Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2311-13

Reclamante:	MARCO ANTONIO CORREA PÉREZ
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Providencia, fundado en que dio respuesta parcial a lo requerido referente a: a) La ordenanza que habilita el lugar citado como lugar preferente para discapacitados (Carmen Sylva con Los Leones). b) Para el periodo 2010, 2011, 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013, proporcionar la cantidad de infracciones cursadas en toda la comuna por el motivo indicado en la boleta mencionada anteriormente. c) Indicar para el periodo de la letra b) anterior y para el motivo referenciado, la cantidad de infracciones realmente sancionadas por el juzgado de policía de dicha comuna; e, d) Indicar para el periodo indicado en la letra b) precedente y para la razón referenciada, si es un control aplicado a todas las personas sin discriminación alguna y si este control se aplica todos los días, o es aleatorio, proporcionar el criterio utilizado para efectuar la aplicación del control aplicado. El Consejo acoge parcialmente el amparo, teniendo por respondida los literales d) y c) de la solicitud de información. Respecto al literal a), se rechaza el amparo, toda vez que la información solicitada no obra en su poder, por no haberse dictado ordenanza que regule la materia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/31/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Justicia; Transporte

DECISIÓN AMPARO ROL C2311-13 Entidad pública: Municipalidad de Providencia Requirente: Marco Antonio Correa Pérez Ingreso Consejo: 30.12.2013 En sesión ordinaria Nº 511 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2311-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de diciembre de 2013, Marco Antonio Correa Pérez presentó a la Municipalidad de Providencia, en adelante también la Municipalidad, la siguiente solicitud de información: "Con fecha 29.11.2013 a través de citación boleta Nº 55005472 se me infracciona por estacionar en lugar para discapacitados, a objeto de preparar mi defensa, proporcionar: a) La ordenanza que habilita el lugar citado como lugar preferente para discapacitados (Carmen Sylva con Los Leones). b) Para el periodo 2010, 2011, 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013, proporcionar la cantidad de infracciones cursadas en toda la comuna por el motivo indicado en la boleta mencionada anteriormente. c) Indicar para el periodo de la letra b) anterior y para el motivo referenciado, la cantidad de infracciones realmente sancionadas por el juzgado de policía de dicha comuna; e, d) Indicar para el periodo indicado en la letra b) precedente y para la razón referenciada, si es un control aplicado a todas las personas sin discriminación alguna y si este control se aplica todos los días, o es aleatorio, proporcionar el criterio utilizado para efectuar la aplicación del control aplicado. 2) RESPUESTA: El 19 de diciembre de 2013, la Municipalidad de Providencia respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 11.615, señalando, en síntesis, que: a) La Ley Nº 18.290 de Tránsito en su artículo 200 número 28, establece ésta infracción. b) Las infracciones por estacionar en lugar reservado para personas con discapacidad, se ingresan al sistema computacional de los Juzgados como "Estacionar en Reservado", incluyendo los reservados para embajadas, taxis, vehículos de carga y descarga, iglesias, u otros que, en casos calificados autorice la Municipalidad. De este modo, sólo puede informarse que durante los años consultados los partes cursados por "Estacionar en Reservado", son los siguientes: i. 1° Juzgado de Policía Local: año 2010: 2.086; año 2011: 2.747; año 2012: 2.045; año 2013: 1.594. ii. 2° Juzgado de Policía Local: año 2010: 2.134; año 2011: 3.231; año 2012: 2.035, año 2013: 1.576. iii. 3° Juzgado de Policía Local: año 2010: 2.407; año 2011: 3.044; año 2012: 1.939, año 2013: 1.401. iv. Dirección de Seguridad Ciudadana: año 2010: 3.163; año 2011: 1.481; año 2012: 5.967, año 2013: 4.839. c) Respecto de las infracciones que cursa Seguridad Ciudadana, éstas se cursan en control diario de inspección y reclamos a través de la línea 1414, por no exhibirse en el interior del vehículo, de manera visible, en el costado interior izquierdo del parabrisas delantero, la credencial de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación. d) En cuanto al número de infracciones sancionadas, por ocupación indebida de estacionamientos reservados para personas con discapacidad, "resulta imposible determinar las condenas por esta infracción", por la razón expuesta en la letra b) precedente. 3) AMPARO: El 30 de diciembre de 2013, Marco Antonio Correa Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Providencia, fundado en que recibió respuesta parcial a lo requerido. Además, el reclamante hizo presente, en lo pertinente, que: a) La Municipalidad no se pronunció acerca de la solicitud del literal a). Le interesa de sobremanera un pronunciamiento al respecto. Requiere se le informe expresamente si existe alguna ordenanza que establezca que la calle Los Leones con Carmen Sylva, es un lugar para estacionamiento para discapacitados. b) Respecto de la solicitud del literal b), la Municipalidad proporcionó un cuadro comparativo con los datos requeridos. c) Respecto de la solicitud del literal c), no se proporciona la información requerida. Discrepa con lo manifestado, por el municipio pues según su opinión, sería imposible que no puedan obtener los datos requeridos. Afirma que "el parte cursado es a través de un sistema electrónico que va a dar a un sistema computacional con el cual el juez lleva el control de los partes cursados y sancionados. Por lo cual reitera su petición a objeto de transparentar la cantidad de partes que son cobrados". d) En cuanto al literal d), el municipio sólo proporciona una afirmación, pero no la sustenta y no indica los criterios que sustentan dicha aseveración. Reitera su petición, para que se sustente la afirmación, "ya sea con el detalle uno de los partes informados en forma resumida, proporcionando: fecha emisión parte; motivo o infracción; patente del vehículo sancionado; y, calle o lugar donde se encuentra la señal de tránsito vulnerada". