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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C353-14</strong></p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos</p>
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Requirente: Rodrigo Rojas Palma</p>
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Ingreso Consejo: 15.01.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 555 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C353-14.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 15 de enero de 2014, don Rodrigo Rojas Palma solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante también SII) información correspondiente al monto mensual de operaciones exentas y afectas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, en relación con el beneficio tributario otorgado en virtud del artículo 13 N° 7, del D.L. N° 825 Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, de los siguientes contribuyentes:</p>
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a) INDISA, Rut N° 92.051.000-0</p>
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b) Bionet S.A., Rut N° 96.951.870-8</p>
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c) Servicios Integrados de Salud Ltda., Rut N° 96.631.140-1</p>
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d) Servicios Complementarios de Salud Ltda., Rut N° 77.314.150-9</p>
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e) Indisa Laboratorio S.A., Rut N° 78.982.470-3</p>
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f) Clínica Las Condes, Rut N° 93.930.000-7</p>
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g) Servicios de Salud Integrados S.A., Rut N° 96.809.780-6</p>
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h) Diagnósticos por Imágenes Ltda., Rut N° 78.849.790-3</p>
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i) Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes S.A., Rut N° 77.916.700-3</p>
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j) Clínica Alemana, Rut N° 96.770.100-9</p>
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k) Clínica Santa María, Rut N° 90.753.000-0</p>
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l) Clínica Dávila, Rut N° 96.530.470-3</p>
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2) RESPUESTA: El SII respondió a la solicitud antes descrita, mediante Resolución Exenta N° LTNot 5830, de 11 de febrero de 2014, en los siguientes términos:</p>
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a) En primer lugar el Servicio argumenta que esta información se encuentra cautelada por el deber de reserva legal tributario, dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. De acuerdo a este deber de sigilo se encuentran protegidas la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos u otros datos relativos a ella contenidos en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, se prohíbe su divulgación por parte del director y de los demás funcionarios del servicio, impidiéndose además el acceso a personales ajenas al Servicio respecto de dichas declaraciones obligatorias, sus copias, libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas.</p>
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b) Además, informa al solicitante que fueron notificados de la presente solicitud de información los terceros (12 en total) que podrían ver afectados sus derechos, los cuales (salvo Soc. de Prestaciones Médicas Las Condes S.A.) se opusieron en tiempo y forma a la entrega de la información requerida, indicando como argumentos, entre otros, que la información requerida se encuentra sujeta a secreto tributario del citado artículo 35 del Código Tributario, que la información ha sido proporcionada al Servicio a través de declaraciones juradas y para fines propios de fiscalización, que afecta sus derechos de carácter estratégicos, comercial o económico, etc.; lo que implica que este órgano ha quedado impedido de otorgar los antecedentes solicitados, conforme lo establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Conforme a lo señalado, se tienen por verificadas en la especie las causales de denegación consagradas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285.</p>
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3) AMPAROS: El 18 de febrero de 2014, don Rodrigo Rojas Palma dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en haber recibido una respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 914, de 28 de febrero de 2014, al Sr. Director Nacional del SII, quien a través de presentación de 26 de marzo de 2014, presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:</p>
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a) Primero señala que la reclamación de amparo formulada por don Rodrigo Rojas Palma no cumple con los requisitos que exige el inciso segundo del artículo 24 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, por lo que debería ser desechada. El reclamante en ninguna parte del formulario de reclamo presentado, señala la infracción cometida por el Servicio de Impuestos Internos ni los hechos que la configuraron.</p>
