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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C24-14</strong></p>
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Entidad pública: Ministerio de Salud.</p>
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Requirente: Eduardo Chía Ramírez.</p>
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Ingreso Consejo: 06.01.2014.</p>
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En sesión ordinaria Nº 515 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de abril de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C24-14.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de noviembre de 2013, don Eduardo Chía Ramírez presentó al Ministerio de Salud (en adelante, e indistintamente, MINSAL) la siguiente solicitud:</p>
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a) Para que se informe o dé cuenta del número total de mujeres VIH-positivo en Chile, desagregadas por edad, municipios y regiones del país donde éstas residen.</p>
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b) Para que informe el número total de mujeres VIH-positivo, que reciben tratamiento antirretroviral en Chile. Dar cuenta de la información, desagregada por edad, municipios y regiones.</p>
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c) Para que se informe cuál es el número actual de mujeres VIH-positivo que se encuentran embarazadas. Desagregar antecedentes por edad, municipios y regiones del país donde éstas residen.</p>
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d) Para que se informe la cantidad total de embarazos que han registrado las mujeres VIH-positivo en el país desde 1998 al 2013. Entregar datos desagregados por edad, año, municipios y regiones del país.</p>
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e) Para que se informe del número total de mujeres VIH-positivo que han terminado sus embarazos mediante partos por cesárea desde 1998 al 2013. Entregar datos desagregados por edad, año, municipios y regiones del país.</p>
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f) Para que informe sobre el número total de mujeres VIH-positivo que han sido quirúrgicamente esterilizadas en los establecimientos médicos-sanitarios públicos o municipales del país desde 1998 al 2013. Entregar datos desagregados por edad, año, municipios y regiones donde las mujeres residen.</p>
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g) Para que se informe sobre el número total de mujeres VIH-positivo sometidas a esterilizaciones quirúrgicas por recomendación médica, en establecimientos médico-sanitarios públicos o municipales del país desde 1998 al 2013. Entregar datos desagregados por edad, año, ciudades y regiones donde las mujeres residen.</p>
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h) Para que dé cuenta o informe sobre el número total de mujeres esterilizadas quirúrgicamente en establecimientos médico-sanitarios públicos o municipales del país desde 1998 al 2013. Desagregar antecedentes por edad, año, municipios y regiones del país donde éstas residen.</p>
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i) Para que indique o dé cuenta del número total de mujeres que recibieron métodos anticonceptivos desde 1998 al 2013. Desagregar información por modalidad del método anticonceptivo, edad, años, ciudades y regiones donde las mujeres que recibieron el tratamiento residen.</p>
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j) Para que dé cuenta o informe sobre el número total de esterilizaciones quirúrgicas que se efectuaron a mujeres durante la realización de una operación cesárea desde 1998 al 2013. Desagregar información por edad, año, municipio y regiones donde las mujeres residen.</p>
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k) Para que informe cuál es el número total de nacidos vivos con VIH-positivo desde 1998 al 2013. Desagregar información por año, municipio y regiones donde se registraron los nacimientos.</p>
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El recurrente señaló, para efectos de notificación, una dirección de correo electrónico, de conformidad al artículo 12, inciso 3°, de la Ley de Transparencia y solicitó la entrega de la información en formato papel.</p>
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2) RESPUESTA: El 16 de diciembre de 2013, el órgano otorgó respuesta a la solicitud de acceso, notificándola al correo electrónico designado, y entregó información, en forma adjunta al correo, preparada por la Dirección de Planificación Sanitaria.</p>
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3) AMPARO: El 6 de enero de 2014, don Eduardo Chía Ramírez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del MINSAL, fundado en que la información otorgada no corresponde a la solicitada, no se responden las preguntas formuladas y se entrega información incompleta, insuficiente e imprecisa.</p>
