Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C128-10

Reclamante:	CARLOS RUIZ-TAGLE GARCIA-HUIDOBRO
Reclamado:
Resumen del caso: Se interpuso amparo contra la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), ante la supuesta falta de respuesta oportuna a solicitud de acceso a copia completa de expediente judicial de la causa Rol N° 9.520-02, incluyendo la apelación, Rol N° 789-2009; y que se certificara el estado de dicha causa. El Consejo rechazó el amparo por estimar que la respuesta de la autoridad se ajustó a derecho, en tiempo y forma, y por rechazar la petición de certificación ya que aquella le compete al Secretario del Tribunal, respectivo. Así, concluyó que la autoridad dio respuesta, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, pues se comunicó la fuente, el lugar y la forma para tener acceso al expediente judicial, tratándose de información que se encuentra permanentemente a disposición del público en el tribunal que llevó la causa. (Con voto disidente).
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/14/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C603-11 C331-10 C402-10 C3531-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Datos sensibles >> Otros
Descriptores analíticos:	Medio Ambiente

DECISIÓN AMPARO ROL C128-10 Entidad pública: Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Reclamante: Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro Ingreso Consejo: 09.03.2010 En sesión ordinaria N° 161 de su Consejo Directivo, celebrada el 29 de junio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C128-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de febrero de 2010, don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro solicitó a la Dirección Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (en adelante CONAMA), la siguiente información: a) Copia del expediente completo de la causa Rol N° 9.520-02, caratulada “Consorcio Santa Marta S.A. con Comisión Nacional del Medio Ambiente”, . b) Certificación del estado de la causa. 2) RESPUESTA: Mediante Of. Ord. N° 100301, de 26 de enero de 2010 y mediante carta N° 100480, de 12 de febrero, el Jefe del Departamento Jurídico de la CONAMA, señaló al requirente que: a) El expediente judicial debe obtenerse en el tribunal que corresponda. b) El Consorcio Santa Marta se desistió del recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en la causa de la materia, restando que la abogada de la apelante concurra a la Corte de Apelaciones a ratificar su firma. Cumplida esa gestión, se solicitará la certificación del estado de la causa y se pondrá en conocimiento de la Comisión Regional del Medio Ambiente Metropolitana (en adelante COREMA). 3) AMPARO: Don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 9 de marzo de 2010, en contra de la CONAMA, por no habérsele respondido su requerimiento de información dentro del plazo legal (las respuestas reseñadas en el apartado anterior fueron acompañadas con ocasión de los descargos de CONAMA). 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo. Por consiguiente, se procedió a notificar la reclamación antedicha y a conferir traslado al Director Ejecutivo de la CONAMA, a través del Oficio N° 542, de 29 de marzo de 2010. Mediante presentación extemporánea recibida el 4 de junio de 2010, la autoridad reclamada formuló los siguientes descargos y observaciones al presente amparo: a) En reiteradas oportunidades el reclamante ha solicitado a la CONAMA copia del expediente judicial Rol N° 9520-02, caratulado “Consorcio Santa Marta con CONAMA”, del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. b) Transcribe la respuesta que se habría evacuado al reclamante, de 12 de febrero de 2010. En virtud de lo anterior, CONAMA no denegó el acceso a la información requerida, al contrario, se habría dado respuesta en forma oportuna a todas las presentaciones del reclamante. c) Cita el artículo 15 de la Ley de Transparencia: “Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar”. d) En virtud de lo anterior y del hecho de que los expedientes judiciales son públicos, desprende que se ha cumplido con la disposición citada al señalar, en reiteradas oportunidades al reclamante, que la información requerida debe solicitarse en el respectivo tribunal. e) CONAMA no tiene obligación legal de custodiar expedientes judiciales, mucho menos certificar el estado procesal de éstos. f) Adjunta a sus descargos copia de cinco respuestas dirigidas al reclamante desde el año 2007 al 11 de mayo de 2010. <h3> Y CONSIDERANDO</h3> 1) Que en conformidad con los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia toda persona tiene el derecho de acceder a la información de los órganos de la Administración del Estado señalada en dichas disposiciones. 2) Que, no obstante ello, la CONAMA no ha entrado al fondo de la cuestión debatida ni ha invocado causal de secreto o reserva de aquéllas indicadas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, respecto de la información pedida, siendo el tema a discutir en este caso si la reclamada está obligada a entregar información que obra en su poder –aunque no lo ha afirmado categóricamente–, a pesar de tratarse de copias de un expediente judicial, de carácter eminentemente público, y que ha sido formado y elaborado por otro Poder del Estado, como es el Judicial. 