Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C19-14

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Reclamante:	GUSTAVO BASSALETTI ORTEGA
Reclamado:	PODER JUDICIAL
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Poder Judicial, fundado en que no dio respuesta a la solicitud de información referentes a: i) Información respecto al Contralor Interno de dicha institución; ii) Respecto al Director; Subdirector y Contralor que se señalan: su declaración de patrimonios, intereses y parentesco; iii) Informar respecto de los informes que ha realizado la Corporación Administrativa sobre materias relacionadas con licencias médicas que hacen uso los funcionarios de la CAPJ. El Consejo declara inadmisible el amparo, por no ser competente para conocer de amparos en contra del Poder Judicial.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	1/20/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C619-11 C779-11 C858-11 C860-11 C888-11 C964-11 C1020-11 C1021-11 C373-10 C628-10 C802-10 C435-11 C436-11 C437-11 C441-11 C442-11 C443-11 C446-11 C447-11 C1063-11 C297-12
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Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C19-14 Entidad reclamada: Poder Judicial. Requirente: Gustavo Bassaletti Ortega. Ingreso Consejo: 03.01.2014. En sesión ordinaria N° 494 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de enero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C19-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, con fecha 10 de diciembre de 2013, don Gustavo Bassaletti Ortega habría realizado una presentación ante a Comisión de Transparencia del Poder Judicial, a través de la cual habría requerido lo siguiente: I. Respecto del Sr. Contralor Interno don Ricardo Guzmán Sanza: a) Nombre del cargo del Sr. Guzmán Sanza; b) Resolución Exenta de su nombramiento; c) Calidad contractual; d) Grado y renta bruta asignada con bonos y sin bonos; e) Adjuntar acta de nombramiento del Pleno de la Excma. Corte Suprema de acuerdo a lo señalado en el art. 513 del COT; y, f) Indicar si existe alguna modificación posterior al COT, que justifique la renta actual del Sr. Contralor, tanto respecto a su grado, como también respecto a su calidad contractual. II. Respecto del Director, Sr. Larraín, Subdirector, Sr. Paul y Contralor, Sr. Guzmán: Remitir declaración de patrimonio, de intereses y de parentesco. III. Informar respecto de los informes que ha realizado la Corporación Administrativa sobre materias relacionadas con licencias médicas que hacen uso los funcionarios de la CAPJ. Indicar en forma detallada, cuántos informes de licencias médicas ha emitido la Contraloría Interna, junto a los siguientes antecedentes: a) Fecha de evacuación de dichos informes desde el año 2006 al año 2013 (ambos incluidos); b) Individualización del nombre del funcionario al cual se le practicó dicho análisis y acciones posteriores llevadas a cabo por la CAPJ; c) Nombre, cargo y departamento al cual pertenece el funcionario que confeccionó el informe; d) Contenido del informe evacuado, metodología de aplicación de análisis de las licencias médicas; e) Nombre y cargo de la persona que solicitó la confección de dicho informe (incluir el nombre de la persona que solicitó el informe del Sr. Antonio Lobos Cordano, actual Subjefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto, como también los motivos que originaron tal solicitud); f) Protocolo de Contraloría Interna actualizado para llevar a cabo este tipo de informes; g) Informes respecto a la competencia que tiene la Contraloría Interna, para evacuar dichos informes; y, h) Señalar la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos sobre esta materia y protocolos actuales de análisis. IV. Informar qué departamentos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha perdido los bonos por desempeño institucional y por desempeño colectivo durante el año 2006 hasta el año 2013 (ambos incluidos). Informar la responsabilidad que le compete al Sr. Subdirector en dicha pérdida de recursos para los funcionarios de los departamentos que no cumplieron su meta, lo anterior en virtud a lo indicado en el artículo 511 del Código Orgánico de Tribunales, el cual especifica que la administración interna de la Corporación Administrativa es del Subdirector. 2) Que, el día 3 de enero de 2014, don Gustavo Bassaletti Ortega deduce amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Poder Judicial, fundado en que no recibió respuesta a su requerimiento. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, literal b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, del examen preliminar de admisibilidad del presente amparo, este Consejo advierte que se ha interpuesto en contra de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial. 3) Que, en este contexto, cabe señalar que el artículo 2° de la Ley de Transparencia -que establece su ámbito de aplicación-, no hace referencia expresa al Poder Judicial en cuanto órgano sujeto a sus disposiciones, limitándose a señalar en su inciso final que “Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente”. 4) Que, a mayor abundamiento, el artículo 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia, que ejecuta en forma pormenorizada los aspectos generales regulados en dicho cuerpo legal, al referirse a su ámbito de aplicación, señala expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros, a los Tribunales que forman parte del Poder Judicial. 5) Que, por lo tanto, a los Tribunales que forman parte del Poder Judicial ni a este Poder del Estado, les resultan aplicables las normas previstas en la Ley de Transparencia referentes al derecho de acceso a la información que puede hacerse valer en un procedimiento de amparo; de modo que este Consejo carece de la competencia necesaria para conocer del mismo, motivo por el cual deberá ser declarado inadmisible. 6) Que dicho criterio ya ha sido establecido en las decisiones de este Consejo recaídas en los amparos Roles C373-10, C628-10, C802-10, C435-11, C436-11, C437-11, C441-11, C442-11, C443-11, C446-11, C447-11, C619-11, C779-11, C858-11, C860-11, C888-11, C964-11, C1020-11, C1021-11, C1063-11, C297-12 y 913-13, entre otros. 7) Que, sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes, el legislador ha establecido un plazo dentro del cual deben ser respondidas por parte de los órganos de la Administración del Estado las solicitudes de información. Esto, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley de Transparencia, que establece que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12. 8) Que, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Reglamento de la Ley de Transparencia, una vez vencido el referido plazo que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información pública, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma. 9) Que, como se dijo, la presentación realizada por el recurrente ante el Poder Judicial, y que origina el presente amparo, no puede ser objeto de amparo ante esta Corporación, por ser incompetente para ello, y aun cuando, si lo fuera, no podría declararse su admisibilidad por haber sido interpuesto de manera anticipada y por tanto extemporánea, toda vez que el plazo con que contaba el órgano para dar respuesta al requerimiento venció el 9 de enero de 2014, por lo que a la fecha de deducir amparo aún contaba con plazo vigente para ello. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I) Declarar inadmisible el amparo deducido por don Gustavo Bassaletti Ortega, en contra del Poder Judicial, por no resultar competente este Consejo para conocer del mismo, de acuerdo con los argumentos indicados precedentemente. II) Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gustavo Bassaletti Ortega y al Sr. Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, para los efectos de los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se hace presente que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.