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4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo solicitó a don Eduardo Chía Ramírez subsanar su presentación, mediante oficio N° 164, de 16 de enero de 2014, para los siguientes efectos: a) acompañar copia de la solicitud presentada, y b) indique detalladamente la información que, habiendo sido requerida, no habría sido entregada. El recurrente señaló, vía correo electrónico, el 24 de enero de 2014, que no se le entregó la información requerida en los literales a), b), c), e), g) y j) de la solicitud y, por otra parte, que la información otorgada fue incompleta respecto de los literales d), pues sólo se otorgó del año 2013; f), sólo se entregó información de 2013 y no se indica si las mujeres son o no VIH-positivo; h), sólo se otorga la de 2013; i) sólo se otorga información de 1998 y respecto de un solo método anticonceptivo (PAE), de todos los posibles y que actualmente se utilicen; y k), sólo se entrega del año 2013. Conforme a lo anterior, se tuvo por subsanado el amparo.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Subsecretario de Salud Pública, mediante el Oficio N° 424, de 30 de enero de 2014. El órgano reclamado evacuó sus descargos el 19 de febrero de 2014, mediante Ordinario N° 514, en la forma que se expone:</p>
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a) Para atender la solicitud trabajaron en forma conjunta el referente técnico del Departamento de Enfermedades Transmisibles, dependiente de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública con el Instituto de Salud Pública (ISP), toda vez que la Subsecretaría de Estado no contaba con toda la información.</p>
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b) La solicitud fue respondida el 16 de diciembre de 2013 y efectivamente la información entregada se encontraba incompleta e insuficiente, ya que el tamaño del archivo que debió remitirse al recurrente sobrepasó la capacidad de envío de la plataforma de correo electrónico, por lo que no se envió de manera correcta e íntegra.</p>
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c) En cuanto a la supuesta imprecisión de la información, es del caso señalar que ésta se encuentra contenida en bases de datos y planillas, de las cuales es posible inferir la información. Al respecto, el artículo 5° en concordancia con el artículo 10° de la Ley de Transparencia consagran el derecho que tiene toda persona de "solicitar y recibir información" en la forma y condiciones establecidas en el precitado cuerpo legal. De lo anterior se colige que la obligación de entregar información dice relación con aquélla ya elaborada o almacenada en los registros del órgano, sin que pueda obligársele a producir una nueva, con variables no contempladas en los registros institucionales.</p>
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d) Sin perjuicio de lo anterior, el órgano adjuntó, en formato de CD, todos los archivos que debieron haberse remitido en respuesta a la solicitud, con el objeto de entregar la información pública que obra en su poder.</p>
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e) Adjunta a sus descargos, copia de los siguientes antecedentes:</p>
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i. Carta de respuesta a la solicitud, de 16 de diciembre de 2013.</p>
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ii. Información en formato de disco compacto.</p>
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6) PRESENTACIÓN DEL RECURRENTE: El 19 de marzo de 2014, este Consejo comunicó al recurrente, vía correo electrónico, que se encontraba a su disposición información remitida por el órgano, para su entrega y análisis, lo que se efectuó el 21 de marzo de 2014, en dependencias del Consejo. Luego, el 3 de abril de 2014, el recurrente manifestó que la información le parece insuficiente en lo siguiente:</p>
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a) En cuanto al literal a), no se entregó el número total de mujeres VIH-positivo registradas, que resulta fundamental para comparar y cotejar respecto a los nacimientos vivos y las esterilizaciones.</p>
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b) Al literal b), no se indicó el número de mujeres VIH-positivo registradas, sujeta a tratamiento antirretroviral. Dicho tratamiento, para la madre VIH-positivo y su hijo, se encuentra protocolizado y está garantizado a través de las Garantías Explícitas de Salud (GES). El interés es conocer si se tienen registros públicos como política sanitaria, al menos que se especifique localización.</p>
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c) En lo que concierne a los literales d) y j), no se indicó el registro de partos por operación cesárea.</p>
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d) La mayoría de las respuestas se circunscriben al período 2008-2013 y la solicitud requería información hasta 1998, tiempo razonable para evaluar una política pública de las que debiesen existir registros.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, la solicitud de acceso fue presentada el 4 de noviembre de 2013, fecha a partir de la cual se devenga el plazo de 20 días hábiles para que el órgano se pronuncie sobre ella, y que vencía el 2 de diciembre de 2013. En la especie, el órgano se pronunció sobre la solicitud de acceso el 16 de diciembre de 2013, con lo que queda de manifiesto la extemporaneidad de la respuesta, lo que constituye una transgresión a los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, como asimismo al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h), del mismo cuerpo legal, lo que será representado en lo resolutivo del presente acuerdo.</p>
