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<strong>DECISIÓN AMPAROS ROLES C14-14 Y C251-14</strong></p>
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Entidad pública: Ejército de Chile</p>
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Requirente: Matías Rojas Medina</p>
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Ingreso Consejo: 03.01.2014</p>
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En sesión ordinaria Nº 512 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparos al derecho de acceso a la información Roles C14-14 y C251-14.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; la Ley N° 19.974, y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Matías Rojas Medina presentó al Ejército de Chile, en adelante también el Ejército, las siguientes solicitudes de información:</p>
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a) Solicitud que dio origen al amparo Rol C14-14: El 2 de diciembre de 2013 solicitó: "copia íntegra y resultados de investigación interna conducida por el Ejército de Chile en noviembre de 2002, a raíz de diversas versiones que vincularon a funcionarios de la institución con una red de narcotraficantes, presuntamente involucrada en la muerte de 12 jóvenes en Puerto Aysén".</p>
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b) Solicitud que dio origen al amparo Rol C251-14: El 3 de enero de 2014, requirió:</p>
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i. En qué fecha comenzó y terminó la investigación interna realizada por la compañía de Inteligencia Nº 7 de la VII División del Ejército, mencionada en el comunicado de prensa Nº 6708/49, de la VII D.E:, con fecha 21 de noviembre de 2002;</p>
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ii. En qué fecha comenzó y terminó la investigación interna realizada por la compañía de Inteligencia N° 7 de la VII División del Ejército, mencionada en la respuesta (a la solicitud de información que originó el amparo Rol C14-14), que fue supuestamente entregada a la Corte de Apelaciones de Coyhaique para que ésta resolviera sobre el nombramiento de un Ministro en Visita en el denominado Caso Aysén, el 14 de septiembre de 2002;</p>
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iii. En qué fecha entró a la Institución el funcionario Jorge Carreño Alegre, adscrito al Regimiento de Ingenieros Nº 8 de Aysén al año 2000;</p>
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iv. En qué fecha Carreño Alegre ingresó a dicha repartición y qué función desempeñaba en ella;</p>
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v. Cuántas veces Carreño Alegre fue investigado internamente por el Ejército de Chile, y si existe documentación que no esté amparada por la obligación de secreto contemplada en la Ley Nº 19.974, sobre el resultado de dichas diligencias, para tener acceso a las mismas".</p>
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2) RESPUESTAS: El Ejército de Chile respondió los requerimientos de información que dieron origen a los amparos roles C14-14 y C251-14, mediante los Oficios Nos. 15 y 504, de 2 de enero y 30 de enero de 2014, respectivamente, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Respuesta a la solicitud que originó el amparo Rol C14-14:</p>
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i. Según consta en el oficio CJE.SGE.A J. (R) Nº 1595/160/MDN, de 30 de julio de 2003, del Comandante en Jefe del Ejército, dirigido a la Sra. Ministra de Defensa Nacional, el Ejército no instruyó Investigación Sumaria Administrativa alguna por el denominado "Caso Aysén", existiendo efectivamente sólo una investigación interna, que es la que realizara la Compañía de Inteligencia de la Unidad de Armas Combinadas.</p>
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ii. La investigación interna realizada por la Compañía de Inteligencia Nº 7, tiene el carácter de secreta y se encuentra protegida de publicidad por el Artículo 38 de la Ley Nº 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia", por lo que la Institución ni sus funcionarios pueden entregar la información, máxime si se tiene en especial presente que los civiles que voluntariamente prestaran testimonio lo hicieron en el entendido del carácter interno y secreto de la investigación. Consultada la Dirección de Inteligencia del Ejército, se pronunció por no eximir del carácter secreto a la señalada investigación.</p>
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iii. La sentencia Rol Nº 1990-11-INA, de 5 de junio de 2012, pronunciada por el Tribunal Constitucional, considerandos vigesimosexto y cuadragésimo quinto, en cuanto a establecer el alcance del Artículo 8º inciso 2º de la Constitución Política de la República, en orden a que la obligación de los Órganos de la Administración, de cumplir con las disposiciones legales que establecen excepciones a la publicidad, esto es, el secreto o reserva de ciertos antecedentes, no caben interpretaciones administrativas, extendiendo los efectos del fallo incluso al Consejo para la Transparencia. En consecuencia y atendido lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 19.974 y 21 Nº 5, de la Ley Nº 20.285, no es posible acceder a la entrega de la información solicitada.</p>