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, mediante oficio N° 139, de 15 de enero de 2014. Se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) se refiriese a la eventual concurrencia de una causal de hecho, secreto o reserva de la información solicitada; (2°) se refiriese sobre la existencia de lo solicitado en la letra a); y, (3°) se pronunciase sobre la solicitud del literal d) de la solicitud de información, en particular, si lo requerido constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia u obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de la misma Ley. Mediante oficio N° 989, de 29 de enero de 2014, la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia presentó sus descargos, señalando, en síntesis que: a) En lo relativo a la concurrencia de una causal de secreto o reserva en la petición del solicitante, no se advierte su concurrencia. b) Respecto del literal a) de la solicitud de información, esto es, la existencia de una ordenanza que habilite lugares para estacionamiento de discapacitados y en concreto, el lugar donde el referido solicitante recibió la infracción, señala que los estacionamientos reservados para discapacitados se encuentran únicamente regulados por los artículos 149, 220 N° 28 y 201 N° 1, de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado de encuentra recogido en el D.F.L. N° 1, de 2009, por lo tanto no es necesaria la dictación de normativa municipal al respecto. Sin perjuicio de ello, acompañó copia del catastro de estacionamientos para discapacitados de la comuna de Providencia. c) Sobre el literal d) de la solicitud de información original, esto es, los criterios de control de estos estacionamientos y si éstos se encuentran contenidos en alguna normativa, señaló que la fiscalización que se realiza de los estacionamientos reservados, está dentro de las labores habituales de los Inspectores Municipales, por lo tanto es diaria y obedece a las atribuciones y deberes de cada inspector. No existe instrucción específica de controlar estos espacios, puesto que está dentro de las funciones y mandato de los inspectores realizar fiscalizaciones en los bienes nacionales de uso público y el ordenamiento de estos. Por último, las fiscalizaciones de este tipo de estacionamiento se realizan por solicitud de cualquier vecino que llame a la línea gratuita "1414" o por iniciativa propia del inspector, y el sistema no permite desagregar que cantidad corresponde a procedimientos solicitados por los vecinos y cuántos son por iniciativa propia municipal. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, atendido el tenor del amparo, este se encuentra referido a los literales a), c) y d) de la solicitud, por cuanto solo respecto de tales solicitudes el solicitante ha manifestado que no se le habría proporcionado la información solicitada. 2) Que por el literal a), de la solicitud de información, se requirió que el municipio reclamado proporcionase la ordenanza municipal que habilita el lugar señalado por el solicitante, a saber, la esquina de las calles Carmen Sylva con Los Leones, como un lugar de estacionamiento preferente para discapacitados. Al respecto, la Municipalidad en su respuesta señaló que dicha materia se encuentra regulada en el artículo 200 número 28, de la Ley Nº 18.290 del Tránsito. Luego en sus descargos, precisó que los estacionamientos reservados para discapacitados se encuentran únicamente regulados por la normativa pertinente de la Ley de Tránsito, por lo que no resulta necesaria la dictación de normativa municipal al respecto. 3) Que cabe hacer presente que la referencia al artículo 200 N° 28, citado por el municipio en su respuesta, debe entenderse reconducida al actual artículo 198 N° 32, de la Ley N° 18.290, modificado por Ley N° 20.068, que establece como infracción o contravención grave a la Ley, "Usar indebidamente estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad". Sobre la materia, el inciso 1° del artículo 153 bis de la citada Ley, dispone que "En todas las vías públicas en que esté permitido estacionar, gratuitamente o no, las municipalidades deberán establecer dos estacionamientos por cada tres cuadras, destinados exclusivamente al uso de cualquier persona con discapacidad, los que deberán estar debidamente señalizados o demarcados". [énfasis agregado]. En opinión de este Consejo, lo señalado por la reclamada en sus descargos, en orden a que no ha dictado una ordenanza que aborde la materia en términos generales y tampoco que en particular, disponga de una norma que haya habilitado especialmente la zona señalada por el solicitante, para ser usados como estacionamientos para discapacitados, se encuentra acorde con la normativa transcrita, por cuanto la propia ley establece la obligación señalada, en los términos antes referidos. 