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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C327-14</strong></p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos</p>
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Requirente: Luis Eugenio García-Huidobro</p>
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Ingreso Consejo: 14.02.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 561 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de octubre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C327-14.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 30 de diciembre de 2013, don Luis Eugenio García-Huidobro, en representación de Defontana Servicios S.A.; Despegar.com Chile S.A.; Kepler S.A.; Quappe Marketing S.A.; Sebastián Subercaseaux Molina; Sociedad de Inversiones Vértice Limitada; Tecnologías Avanzadas de Información S.A.; Comercializadora SP Digital Limitada; y de Eclass S.A., solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII), en términos generales, información relativa al proceso de fiscalización denominado "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet" o similar, recaído en contribuyentes usuarios de Google AdWords. Dentro de este contexto y sin perjuicio de toda otra información o antecedente que obrare en su poder o en el de sus dependientes, le solicitó especialmente lo siguiente:</p>
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a) Proporcionar toda la información y/o documentación entregada por Google Inc. y/o Google Chile Limitada al Servicio de Impuestos Internos en relación a la Notificación N° 817/5 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 11 de Julio de 2012 y cualquier otro requerimiento del Servicio de Impuestos Internos que diga relación con el servicio/producto Google AdWorks;</p>
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b) Toda comunicación o instrumento que contenga informes; minutas; correos electrónicos; oficios; reservados; instrucciones del Director, de los Subdirectores, Directores Regionales y funcionarios en general, sobre el proceso de fiscalización consultado u otros similares, recaído en contribuyentes usuarios de Google AdWords, incluyendo consultas y respuestas a las consultas de funcionarios, autoridades (entre elIas, la Tesorería General de la Republica) y contribuyentes sobre el programa;</p>
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c) Toda comunicación sostenida a través de cualquier medio o soporte por directivos y/o funcionarios del Servicio de Impuestos Internos con Google Chile Limitada y/o Google Inc. en relación con su producto/servicio denominado Google AdWords y/o pago de impuesto adicional;</p>
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d) Los reservados, oficios y/o correos que ha remitido la Subdirección de Fiscalización o sus departamentos u oficinas a las Direcciones Regionales y a la Dirección de Grandes Contribuyentes en relación al programa consultado u otros de características análogas, así como todo lo referido a sus anexos, nominas e instrucciones de desarrollo del programa objeto de la presente solicitud u otros similares, recaídos en contribuyentes usuarios de Google AdWords;</p>
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e) Detalle de variables (criterios) consideradas:</p>
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e.1) En la selección de los contribuyentes fiscalizados en el programa objeto de la presente consulta;</p>
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e.2) Detalle de los resultados del programa;</p>
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e.3) Valorización del caso, en relación con metas institucionales -equivalencias-;</p>
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e.4) Individualización y montos de casos solucionados con giro (presentación de formularios 50);</p>
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e.5) Individualización y montos de casos solucionados con liquidación;</p>
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e.6) Individualización y montos de caso improductivos;</p>
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e.7) Individualización de casos, porcentajes y montos de condonaciones otorgadas por el Servicio de Impuestos Internos, en relación a los casos del programa en cuestión.</p>
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f) Todo otro antecedente o documentación relativos al programa objeto de la presente consulta u otros de similares características, recaído en contribuyentes usuarios de Google AdWords;</p>
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g) Individualización de los funcionarios que desarrollaron el programa objeto de la consulta, de quienes lo autorizaron y quienes estuvieron encargados del mismo;</p>
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h) Cuántos procesos de fiscalización ha realizado el Servicio de Impuestos Internos respecto del impuesto adicional establecido en el artículo 59 numero 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta por servicios, actos, contratos y/o transacciones realizadas por internet y cuáles han sido las hipótesis y resultados. De existir más de uno, solicita individualizarlos suficientemente y entregar la información y antecedentes de cada uno de ellos en forma separada, con sus rendimientos;</p>
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i) Respecto de los procesos o programas de fiscalización informados en el literal anterior, solicita detallar cuáles han sido los criterios de selección de los contribuyentes que han sido objeto de fiscalizaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos.</p>
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Finalmente el requirente hace presente que en toda la información solicitada, se excluyan o eliminen antecedentes personales que se encuentren amparados con el secreto bancario y/o el secreto tributario, por contener dicha información-en el caso de éste último secreto-la cuantía o fuente de la renta de los contribuyentes, según prescribe el artículo 35 del Código Tributario".</p>
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2) RESPUESTA: El Servicio de Impuestos Internos, mediante Resolución Exenta N° 5.746 de 28 de enero de 2014, se pronunció respecto de dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) La generalidad de las peticiones que efectúa el requirente incluye expresiones demasiado amplias, como por ejemplo "todas", "u otros", " otros de similar denominación", "toda comunicación o instrumentos, "información y antecedente", entre otras, lo que no permite identificar claramente aquello que se solicita, indefinición que implica buscar un sin número de antecedentes en una variedad de expedientes, registros y/o soportes, que engloban además a una multiplicidad indefinida de contribuyentes. En efecto, los términos de la solicitud, son tan amplios y genéricos que impiden precisar los actos o documentos específicos materia de la petición (considerando 4°);</p>
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b) La petición tampoco es clara en orden a que lo solicitado versa "sobre el proceso de fiscalización consultado" (en singular). A este respecto, cabe reiterar que un proceso de fiscalización (entendido como procedimiento de auditoría) implica el despliegue de un conjunto de actuaciones de revisión que este organismo materializa para verificar el debido cumplimiento tributario del contribuyente de que se trate, en los términos que lo autorizan el Art. 59 y siguientes del Código Tributario. En este contexto cabe solicitar al peticionario que aclare si su consulta engloba una multiplicidad indefinida de contribuyentes o si, por el contrario, pide la información relativa a todos y a cada uno de los procesos de fiscalización que versen sobre contribuyentes individualmente considerados. (considerando 5°);</p>
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c) Por los términos amplísimos empleados, resulta imposible discernir cuáles son, específicamente, el o los documentos solicitados y/o respecto de qué contribuyentes se requiere la información. Por lo tanto, respecto de la primera parte de la petición, esto es, desde la letra a) hasta la letra g), resulta necesario que el requirente cumpla con lo exigido en la letra b) del artículo 12 Ley de Transparencia.</p>