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iv. No obstante lo señalado, esa investigación interna fue entregada en su oportunidad a requerimiento de la Presidenta de la I. Corte de Apelaciones de Coyhaique, Sra. Alicia Araneda Espinoza, para tenerla a la vista para resolver la solicitud de designación de Ministro en Visita Extraordinaria, Rol Nº 1 del año 2002; Tribunal de Alzada que por sentencia de 14 de septiembre de 2002, acordó por la unanimidad de sus integrantes no hacer lugar a dicha petición. Por consiguiente, el expediente judicial, con todos los medios de prueba que tuvo a la vista y que concluyera en dicha Sentencia o Acuerdo, sin personal militar procesado ni condenado, es actualmente público. Con la indicación anterior, y sin que el Ejército entre a vulnerar la obligación de secreto establecida por la Ley Nº 19.974 antes citada, se cumple con lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley Nº 20.285, al indicar al solicitante dónde puede consultar sobre el destino judicial de la investigación interna y solicitar copia o acceder a ella.</p>
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v. Acompañó copia de oficio CJE.SGE.A J. (R) Nº 1595/160/MDN, de 30 de julio de 2003, del Comandante en Jefe del Ejército, dirigido a la Sra. Ministra de Defensa Nacional y copia de sentencia judicial del Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 14 de septiembre de 2002.</p>
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b) Respuesta a la solicitud que originó el amparo Rol C251-14: El Ejército respondió cada una de las solicitudes en el orden presentado en el requerimiento:</p>
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i. "La mencionada Investigación Interna considera un primer Informe de Investigación, de 11 de noviembre de 2002, con diligencias que se remontan al 08 de noviembre de 2002. Un segundo Informe de Investigación, de fecha 15 de noviembre de 2002 y un tercer In forme de Investigación, de 21 de noviembre de 2002, como resultado de la ampliación de la investigación ordenada por el Comandante en Jefe de la VII D. E. No existen antecedentes de posteriores investigaciones sobre la materia".</p>
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ii. Reitera lo señalado en la letra a) y en la respuesta a la solicitud.</p>
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iii. El 1° de marzo de 1993.</p>
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iv. El 1° de marzo de 1993, como Oficial de Sanidad Dental (Teniente), al Regimiento de Ingenieros Nº 8, "Chiloé"; y,</p>
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v. No es posible responder al tenor de su consulta por encontrarse todos los antecedentes protegidos por la obligación de secreto prevista por el artículo 38 de la Ley Nº 19.974, en relación con el Artículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285.</p>
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3) AMPAROS: Don Matías Rojas Medina dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del Ejército de Chile, a los que se asignó los roles C14-14 y C2512-14, presentados respectivamente el 3 de enero y el 3 de febrero, ambos de 2014. En particular el reclamante señaló, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Amparo Rol C14-14: Funda su amparo en la denegación de la información. Añadió, en síntesis, lo siguiente:</p>
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i. No está satisfecho con la respuesta, dado que existe una contradicción en las explicaciones entregadas por el Ejército. El órgano refiere a una investigación interna cuyos resultados fueron entregados a la Corte de Apelaciones de Coyhaique para emitir una resolución el día 14 de septiembre de 2002;</p>
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ii. En oficio CJE.SGE.A J. (R) Nº 1595/160/MDN, de 30 de julio de 2003, del Comandante en Jefe del Ejército, dirigido a la Sra. Ministra de Defensa Nacional, el Ejército señaló que realizó solamente una investigación interna, pero que ésta nace con motivo de las declaraciones del llamado "testigo secreto", en el denominado Caso Aysén, que implicaba a un funcionario de la Institución de nombre Jorge Carreño Alegre. Dicho testimonio sólo fue conocido por la opinión pública a partir de una querella presentada por la organización OTRAYSÉN el 7 de noviembre de 2002, y el testimonio con reserva de identidad del "testigo secreto" en televisión, días después de aquello;</p>
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iii. Según consta en recorte de prensa adjunto a la reclamación, correspondiente a un ejemplar de El Diario de Aysén de 15 de noviembre de 2002, la entonces Ministra de Defensa doña Michelle Bachelet Jeria, afirma que una investigación interna continuaba realizándose en el Ejército a mediados de ese mes. "Cabe preguntar cómo es posible que los resultados de la única investigación interna del Ejército, haya sido presuntamente terminada y concluida en septiembre de 2002, en circunstancias de que la misma investigación continuaba abierta en noviembre del mismo año".</p>
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iv. "De existir una investigación interna previo a noviembre de 2002, los documentos entregados tampoco corresponderían a mi solicitud original, que citó específicamente ese mes para pedir información al Ejército de Chile".</p>