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b) En cuanto a la naturaleza de la información solicitada, se requiere información sobre operaciones afectas o exentas con Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según lo explicado en su petición, la información requerida dice relación con las prestaciones efectuadas por las clínicas privadas individualizadas, que se encuentran afectas o exentas del IVA, según el caso. En dicho contexto, cabe tener presente que el N° 2 del artículo 2 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el D.L. N° 825 de 1974 define por "servicio", la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N°s 3 y 4, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. A su vez, el N° 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta señala que se pagará impuesto de Primera Categoría sobre las rentas obtenidas, entre otros, por "clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares". Por su parte, el artículo 13 de la citada Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, establece que estarán liberadas de dicho impuesto una serie de empresas e instituciones, incluyendo en la letra c) de su número 6 al Servicio Nacional de Salud. A su vez, en el número 7 de dicha disposición incluye en la exención a "Las personas naturales o jurídicas que en virtud de un contrato o una autorización sustituyan a las instituciones mencionadas en las letras a), b) y c) del número anterior, en la prestación de los beneficios establecidos por ley". Según la normativa citada y los pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos sobre la materia, las clínicas se encontrarán exentas del impuesto analizado por las prestaciones efectuadas a usuarios del Servicio Nacional de Salud y Fondo Nacional de Salud.</p>
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c) Agrega la reclamada que se requiere información contenida en declaraciones obligatorias de los contribuyentes. La obligación de presentar el Formulario 29 de Declaración Mensual y Pago Simultáneo, es para aquellos contribuyentes afectos al IVA, independiente de que sus ventas y/o servicios se encuentren gravados y/o exentos. En el contexto del sistema descrito, el inciso primero del artículo 35 del Código Tributario dispone que el Servicio podrá exigir a los contribuyentes, junto con las declaraciones, la presentación de otros documentos tales como libros de contabilidad, detalle de las cuentas de pérdidas y ganancias, documentos o exposición explicativa y demás que justifiquen el monto de la renta declarada y las partidas anotadas en la contabilidad.</p>
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d) Afirma a continuación que la información requerida constituyen datos relativos a la cuantía o fuente de las rentas de los contribuyentes. De hecho la base para proporcionar la información que se requiere en el recuadro N° 2 contenido en el reverso del Formulario N° 22, se debe extraer de los registros contables del contribuyente y del Balance General de Ocho Columnas que están obligados a confeccionar para los efectos tributarios al término de cada ejercicio, conforme a las normas de la Resolución Ex. N° 2.154, publicada en el D.O. de 24.07.91. Los contribuyentes cuya información se requiere, deben declarar dentro de sus ingresos aquellos obtenidos en el desarrollo de su giro. En la especie, las rentas obtenidas por los servicios prestados por las clínicas se encuentran, por regla general, afectas al Impuesto de Primera Categoría (artículo 20 N° 4 de la Ley de la Renta). Por su parte, dichos servicios se encuentran a su vez, afectos o exentos a IVA. En conclusión, al solicitar el peticionario a este Servicio que se le entreguen los montos mensuales de operaciones afectas y exentas de IVA realizadas por los contribuyentes que indica, en definitiva pretende que se le exponga información que tiene su correlativo en los ingresos declarados en los respectivos los Formularios 22 de Declaración de Impuesto a la Renta. Luego, dado que revelar información de índole tributaria, que diga relación con la renta de los contribuyentes y que éstos estén obligados a proporcionar al Servicio en virtud de las diversas declaraciones que existen, como son los Formularios N°s 22 y 29, se traduciría en divulgar la cuantía de sus rentas y datos relativos a ellas, se hace aplicable en el caso particular la prohibición de divulgación que implica la reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario.</p>
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e) Por último, en cuanto a las causales de secreto o reserva que a su juicio hacen procedente la denegación de la información, el SII señala que los fundamentos en cuya virtud debe negarse lugar al acceso a la información que motiva el presente amparo, consiste en que la información solicitada no es pública en los términos que definen los artículos 5° y 10 de la Ley N° 20.285, sino que se trata de información tributaria que es propia de los contribuyentes y que éstos tienen el deber legal de confeccionar y conservar por así disponerlo la normativa tributaria y mercantil a que están sujetos. Las causales aplicable a su juicio serían:</p>