4) Que, al respecto, este Consejo ha resuelto a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, que la información cuya entrega puede requerir, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Atendido lo señalado expresamente por la reclamada, no resulta procedente requerir a la Municipalidad que haga entrega de información que no obra en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. Por lo tanto, en concordancia con lo señalado por el organismo reclamado con ocasión de sus descargos, en cuanto a que no obra en su poder la información requerida, por no haberse dictado ordenanza que regule la materia, deberá rechazarse el amparo en lo pertinente. Sin perjuicio de lo anterior, la reclamada debió comunicar derechamente la inexistencia de dicha información en su respuesta, situación que no aconteció, lo que constituyó una infracción al deber legal descrito en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la reclamada la referida infracción en lo resolutivo de esta decisión. 5) Que en lo que atañe al literal c) de la solicitud, se requirió que la Municipalidad de Providencia indicase, para el periodo que comprende los años 2010, 2011, 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013, y para el motivo señalado, esto es, infracción por estacionar en lugar reservado para discapacitados, "la cantidad de infracciones realmente sancionadas por el juzgado de policía de dicha comuna". Al respecto, la Municipalidad señaló en su respuesta que resultaba imposible determinar específicamente la cantidad de infracciones realmente sancionadas por los Juzgados de Policía Local de la comuna por estacionar en lugar reservado para discapacitados, atendido que las infracciones cursadas por la señalada contravención, son ingresadas al sistema computacional de los Juzgados bajo el título "estacionar en reservado", incluyendo los estacionamientos reservados para embajadas, taxis, vehículos de carga y descarga, iglesias, u otros que, en casos calificados haya autorizado la Municipalidad. De este modo, sólo puede informar los partes cursados por "Estacionar en Reservados", para los años consultados, pero no el detalle de cuántos de esos partes que fueron efectivamente pagados, corresponden específicamente a la infracción por estacionar en lugar reservado para discapacitados. 6) Que si bien la Municipalidad no invocó en su respuesta una causal de secreto o reserva que permita denegar el acceso a la información solicitada, de la alegación anteriormente descrita, esto es, la imposibilidad de determinar la información solicitada, atendido el mecanismo de ingreso de datos al sistema que operan los juzgados de Policía Local de esa comuna, este Consejo entiende que la reclamada aludió implícitamente al artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7º Nº 1, letra c), inciso 3º, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 7) Que, de la respuesta a la solicitud del literal b) del requerimiento de información, se advierte que la cantidad total de infracciones cursadas por estacionar en lugar reservado, para el periodo consultado por el requirente, esto es, aproximadamente 4 años, asciende a una cifra total de 41.689 partes, de acuerdo a lo señalado por la municipalidad reclamada, según consta en la letra b) del numeral 2) de lo expositivo. Según lo indicado por la Municipalidad de Providencia, los datos consignados en los partes en el sistema informático de los Juzgados de Policía Local, por infracción al artículo 198 N° 32 de la Ley del Tránsito, son ingresados al concepto general "estacionar en reservado", el cual incluiría no solo aquellas infracciones derivadas de estacionar en lugar reservado para discapacitados, sino que también aquellas infracciones cursadas por estacionar en cualquier lugar reservado, como embajadas, taxis, vehículos de carga y descarga, iglesias, u otros que, en casos calificados haya autorizado la Municipalidad. De lo anterior puede colegirse que, si bien en los partes cursados debe consignarse la infracción específica, al momento del ingreso de tales datos al sistema informático de los Juzgados respectivos, éstas son reconducidas al concepto general "estacionar en reservado", lo que no permitiría, de acuerdo a lo informado por la reclamada, la entrega de los datos específicamente requeridos en este caso. 8) Que de lo anterior puede concluirse que la solicitud recae en información estadística que no ha sido generada por el municipio. En ese contexto, satisfacer el requerimiento con el nivel de especificidad requerido, importaría la revisión del texto de los partes en que se encuentra contenida la infracción por haber estacionado en lugar reservado para discapacitados. Según las cifras entregadas por la Municipalidad, la revisión ascendería a un total de 41.689 partes, los que abarcan el periodo circunscrito por el solicitante, a objeto de determinar en qué casos tales documentos fueron cursados por la infracción específica consistente en haber estacionado un vehículo en lugar reservado para discapacitados. Luego, la revisión debe necesariamente expandirse a los pagos enterados para cada uno de tales casos, para determinar en cuáles de éstos se sancionó efectivamente al infractor, por la infracción específica consultada. En consecuencia, en el contexto de la solicitud