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b) Amparo Rol C251-14: Funda su amparo en la respuesta negativa a la solicitud de información del numeral v. del literal b) del N° 1 de lo expositivo. El ejército señaló que los antecedentes se encontrarían protegidos por obligación de secreto, prevista en artículo 38 de la Ley Nº 19.974, en relación con el artículo 21 Nº 5 de la Ley 20.285. Agregó, en síntesis, lo siguiente:</p>
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i. En una anterior solicitud (que originó el amparo Rol C14-14), el Ejército no se negó a entregar los resultados y ubicación temporal de la investigación interna referida (dados a conocer públicamente en Comunicado de Prensa Nº 6708/49 de la VII D.E., de 21 de noviembre de 2002). En esta ocasión el Ejército cambia su actitud, "citando como "antecedentes protegidos" la información respecto a cuántas veces el funcionario, Sr. Jorge Carreño Alegre, fue investigado por el Ejército, es decir, las fechas en que estas investigaciones internas se habrían llevado a cabo, y los resultados derivados de tales indagaciones". Destaca que el Ejército vuelve a manifestar incongruencia en las fechas de la primera investigación interna, como ya hiciera ver en las observaciones del amparo Rol C14-14, descritas en la letra a) del numeral precedente).</p>
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ii. En respuesta a solicitud que originó el amparo Rol C14-14, el Ejército asegura que en relación al "Caso Aysén" y la presunta participación de funcionarios en delitos de narcotráfico, sólo se llevó a cabo una investigación interna, la cual fue entregada a la ministra Sra. Alicia Araneda en el mes de septiembre de 2002, para que ésta resolviera sobre la designación de un Ministro en Visita, el día 14 de ese mismo mes y año.</p>
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iii. Sin embargo, en respuesta al numeral i. de la letra b) del N° 1 de lo expositivo, de la solicitud que originó el amparo C251-14, el Ejército afirma que el primer informe de resultados de la indagación fue emanado el "11 de noviembre de 2002, con diligencias que se remontan al 08 de noviembre de 2002", es decir, el primer informe habría sido elaborado casi dos meses después que éste fuera entregado en su totalidad a la Sra. Alicia Araneda, para resolver sobre la designación de un Ministro en Visita, el 14 de septiembre de 2002. En su opinión, lo anterior habla de una grave incoherencia temporal que desafía cualquier lógica.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó los amparos Roles C14-14 y C251-14, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, mediante oficios Nos. 136 y 614, de 15 de enero y 11 de febrero, respectivamente, ambos de 2014. Por ambos oficios se solicitó especialmente que, junto con evacuar sus descargos, se refiriese específicamente a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
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Mediante oficio Nos. 512 y 952, de 30 de enero y 5 de marzo, ambos de 2014, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile presentó sus descargos a los amparos C14-14 y C251-14, respectivamente, señalando, en síntesis que:</p>
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a) Descargos al Amparo Rol C14-14: Se denegó la entrega de copia de la investigación interna llevada a cabo en Puerto Aysén el año 2002, con motivo de diversas versiones que vincularon a personal militar con una red de narcotraficantes, presuntamente involucrada en la muerte de 12 jóvenes en dicha ciudad. Añadió, en síntesis, lo siguiente:</p>
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i. Se invocó el artículo 38 de la Ley N° 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia"; la jurisprudencia contenida en la sentencia Rol N° 1990-11-INA, de 5 de junio de 2012, del Tribunal Constitucional, en sus Considerandos Vigesimosexto y Cuadragesimoquinto, en relación con el artículo 8° inciso 2° de la Carta Fundamental y lo dispuesto por el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, pues se trata de información legalmente considerada secreta.</p>
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ii. La investigación interna fue realizada por la Compañía de Inteligencia de la VII División de Ejército. Esa Compañía de Inteligencia forma parte del sistema de inteligencia, contrainteligencia y de información institucional, y como tal técnicamente dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército, por lo que se encuentra expresamente comprendida en el Sistema de Inteligencia del Estado, de acuerdo a lo señalado por el artículo 5° de la Ley N° 19.974.</p>
