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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C41-14</strong></p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
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Requirente: Felipe Palacios Valenzuela</p>
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Ingreso Consejo: 06.01.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 510 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de marzo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C41-14.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de diciembre de 2013, don Felipe Palacios Valenzuela formuló una solicitud de información ante Carabineros de Chile en los siguientes términos: «Solicito se me entregue copia de los datos que a continuación indico, que se encuentren disponibles en la base AUPOL de Carabineros, sobre las constancias y/o denuncias por accidentes de tránsito, en que se haya visto involucrado durante este año 2013 y en cualquier parte de Chile y/o Comisaría, el vehículo PPU FLHC.12-S y/o doña Valentina Paz Vargas Escobar.... los datos solicitados son: fecha y hora de la ocurrencia, Unidad Policial en que se dejó la constancia o denuncia o participó en el procedimiento, Rut e identificación de las personas involucradas y testigos, patente de los vehículos involucrados, daños de los vehículos involucrados, lesionados, y descripción de los hechos del caso».</p>
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2) RESPUESTA: Carabineros de Chile respondió a la antedicha solicitud a través de la RISP N° 23473, de 30 de diciembre de 2013, y denegó la información solicitada argumentando que lo solicitado no constituye acto, resolución, fundamento de los mismos o procedimiento administrativo. Agregó además que la información solicitada obra en poder del Servicio de Registro Civil e Identificación, a través de la hoja de vida del conductor que permite conocer, entre otras materias, las infracciones a la Ley de Transito que cometió una persona u otros registros relacionados con la materia.</p>
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3) AMPARO: El 6 de enero de 2014 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que le fue denegada la información solicitada. Argumentó al respecto que:</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 238, de 21 de enero de 2014, al Sr. General Director de Carabineros, a quien se solicitó especialmente: (1) señalar si la información solicitada obra en poder de Carabineros en alguno de los soportes que contempla el artículo 10 de la Ley de Transparencia; (2°) referirse a la eventual concurrencia de alguna causal de secreto o reserva con respecto a la información solicitada; (3°) señalar si la información requerida, a su juicio, afectaría derechos de terceros; y, (4°) proporcionar los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia.</p>
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La señalada autoridad contestó el traslado mediante el ORD. Nº 29, de 3 de febrero de 2014, señalando en síntesis lo siguiente:</p>
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a) Si bien es cierto, la institución cuenta con el Sistema de Automatización Policial (AUPOL), que mantiene información relativa a constancias y partes policiales, este opera sólo para ciertos fines estadísticos asociados a las necesidades de seguridad de determinados cuadrantes o ciudades. Carabineros de Chile no cuenta, en cambio, con una base de datos que le permita obtener los antecedentes requeridos de forma automática, por cuanto la parametrización no se encuentra instalada en los registros computacionales de la institución.</p>
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b) El Sistema AUPOL permite limitadas funciones de sistematización de información relacionada con los procedimientos policiales tales como las detenciones, ocurrencia de delitos, fiscalización y controles de identidad entre otros, de las diversas unidades para producir, de esta forma, productos estadísticos de georeferenciación para una focalización eficiente de los recursos humanos y logísticos operativos de la institución. Por tanto, al no existir parámetros de búsqueda en los términos solicitados, ni permitirse una búsqueda desagregada en relación a los puntos requerido, para dar cumplimiento a lo solicitado solo quedaría la alternativa de realizar una búsqueda parte por parte, denuncia por denuncia, extrayendo los datos solicitados y vertiéndolos en una tabla de registro manual (Excel) desde los siguientes, soportes; hoja de rutas, constancias de los libros de población, libros de guardia y de la oficina de empadronamiento, entre otros, de todas las unidades y destacamentos policiales a nivel nacional.</p>
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c) En razón de lo indicado, para responder a la solicitud se requeriría recabar por cada Jefatura de Zona a nivel nacional, los antecedentes que obran en cada Prefectura a través de sus unidades dependientes entendiendo en estas a las Comisarias, Subcomisarias, Tenencias y Retenes. Posteriormente, una vez requeridas las altas reparticiones y reparticiones involucradas en la tramitación de la respuesta de información pública, se debería encomendar a funcionarios en éstas, la recopilación específica de la información, con el objeto de revisar cada dato, lo que los distraería indebidamente de sus funciones habituales, basadas principalmente en atención a las necesidades policiales de la ciudadanía, ya sea en las acciones directas o a través de la coordinación, y andamiaje administrativo de la Institución que permite dicho despliegue policial.</p>
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d) Por tanto, el despliegue de recursos institucionales que debiese llevarse a cabo para este caso superaría con creces el procedimiento utilizado por la institución para dar cumplimiento a las solicitudes de información. Lo cual se ve ratificado por el hecho que no se encuentra contemplado dentro de las funciones habituales del personal, la revisión exclusiva de constancias y partes policiales o denuncias, parametrizándolos de la forma en que cada solicitante indica.</p>
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e) Por otra parte el solicitante pide le sean entregados datos de carácter personal o eventualmente sensibles como es la circunstancia de estar involucradas ciertas personas en hechos policiales como accidentes de tránsito o denuncias relativas a hechos penales y las consecuencias del mismo, y que por lo mismo forman parte de una denuncia al Ministerio Publico, Tribunal correspondiente, o de una constancia para efectos propios del interesado involucrado. Lo anterior no obstante el artículo 10 de la Ley 19.628 en concordancia con el articulo 2 letra g), reitera la prohibición de dar a conocer dichos datos, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud, que correspondan a sus titulares. Por tanto, la necesidad de proteger esta información significaría realizar un trabajo adicional que demandaría esfuerzos institucionales mayores.</p>