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d) En cuanto a la parte final de la solicitud, en la cual se consultan estadísticas de gestión específicas (rendimientos, criterios de selección) para una hipótesis precisa de fiscalización (número de procesos de fiscalización respecto de un impuesto determinado), cabe señalar que el SII no ha elaborado ni posee ningún estudio o reporte que considere las variables allí expuestas, por lo que un documento semejante no existe, configurándose de esa forma la hipótesis de inexistencia prevista en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, sin que proceda en este caso derivación alguna.</p>
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e) Por último el SII hace referencia a lo resuelto por sentencia recaída en el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 5938-2013, en la que la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que resulta improcedente imponer al SII la carga de elaborar o "procesar" información, ya que la Ley de Transparencia obliga a proporcionar información producida, existente, sin procesamiento de ninguna especie, que no sea el simple acopio o reunión de la misma, petición que no queda comprendida por la citada Ley, sino que constituye una solicitud efectuada en el ejercicio del derecho constitucional de petición, a la que cabe negarse, pues la elaboración en forma especial de un estudio que se refiera a todas o una cualesquiera de las consultas implicaría desviar indebidamente al organismo, sus funcionarios y recursos presupuestarios, del cumplimiento de sus funciones legales, más aún si se consideran los términos amplios y genéricos del requerimiento, que demanda detalles de cada uno de los eventuales casos fiscalizados si fueren más de uno, así como atender las distintas variables e hipótesis planteadas.</p>
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f) En consecuencia, el SII resolvió solicitar al requirente que aclare la solicitud respecto de los literales a) a g), indicando claramente la información que se requiere, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia; y, comunicar que de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, la información requerida en la última parte del requerimiento (literales h) e i)) resulta inexistente, por no contar con un estudio o reporte de gestión que de cuenta de la información solicitada y la improcedencia de elaborarla.</p>
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3) AMPARO: El 14 de febrero de 2014, don Luis Eugenio García-Huidobro, en representación de las personas jurídicas individualizadas en el numeral 1) de lo expositivo del presente acuerdo, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el SII solicitó efectuar una subsanación a su requerimiento de información, la cual estima extemporánea e improcedente; y, además, en que le habrían señalado que parte de la información solicitada no existiría en poder del Servicio y sería improcedente elaborarla. En su presentación el reclamante hace las siguientes precisiones:</p>
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a) La solicitud es lo suficientemente clara y específica, al requerirse los antecedentes e información proporcionados por Google Chile Ltda. con motivo de la notificación N° 817/5, los antecedentes y documentos que contienen instrucciones sobre el plan de fiscalización relacionado a Google Adwords, sobre la comunicaciones entre el SII y Google Chile Ltda., en relación con el mismo Servicio que da origen a la fiscalización, instrumentos de remisión del programa de fiscalización individualizado a las unidades operativas, las variables indicadas, consideradas en la elaboración del programa en cuestión, la indicación de los funcionarios que desarrollaron el programa y los encargados, así como información de los procesos de fiscalización selectivos realizados en torno al impuesto del Artículo 59 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.</p>
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b) Respecto de la referencia a expresiones como "todos", "cualquiera" de los antecedentes o instrumentos u otras semejantes, señala que su utilización tiene por objeto precisamente que el SII no omita la entrega de parte de la información solicitada, sobre todo, por cuanto sólo el SII es quien conoce qué vehículos, mecanismos o expedientes ha utilizado en el proceso de acopio de información, elaboración, comunicación, desarrollo, retroalimentación y control del programa selectivo de fiscalización. Agrega que tampoco existe un catastro alguno- por vía de transparencia activa - que permita identificar o individualizar los documentos o antecedentes que se solicitan, lo que necesariamente ha llevado a sus representadas a formular la solicitud en tales términos. De este modo ha cumplido con lo señalado en el numeral 1.2 letra c) de la Instrucción General N° 10, de la forma en que ha entendido este Consejo dicha exigencia, esto es, mencionando las características esenciales de la información requerida.</p>
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c) La solicitud de aclaración además sería extemporánea, debido a que no se realizó de inmediato apenas recibida la solicitud, según lo exige el numeral 2.2. de la Instrucción General N °10, sino que el Servicio esperó 20 días hábiles para requerir la aclaración, lo que vulnera los principios de apertura, facilitación y de oportunidad contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. Añade que este Consejo está facultado para conocer del amparo cuando se alega la improcedencia de solicitar aclaración de la solicitud, citando al efecto lo acordado en la decisión de amparo Rol C41-12.</p>
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d) Finalmente, respecto de lo solicitado en los literales h) e i), al señalarse por parte del Órgano que no existiría la información solicitada y sería improcedente elaborarla, ello no resulta efectivo, por cuanto el SII dispone de softwares que le permiten obtener fácilmente los antecedentes y estadísticas solicitados, entre ellos, el Sistema de Apoyo a la Auditoría (SADA) y el Sistema de Apoyo a la Fiscalización (SAF), basado en flujos de trabajo que permite el registro y seguimiento de los casos de auditoría, que además, permite la generación de documentos o papeles de trabajo estandarizados y apoya en el conocimiento del status en que se encuentra cada uno de los casos. Además el SII cuenta con la herramienta informática conocida como Data Warehouse, que permite la extracción de datos de todas las fuentes de información del Servicio, de acuerdo a las especificaciones de los usuarios, selección de los datos extraídos de acuerdo a diversos criterios, conversión de datos en formatos acordes a las necesidades de los procesos de minería de datos. A mayor abundamiento, agrega que la solicitud de entrega ordenada o sistematizada de datos no puede ser causal para el rechazo de la solicitud, pues debe tenerse presente lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en Reclamo de Ilegalidad Rol N° 2619-2012.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 722, de 20 de febrero de 2014, al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Se solicitó especialmente que junto con formular sus descargos: (1°) remitiere copia íntegra de la solicitud de información presentada por el reclamante Folio N° AE006W50005746; (2°) indicare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia; (3°) se refiera a las razones por las cuales señala que la solicitud de información no cumple con lo señalado en la letra b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de una causal de hecho, secreto o reserva de la información solicitada, en especial, a los motivos por los cuales, a su juicio, la información requerida en la última parte de la solicitud resultaría inexistente; y, (5°) señalare si cuenta con los softwares Sistema de Apoyo a la Auditoría (SADA) , Sistema de Apoyo a la Fiscalización (SAF) y Data Warehouse, y si éstos permiten administrar y ordenar los antecedentes y estadísticas solicitados, o la extracción de datos de otras fuentes o bases en las que se contiene la información requerida.</p>
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El Servicio de Impuestos Internos, por escrito ingresado a este Consejo con fecha 14 de marzo de 2014, del Sr. Subdirector Jurídico, presentó sus descargos y observaciones, señalando lo siguiente:</p>