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i. La petición afecta los derechos de las personas, en los términos previstos en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues está exclusivamente referida a conocer datos relativos a 12 contribuyentes específicos y a sus actuaciones comerciales y/o económicas, como lo son los montos de operaciones exentas y afectas de IVA que éstos realizaron en los años 2011, 2012 y 2013. Por ello, dicho Servicio procedió a dar cumplimiento al trámite obligatorio previsto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, y notificó la solicitud de información a los terceros que podrían ver afectados sus derechos, los cuales, (salvo Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes S.A.) se opusieron en tiempo y forma a la entrega de la información requerida, indicando como argumentos, entre otros, que la información cuya exposición pretendía el recurrente se encuentra sujeta al secreto tributario del artículo 35 del Código Tributario. Por último, en lo referido a la "Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes S.A.", R.U.T. N° 77.916.700-3, debemos aclarar que sin perjuicio de su falta de oposición oportuna y consecuente aceptación tácita de la divulgación de los antecedentes que le conciernen según la Ley N° 20.285, ello no era suficiente para exonerar a los funcionarios del Servicio de la absoluta prohibición de divulgación que el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario les impone, toda vez que dicho impedimento constituye un deber ministerial emanado directamente de la ley en razón de la función o cargo que sirven y que, por tanto, resulta inderogable por una eventual aceptación expresa o presunta de los particulares a que se divulgue la información amparada por el secreto tributario.</p>
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ii. Alega la concurrencia del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, vinculado con el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. Destaca asimismo lo señalado por la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en el artículo 61 letra h) y particularmente, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, el artículo 40 letra d) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Del conjunto de las disposiciones legales precisas y concordantes antes citadas, el secreto tributario consiste en una prohibición absoluta de divulgación que se impone personalmente a todos aquellos funcionarios del SII o personas que en ejercicio de un deber, oficio o cargo tienen acceso a la información contenida en las declaraciones obligatorias que los contribuyentes deben efectuar en cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias. Luego, el secreto tributario a la vez que deber y prohibición es garantía dada por el Estado a los particulares acerca de que la afectación de sus derechos será mínima y necesariamente proporcionada a la exclusiva consecución del fin que justifica la irrupción, creando así de paso, el clima de seguridad y certeza que requieren los contribuyentes para proporcionar voluntariamente la información requerida y permitir el acceso a sus datos por parte del Servicio; ello, en la convicción que los datos que proporcionen serán resguardados por la Administración en calidad de garante, impidiendo que sean conocidos por terceros y evitando así que los titulares de los datos sean objeto de molestias por sus decisiones económicas, gastos, tratativas civiles o comerciales y en general de toda otra clase de intromisiones en los actos gracias a los cuales ejercen su libertad económica privada. Cita las decisiones del Consejo roles C1304-11 y C2092-13.</p>
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iii. Finalmente alega la concurrencia de la causal del artículo 21 N° 1 primera parte de la Ley N° 20.285. Señala que el secreto tributario es una herramienta puesta al servicio de la eficacia de la fiscalización y recaudación de impuestos, toda vez que constituye un incentivo a los contribuyentes para confiar en que la revelación completa y exacta de sus datos patrimoniales a la Administración Tributaria, tiene por fin determinar correctamente sus obligaciones impositivas y que, por lo mismo, no será divulgada a terceros. Por consiguiente, la develación de informaciones amparadas por ese secreto afectaría severamente la confianza pública en este organismo, lo que traería aparejado la afectación del debido cumplimiento de sus funciones, lo que a su juicio también autoriza para rechazar la petición de acceso a la información.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de este Consejo acordó trasladar el amparo a los representantes legales de las 11 personas jurídicas que se opusieron a la entrega de la información, a saber, INDISA, Bionet S.A., Servicios Integrados de Salud Ltda., Servicios Complementarios de Salud Ltda., Indisa Laboratorio S.A., Clínica Las Condes, Servicios de Salud Integrados S.A., Diagnósticos por Imágenes Ltda., Clínica Alemana, Clínica Santa María, y Clínica Dávila. Dicho traslado se materializó mediante Oficios N°s 1393 a 1403, todos ellos de 2 de abril de 2014.</p>
