Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C188-14

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Reclamante:	ERNESTO MANZUR MANZUR
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de San Felipe, fundada en la ausencia de respuesta a una solicitud referente a todos los antecedentes respecto al proyecto de la persona que se indica, en Avda. Hermanos Carrera Oriente N° 1.113, Rol 609-16, acerca de la construcción de un servicentro o autoservicio en dicha propiedad. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la información requerida corresponde a los antecedentes que debieron ser entregados por el particular interesado al órgano reclamado, en el marco de la sustanciación de un procedimiento administrativo reglado, a objeto de generar una declaración de ese órgano en el ejercicio de sus potestades públicas. Por lo tanto, los antecedentes requeridos constituyen los documentos indispensables que han servido a la dictación del Permiso de Edificación N° 244, de 25 de noviembre de 2013, otorgado por la Municipalidad de San Felipe, pues su presentación y revisión ha sido, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictó el acto administrativo ya señalado. Por lo que es información pública. Respecto a los costos de reproducción el Consejo señala que no corresponde el cobro por concepto de desarchivo de documentos entre unidades internas de un mismo organismo. Tampoco dicho cobro pertenece a la definición de costos directos dada en el considerando 10 de esta decisión.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/12/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	DFL 458 1976 - Ley General de Urbanismo y Construcción Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C633-18 C2549-15 C2974-16 C1366-14 C3649-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Datos de identificación >> Nombre
Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C188-14 Entidad pública: Municipalidad de San Felipe. Requirente: Ernesto Manzur Manzur. Ingreso Consejo: 21.01.2014. En sesión ordinaria Nº 518 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de abril de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C188-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de noviembre de 2013, don Ernesto Manzur Manzur solicitó a la Municipalidad de San Felipe, todos los antecedentes "respecto al proyecto del Sr. Guillermo Dámaso Flores Leiva, en Avda. Hermanos Carrera Oriente N° 1.113, Rol 609-16, relativo al proyecto de construcción de un servicentro o autoservicio en dicha propiedad". 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 20 de enero de 2014, don Ernesto Manzur Manzur dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de San Felipe, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud. Acompañó a su presentación: a) copia simple de solicitud de acceso de 29 de noviembre de 2013, con timbre de recepción de oficina de partes del municipio en igual fecha; y b) copia autorizada ante notario público de comprobante de recepción de oficina de partes, de la misma fecha indicada. El amparo se interpuso ante la Gobernación Provincial de San Felipe de Aconcagua e ingresó a este Consejo el 21 de enero de 2014. 3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: El 5 de febrero de 2014, este Consejo informó al órgano reclamado, vía correo electrónico, que se determinó aplicar un Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), de carácter voluntario, a fin de verificar su disposición para entregar la información solicitada al recurrente. El órgano recurrido informó, el 7 de febrero de 2014, por la misma vía, que aceptaba someterse a este procedimiento, señalando que "el requerimiento no se ha concretado exclusivamente por un error involuntario de tipo administrativo, que entorpeció la entrega en los plazos legales". Sin embargo, transcurrido el plazo acordado, el órgano no hizo entrega de la información requerida, por lo que, habiendo fracasado esta instancia, el 25 de febrero de 2014 se dispuso su término. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Felipe, mediante el Oficio N° 838 de 27 de febrero de 2014. El órgano reclamado evacuó sus descargos el 20 de marzo de 2014, los que fueron complementados, vía correo electrónico, el 1 de abril siguiente, en los términos que se exponen: a) Efectivamente, el 3 de enero de 2014, el recurrente ingresó una solicitud de acceso, dirigida al Director de Obras Municipales, por la que pide copia del expediente de construcción del proyecto de servicio de combustible a desarrollar en el predio ubicado en calle Hnos. Carrera Oriente esquina Tocornal N° 1.113. Inmediatamente, se activó el procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos de información pública, determinado por Decreto Municipal N° 5.840 de 24 de julio de 2012. b) Se determinó el costo de reproducción de los documentos solicitados, que por tratarse de un expediente de obra de un tercero no se aplicó el criterio de antecedentes administrativos y se consideró además el costo del desarchivo del expediente por parte de la Dirección de Obras Municipales, derechos que están contemplados en el numeral 22 del artículo 18 de la Ordenanza N° 5 de este municipio. c) Dichos costos de reproducción fueron puestos en conocimiento del interesado y el expediente ha estado en la dirección de Obras Municipales a disposición del interesado, desde