analizada, atendido que el requerimiento involucraría la revisión de una gran cantidad de documentos, dado el periodo que la información comprende y si bien el organismo reclamado no explicitó las dificultades de acceso a la información y no señaló claramente la forma en que se encontraría registrada, ni el tiempo requerido por sus funcionarios para obtener los datos con el procesamiento de los mismos, resulta razonable concluir que la cantidad de información que debe procesar para satisfacer la solicitud analizada permite justificar que la atención de la solicitud en comento supone destinar un tiempo excesivo de la jornada de los funcionarios del organismo, alejándolos de sus funciones habituales, en los términos dispuestos por el citado artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará el amparo. 9) Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que, revisada la Ley N° 18.290, en relación a la infracción y sanción aparejada a estacionar vehículos en lugares reservados para discapacitados, esta, conforme al artículo 198 N° 32, de la Ley N° 18.290, constituye una infracción grave y como tal, se encuentra sancionada con pena de multa, conforme a la escala establecida en el artículo 201 de la citada norma legal. Se advierte que dicha escala no distingue tipos de infracción, sino que sanciona al conjunto de infracciones en atención a su gravedad. En el caso de infracciones graves como la analizada, la escala sanciona dicha infracción de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales. Lo anterior permite concluir que la especificidad de la infracción de que se trate no resultaría relevante para la determinación de la sanción a aplicar por el Juez, pues encontrándose la infracción dentro de la escala referida, el infractor recibirá el tramo de sanción que dispone la norma, según se determine en cada caso. 10) Que en lo referido al literal d) del requerimiento de información, del tenor de la solicitud, se desprende que lo requerido se dirige a que el municipio reclamado indique al solicitante, para los años 2010, 2011, 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013, tratándose de la infracción por haber estacionado en lugar para discapacitados, si los controles de tales infracciones son realizados a todas las personas sin discriminación alguna. Además, requirió que se indicase si ese control se aplica todos los días, o es aleatorio y proporcionar el criterio utilizado para efectuar la aplicación del control aplicado. 11) Que, la Municipalidad señaló en su respuesta que las infracciones cursadas por Seguridad Ciudadana, se efectúan en el marco de un control de inspección diario, las que también son generadas por reclamos a través de la línea 1414, por no exhibirse en el interior del vehículo, de manera visible, en el costado interior izquierdo del parabrisas delantero, la credencial de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación. En sus descargos precisó que la fiscalización del uso de estacionamientos reservados, está dentro de las labores habituales de los Inspectores Municipales, por lo tanto es diaria y obedece a las atribuciones y deberes de cada inspector. Además, indicó que no existe instrucción específica de controlar estos espacios, puesto que está dentro de las funciones de los inspectores realizar tales fiscalizaciones. Por último, explicó que las fiscalizaciones de este tipo de estacionamiento se realizan por llamado a la línea "1414" o por iniciativa del inspector. Atendido lo indicado expresamente por la reclamada, cabe entender satisfecha la solicitud, en tanto la Municipalidad precisó que lo controles son efectuados diariamente, a toda persona, en el marco de las labores diarias de los inspectores o por denuncia a la línea telefónica que señala. Además, al no existir instrucción específica, el criterio de control está dado por la propia labor que los inspectores municipales deben efectuar en ejercicio de sus atribuciones, al constatar la infracción de que se trata. Dado que lo anterior solo fue informado en los descargos, se acogerá el amparo, no obstante tener por respondida la solicitud, aunque extemporáneamente, con la notificación de ésta decisión 12) Que, por último, en relación a la solicitud para que la Municipalidad entregue el detalle de un parte, a que alude el requirente en su amparo, consignada en la letra d) del numeral 3) de lo expositivo, y que según indica, debe proporcionar la reclamada a objeto que ésta sustente sus afirmaciones, cabe hacer presente que ello excede el ámbito del requerimiento que dio origen al amparo en análisis, razón por la que este Consejo no se pronunciará al respecto. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Marco Antonio Correa Pérez, en contra de la Municipalidad de Providencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, teniendo por respondidas la solicitud de los literales a) y d) de la solicitud de información, junto con la notificación de ésta decisión. II. Representar a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia que, al no haberse pronunciado derechamente en su respuesta, sobre lo solicitado en los literales a) y d) de la solicitud, infringió el deber legal descrito en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la reclamada la referida infracción en lo resolutivo de esta decisión. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marco Antonio Correa Pérez y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.