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a) Frente a un requerimiento que por sus términos no permite establecer con precisión los actos, documentos o antecedentes que son su objeto, corresponde que se pida al reclamante la subsanación en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia. Lo anterior por cuanto, atendida la diversidad de documentos solicitados y del principio de divisibilidad, este requerimiento pudiere dar origen a una respuesta que contenga decisiones de diverso tipo, debiendo cumplir el acto administrativo que se pronuncie sobre aquélla con los requisitos que para cada caso se señalan en la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Ello explica que el SII hubiere requerido la subsanación al vencimiento del plazo legal de 20 días hábiles, al mismo tiempo de informar la inexistencia de parte de la información, luego de haber efectuado gestiones internas para determinar si, de acuerdo a los términos en que se presentó la solicitud, era posible identificar con precisión lo requerido.</p>
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b) Se debe distinguir entre dos conceptos: programa de auditoría, plan de fiscalización o programa de fiscalización, por una parte, y auditoría, fiscalización y proceso o procedimiento de auditoría o fiscalización, por otra. El primero corresponde al plan de trabajo y el segundo corresponde a las actividades de ejecución concretas de dicho plan que consisten en las auditorías, como procedimientos administrativos que se realizan respecto de los contribuyentes.</p>
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c) La petición de acceso hacía referencia a "proceso de fiscalización" alternando entre referirse a éste en singular y en plural. Lo anterior impedía saber si se buscaba información respecto de auditorías específicas o de todas las efectuadas por el Servicio, cuestión que cobra importancia pues de ello dependerá que el Servicio determine dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y la calificación de una eventual causal de reserva.</p>
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d) Asimismo, la solicitud resultaba ininteligible y contradictoria, planteada en los términos descritos, por cuanto el reclamante utilizaba como sinónimos las expresiones "programa" y "proceso" de fiscalización, las que como se ha indicado anteriormente, son diametralmente distintas en alcance y amplitud.</p>
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e) Los términos empleados por el requirente resultaban objetivamente equívocos, impidiendo determinar con precisión aquello que debía entregarse. A este respecto se hace presente que resulta de mayor importancia entender a cabalidad qué es lo requerido en la especie, lo que resulta imprescindible para cumplir los deberes que impone la Ley de Transparencia (cita al efecto lo resuelto por este Consejo en la decisión de amparo Rol C1648-13). Sobre este punto, se indica que el solicitante, al no haber subsanado su requerimiento en los términos señalados, privó al Servicio de la oportunidad de pronunciarse sobre lo requerido (sea accediendo a la entrega o denegándola), trasladando al Consejo dicha calificación. El SII estima que el requirente, sólo a propósito de su reclamo procedió a la determinación de lo solicitado, pues se refiere expresamente a que la solicitud se enmarca dentro del contexto de un programa de fiscalización, de lo que se desprende que no se refería a todos o algunos procesos de fiscalización sino que a información relativa a planes de fiscalización, cuestión que demuestra la procedencia de la solicitud de subsanación requerida por el Servicio.</p>
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f) Los términos amplísimos en que se formuló el requerimiento, impedían al SII a fijar un conjunto suficientemente acotado de documentos susceptibles de ser proporcionados dentro del plazo legal. En su concepto, la petición arrojaba "un universo inmanejable de potenciales documentos", ya que habría sido necesario efectuar una búsqueda de un sin número de antecedentes en una variedad de expedientes administrativos de auditoría, registros y/o soportes, que engloban una multiplicidad indefinida de contribuyentes. Ello implicaba a su vez distinguir cuáles eran los documentos solicitados y/o respecto de qué contribuyentes se requería información, habida consideración de expresiones usadas en la solicitud como "otros de características análogas".</p>
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g) Atendidos los términos en que discurría el Servicio, esto es, auditorías efectuadas en virtud del Programa "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero Vía Internet" y no al programa mismo, luego se concluye que la petición, aunque desglosada en 9 literales, contenía en cada uno de ellos múltiples requerimientos de diverso alcance, debiendo destinarse a ello un número elevado de funcionarios para efectuar una búsqueda exhaustiva que, con todo, habría resultado infructuosa, ya que no se habría podido dar respuesta al requerimiento de información, atendido que el citado Programa de Fiscalización dio lugar a más de 200 fiscalizaciones.</p>
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h) El SII hace presente que la solicitud de aclaración era necesaria de acuerdo a la conducta del requirente y sus agentes. En este sentido señala que el 3 de febrero de 2014 (al cuarto día posterior a la dictación de la Resolución Exenta reclamada por este amparo), doña Javiera Suazo, abogada del área tributaria del Estudio Jurídico Philippi, Irarrázaval, Pulido & Brunner Ltda., presentó a nombre propio ante ese Servicio, dos solicitudes de acceso, las que reproduce en su presentación. Del cotejo de ambas solicitudes de información el Servicio colige que se trataría de una solicitud de información similar a aquella que es objeto del presente reclamo, con la diferencia que en estas nuevas presentaciones la requirente otorga mayor especificidad a lo pedido. Se hace presente que el requirente del presente amparo también es abogado del estudio jurídico individualizado, por lo que se advierte que los requirentes reconocen, por sus conductas y las de sus asociados, que la aclaración era necesaria e indispensable para poder atender debidamente la petición. Acompaña a su presentación copia de impresiones obtenidas del sitio web del estudio jurídico señalado, que dan cuenta que ambos requirentes forman parte de dicho equipo legal.</p>
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i) Sobre la última parte de la solicitud, referida a estadísticas de gestión (rendimientos, criterios de selección) específicas para una hipótesis precisa de fiscalización (número de procesos de fiscalización respecto de un impuesto determinado), cabe manifestar que el Servicio no ha elaborado ni posee ningún estudio o reporte que considere las variables expuestas, por lo que se trata de un documento inexistente. Los softwares indicados por el requirente, que tendría el Servicio y que permitirían obtener los antecedentes y estadísticas solicitadas, sólo permiten obtener datos, pero no elaboran estadísticas ni reportes. En este sentido el órgano afirma que no cuenta con un reporte consolidado que dé cuenta de la información requerida en los literales h) e i), y sólo dispone de reportes de control del plan de fiscalización materia del presente reclamo, los que no cumplen con las exigencias, condiciones o requisitos de lo requerido por el peticionario.</p>
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j) Establecido lo anterior, la solicitud de acceso corresponde a un requerimiento genérico, quedando comprendida dentro de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, atendidos los términos vagos e indeterminados en que fuere planteada.</p>
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k) La revelación de los planes de fiscalización afecta las funciones del órgano. Sobre este punto, el Servicio hace presente el criterio sostenido por este Consejo sobre revelación de este tipo de información, plasmado en la decisión de amparo Rol A96-09, ratificado en las decisiones de amparos Rol C1174-11, C1320-11 y C1493-11, todas respecto del SII. Estos mismos fundamentos han sido aplicados respecto del Servicio Nacional de Aduanas, en decisión de amparo Rol C231-12, confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo del Reclamo de Ilegalidad Rol N° 4708-2012.</p>
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l) Sobre este punto, la entrega de la información requerida, equivale a revelar el contenido íntegro de los planes de fiscalización que el Servicio implementa en el desarrollo de su labor fiscalizadora y configura lo que la I. Corte de Apelaciones declaró como sujeto a secreto o reserva en Reclamo de Ilegalidad Rol N° 4708-2012, confirmando el criterio sostenido por este Consejo respecto de la revelación de planes de fiscalización. En este sentido el SII insiste en la idea declarada por la Corte, que indicó que: "si se atiende a la profusión, amplitud y menudencia de los datos que impetra el solicitante, se tiene que la petición no comprende únicamente la mera entrega de la copia de un documento (los planes de fiscalización), sino que involucra aspectos mucho más profundos".</p>