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En respuesta a dichos traslados se recibieron los descargos y observaciones de todas las personas jurídicas antes mencionadas, a excepción de Servicios de Salud Integrados S.A. Los argumentos planteados por los terceros a objeto de argumentar su oposición a la entrega de lo pedido, se pueden resumir en los siguientes términos:</p>
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a) El solicitante no ha pedido acceso a información contenida ni en actos administrativos, ni en resoluciones administrativas, ni en actas de la Administración, ni en expedientes administrativos, ni en contratos ni acuerdos que afecten a la Administración, ni mucho menos ha pedido acceso a información elaborada con presupuesto público. Por el contrario, alegan que el solicitante está pidiendo acceso a información vinculada a las operaciones realizadas por una persona jurídica de derecho privado, es decir, está solicitando acceso a información que tiene un carácter eminentemente privado, que eventualmente podría obrar en poder del Servicio de Impuestos Internos atendido el rol que a dicho Órgano le corresponde desempeñar, pero que no calza ni se encuadra con ninguno de los antecedentes a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Transparencia. A juicio de la Clínica Las Condes, el Consejo para la Transparencia carecería de competencia en este caso para pronunciarse respecto de la publicidad de la información pedida. El Consejo para la Transparencia tiene por objeto garantizar el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, y se encuentra facultado exclusivamente para resolver reclamos por denegación al acceso a esa información. No puede resolver reclamos respecto de la denegación de entrega de información privada. Se menciona al efecto el artículo 32 de la Ley N° 20.285.</p>
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b) El secreto de la contabilidad y el secreto tributario, se encuentran, ambos, establecidos en la Ley y su existencia ha sido remarcada recientemente por la Excma. Corte Suprema, la que, en fallo de 27 de noviembre de 2013, dictado en autos ingreso n° 3002-2013, recordó que: "la prohibición de divulgación a que están sujetos el Director y demás funcionarios del Servicio de Impuestos Internos dice relación concretamente con la cuantía o fuente de las rentas, con las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias presentadas por los contribuyentes, quedando comprendida en ella, incluso, la obligación consistente en que no pueden permitir que tales declaraciones o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio" (Considerando Décimo Segundo) Se citan además las decisiones de este Consejo en los amparos roles C1165-12, C1304-11, A89-09 y C2092-13 en relación con la aplicación del artículo 35 del Código Tributario. Insisten en que la información solicitada al SII, le ha sido entregada por medio de los formularios mensuales de impuestos (Formulario 29) y declaraciones juradas obligatorias para los fines de inspección propios de dicho organismo gubernamental, la que no puede ser desviada proporcionándose a organismos públicos o privados para fines diversos, conducta que es especialmente sancionada por el artículo 101 N° 5 del Código Tributario, sin perjuicio de las responsabilidades penales concurrentes.</p>
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c) Coinciden las empresas oponentes a la entrega de la información en cuanto a que la sola existencia de la posibilidad que esa divulgación se verifique, del modo que sea, por el medio que sea, las afecta y pone en riesgo; particularmente frente a otros actores del mercado que, naturalmente, no tienen ni tampoco podrían tener ningún derecho a acceder a la información que nos ocupa. Estiman que constituye un resguardo para el desarrollo de las empresas el secreto de su gestión y administración; tanto así que en el caso de las sociedades anónimas la Ley 18.046 establece en su artículo 54 sólo un período en el que determinados antecedentes sociales quedan a disposición de los accionistas, para su revisión en forma directa e inmediata; revisión que debe hacerse, valga destacarlo, "en la oficina de la administración de la sociedad". Y no debe olvidarse que los accionistas son los dueños de la sociedad, y, no obstante eso, se encuentra consagrado por la ley que, en términos generales, no corresponde a ellos inmiscuirse en asuntos de gestión y administración. Al respecto alegan la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues acceder a la entrega de esta información a un tercero implica revelar información estratégica