el 6 de enero de 2014, sin que haya concurrido a su retiro. d) El amparo debe ser rechazado, pues no cumple los requisitos legales en la forma de su interposición, dado que el artículo 24, inciso 2°, de la Ley de Transparencia previene que la reclamación "deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", que el recurrente no ha cumplido. Agrega que el artículo 46, inciso 2°, del Reglamento de la misma ley señala: "Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible". e) Posteriormente, el órgano complementó sus descargos -1 de abril de 2014- señalando que se informó al recurrente el valor de los costos de reproducción en forma verbal, sin dejar registro de ello por un error procedimental. Sin embargo, reitera la disposición del municipio de entregar la información al solicitante, sin mayor dilación y el envío de las comunicaciones correspondientes, para lo cual compaña copia de oficio enviado al tercero (Sr. Flores Leiva) a fin de que éste se pronuncie sobre la entrega de la información al recurrente, invocando el artículo 20 de la Ley de Transparencia; y oficio enviado al recurrente dando cuenta de este hecho, por tratarse de "un expediente de tipo particular, con información de carácter privado" y comunicándole el valor por el desarchivo, según Ordenanza Municipal N° 5, ascendente a $97.454. f) Adjunta a sus descargos, copia de los siguientes documentos: i. Ordenanza Municipal sobre derechos municipales, permisos, concesiones y servicios, de octubre de 2013. ii. Oficio N° 490, de 31 de marzo de 2014, dirigido al tercero, requiriéndole se pronuncie sobre la entrega de la información al recurrente. iii. Oficio N° 491, de 31 de marzo de 2014, por el que comunica al recurrente la notificación al tercero y el valor de desarchivo de expediente requerido. iv. Correos electrónicos enviados entre funcionarios del municipio, de 8 de enero, 6 de febrero y 20 de marzo de 2014, que dan cuenta de valores de desarchivo de expediente Rol 609-16. 5) GESTIÓN OFICIOSA: La Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo accedió al sitio electrónico de la Municipalidad de San Felipe (http://www.sanfelipetransparente.cl/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=130, revisada el 15 de abril de 2014), constatando que en el acápite relativo a los actos y resoluciones con efectos sobre terceros no consta la publicación del Permiso de Edificación N° 244, de 25 de noviembre de 2013, como tampoco de otros permisos o actos con efectos particulares otorgados por el órgano. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, es preciso pronunciarse sobre la alegación planteada por el órgano en torno a la admisibilidad del presente amparo, quien ha señalado que éste no cumpliría los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, en particular, señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y acompañar los medios de prueba que los acrediten. En la especie, el recurrente ha fundado su amparo en la ausencia de respuesta a su solicitud, encontrándose vencido el plazo previsto en el artículo 14 de la misma ley para la entrega de la información requerida. En cuanto a los medios de prueba acompañados para acreditar los hechos que configuran tal infracción, este Consejo ha tenido a la vista copia de la solicitud de acceso de 29 de noviembre de 2013, con timbre de recepción de oficina de partes del municipio de igual fecha y copia autorizada ante notario público de comprobante de recepción de la misma. En atención a lo expuesto, este Consejo pudo constatar que el presente amparo cumple cabalmente los requisitos de interposición que establece la ley, siendo de cargo del órgano recurrido demostrar que ha cumplido su deber de informar, en tiempo y forma, como se resolverá en los considerandos siguientes. Por la misma razón, este Consejo no hizo uso de la facultad que prevé el artículo 46, inciso 2°, del Reglamento de la ley citada, por resultar innecesario. En consecuencia, se desecharán las alegaciones del órgano, estableciéndose la admisibilidad del presente amparo. 2) Que, la solicitud de acceso fue presentada el 29 de noviembre de 2013 -tal como consta de los antecedentes acompañados por el recurrente a su amparo-, fecha a partir de la cual se devenga el plazo de 20 días hábiles para que el órgano se pronuncie sobre ella, y que vencía el 30 de diciembre de 2013. En la especie, el órgano no ha aportado antecedentes que permitan tener por cumplida su obligación de informar, en tiempo y forma. El único antecedente que da cuenta de una comunicación al recurrente es el oficio N° 491 de 31 de marzo de 2014, del que no consta su notificación efectiva al recurrente y que, en cualquier caso, resultaría extemporáneo. Por lo tanto, sólo cabe concluir que el municipio no se pronunció sobre la solicitud de acceso, incumpliendo su obligación de informar, lo que constituye una transgresión a los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, como asimismo al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h), del mismo cuerpo legal, lo que será representado en lo resolutivo del presente acuerdo. 