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f) Todo lo anterior, señala, configura la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que lo solicitado en la especie lo constituyen un conjunto de datos que constan en todos los partes policiales, constancias o denuncias vinculadas a accidentes de tránsito que haya elaborado Carabineros de Chile, y que involucren a la persona que el reclamante identifica y/o al vehículo cuya placa patente señala en la solicitud. Pues bien, los dos parámetros que el reclamante ha indicado para efectos de hallar los señalados partes, constancias o denuncias que contienen la información que específicamente pide, pueden permitir la identificación de una persona natural, y en ese entendido es información constitutiva de datos de carácter personal. Así ocurre con el nombre de la persona que identifica el reclamante y con la placa patente que el mismo identificó, en tanto esta última información puede ser asociada a una persona natural identificada, en la medida que ella figure como dueña del respectivo vehículo.</p>
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2) Que, asimismo, la información que el reclamante ha solicitado específicamente -esto es: fecha y hora de la ocurrencia del accidente, Unidad Policial en que se dejó la constancia o denuncia o participó en el procedimiento, RUT e identificación de las personas involucradas y testigos, patente de los vehículos involucrados, daños de los vehículos involucrados, lesionados, y descripción de los hechos del caso-, en cuanto se asocie a los datos personales señalados como parámetros de búsqueda de os partes, denuncias o constancias, debe también estimarse constitutiva de datos personales, por cuanto se trata al tenor de la definición que contempla el artículo 2º letra d) de la Ley Nº 19.628, de antecedentes «relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables». A mayor abundamiento, el RUT e identidad de los involucrados y el nombre de los testigos identificados en el parte constituyen también y pos si mismos datos personales.</p>
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3) Que divulgar los datos contenidos en el registro antes indicado constituye una comunicación o transmisión de datos personales a individuos distintos de su titular, según preceptúa la letra c) del artículo 2° de la Ley N°19.628, siendo menester entonces determinar si su comunicación se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debe ser sometida al régimen de secreto consagrado en la Ley N° 19.628. En efecto, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública, tal como acontece, en principio, con la información que figura en los mencionados partes constancias o denuncias. Sin embargo, los datos solicitados por el reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por las personas naturales sobre las que éstos versan, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, «...tanto en organismos públicos como privados... guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público».</p>
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4) Que al ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales, si bien anterior a la Ley de Transparencia debe reconocerse a partir de la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.</p>
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5) Que, sin embargo, no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando los denominados tests de daños y de interés público: «Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva» (Decisión C193-10). Así, por ejemplo, en la decisión Rol C664-10, relativa a las resoluciones recaídas en sumarios sanitarios donde aplicaba el derecho al olvido consagrado en el artículo 21 de la Ley N° 19.685, este Consejo resolvió dar acceso a dichas sanciones atendido el interés público involucrado en su conocimiento.</p>
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6) Que, conforme al criterio precedentemente expuesto no se verifica un interés público preponderante en la divulgación de la información requerida, que permita justificar que la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628 ceda ante interés general de la divulgación de la información, pues se trata de antecedentes asociados a determinados accidentes de tránsito que involucran a determinadas personas o vehículos, de lo que no se sigue un especial interés público involucrado en la publicidad de los mismos con miras a satisfacer un fin de control social.</p>
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7) Que, por otra parte, el reclamante ha solicitado la información específicamente en relación a los registros que consten en el Sistema AUPOL de Carabineros de Chile. Pues bien, con ocasión de la visita inspectiva llevada a cabo e los amparos roles C1897-13 y C2014-13, este Consejo pudo constatar las limitaciones de funcionamiento que presenta el señalado sistema, de lo cual se colige que a fin de identificar la información pedida, Carabineros necesariamente debiese realizar una operación consistente en la revisión de la totalidad de los registros sobre partes, denuncias o constancias existentes en el sistema AUPOL, incluso cuando algunos de los datos que interesan al reclamante figuren en campos de registro y no en el texto libre de cada parte, pues el sistema si bien ha sido adaptado para prestar ciertas funcionalidades estadísticas, no permite efectuar búsquedas automáticas utilizando como filtros los tópicos que específicamente interesan al reclamante. Lo anterior hace que sean plausibles las alegaciones formuladas por Carabineros sobre esta materia, en orden a configurar la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, lo cual refuerza el rechazo del presente amparo.</p>
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8) Que, la antedicha causal de reserva sería aplicable exclusivamente respecto de la información solicitada que no es constitutiva de datos personales, esto es, respecto de los antecedentes específicamente requeridos en relación con los partes, constancias o denuncias, en caso que la placa patente señalada por el reclamante diga se asocie a un vehículo cuyo dueño sea una persona jurídica, con excepción del nombre y RUT de las personas involucradas en los accidentes de que dan cuenta los partes.</p>
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9) Que, por todo lo anterior se rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Felipe Palacios Valenzuela en contra de Carabineros de Chile, por las razones expuestas precedentemente</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Palacios Valenzuela y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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