comercial, en un mercado altamente competitivo cual es, por ejemplo, el de los Laboratorios Clínicos (argumento de Bionet). La información solicitada por el Sr. Palma tiene el carácter de reservada por cuanto el acceder a ella por un tercero permitiría conocer cualitativamente el uso de un beneficio tributario, afectando la posición de su titular en el mercado mediante la utilización de información estratégica y no a través de la libre competencia, fortaleciendo la posición de otros posibles competidores y como consecuencia de lo anterior afectando su derechos económicos y comerciales garantizados por la Constitución Política de la República. Se cita en este mismo sentido lo prescrito en el artículo 8° bis, número 7, del Código Tributario, pues la información solicitada por el requirente alude a "operaciones afectas y exentas", lo cual lleva implícita la información sobre compras afectas y exentas, ya que se habla de "operaciones" en términos genéricos. Acceder en esos términos a proporcionar la información significa revelar su estrategia de compras, lo que implica ventilar precios de compra, convenios, marcas a las que se recurre para la utilización de insumos y equipos médicos, develar quienes son los proveedores a los cuales recurre y que en definitiva le permiten entregar un servicio con mejor tecnología y distinto al de la competencia, y parte importante del know how que ha logrado cada sociedad ir desarrollando a lo largo de su existencia, y sobre el que tiene constituido y vigente un legítimo derecho de propiedad, poniendo en riesgo sus derechos de carácter patrimonial y económicos. Se destaca finalmente lo razonado por este Consejo en su decisión C1165-12, en cuanto a que la información solicitada implica la revisión de una serie de antecedentes tributarios directamente relacionados con la forma en que su titular desarrolla su actividad, así como los resultados que en ella obtiene. Tal información es parte de lo que, por disposición legal, ha de mantenerse bajo reserva a fin de permitir un adecuado ejercicio de la libre iniciativa económica.</p>
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6) PRESENTACIÓN DE CLÍNICA LAS CONDES: Mediante presentación ingresada a este Consejo el 2 de septiembre de 2014, el representante de Clínica Las Condes S.A. solicitó a este Consejo la realización de una audiencia pública, con el fin de aportar y aclarar los antecedentes ya acompañados al Consejo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el órgano reclamado alega en sus descargos que el amparo formulado por don Rodrigo Rojas Palma no cumpliría con los requisitos que exige el inciso segundo del artículo 24 de la Ley de Transparencia, a saber, "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos quela configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso". A juicio de este Consejo, cabe rechazar dicha alegación, toda vez que el reclamante señala con toda claridad cuáles han sido las razones que el órgano reclamado a dado para no dar acceso a la información requerida, en este caso la oposición de terceros y el secreto tributario, además de acompañar copia de la solicitud de información y su respectiva respuesta, en donde se desarrollan estos hechos.</p>
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2) Que, tanto en su respuesta como en sus descargos, el SII invocó la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 35 del Código Tributario, pues considera que la información pedida queda cubierta por el deber de reserva o secreto tributario consagrado en el mencionado precepto. El inciso segundo del señalado artículo 35, contempla un deber de reserva para el Director del SII y para todos sus funcionarios, al señalar que: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".</p>
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3) Que este Consejo, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09).</p>
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4) Que, por lo tanto, resulta determinante evaluar si se configura el deber de reserva o secreto tributario en los términos expuestos respecto de la información solicitada en la especie, esto es, el "monto mensual de operaciones exentas y afectas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, en relación con el beneficio tributario otorgado en virtud del artículo 13 N° 7, del D.L. N° 825 Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios". De acuerdo a lo que informa el SII en sus descargos, para acceder a la información que se requiere, ésta se debe extraer del correspondiente Formulario N° 22, que a su vez da cuenta de información proveniente de los registros contables del contribuyente y del Balance General de Ocho Columnas que están obligados a confeccionar para los efectos tributarios al término de cada ejercicio, conforme a las normas de la Resolución Ex. N° 2.154, publicada en el D.O. de 24.07.91. Agrega que los contribuyentes cuya información se requiere, a saber, 12 personas jurídicas relacionadas a la prestación de servicios