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m) Por lo anterior, respecto de los literales b), d), e), f), h) (referido a entregar la información y antecedentes de cada uno de ellos en forma separada) e i) (referido a criterios de selección de contribuyentes), el SII alega la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que entregar dicha información equivale a revelar el contenido íntegro de los planes de fiscalización que el Servicio implementa en el desarrollo de su labor fiscalizadora.</p>
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n) El Servicio además agrega que la revelación de antecedentes obtenidos mediante declaraciones de terceros efectuadas conforme la legislación tributaria afecta las funciones del órgano. Sobre el particular, el Servicio indica que bajo la facultad otorgada por el artículo 60 inciso 8° del Código Tributario, en el contexto de detección y evaluación de potenciales figuras de evasión tributaria que le permitan efectuar el diseño de planes o programas generales o especiales de fiscalización, dicho órgano puede requerir de terceros que aporten antecedentes que obren en su poder respecto de otros contribuyentes. Dicha información constituye un insumo vital para el diseño y posterior implementación de los planes de control tributario, cuya revelación pondría en grave riesgo el logro de sus objetivos de su labor de fiscalización, pues la divulgación de los antecedentes obtenidos en ejercicio de dicha facultad legal, presenta semejanzas respecto de la situación en que se encuentran aquellos particulares que facilitan informaciones tendientes a que la Autoridad despliegue sus potestades públicas y que el Consejo ha resguardado de la publicidad en el entendido que afectarían el cumplimiento de las mismas funciones públicas que la entrega de los datos coadyuva a cumplir (en este sentido cita las decisiones de amparo Rol C861-13 y C936-13).</p>
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o) Por otra parte, el SII no advierte cómo la revelación de los datos referidos a operaciones privadas entre particulares recabados al amparo de esta facultad legal, pueda contribuir a mejorar el control de la actividad administrativa en el cumplimiento de las funciones institucionales, cuando en definitiva, con su revelación se desincentivaría la espontánea y completa entrega de parte de los declarantes de la información requerida, ante el justo temor de ser considerados una suerte de "delatores", cuestión que permite tener por configurada la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285.</p>
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p) Los documentos que el SII recabó en virtud de la facultad citada precedentemente, contienen información que puede afectar derechos de terceros, ya que conciernen a operaciones comerciales entre particulares y que atañen a un número superior a 1.000 personas naturales y jurídicas, por lo que, para dar acceso al requerimiento habría que haberles notificado en la forma prescrita por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, operación materialmente imposible dentro del plazo legal, por lo que también de esta forma se configura la causal del artículo 21 N° 1 del citado cuerpo legal.</p>
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q) Asimismo, tratándose de un listado de operaciones comerciales llevadas a cabo entre contribuyentes, cuya divulgación puede afectar sus derechos, el Consejo debe ponderar si en la especie se verifica la causal denegatoria prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. El SII hace presente que, entre los datos obtenidos se encuentran datos personales tales como nombre, RUT y dirección de numerosas personas naturales, quienes no han consentido en la entrega de sus datos a ese Servicio ni menos a terceros, de modo que el tratamiento de sus datos personales obliga a mantener los mismos en secreto o reserva (cita al efecto decisión amparo Rol C1623-13).</p>
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r) Respecto de aquella parte de la solicitud en que se requiere individualización de casos sometidos a auditoría en virtud del programa de fiscalización sobre el cual versa el requerimiento, el Servicio explica que en los Programas de Fiscalización, sobre la base de ciertas hipótesis de fiscalización que se explicitan en cada programa, se selecciona un universo de contribuyentes que se adecuan a las conjeturas de trabajo, de modo que el posterior procedimiento de auditoría que respecto de aquellos contribuyentes se practica, tiene por objeto validar, en cada caso, si la hipótesis de trabajo se verifica o no. La selección de dichos contribuyentes no constituye un juicio de valor acerca de su comportamiento tributario por parte del SII. Sin embargo, la inclusión de aquéllos en uno de esos planes puede ser erróneamente percibida por la opinión pública como indiciaria de un comportamiento tributario anómalo o irregular, lo que puede constituir una fuente de sospecha o descrédito respecto del concepto que sobre ellos existe en el mercado. Atendido que a la fecha de los descargos el referido Programa de Fiscalización no concluía, se trata de información que puede afectar los derechos de tales contribuyentes, al generar sobre ellos un errado concepto público.</p>
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5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: Mediante escrito ingresado a este Consejo con fecha 18 de marzo de 2014, el reclamante solicitó se tuviera por evacuado, en rebeldía de la requerida, sus descargos y observaciones al amparo deducido. Lo anterior por cuanto, a juicio del solicitante, el SII no habría formulados sus descargos y observaciones dentro de plazo legal.</p>
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6) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante Oficio N° 5.524, de 26 de septiembre de 2014, este Consejo solicitó al órgano reclamado, a objeto de ponderar debidamente las causales de reserva invocadas, que remitiera copia de los siguientes antecedentes: a) Programa de Fiscalización denominado "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet", recaído en contribuyentes usuarios de Google AdWords, en que se enmarca la presente solicitud de acceso (especialmente la información referida en el numeral IV. Punto 2 del escrito de descargos del Servicio); b) Documentos que fueron obtenidos por el Servicio en virtud de la facultad establecida en el artículo 60 del Código Tributario (en especial, el listado de operaciones comerciales llevadas a cabo entre contribuyentes) cuya divulgación, a juicio de ese órgano, pudiere afectar eventualmente sus derechos (información referida en el numeral IV. Puntos 3, 4 y 5 del escrito de descargos del Servicio); y, c) Reportes de control de fiscalización "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet" (referido en numeral III. Numeral 6 del escrito de descargos del Servicio). Se hace presente que este Consejo señaló expresamente al SII que dicho requerimiento se hacía de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, esto es, que mientras no se adoptare la decisión definitiva, el Consejo Directivo mantendría el debido resguardo de la información que se suministrara. Mediante escrito del Sr. Subdirector Jurídico del SII, enviado por correo electrónico de fecha 6 de octubre de 2014, el Servicio dio respuesta al requerimiento, alegando:</p>
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a) Incompetencia de este Consejo para ordenar o denegar la entrega de la información requerida por el solicitante, en ausencia de una resolución, escrita, fundada y notificada del órgano reclamado que deniegue la entrega por la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley, según exige el artículo 16 de la Ley N° 20.285, en relación con los artículos 12, 24 y 33 b) de la citada Ley; artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República; artículo 2° de la Ley N° 18.575 y artículos 10 y 13 de la Ley N° 19.880;</p>