3) Que, en cuanto al fondo, la solicitud de acceso se refiere a todos los antecedentes del proyecto de construcción de un servicentro, en la dirección de la comuna de San Felipe que se indica, bajo el Rol 609-16. Por su parte, el órgano recurrido ha señalado que tales antecedentes se contienen en el expediente técnico correspondiente al local comercial de "Autogasco" de propiedad de un particular, de la misma dirección, "el cual fue autorizado por Permiso de Edificación N° 244 de 25 de noviembre de 2013" (según consta en Oficio N° 490, de 31 de marzo de 2014). 4) Que, a modo de contexto, cabe precisar que el legislador ha dispuesto un procedimiento de publicidad de las gestiones administrativas relacionadas con la construcción, las que pueden concluir con el otorgamiento del respectivo permiso de edificación, cuando ello sea procedente (en la especie, se otorgó el Permiso de Edificación N° 244 de 25 de noviembre de 2013). En efecto, el artículo 116, inciso primero, del D.F.L. N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante LGUC), ordena que "la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General". Agrega, en su inciso 9° y final, que "la Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos". 5) Que, por su parte, el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) refuerza la norma indicada en el considerando anterior, señalando expresamente que "las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona", precisando que los referidos documentos "serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas". 6) Que, las disposiciones citadas en los dos considerandos precedentes resultan concordantes con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, particularmente en sus artículos 5° y 10, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones previstas en leyes de quórum calificado. Del mismo modo, declara pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones ahí señaladas. En la especie, la información solicitada corresponde a los antecedentes que debieron ser entregados por el particular interesado al órgano reclamado, en el marco de la sustanciación de un procedimiento administrativo reglado, a objeto de generar una declaración de ese órgano en el ejercicio de sus potestades públicas. Por lo tanto, los antecedentes requeridos constituyen los documentos indispensables que han servido a la dictación del Permiso de Edificación N° 244, de 25 de noviembre de 2013, otorgado por la Municipalidad de San Felipe, pues su presentación y revisión ha sido, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictó el acto administrativo ya señalado. Atendido que lo requerido consiste en copia de los antecedentes contenidos en el expediente de ese permiso de edificación, dicha información es pública, respecto de la cual órgano recurrido no ha alegado la concurrencia de causal de secreto o reserva. A más de lo anterior, cabe señalar que en virtud de la gestión oficiosa consignada en el numeral 5 de lo expositivo, este Consejo ha constatado la infracción a lo dispuesto en los artículos 7°, letra g), de la Ley de Transparencia y 51, letra g), del Reglamento de la misma ley, que disponen que los órganos de la Administración del Estado deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, información actualizada -al menos una vez al mes- de los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, como ocurre con el aludido Permiso de Edificación N° 244, de 25 de noviembre de 2013, que no se encuentra publicado en contravención a las normas citadas. 7) Que, en razón de lo expuesto precedentemente, se acogerá el amparo y se requerirá al municipio recurrido que entregue al recurrente copia de los antecedentes requeridos, previo pago de los costos directos de reproducción, que fueren procedentes, según se dirá en el considerando 9°. En el evento que en el expediente se encuentren ciertos datos personales de contexto relativos a personas naturales -domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 8) Que, el órgano reclamado señaló haber comunicado la solicitud de acceso al tercero involucrado, el 31 de marzo de 2014, sin que hubiere acreditado en esta sede su efectiva notificación, pero que, en cualquier caso, se habría efectuado encontrándose expirado en exceso el plazo de dos días hábiles contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, que vencía el 3 de diciembre de 2013. Por lo anterior, el órgano reclamado deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a los plazos indicados en el mencionado precepto legal. 9) Que, en cuanto a los costos de reproducción, el órgano señala haberlos comunicado al recurrente mediante el oficio N° 491 de 31 de marzo de 2014, sin embargo no acreditó su notificación, como ya se resolvió en el considerando 2°. En este sentido, es preciso destacar que, en virtud del principio de gratuidad del artículo 11, letra k), de la Ley de Transparencia, el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley. Luego, el artículo 18 de la misma ley prevé que "sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada". Lo anterior significa que el principio de gratuidad obliga a los órganos de la Administración del Estado a entregar gratuitamente la información que les sea requerida, lo que no excluye la posibilidad de cobrar los costos directos de reproducción y los demás valores que autorice expresamente la ley. 10) Que, se entiende por costos directos de reproducción "...todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción" (artículo 20, inciso 3°, del Reglamento de la Ley de Transparencia). En igual sentido, "...todos los costos asociados al proceso de copiado de undocumento u otro tipo de soporte, en la medida que sea necesario incurrir en ellos para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado" (Instrucción General Nº 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, numeral I.4.). 