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iii. Los informes, investigaciones o similares que elaboran estos organismos de inteligencia, sólo pueden eximirse de su carácter secreto con autorización del Director de Inteligencia, el que expresó su opinión en contrario. La legislación es tan rigurosa y restrictiva en esta materia, que el artículo 39 del cuerpo legal citado solo permite al Senado, la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia, al Fiscal Nacional o a la Contraloría General de la República, acceder a dicha información a través del Ministerio del Interior, del de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, supuesto en el cual, pesa sobre ellos la obligación de mantener secreto de su existencia y contenido aún "después del término de sus funciones en los respectivos servicios." La violación de esa obligación de secreto por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas está penalmente sancionada en la misma Ley N° 19.974 (artículos 44 y 47) y en los artículos 255 y 257 del Código de Justicia Militar.</p>
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iv. No obstante lo anterior, el Ejército cumplió cabalmente con lo señalado por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, pues indicó al reclamante el tribunal donde puede obtener la información, y además acompañó copia del Acuerdo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en el que de su lectura puede individualizar todos y cada uno de los procesos judiciales y juzgados del crimen que investigaron los hechos que el interesan.</p>
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v. El reclamante pretende, con el único mérito de un recorte de prensa sin fecha, cuyo responsable se ignora, establecer que de parte del Ejército ha existido alguna contradicción en su respuesta. Lo anterior, la institución lo ha confrontado y fundamentado proporcionando documentos oficiales y respuestas también oficiales.</p>
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b) Descargos al Amparo Rol C251-14: Las cinco consultas efectuadas en la solicitud que originó este amparo, se respondieron con apego a la ley, negándose solo el acceso a información pedida por la solicitud del numeral v. de la lera b) del N° 1) de lo expositivo, que dice relación a una investigación interna realizada por la Compañía de Inteligencia N° 7. Luego, reitera los argumentos sostenidos en los numerales ii y iii, de la letra a) precedente, en relación a la reserva del artículo 38 de la Ley N° 19.974 y 21 N° 5, de la Ley N° 20.285.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo al hecho que entre los amparos Roles C14-14 y C251-14 existe identidad respecto del requirente de información y del órgano de la Administración requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.</p>
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2) Que a modo de contexto, este Consejo estima pertinente hacer presente que lo requerido por las solicitudes que originaron los amparos que por esta decisión se resuelven, es información que se vincula a una investigación interna que el Ejército de Chile efectuó para esclarecer la eventual participación de algunos de sus funcionarios, presuntamente vinculados en una red de narcotráfico, en hechos acontecidos en Puerto Aysén entre los años 1997 y el 2001, en torno a la desaparición y muerte de 12 jóvenes. De acuerdo a los antecedentes allegados por las partes, el Ejército de Chile habría instruido una investigación interna, a cargo de la Compañía de Inteligencia N° 7, de la Unidad de Armas Combinadas. En ese contexto, el solicitante requirió, por una parte, la copia y resultados de la investigación conducida por el Ejército en noviembre de 2002, y por otro, en general, diversas informaciones acerca de las fechas en que se habría realizado esa investigación interna y otros antecedentes referidos a un determinado funcionario del Ejército.</p>
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3) Que, por el amparo Rol C14-14, se solicitó específicamente "copia íntegra y resultados de investigación interna conducida por el Ejército de Chile en noviembre de 2002 (...)". Sobre la materia, el Ejército de Chile señaló que existió una investigación interna, de la cual se dio cuenta por comunicado de prensa de 21 de noviembre de 2002 (N° 6708/49) y que, en su oportunidad fue puesta a disposición de la Ministra en Visita de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, a objeto de que fuera tenida la vista y considerada a fin de resolver la designación de un Ministro en Visita Extraordinario. Conforme lo antecedentes aportados por el Ejército, y que fueron remitidos al solicitante en la respuesta, esa Corte resolvió denegar dicha designación, lo que se materializó en acuerdo de su Pleno, de 14 de septiembre de 2002. Respecto de dicha información específica, que habría sido remitida a la Corte y que sirvió como fundamento a la adopción del acuerdo del pleno antes señalado, el Ejército invocó la causal de reserva vinculada a la obligación de secreto prevista por el artículo 38 de la Ley Nº 19.974, en relación con el Artículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285.</p>