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b) Inadmisibilidad o improcedencia del amparo efectuado, en contra del desistimiento legal que ha operado respecto de la solicitud de información en que ha incurrido el requirente por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 12 de la Ley N° 20.285, sin que el reclamante hubiere efectuado la respectiva aclaración del requerimiento, dentro de plazo y bajo apercibimiento legal; y,</p>
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c) Respecto de los documentos requeridos mediante esta gestión, el SII indica que en la Resolución impugnada mediante este reclamo no se invoca ninguna causal de reserva, razón por la cual, conforme el artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.880, dichos antecedentes aparecen como documentos que no corresponden al procedimiento, por ser irrelevantes en relación al contenido del acto administrativo reclamado, por lo que el Consejo carece de competencia para ordenar su entrega en este caso. Además, atendido que este organismo no emitió el pronunciamiento formal que establece el artículo 16 de la Ley de Transparencia (en razón de entenderse legalmente el interesado desistido de su petición), no existe requerimiento de información en cuya virtud proceda proporcionar cualquiera de los antecedentes requeridos por este Consejo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que lo solicitado en la especie corresponde, en términos generales, a diversos antecedentes relativos al Programa de Fiscalización denominado "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet", respecto de contribuyentes usuarios de Google AdWords. Al respecto se debe indicar que, tratándose de información elaborada con presupuesto público y que obra en poder del Servicio reclamado, al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.</p>
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2) Que atendido lo indicado por el reclamante en su escrito, y los descargos presentados por el órgano, el análisis del presente amparo se circunscribirá a las siguientes materias: a) Requerimiento de aclaración solicitado por el Servicio respecto de parte de la información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia; b) alegación de las causales de reserva invocadas por el Servicio, esto es, artículo 21 N° 1 y 21 N° 2 del citado cuerpo legal; y, c) la declaración de inexistencia de determinada parte de la información conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la referida Ley.</p>
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3) Que respecto de la competencia que tiene este Consejo para conocer del presente reclamo, se debe tener presente que el artículo 33 letra b) de la Ley de Transparencia, al Consejo para la Transparencia le corresponde «Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados en conformidad a la ley». Para cumplir con dicha función, esta Corporación examina la admisibilidad de los amparos que le son presentados, determinando, entre otros aspectos, que la solicitud de acceso cumpla con los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, particularmente, que se identifique claramente la información requerida. Por su parte, el artículo 24 de la misma ley señala las dos hipótesis que hacen procedente un amparo al derecho de acceso a la información pública: la denegación o el vencimiento del plazo previsto para entregar la información.</p>
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4) Que resolviendo sobre la admisibilidad de un amparo en que el órgano requirió aclaración al solicitante, se hace presente el razonamiento sostenido por este Consejo en la decisión de amparo Rol C41-12, que estableció "Que "denegar", conforme a la Real Academia Española de la Lengua, es «no conceder lo que se pide o solicita». En consecuencia, al solicitar el órgano requerido la aclaración o subsanación de un requerimiento de información en los hechos está denegando la petición, pues no concede lo pedido y sujeta a una condición (la respectiva aclaración o subsanación) la evaluación de la solicitud. Ello es tanto más evidente si la aclaración o subsanación es injustificada, pues en tal caso la única manera de cuestionarla es acudiendo a este Consejo por la vía del amparo, como ha ocurrido en este caso, rectificándose en definitiva lo obrado. Si, por el contrario, el Consejo confirma la licitud de la subsanación requerida la solicitud se consolidará el desistimiento. Por ello, debe entenderse que esta Corporación está facultada para conocer de la controversia surgida a propósito del presente amparo" (Considerando 7).</p>
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5) Que sobre la solicitud de aclaración requerida por el órgano, se debe distinguir: respecto de los literales desde a) a g), con exclusión del literal e.3), respecto de la alegación sobrelos términos amplios y genéricos en que se habría formulado el requerimiento de información, resulta conveniente hacer presente que, de conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 58, de 2000, del SII, sobre Procedimiento de Auditoría, la auditoría tributaria se define como "un procedimiento destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también de aquellas accesorias o formales contenidas en la normativa legal y administrativa vigente, con el propósito de (1°) Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad y de la documentación soportante, y que reflejen todas las transacciones económicas efectuadas; (2°) Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e impuestos, están debidamente determinados y de existir diferencias, proceder a efectuar el cobro de los tributos con los consecuentes recargos legales; y, (3°) Detectar oportunamente a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias". Por su parte, dicho instrumento define el procedimiento de auditoría como "una serie de acciones, tareas o gestiones cuya ejecución o aplicación en forma metódica permiten a los funcionarios del Servicio obtener los elementos de juicio suficientes, evidencias o medios de prueba, necesarios para sustentar sus conclusiones.</p>
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6) Que establecido lo anterior, es necesario precisar que el reclamante en su solicitud de acceso contextualizó el requerimiento, y lo circunscribe a un Programa de Fiscalización con la denominación que el propio SII le otorgó, sin perjuicio que se hubiere usado como sinónimos los términos "programa" y "proceso". Lo anterior aparece con mayor claridad al analizar la solicitud de acceso en su conjunto y en relación a dicho contexto, toda vez que el requirente se refiere en singular al "Programa de Fiscalización" (literales b), d), e), f) y g) de la solicitud de acceso), para luego requerir en plural y en un párrafo separado la información relativa a los "procesos de fiscalización" realizados por el Servicio (literales h) e i) de la solicitud de acceso). De esta forma, se estima que una correcta lectura e interpretación de la solicitud de acceso, hubiere permitido al SII ocuparse del requerimiento de información derechamente, estimándose dilatoria la solicitud de aclaración del amparo respecto de estos literales. Por su parte, en esta parte la solicitud tampoco aparece planteada en términos genéricos, toda vez que el reclamante circunscribe la información sobre este Plan de Fiscalización específico a aquellos contribuyentes usuarios de Google Adwords, por lo que el universo de sujetos sobre los cuales versa esta solicitud de información fue acotado por el solicitante. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, la solicitud de acceso en los términos planteados, daba cumplimiento a lo exigido por el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 letra c) de su Reglamento, atendido que en la especie, se identificaron las características esenciales de la información requerida, especialmente, su materia. Portanto, se desestimarán las alegaciones del Servicio sobre ambigüedad de los términos empleados, generalidad e indeterminación de los actos materia de la petición; y en definitiva, sobre incompetencia de este Consejo para pronunciarse respecto del amparo interpuesto al respecto.</p>
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7) Que sin perjuicio de los razonado precedentemente, este Consejo estima que el requerimiento contenido en el literal e.3), sobre "valorización del caso, en relación con metas institucionales - equivalencias-", en los términos en que fue planteado originalmente, carecía de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, por lo que se estima plausible, para este caso, que el SII hubiere solicitado aclaración al reclamante, bajo apercibimiento legal de tenerlo por desistido de su petición en esa parte. Por lo anterior, y atendido que el reclamante no subsanó la solicitud en este punto, dentro de plazo legal, se le tendrá por desistido en esta parte de su petición.</p>