11) Que, asimismo, este Consejo ha fijado criterios para determinar los costos directos de reproducción que los órganos pueden cobrar ante una solicitud de información (Instrucción General Nº 6, ya citada, numeral I.5.), estableciendo que para el caso que el órgano no haya contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo (por ejemplo, lo presta directamente a través de una máquina de su propiedad o arrendada), como parece ocurrir en el presente caso, podrá "estimar suficiente el valor de referencia señalado, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia, exigiendo su pago al solicitante de información; o bien estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que efectivamente incurre, caso en que deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo". 12) Que, cabe destacar que el cobro de valores superiores a los que resulten de las reglas anteriores contraviene los principios de facilitación, oportunidad y gratuidad establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y, además, los criterios del artículo 20 del Reglamento de la misma. Por lo mismo, dichos cobros se consideran una forma de obstaculizar la entrega de información sin fundamento legal. 13) Que, a modo de referencia, se hace presente que el Convenio Marco de Servicios de Impresión y Reproducción (CM N° 5/2008, N° Licitación 2239-5-LP08), que rige para la Región Metropolitana, estableció que el valor por servicio de fotocopia asciende a $14, más IVA, en blanco y negro por cada copia y para el ploteo de planos en blanco y negro en papel bond, un valor de metro lineal de $990 más IVA; aumentando dicho monto, en razón del tipo de papel utilizado y si la copia es en color. 14) Que, la Municipalidad de San Felipe ha señalado que para fijar los costos para la entrega de la información ha considerado, además de los costos directos de reproducción, el valor por concepto de desarchivo de expedientes o certificados que contempla la Ordenanza Municipal N° 5, de 2013, en su artículo 18, que regula los Derechos de Dirección de Obras Municipales. Tratándose en la especie de información que obra en poder del órgano, contenida en el expediente técnico relativo al Permiso de Edificación ya singularizado, cabe estimar que no procede el cobro por concepto de desarchivo del mismo, entre unidades internas del mismo órgano. Asimismo, dicho cobro no corresponde a la definición de costos directos de reproducción que se enunció en el considerando 10. Por estas consideraciones, se desechará la alegación del órgano, que señala que la información requerida consistiría en el expediente de un tercero, para fundar un cobro adicional a los costos de reproducción, por impertinente, pues la Ley de Transparencia no establece tal distinción en la materia para justificar un monto adicional. En el caso que se analiza, el órgano reclamado no ha acreditado el valor de los insumos que formen parte y correspondan a sus costos directos de reproducción, de forma fehaciente, fijados según los criterios expuestos en el considerando 11 anterior, ni ha detallado el desglose del valor de los insumos o gastos en que debe incurrir el municipio para proporcionar los documentos requeridos. Por tanto, se acogerá el presente amparo, requiriendo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Felipe que entregue al recurrente las copias de los documentos solicitados, previo pago de los costos directos de reproducción, establecidos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 de este Consejo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Ernesto Manzur Manzur en contra de la Municipalidad de San Felipe, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Felipe: a) Entregue al solicitante copia de los antecedentes contenidos en el expediente que corresponde al Permiso de Edificación N° 244, de 25 de noviembre de 2013, incluido este último, previo pago de los costos directos de reproducción determinados de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 6, de este Consejo y resguardando, en el evento de que existan, los datos personales de contexto, conforme lo razonado en el considerando 7° de la presente decisión. b) Publique en el sitio web de transparencia activa de la municipalidad que dirige, la información actualizada de los antecedentes que enumera el artículo 7, letra g), de la Ley de Transparencia, en particular el Permiso de Edificación N° 244, de 25 de noviembre de 2013, en los términos establecidos en el Reglamento de la Ley y en las Instrucciones Generales N° 4, 7 y 9 de este Consejo. c) Cumpla dichos requerimientos en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Felipe el no haber otorgado respuesta a la solicitud del recurrente dentro del plazo establecido en la Ley, pues con ello se infringe lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h), del artículo 11 del mismo cuerpo legal, por lo que se requerirá que adopte las medidas necesarias para que en el futuro no se reitere este hecho. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ernesto Manzur Manzur y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Felipe. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.