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4) Que, del tenor del amparo en análisis, se advierte que el solicitante circunscribió su reclamación a la supuesta contradicción entre la información entregada por el Ejército y algunas publicaciones aparecidas en la prensa local, que datarían de noviembre de 2002, y que aludiría a una investigación que a esa fecha, se encontraba en ejecución. Lo anterior permite concluir que todo antecedente generado con anterioridad a la fecha señalada por el requirente, a saber, noviembre de 2002, no se encuentra dentro de la esfera de la solicitud que generó este amparo. En efecto, según consta en el numeral iv. del literal a) del N° 3) de lo expositivo, el propio solicitante manifestó en su amparo que lo requerido es aquella investigación de noviembre de 2002, mes indicado expresamente en su requerimiento de información, razón por la que estima que los antecedentes entregados, detallados en el numeral v de la letra a) del N° 2) de lo expositivo- referidos a aquella investigación que el Ejército puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en septiembre de ese año, no es la requerida por la solicitud en análisis. Por lo tanto, este Consejo no se pronunciará acerca de las alegaciones de la reclamada, en torno a la causal de secreto o reserva alegada, ni la eventual aplicación del artículo 15 de la Ley de Transparencia, puesto que dichas alegaciones recaen en información que no fue objeto de la solicitud de la especie.</p>
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5) Que determinada la órbita de información que comprende la solicitud de la especie, cabe señalar que con ocasión de la respuesta a la solicitud que generó el amparo Rol C251-14, según consta en el numeral i. letra b) N° 2) de lo expositivo, el Ejército de Chile, refiriéndose a la investigación interna realizada por la Compañía de Inteligencia Nº 7 de la VII División del Ejército, mencionada en el comunicado de prensa Nº 6708/49, de noviembre de 2002, señaló en lo pertinente: "la mencionada Investigación Interna considera un primer Informe de Investigación, de 11 de noviembre de 2002, con diligencias que se remontan al 08 de noviembre de 2002. Un segundo Informe de Investigación, de fecha 15 de noviembre de 2002 y un tercer In forme de Investigación, de 21 de noviembre de 2002, como resultado de la ampliación de la investigación ordenada por el Comandante en Jefe de la VII D. E. (...)". [énfasis agregado]. De lo anterior se colige que el Ejército reconoce haber generado 3 informes en noviembre de 2002 y que al menos uno de ellos se remontaría a diligencias desplegadas ese mismo mes y año, relativos a la investigación aludida por el solicitante, y que se vinculan expresamente a los hechos por este consultados. De la lectura de la respuesta transcrita, se desprende inequívocamente que tales informes de investigación interna, de noviembre de 2002, fueron generados con posterioridad a aquellos antecedentes que habrían sido puestos a disposición de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, toda vez que, según lo ya consignado, dicha Corte emitió un acuerdo pleno el 14 de septiembre de 2002, esto es, 2 meses antes de la fecha anteriormente consignadas.</p>
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6) Que, en consecuencia, la presente solicitud debe entenderse dirigida a obtener copia de aquellos informes correspondientes a la investigación interna, referidos a los hechos descritos en la solicitud, a que alude expresamente el Ejército y que datan de noviembre de 2002. Si bien la reclamada no se pronunció expresamente sobre tales antecedentes, cabe colegir de sus alegaciones contenidas en su respuesta y descargos, que todo antecedente que se hubiere generado en el marco de las investigaciones internas llevadas a cabo por la Compañía de Inteligencia VII División de Ejército, se encontrarían en la hipótesis de reserva del artículo 38 de la Ley N° 19.974. Por tanto, cabe concluir que acerca de tales informaciones, ha alegado la causal de secreto o reserva antes señalada.</p>
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7) Que la Ley Nº 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional..." (artículo 4°). Dicho Sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). Respecto de los servicios de inteligencia militar, la Ley N° 19.974 indica que la inteligencia militar "es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional" (artículo 20, inciso 1°). Asimismo, dicho cuerpo legal dispone que la inteligencia militar "comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional" (artículo 2º, inciso 2°). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".</p>
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8) Que, por su parte, el artículo 38 de la Ley N° 19.974, contiene una hipótesis de secreto o reserva en los siguientes términos: "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Dicho precepto agrega que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique". Finaliza señalando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".</p>
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9) Que, al respecto, según dispone el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sólo podrá denegarse el acceso a la información "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política". En tal sentido, el artículo 8° de la Constitución establece que "...sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Con todo, la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8° a la Constitución (Ley Nº 20.050, de 2005) fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política". En ese sentido, la citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece que "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes... aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales".</p>