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8) Que al efecto, atendido que en la especie resultaba innecesaria la petición de aclaración requerida por la autoridad recurrida, luego no corresponde a este Consejo emitir un pronunciamiento respecto de que aquella actuación era necesaria de acuerdo a las conductas del requirente y sus agentes asociados, en los términos expuestos en el literal h) del numeral 4) de lo expositivo del presente acuerdo. En este sentido cabe hacer presente que, tenidas a la vista las solicitudes de acceso que originaron los amparos Roles C635-14 y C636-14, éstas últimas si bien versan sobre materias similares, no se trata de información idéntica a la requerida por la solicitud objeto del presente amparo (por ejemplo: literales a) y c) de la solicitud de acceso que dio origen al amparo C636-14).</p>
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9) Que respecto de las causales de reserva alegadas por el SII en sus descargos, el Órgano ha planteado que revelar gran parte de la información solicitada, referida al Programa de Fiscalización ya individualizado, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Al respecto, en primer término se debe indicar que el SII tiene como fines, de acuerdo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, aprobada por el D.F.L. N° 7/1980, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 6° del Decreto Ley N° 830/1974, que aprueba el Código Tributario, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, de lo que se desprende que el programa de fiscalización objeto de la solicitud se relaciona directamente con la realización de ese cometido aplicado a una actividad e impuesto en particular.</p>
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10) Que analizados los literales b); c); d); e.1) (respecto del detalle de criterios de selección de los contribuyentes fiscalizados en el programa); f); h) (respecto a entregar la información y antecedentes de cada uno de ellos en forma separada); y, i), se advierte que a través de diversos requerimientos el reclamante solicita en definitiva el Programa "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet", es decir, el "plan de trabajo" que determina las hipótesis de fiscalización basadas en la respectiva norma legal, y el procedimiento aplicable al efecto, lo que tiene relación con los alcances de la fiscalización, impuesto a controlar, períodos de revisión, criterios de selección de contribuyentes, nómina de casos, resultados, y estimación de rendimiento, entre otros. Sobre el particular y atendida la función que corresponde al SII respecto de la aplicación y fiscalización, en este caso concreto, del Impuesto Adicional, este Consejo estima que la entrega de lo requerido en estos literales, en definitiva, implica revelar el Programa en su totalidad, y con ello, el modo y los criterios de evaluación utilizados por el Servicio, los que conocidos anticipadamente por los sujetos fiscalizados, pudiere facilitar la elusión de la acción fiscalizadora. En este sentido, la revelación de los datos requeridos podría generar, consecuentemente, un daño probable y específico a la función fiscalizadora inherente al Servicio, afectándose con ello su debido funcionamiento. Al efecto, este Consejo a propósito de la decisión en amparo Rol A96-09, razonó "Que aunque en algunos casos la publicidad favorece el debido funcionamiento del servicio, en casos como éste ocurre más bien lo contrario, pues la reserva puede servir mejor al interés público al permitir que el servicio pueda ejercer su función fiscalizadora en materia de tributos con mayor eficacia y eficiencia" (Considerando 7). En un mismo sentido, en la decisión de amparo Rol C1493-11, indicó que "Tratándose del plan de fiscalización del año 2011 este Consejo no ha tenido acceso a los documentos respectivos. Sin embargo, habiéndose formulado la solicitud de información el 23 de octubre ese mismo año, de admitirse el acceso a dicho documento y sus modificaciones se revelarían el modo y los criterios de evaluación utilizados por la SP para efectuar sus labores fiscalizadoras en el curso de su aplicación (esto es, durante 2011), dañando en forma probable y específica su función fiscalizadora y afectando, en consecuencia, su debido funcionamiento" (Considerando 5). Por lo anteriormente razonado y atendido que el Programa de Fiscalización requerido aún no se encontraba concluido a la época de la solicitud de acceso, se rechazará el amparo respecto de estos literales.</p>
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11) Que en cuanto a lo solicitado en el literal a) se debe distinguir: Respecto de los antecedentes que hubiere entregado Google Inc. y/o Google Chile Limitada en relación a la Notificación N° 817/5, de 11 de julio de 2012, el Servicio acreditó la inexistencia de la información toda vez que Google Chile Limitada no aportó ningún antecedente referido a lo requerido mediante dicha notificación. Lo anterior se comprobó mediante copia del Ordinario N° 77312022083, de 2012, del SII, por el cual se dejó sin efecto la referida Notificación. Por lo anterior, acreditada dicha inexistencia por parte del órgano reclamado, deberá rechazarse el presente amparo en esta parte.</p>
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12) Que a su vez, en relación al literal a) respecto de aquella parte referida a información entregada respecto de cualquier otro requerimiento del Servicio que diga relación con el servicio/producto Google AdWords, el SII alegó la afectación del debido cumplimiento de sus funciones al respecto, en relación con la facultad de requerir antecedentes conforme el artículo 60 del Código Tributario. En este sentido, el SII explica que dichos antecedentes constituyen el insumo para el diseño y posterior implementación del programa de fiscalización, y además, su entrega guarda similitud con el deber de reserva que existe respecto de la información facilitada por particulares tendientes a que la Autoridad despliegue sus potestades públicas (en este caso concreto, sus facultades fiscalizadoras del Impuesto Adicional). Al respecto se advierte que, la entrega de los antecedentes que hubiere recabado el SII en ejercicio de la citada facultad legal, puede generar, con determinada certeza, un efecto negativo en los terceros que aportan dicha información, pudiendo éstos inhibirse en futuros procesos del SII tendientes a obtener datos que permitieren formular un determinado programa de fiscalización. En este sentido, resulta previsible que los antecedentes requeridos contengan los datos en base a los cuales el SII elaboró, diseñó y finalmente implementó el Programa de Fiscalización solicitado, por lo que, en definitiva, con su entrega se ocasionaría ciertamente una afectación del debido cumplimiento de las funciones del Servicio, especialmente en lo referido a la aplicación y fiscalización, en este caso, del Impuesto Adicional. En atención a lo razonado precedentemente, se estima que en la especie se configura la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará el amparo al respecto.</p>
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13) Que respecto del literal e), éste se descompone en distintas solicitudes que se analizarán separadamente. En el literal e.2) se requirió la entrega del detalle de los resultados del programa. Al respecto, se desprende de los descargos del organismo que a esa fecha el Programa en cuestión aún nofinaliza. Lo anterior también se concluye de la respuesta entregada por el órgano a la solicitud que originó el amparo Rol C635-14, en que se indicó que no era posible entregar dicha información ya que el Programa aún se encontraba en ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, el SII manifestó en dicha ocasión que posee algunos reportes de control que pueden orientar en cuanto a los resultados parciales obtenidos en la ejecución del conjunto de auditorías iniciadas en virtud de este Programa de Fiscalización, adjuntando un cuadro al efecto. Atendido lo anterior y la falta de pronunciamiento del Servicio respecto de este literal en este amparo, se acogerá el amparo al respecto y se requerirá la entrega de los resultados del Programa de Fiscalización aludido que obraren en poder del organismo.</p>
