Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida de la funcionaria consultada. Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17; C1241-18; C1366-18; C9139-21; C5349-22, entre otras. Se desestima la causal de reserva por afectación de los derechos del tercero involucrado, por no haber sido acreditada suficientemente. Previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en la información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, antecedentes familiares, todo antecedente referido a la salud y condición física, tales como, peso, altura, como también los relativos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario o motivos de licencias médicas. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia. Hay voto disidente del Presidente don Francisco Leturia Infante, únicamente circunscrito a la información relativa a las licencias médicas (extensión y días) que figuren en la hoja de vida pedida, por cuanto no comparte la sola reserva de los motivos que justificaron dichos permisos, toda vez que estima que respecto de los antecedentes íntegramente referidos a licencias médicas concurre la causal de reserva de afectación de derechos de terceros, ya que, por su carácter de datos sensibles, su publicidad afecta el derecho a la protección de los datos personales y la vida privada, conclusión que debe aplicarse sin distinguir entre funcionarios públicos y privados.