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10) Que, conforme ha resuelto este Consejo en la decisión de amparo Rol C1818-12, para la aplicación de una disposición que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la Ley Nº 20.050 no sólo basta que ésta conste en una norma de rango legal, sino que, de acuerdo al tenor literal del artículo 21 N° 5 y la disposición primera transitoria, ambas de la Ley de Transparencia, dicha norma debe declarar el carácter secreto o reservado de la información conforme con las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución (así se ha resuelto, por ejemplo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A45-09, C512-09 y C349-11). Por tanto, si bien el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, atendido que se trata de una norma previa a la Ley Nº 20.050, es igualmente necesario determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el artículo 8° de la Constitución. Tal reconducción material debe estar guiada por la exigencia de "afectación" dispuesta por la Constitución, respecto de los bienes jurídicos indicados en su artículo 8°. En la misma línea, este Consejo -por ejemplo- ha resuelto, en ejercicio de dicho proceso de reconducción material o interpretación conforme a la Constitución, que la norma de secreto consagrada en el artículo 436 del Código de Justicia Militar -según la cual, se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido "se relaciona" directamente con la seguridad del Estado-, debe ser interpretada en términos que la información que se pretenda reserva a su amparo afecte los bienes jurídicos que señala el citado artículo 8° de la Constitución, especialmente la seguridad de la Nación. En efecto, según este Consejo, "Esta es la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con el texto vigente de la Constitución" (considerando 12° de la decisión recaída en el amparo Rol C512-09).</p>
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11) Que en el presente caso, y según lo argumentado por el Ejército de Chile, sus alegaciones se dirigen a afirmar que se produciría una afectación al debido cumplimiento de sus funciones, al divulgarse la información solicitada, por tratarse ésta, en definitiva, de antecedentes producidos en ejercicio de actividades de inteligencia, los que se encontrarían cubiertos por la reserva prevista en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, por la sola circunstancia de obrar o ser generada por un organismo que conforma el Sistema Nacional de Inteligencia. Siguiendo esa argumentación, para que la información fuera considerada secreta o reservada al amparo del citado artículo 38 de la Ley N° 19.974 bastaría que aquélla, cualquiera fuere su materia o naturaleza, se refiriese a tareas de inteligencia realizadas por alguna unidad, departamento o cualquier otra dependencia de esa institución, como sería el caso de la Compañía de Inteligencia de la VII División de Ejército. Sin embargo, tal interpretación pugna con el sentido restrictivo con que deben ser interpretadas las disposiciones de excepción -como lo son las normas de secreto o reserva-, pues, de acuerdo a ella, se entregaría la determinación del carácter secreto de la información a la pura discrecionalidad del órgano que la posee, que es, a su vez, la autoridad encargada de organizar sus sistemas de información internos, pudiendo centralizarlos o no en las dependencias de sus unidades de inteligencia, cualquiera fuere su materia, a fin de incluirlas o no en la protección que le concede el mencionado artículo 38.</p>
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12) Que, precisado lo anterior, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la Ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. En efecto, según disponen los artículos 1°, 4° y 5° de la Ley N° 19.974, el objeto de dicho cuerpo legal es precisamente la regulación de las actividades de inteligencia, y lo que determina la pertenencia de una unidad de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública al citado Sistema es la dirección, ejecución o realización de dichas actividades de inteligencia. Además, a igual conclusión debe arribarse de la lectura del propio artículo 38, el cual confiere carácter secreto a "...otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Dichas normas dan cuenta que es la actividad de inteligencia lo que determina el ámbito de regulación de dicho cuerpo legal y, consecuentemente, la esfera protegida por ella a través del secreto. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de..." que emplea el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquella información que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades.</p>
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13) Que, este Consejo estima que una interpretación del referido artículo 38 en el sentido antes indicado resulta armónica con la exigencia de afectación dispuesta por el artículo 8° de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia, toda vez que:</p>
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a) La Ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia militar comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos objetivos se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública.</p>