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14) Sobre lo requerido en la letra e.4), e.5) y e.6) se solicitó la individualización y montos de casos solucionados con giro (presentación de formularios 50); aquellos solucionados con liquidación y aquellos casos improductivos. Al respecto, en cuanto a la individualización de los casos requeridos cabe advertir que el Servicio ha precisado que la entrega de dicha información implicaría la individualización de contribuyentes que fueron sujetos del referido Programa de Fiscalización.Al respecto se debe tener presente que la circunstancias de que determinados casos se consignen como terminados en los resgistros que obran en poder de la reclamada, no obsta a que los contribuyentes puedan impugnar la decisión de la Autoridad. En este sentido, de acuerdo a la Circular N° 58, de 2000, del Servicio de Impuestos Internos, "Con la liquidación culmina el proceso de determinación de diferencias de impuesto, y en ella se fija la posición de la administración respecto del cumplimiento tributario, compeliendo al contribuyente a aceptar la obligación señalada, o en su defecto, a impugnarla mediante la deducción del reclamo respectivo". De lo anterior se desprende que, pudiendo existir reclamaciones de determinación de diferencias de impuestos pendientes, luego la individualización de los contribuyentes podría generar una exposición pública de la condición de sujeto fiscalizado y una eventual afectación a la presunción de inocencia respecto del comportamiento tributario de estos contribuyentes, mientras no finalicen dichos procedimientos impugnatorios, circunstancia que a juicio de este Consejo justifica reservar la información en análisis, por lo que corresponde rechazar el amparo respecto de dicha parte de la solicitud.</p>
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15) Que en cuanto a los montos de dichos casos, se debe hacer presente que a propósito de la respuesta entregada por el SII a la solicitud que dio origen al amparo Rol C635-14, se adjuntó un cuadro que da cuenta de montos globales y preliminares de casos terminados, con indicación del monto liquidado y el monto girado, que permite dar respuesta a lo requerido Sin perjuicio de lo anterior, en dicha respuesta no se entregó información relativa al monto de casos improductivos, por lo que se requerirá, por su parte, la entrega de éstos. Por lo anterior, se acogerá el amparo respecto de esta parte de la solicitud y se requerirá la entrega de la información sobre montos de casos solucionados con giro y con liquidación, así como de los casos improductivos, todo ello en relación al Programa de Fiscalización objeto de reclamo.</p>
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16) Que en cuanto al literal e.7), relativo a individualización de casos, porcentajes y montos de condonaciones otorgadas por el órgano, en relación a los casos del programa en cuestión, a propósito de los descargos en amparo Rol C635-14, el SII explicó que, al solicitarse casos, se está requiriendo individualización de contribuyentes personas naturales y jurídicas. Asimismo, se declaró que no existe información final sobre condonaciones solicitadas y otorgadas en relación a contribuyentes de este Programa, toda vez que dichas condonaciones no están ordenadas por Programa de Fiscalización. Se indicó además que no existe un reporte elaborado que cumpla los requisitos exigidos por la reclamante, respecto de un plan que aún está en ejecución y cuya elaboración requeriría actuaciones que van más allá del simple acopio de datos. Al respecto se debe indicar que, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que la información requerida en este caso particular obra en poder del Órgano. De esta forma, según se desprende del Oficio Circular N° 33 de 2002 del SII, que suprime emisión de formulario 65 denominado "nota de crédito de intereses y multas" e imparte instrucciones sobre procedimiento de reemplazo, cada Dirección Regional debe registrar y mantener una planilla denominada "Nómina mensual de condonaciones otorgadas". En dicha tabla se consigna el RUT y el total de la condonación, distinguiendo entre porcentaje y monto condonado. De lo anterior se desprende que el SII cuenta con los datos suficientes para asociar la información contenida en dichas planillas con aquella información relativa al Plan de Fiscalización objeto de reclamo, resultando poco verosímil para este Consejo las alegaciones sostenidas por el órgano relativas a la inexistencia de un reporte de condonaciones según programa de fiscalización. En este sentido, para obtener la información solicitada en este literal la reclamada sólo debe vincular la información existente en sus bases de datos relativas a condonaciones otorgadas, con aquella relativa a los contribuyentes fiscalizados en el programa precitado contenida igualmente en sus sistemas informáticos, no advirtiéndose que la obtención de dicha información pueda irrogar un costo excesivo para el órgano reclamado.</p>
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17) Que por otra parte, el resguardo de la identidad de los contribuyentes (según fuere razonado en el considerando 14) no se extendería a aquellos casos con condonaciones otorgadas por el SII. En este sentido cabe hacer presente que lo requerido corresponde a información sobre una deuda tributaria y su condonación, cuyo monto ha sido establecido por el SII en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, por medio de uno o más actos o resoluciones administrativas. De esta forma resulta útil señalar el criterio establecido por este Consejo en las decisiones de amparo Rol C1028-12 y C1101-12, en que se requirió información sobre condonación de deudas tributarias, estableciéndose al efecto que "según lo señalado por este Consejo en las decisiones de los amparos C19-11 y C403-11 , las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad, lo que resulta especialmente replicable respecto de aquellas que han sido condonadas". En el mismo sentido, cabe agregar lo señalado en la decisión Rol C194-13, relativa a un convenio de pago de impuestos, en orden a que "los antecedentes solicitados, incluidos en un acto celebrado por la Administración con un particular, propicia el control social y el debido escrutinio en relación a la procedencia y forma del otorgamiento de un beneficio por parte del Estado, que son las facilidades de pago y los términos en que las mismas se pactaron, respecto de un determinado deudor tributario."</p>
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18) Que sobre la base de lo razonado, este Consejo estima que en definitiva se ejerce un debido control social al revelarse la información sobre aquellos casos en que el Órgano ejerce discrecionalmente una atribución legal que se traduce en otorgar un beneficio a determinados contribuyentes (esto es, la condonación), por lo que se acogerá el amparo respecto de este literal, y se requerirá la entrega de lo requerido, esto es, casos, porcentajes y montos de condonaciones otorgadas por el SII, en relación al Programa de Fiscalización objeto de reclamo.</p>
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19) Que respecto de lo requerido en el literal g) de la solicitud de acceso, referida a los funcionarios que desarrollaron el programa de fiscalización objeto del reclamo, aquellos que lo autorizaron y quienes estuvieron encargados del mismo, el Servicio omitió pronunciamiento al efecto. Sobre esta materia, revisada la Circular N° 58, de 2000, sobre procedimiento de auditoría, se advierte que al menos intervienen en el procedimiento los Jefes de las áreas de fiscalización y funcionarios fiscalizadores. Por su parte, el artículo 17 letra b) de la Ley N° 19.880 establece el derecho de las personas a conocer "...el personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos", por lo que se requerirá la entrega de la información a este respecto.</p>
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20) Que respecto de lo señalado por el órgano en cuanto a que, la revelación de antecedentesobtenidos en virtud del artículo 60 del Código Tributario se refiere a relaciones comerciales entre gran cantidad de particulares (un número superior a 1.000 personas naturales y jurídicas), por lo que hubiere resultado materialmente imposible en la especie la notificación contemplada en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que, atendido el número de terceros involucrados, la aplicación de dicho procedimiento hubiere importado una distracción indebida de las funciones del Servicio, toda vez que, seleccionados los terceros que hubieren entregado antecedentes relativos a la solicitud de información, era necesario obtener sus datos de contacto y notificarlos por carta certificada dentro del plazo de 2 días hábiles, contados desde la presentación del requerimiento, cuestión que en este caso no cabe reprochar a la reclamada.</p>