3) Que, en lo que se refiere a la falta de respuesta dentro del plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, se requirió al órgano reclamado que acompañara antecedentes que permitieran a este Consejo determinar el envío y recepción de la respuesta de CONAMA a la solicitud del reclamante. Con estos efectos, se remitieron copias de los registros de Correos de Chile. A partir de esta información se pudo constatar que la carta N° 100480, de 12 de febrero de 2010, que responde el requerimiento objeto del presente amparo, fue notificada al reclamante el 19 de febrero, esto es, dentro del plazo legal. Por lo anterior, deberá rechazarse el amparo en este punto. 4) En lo que se refiere a la cuestión de fondo, esto es, si la CONAMA dio cumplimiento a su obligación de informar, en primer lugar, se debe reflexionar sobre si corresponde que se solicite a un órgano de la Administración del Estado que proporcione “las copias de las copias” –valga la redundancia– de un expediente judicial que obren en su poder. 5) A este respecto, si bien se reconoce que solicitar a un órgano la copia de un expediente completo, no es la vía idónea para obtener dicha información ya que se trata de instrumentos emanados del Poder Judicial y el reclamante podría haber requerido dicha información en el tribunal en el que se sustanció el proceso, en los hechos, CONAMA fue parte de dicho procedimiento y el reclamante eligió, mediante la Ley de Transparencia, solicitar a la reclamada copia del expediente aludido. Por lo tanto, es plausible estimar que obre en poder de la CONAMA lo pedido, debido a su calidad de parte en el procedimiento judicial. Sin embargo, la reclamada no se ha pronunciado sobre si posee o no la información, limitándose sólo a señalar que debía requerirse en el tribunal que había visto la causa. 6) Que debe tenerse en cuenta, no obstante, que existe también la posibilidad que la reclamada no tenga copia del expediente judicial requerido o lo tenga en forma incompleta. 7) Que, vistos los antecedentes, este Consejo concluye que la CONAMA cumplió con su obligación de informar al reclamante, en conformidad con el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, se fundamenta en que se comunicó la fuente, el lugar y la forma para tener acceso al expediente judicial, tratándose de información que se encuentra permanentemente a disposición del público en el tribunal que llevó la causa. Por lo tanto, este Consejo rechazará el presente amparo, pues no estima que se haya la Ley de Transparencia. 8) Por último, en lo que se refiere a la petición del reclamante en cuanto a que el abogado de la CONAMA certifique el estado de la causa, ésta debe rechazarse de plano, pues compete al Secretario del respectivo tribunal realizar dicha certificación como lo dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil (“Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites”. Lo destacado es nuestro). <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo interpuesto por don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro en contra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, por las consideraciones ya señaladas en esta decisión, sin perjuicio del voto disidente del Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien estuvo por acoger parcialmente la reclamación, por las razones que se indicarán más abajo en esta decisión. II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro y al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. <h3> VOTO DISIDENTE:</h3> Decisión acordada con el voto disidente del Consejero, don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien estuvo por acoger parcialmente el presente amparo por los siguientes argumentos: 1) Que, en virtud de que CONAMA fue parte del proceso cuyo expediente se solicita, es verosímil concluir que la reclamada tenga en su poder la información, al menos, en forma parcial. 2) Lo anterior, se fundamenta en la reclamada habiendo sido parte del proceso, debería tener en su poder, por ejemplo, las copias de los escritos presentados por las partes y de la sentencia definitiva. 3) Que, a mayor abundamiento, es lógico entender que un órgano de la Administración del Estado que ha sido parte en un juicio tiene copia de al menos parte de dicho expediente. En esas condiciones, si una persona requiere información sobre dicho expediente está dentro de las obligaciones de dicho órgano otorgar acceso a las copias del expediente judicial que posea, pues el artículo 5° de la Ley dispone que es la información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en el artículo 21, lo que no ocurre en el caso. A la misma conclusión debe llegarse en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente, don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. El Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela se abstiene de participar la presente decisión y no firma la decisión por encontrarse fuera del país al momento de la firma. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.