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b) En sí mismas, las actividades de inteligencia son el objetivo de las labores desarrolladas por los organismos que constituyen el Sistema de Inteligencia del Estado, en las que, por definición, el secreto posibilita el éxito de su ejecución. Por tanto, la reserva de sus actividades también tiene por objeto resguardar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos que integran dicho Sistema de Inteligencia.</p>
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14) Que, por el contrario, si se estimara que el secreto previsto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974 se configura únicamente en cuanto la información se encuentre bajo la tenencia o control de algún órgano del Sistema de Inteligencia del Estado, con independencia la materia o naturaleza de la misma, dicha norma carecería de relación directa con la afectación de los bienes jurídicos antes indicados, pues superaría el ámbito de protección de las actividades de inteligencia desarrolladas por dichos organismos, para extenderse a otras materias o esferas de actuación, en forma indefinida e ilimitada.</p>
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15) Que, en consecuencia, de acuerdo a la interpretación que se viene exponiendo, para efectos de verificar la aplicación del artículo 38 de la Ley N° 19.974 es menester determinar si lo solicitado en el caso de la especie constituye información relativa a actividades de inteligencia. En el presente amparo, en suma, lo solicitado es copia de la investigación de noviembre de 2002, efectuada por el Ejército a raíz de la eventual participación de funcionarios de la institución con una red de narcotraficantes, presuntamente involucrada en la muerte de 12 jóvenes en Puerto Aysén. Específicamente lo requerido son los informes de la investigación interna generados en noviembre de 2002, aludidos por el propio Ejército en respuesta a una de las solicitudes que generó el amparo Rol C251-14. Del tenor de lo solicitado, puede concluirse que la documentación solicitada constituye información relativa a actividades de inteligencia, toda vez que tales antecedentes, de divulgarse, darían cuenta de hechos y datos relativos al proceso de investigación interno seguido por esa institución, en la investigación de hechos que involucraron a funcionarios de esa repartición. Lo anterior, toda vez que de lo informado por el Ejército de Chile en el procedimiento en análisis, la investigación de inteligencia consultada detallaría acciones desarrolladas en el marco de una investigación por agentes de inteligencia en Puerto Aysén, acerca de hechos que vincularon a funcionarios en una red de narcotráfico, que comprenderían declaraciones de testigos civiles, entre otras actividades desplegadas que pudieran revelar operaciones en terreno, etc. Por tanto, se trata de información cuya divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y de sus órganos de inteligencia, en razón de que ello supondría acceder a información específica y estratégica acerca de la investigación de inteligencia consultada, en materia de redes vinculadas a narcotráfico, lo cual podría al menos dificultar o entorpecer tales acciones e investigaciones futuras, mediante la revelación de líneas de investigación o tácticas empleadas que pudieren estar contenidos en tales informes de inteligencia. Por tal razón, y configurándose la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se rechazará el amparo en análisis.</p>
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16) Que en lo que atañe al amparo rol C251-14, el reclamo se circunscribe al requerimiento del numeral v. letra b) del N° 1 de lo expositivo, a saber "Cuántas veces Carreño Alegre fue investigado internamente por el Ejército de Chile, y si existe documentación que no esté amparada por la obligación de secreto contemplada en la Ley Nº 19.974, sobre el resultado de dichas diligencias, para tener acceso a las mismas". Esto por cuánto solo a su respecto el solicitante manifestó no haber recibido la información requerida. Específicamente el reclamante ha fundado su reclamación en que el Ejército en su respuesta señaló "como "antecedentes protegidos" la información respecto a cuántas veces el funcionario, Sr. Jorge Carreño Alegre, fue investigado por el Ejército, es decir, las fechas en que estas investigaciones internas se habrían llevado a cabo, y los resultados derivados de tales indagaciones". Sobre este punto, el Ejército de Chile alegó igual causal a aquella descrita y analizada con anterioridad en el marco del amparo Rol C14-14. A objeto de determinar la concurrencia de la misma en este caso, cabe analizar la solicitud en dos distintas, para facilitar su compresión.</p>
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17) Que por la primera parte de la solicitud en análisis se requirió "Cuántas veces Carreño Alegre fue investigado internamente por el Ejército de Chile (...)". Primeramente cabe señalar que la solicitud de las fechas en que tales investigaciones se hubieren llevado a cabo, no se encuentra contenida en el requerimiento que dio origen a este amparo, sino que más bien viene a ampliar su objeto, por lo que este Consejo no se pronunciará al respecto.</p>