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2) Que, en cuanto a la entrega de la información, el artículo 17, inciso primero, de la Ley de Transparencia prescribe que la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. En la especie, el solicitante requirió la entrega de la información en formato papel, mediante el envío a la dirección postal designada en la solicitud de acceso y, por su parte, el órgano envió la información al correo electrónico del recurrente, manifestando que ésta fue incompleta debido al considerable tamaño del archivo digital. De lo expuesto, se advierte que el órgano optó por un formato y medio de entrega de la información diferente del requerido por el recurrente, sin que hubiere acreditado las circunstancias que justifiquen tal modificación, en los términos que ha previsto la Instrucción General N° 10 de este Consejo, numeral 3.1, letra b), y que además no tuvo como resultado facilitar la entrega íntegra de la información, dilatando con ello el procedimiento de acceso a la información. En razón de lo anterior, se representará al órgano la infracción al artículo 17 de la Ley de Transparencia, en lo resolutivo del presente acuerdo.</p>
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3) Que, en cuanto al fondo, el reclamante ha circunscrito la información reclamada por el presente amparo -en el numeral 6 de lo expositivo- a los literales a), b), d) y j) de la solicitud de acceso, sobre los que versará la presente decisión. En cuanto a los términos en que ha sido solicitada la información en el presente caso, cabe recordar que, si bien este Consejo ha concluido que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un «formato o soporte» determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad (decisión de amparo Rol C533-09), ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuestas, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (decisión de amparo Rol C97-09). En efecto, según se indicó en la precitada decisión, "la supresión -en la historia de la Ley- de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional".</p>
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4) Que, de acuerdo al criterio expuesto previamente, cabe concluir que la información reclamada por el recurrente constituye información cuya entrega no irrogaría un costo excesivo al órgano y que en virtud de las funciones propias del MINSAL debería obrar en su poder. Lo anterior, dado que la ley asigna al MINSAL la función de efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población, según el artículo 4°, numeral 4 del D.F.L. N° 1 de 2005. Para tal efecto, el Subsecretario de Salud Pública -que subroga al Ministro del ramo en primer orden- tiene a su cargo las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas (artículo 9). Luego, el D.S. N° 466 de 1987, del Ministerio de Salud, que imparte normas para la aplicación de un Programa de Vigilancia Epidemiológica del SIDA, establece, en su artículo 6°, que "en virtud de las atribuciones que le son propias, el Ministerio de Salud mantiene en forma exclusiva la entrega de información oficial tanto sobre la magnitud del SIDA en Chile como de los programas que se relacionen con dicha enfermedad". En consecuencia, atendida la prerrogativa que la ley confiere al órgano recurrido, se estima que la información debe obrar en poder del órgano, razón por la cual se acogerá el amparo y se requerirá al MINSAL hacer entrega de la información reclamada al recurrente, de acuerdo al nivel de desagregación y especificidad de la misma que exista en su poder y, en caso de no disponer de la misma, lo señale de modo expreso y fundado al recurrente.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Eduardo Chía Ramírez en contra del Ministerio de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario de Salud Pública:</p>
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a) Entregar al recurrente la información requerida en los literales a), b), e) y j) de la solicitud que exista en poder del MINSAL, en la forma indicada en el considerando 4° del presente acuerdo y en caso de no disponer de la misma, lo señale de modo expreso y fundado al recurrente.</p>
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b) Cumplir el requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que la presente decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Representar al Sr. Subsecretario de Salud Pública lo siguiente:</p>
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a) No haber otorgado respuesta a la solicitud del recurrente dentro del plazo establecido en la Ley, pues con ello se infringe lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h), del artículo 11 del mismo cuerpo legal, por lo que se requerirá que adopte las medidas necesarias para que en el futuro no se reitere este hecho.</p>
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b) No haber efectuado la entrega de la información en la forma y por el medio que el requirente designó en la solicitud de acceso ni haber acreditado, en su caso, las circunstancias que justificasen la entrega por otro medio disponible, constituyendo una infracción al artículo 17 de la Ley de Transparencia.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Chía Ramírez y al Sr. Subsecretario de Salud Pública.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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