de salud, deben declarar dentro de sus ingresos aquellos obtenidos en el desarrollo de su giro. En la especie, las rentas obtenidas por los servicios prestados por las clínicas se encuentran, por regla general, afectas al Impuesto de Primera Categoría (artículo 20 N° 4 de la Ley de la Renta). Por su parte, dichos servicios se encuentran a su vez, afectos o exentos a IVA. Lo solicitado implica exponer información que tiene su correlativo en los ingresos informados en las declaraciones obligatorias de impuestos contenidas en los formularios Nos 22 y 29. De ello se desprende que, la información en análisis se refiere a datos patrimoniales de las 12 personas jurídicas descritas en la solicitud, en particular, a la cuantía de sus rentas, pérdidas, gastos y otros datos relativos a ellas en relación a los ejercicios comerciales 2011, 2012 y 2013, toda vez que la información de ventas y/o ingresos de dichos contribuyentes se vincula directamente con la cuantía de las rentas que éstas perciben, antecedentes que constan necesariamente en las declaraciones obligatorias realizadas ante el SII.</p>
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5) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo la información en comento queda cubierta por el deber de secreto o reserva tributario establecido en el artículo 35 del Código del ramo ya analizado, configurándose por ende a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, aplicable a su vez, en virtud de lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, rechazándose por lo tanto el presente amparo. Dicho criterio ha sido sostenido por este Consejo, en las decisiones de amparo roles C461-09, C1304-11 y más recientemente en la decisión del amparo rol C2092-13.</p>
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6) Que, en relación con la oposición de los terceros titulares de la información requerida, particularmente la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo estima innecesario pronunciarse a su respecto, en especial consideración a que se ha resguardado la información, por los razonamientos desarrollados en los considerandos anteriores, y con ello cualquier derecho que pudiera verse conculcado con la revelación de la misma.</p>
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7) Que, sin embargo, en el caso particular de la Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes S.A., pese a haber sido emplazada por el órgano, de conformidad con lo prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no se opuso a la entrega de la información pedida. Al respecto conviene aclarar que, a juicio de este Consejo, la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario, por una parte fija una obligación para la autoridad pública (en los términos descritos en el considerando 3° anterior), y como contrapartida a ella se genera lo que en doctrina se conoce como un derecho subjetivo público , que en este caso opera en favor del titular de dicha información. Por su naturaleza, dicho derecho subjetivo resulta ser esencialmente renunciable por quien mantiene su titularidad. Dicha interpretación, a juicio de este Consejo, resulta ser armónica con los efectos de la no oposición en tiempo y forma del tercero, que se derivan de la aplicación del citado artículo 20 de la Ley de Transparencia, en orden a que "se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información".</p>
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8) Que, en conclusión, habiendo el órgano reclamado acreditado en esta sede el envío de la comunicación correspondiente, y al no haberse opuesto en tiempo y forma la Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes S.A., procede que se dé aplicación a los efectos señalados en la norma comentada, y por tanto, se acogerá el amparo en este punto y se requerirá la entrega de los antecedentes solicitados en relación con la antedicha sociedad.</p>
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9) Que, finalmente, en cuanto a la solicitud de decretar una audiencia pública planteada por la representante de Clínica Las Condes S.A., se rechaza tal solicitud por considerarla innecesaria en la resolución de este amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Rodrigo Rojas Palma, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:</p>
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a) Entregar al solicitante la información correspondiente al monto mensual de operaciones exentas y afectas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, en relación con el beneficio tributario otorgado en virtud del artículo 13 N° 7, del D.L. N° 825 Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, correspondientes al contribuyente Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes S.A.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y a don Rodrigo Rojas Palma.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que el Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.</p>
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