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18) Que, de los antecedentes allegados por las partes a los amparos analizados, el funcionario del Ejército mencionado habría estado involucrado en la denuncia de los hechos que dieron lugar al procedimiento de inteligencia anteriormente aludido. Según el tenor literal de la solicitud, se requirió se informe "cuántas" veces ese funcionario fue investigado internamente por el Ejército. Del contexto de la solicitud cabe interpretar que el requerimiento está formulado en términos amplios, dirigido a obtener la información numérica, que exprese la cantidad de veces que el Ejército de Chile ha efectuado investigaciones internas a ese funcionario, cualquiera sean los hechos que las hubieren motivado. Atendido que lo requerido es información numérica o estadística, no vinculada a otros datos que permitan obtener información acerca de informes de inteligencia u otros datos que puedan estimarse comprendidos en la causal de secreto alegada por la reclamada, este Consejo no advierte de qué manera entregar la información requerida en los términos solicitados, pudiere configurar dicha causal de reserva. En consecuencia se acogerá el amparo en esta parte, y se requerirá al Ejército de Chile que le informe al solicitante la cantidad de veces que ha realizado investigaciones internas respecto del funcionario señalado. De no haber otras investigaciones que aquella vinculada al llamado "caso Aysén" se lo informe derechamente al solicitante.</p>
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19) Que, por la segunda parte de la solicitud se requirió "(...) si existe documentación que no esté amparada por la obligación de secreto contemplada en la Ley Nº 19.974, sobre el resultado de dichas indagaciones, para tener acceso a las mismas". Del tenor de la solicitud, se concluye que lo requerido es que el Ejército precise si dentro de los antecedentes referidos a investigaciones internas que hubieren estado dirigidas contra el señalado funcionario, existen o no antecedentes vinculados al resultado de tales indagaciones, que no se encuentren amparados por la reserva de la Ley N° 19.974. Del contexto de la solicitud, se advierte que esta no solo se encuentra vinculada al denominado "caso Aysén", sino que comprende cualquier otra investigación interna que pudiere haberse incoado en contra del funcionario antes citado. Del tenor de la respuesta del Ejército, se concluye que este entendió dirigida la consulta a la ya señalada investigación, por lo que no se pronunció acerca de otras investigaciones internas que pudieren haber existido. Por este motivo no puede entenderse satisfecha la solicitud en esta parte.</p>
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20) Que, en atención a lo señalado, teniendo presente que la solicitud de acceso descansa sobre la base de que hubieren existido investigaciones internas en contra del funcionario Sr. Carreño Alegre, sin haber precisado el requirente a qué antecedentes específicos pretende tener acceso, este Consejo estima que la solicitud puede entenderse satisfecha mediante la respuesta afirmativa o negativa acerca de la existencia de documentos de investigaciones internas que hubiere practicado el Ejército en que estuviere involucrado el funcionario antes señalado, que no se encuentren dentro del contexto de la Ley N° 19.974. Esto por cuanto el acceso posterior a tales diligencias, estaría supeditado a la existencia previa de las mismas. Por lo anterior, se acogerá también el amparo en esta parte y se requerirá al Ejército que señale al solicitante si existe o no documentación como la referida o bien, de no haber existido otras investigaciones distintas al denominado caso Aysén, lo señale expresa y fundadamente.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo Rol C14-14, deducido por don Matías Rojas Medina, en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Acoger el amparo Rol C251-14 deducido por don Matías Rojas Medina, en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos en lo considerativo de ésta decisión.</p>
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III. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército que:</p>
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a) Entregue al reclamante el número o cantidad de investigaciones internas que hubieren sido realizadas al funcionario Sr. Carreño Alegre o bien, de no haber existido otras investigaciones internas dirigidas contra ese funcionario, distintas al denominado "caso Aysén", lo señale expresa y fundadamente.</p>
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b) Se pronuncie afirmativa o negativamente acerca de la existencia de documentación relacionada con los resultados de investigaciones llevadas a cabo en contra del funcionario Sr. Carreño Alegre que no se hubieren realizado en el marco de la Ley N° 19.974. De no existir otras investigaciones internas distintas al denominado "caso Aysén", lo señale expresa y fundadamente.</p>
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c) Cumpla dichos requerimientos dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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d) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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