que ésta se consigne, a fin de impedir la divulgación de la misma a terceros. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al solicitante y a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.