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21) Que sobre lo indicado por el órgano en relación a que la información obtenida por el SII correspondería a un listado de operaciones comerciales llevadas a cabo entre contribuyentes, y entre dichos antecedentes se contienen datos personales tales como nombre, RUT y dirección de numerosas personas naturales, quienes no consintieron en su entrega, de modo que el tratamiento de sus datos obligaría a mantener los mismos en secreto o reserva, se advierte que la solicitud de información que motiva este amparo, no sólo demanda la actividad del órgano en orden a recopilar la información requerida, sino que además exige la revisión exhaustiva de cada uno de los documentos aportados por los terceros (número aproximado de 1.000 personas naturales y jurídicas) a fin de detectar datos personales como los indicados, para finalmente tarjar dichos antecedentes, en aplicación del principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, en los descargos formulados por el SII en los amparos Roles C635-14 y C636-14, tenidos a la vista al momento de resolver el presente reclamo, consultado el Órgano sobre el volumen de la información requerida, señaló que, atendida la menudencia de documentos e información que comprende la solicitud, el sólo procedimiento para intentar cuantificarlos ha exigido una labor que no habría concluido a la fecha de evacuarse dichos descargos. Por lo anterior, este Consejo estima que en la especie, se configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por lo que cabe rechazar en esta parte el presente amparo.</p>
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22) , 22) Que respecto de la declaración de inexistencia de parte de la información, el Servicio ha circunscrito tal declaración a los literales h) e i) de la solicitud de acceso. Sobre este punto cabe advertir que la reclamada, respecto de lo requerido en el literal i) declaró que sobre dicha materia procedería la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto dicha información en definitiva formaría parte del Plan de Fiscalización requerido (considerando 10 del presente acuerdo). Por lo anterior, atendida la contradicción del Servicio al respecto, se desestimará a su respecto la alegación de inexistencia respecto de este literal, sin perjuicio de que a su respecto se configure la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la citada ley, motivo en definitiva por el que se rechazará aquella parte de la solicitud.</p>
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23) Que establecido lo anterior, corresponderá pronunciarse respecto de la eventual inexistencia de lo solicitado en el literal h) de esta solicitud de acceso (distinto de aquella parte de la solicitud anotada en el considerando 10) del presente acuerdo, respecto de la cual se configura la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, como ya fuere razonado). Al respecto, se debe precisar que, en definitiva, más allá de los términos empleados en la solicitud, lo requerido corresponde a un informe de resultados con las especificaciones indicadas por el reclamante, sobre procesos de fiscalización respecto del impuesto adicional por servicios, actos, contratos y/o transacciones realizadas por internet. Al respecto, el SII ha indicado que no cuenta con un estudio o reporte que considere las variables expuestas, no existiendo un documento que proporcione respuesta satisfactoria a lo solicitado. Asimismo, respecto de la alegación del reclamante, en cuanto a que el órgano cuenta con herramientas informáticas (software) que permiten obtener la información, el SII explicó que éstos sólo permiten obtener datos, pero no elaboran estadísticas ni reportes como el requerido. Al respecto cabe hacer presente que, respecto de la respuesta entregada por el organismo en amparo Rol C635-14, al punto 7 de dicho requerimiento, que versaba sobre una materia similar, el SII comunicó asimismo la inexistencia de un reporte que individualice los casos en la forma requerida. Agregó que a esa fecha el Programa aún se encontraba en ejecución, por lo que sólo contaba con resultados parciales obtenidos de reportes de control del plan de fiscalización que permitirían orientar en cuanto a los resultados obtenidos de la ejecución del conjunto de auditorías iniciadas en virtud del programa de fiscalización. Los sistemas de reportes de control de gestión que el Servicio tiene instruidos, no consideran individualización de casos, generando reportes numéricos y globales. Se adjuntó un cuadro que identifica un total de casos enviados, distinguiendo entre casos activos (pendientes) y terminados, así como cifras globales respecto de monto liquidado, monto girado y monto rectificado. Revisados dichos antecedentes, este Consejo estima plausible lo alegado por el órgano, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos específicos que fuere requerida (individualizando procesos de fiscalización), habida consideración que, los reportes de control con que cuenta el SII no cumplirían con las condiciones específicas requeridas por el solicitante. Asimismo, consultado el órgano, al darse traslado al presente reclamo, sobre la factibilidad de que los software Sistema de Apoyo a la Auditoría (SADA), Sistema de Apoyo a la Fiscalización (SAF) y Data Warehouse permitieran administrar y ordenar los antecedentes, según lo expuesto, el SII informó que dichos programas no permiten entregar la información con el nivel de especificidad requerido por el solicitante. Por lo anteriormente expuesto y, atendido que no existe información respecto de resultados finales de los procesos de fiscalización consultados, no contando con otros antecedentes distintos que los aportados por el SII, tanto en su respuesta al requirente, como en sus descargos, y sin otro antecedente distinto que permitiere desvirtuar lo alegado por el órgano reclamado, corresponde admitir lo alegado por el Servicio respecto de la inexistencia de la información requerida, rechazándose el amparo al respecto.</p>
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24) Que finalmente, respecto de la solicitud de audiencia solicitada por las partes, cabe rechazar la misma, por ser suficientes los antecedentes existentes para la resolución de este amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Luis Eugenio García-Huidobro, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:</p>
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a) Entregar reclamante: i) Detalle de los resultados del Programa de Fiscalización que obraren en poder del organismo; ii) montos de casos solucionados con giro, solucionados con liquidación, así como de los casos improductivos, y, iii) casos, porcentajes y montos de condonaciones otorgadas por el SII, todo lo anterior en relación al Programa de Fiscalización objeto del presente reclamo.</p>
<p>
b) Entregar al reclamante la individualización de los funcionarios que desarrollaron el Programa de Fiscalización objeto del presente amparo, de quienes lo autorizaron y quienes estuvieron encargados del mismo.</p>
<p>
c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Representar al Sr. Director Nacional de Servicio de Impuestos Internos su actitud de falta de colaboración en la tramitación del amparo interpuesto, especialmente respecto del envío de antecedentes solicitados mediante una gestión oficiosa, según lo anotado en el numeral 6) de la parte expositiva del presente acuerdo, traduciéndose ello en una infracción a los principios de apertura o transparencia, de máxima divulgación y de facilitación, previstos en el artículo 11, literales c), d) y e), respectivamente de la Ley de Transparencia, a efectos de que adopte la medidas administrativas que sean necesarias con el objeto que, en lo sucesivo, no se repitan situaciones como las motivadas por el presente amparo.</p>
<p>
IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional de Servicio de Impuestos Internos y a don Luis Eugenio García-Huidobro.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. El Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no firma por no concurrir al acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.</p>
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