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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C383-14</strong></p>
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Entidad pública: Ministerio de Justicia</p>
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Requirente: David Muñoz Caballero</p>
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Ingreso Consejo: 20.02.2014</p>
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En sesión ordinaria Nº 526 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de mayo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C383-14.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: David Muñoz Caballero presentó al Ministerio de Justicia, en adelante también el Ministerio, las siguientes solicitudes de información:</p>
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a) Por ordinario N° 27, de 15 de enero de 2014, solicitó la siguiente información: "en Septiembre de 2013, evacué una serie de documentos donde informaba y denunciaba de la expulsión a la que fui sometido por el Directorio y en especial su Presidente, del Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes, demostrando que se formó un Tribunal de Disciplina Especial para sancionarme, dicho tribunal no es el que el Ministerio de Justicia instruyó realizar en reunión extraordinaria para ese efecto" Solicita lo siguiente:</p>
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i. Se le informe si se amparó su denuncia, pues hasta la fecha no ha sido notificado, sino solo informado de que estaban estudiado sus antecedentes. Ello desde septiembre pasado a la fecha;</p>
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ii. Si se acogió su denuncia, solicita el nombre del fiscalizador;</p>
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iii. Si la denuncia la realizó en septiembre de 2013, de acuerdo a las Leyes Nº 19.880 y Nº 20.285, solicita saber cuánto es el tiempo límite de una fiscalización, de acuerdo a sus normativas;</p>
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iv. ¿Se informó al Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes que nuevamente está siendo fiscalizado? Considerando la consulta del numeral ii., en que supuestamente se informaría que fue admisible su denuncia.</p>
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b) Mediante ordinario Nº 26, de 15 de enero de 2014, invocando la Ley Nº 20.285 solicitó:</p>
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i. Toda la documentación enviada por el Ministerio de Justicia, al Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes entre Septiembre de 2013 a Enero de 2014;</p>
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ii. Toda la documentación enviada por la Secretaría Regional de Justicia V Región al Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes entre Septiembre de 2013 a Enero de 2014;</p>
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iii. Toda la documentación enviada por el Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes, entre Septiembre de 2013 a Enero de 2014 a la Secretaría Regional de Justicia V Región y Subsecretaría de Justicia.</p>
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En ambas solicitudes, el requirente citó expresamente la Ley N° 20.285.</p>
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2) RESPUESTA: El 5 de febrero de 2014, el Ministerio de Justicia respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. Nº 873, señalando, en síntesis, que:</p>
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a) El 14 de enero de 2014 ingresaron las solicitudes de información del reclamante, folios Nº AK001C-0000385 y AK001C-0000386. Luego de haber revisado los antecedentes disponibles en la Unidad de Fiscalización del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, los antecedentes solicitados son constitutivos de un procedimiento de fiscalización pendiente, el cual ha sido instruido en ejercicio de las facultades fiscalizadoras que el artículo 557 del Código Civil otorga a la Subsecretaría de Justicia. Por lo tanto, se configura la causal de secreto o reserva de la información establecida en el artículo 21 Nº 1 letra b), de la Ley de Transparencia, por tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción formal de una resolución, por lo que se encuentra impedido de acceder a las solicitudes en el marco de la citada Ley.</p>
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b) Sin perjuicio de lo anterior, la vía especialísima para solicitar el acceso a un expediente administrativo pendiente, previa acreditación de la correspondiente legitimación activa, la constituye la Ley Nº 19.880. Por tanto, en virtud del principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9º de dicha ley, procede a derivar las solicitudes a la OIRS a fin de que sea tramitada en virtud de la Ley N° 19.880.</p>
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c) Hace presente lo anterior, para que en lo sucesivo, sus requerimientos de acceso a expedientes de fiscalización en curso, sean presentados invocando la Ley Nº 19.880, dirigiéndose directamente a la Unidad de Fiscalización del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia.</p>
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3) AMPARO: El 20 de febrero de 2014, David Muñoz Caballero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Justicia, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Se señaló que la fiscalización es reservada, lo que impide obtener información para su legítima defensa, desconociendo los artículos 10, 11, 15, 16 y 17 de la Ley Nº 19.880.</p>
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b) Además, se le advierte que solamente pueda utilizar la Ley Nº 19.880 y no la Ley Nº 20.285, en circunstancias que ha sido denunciante por varios años y en plena fiscalización se le ha proporcionado documentación a través de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Requirió los nombres de quienes llevan la fiscalización, y no se le ha proporcionado, trasgrediendo el artículo 17 de la Ley N° 19.880. Solicita que se dé cumplimiento al artículo 17 de la Ley N° 19.880, en todos sus literales.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. Ministro de Justicia, mediante oficio N° 981, de 6 de marzo de 2014. Se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1º) se refiriese, específicamente, a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) indicase la etapa actual del proceso de fiscalización señalado en la solicitud de información, especificando la fecha en que se ordenó instruir y, si se encuentra concluido; (3°) señalase las razones por las cuales, estima procedente la derivación de la solicitud de acceso a los expedientes de fiscalización a la O.I.R.S del Ministerio, para que sea respondida por dicho departamento a través de la Ley Nº 19.880; (4º) se refiriese a las razones por las cuales estima inaplicable la Ley de Transparencia, a la solicitud de acceso a la información del reclamante, no obstante, que para denegar el acceso a la misma invoca una causal de reserva contemplada en dicha ley; e (5º) indicase las facultades fiscalizadoras y sancionatorias que tiene respecto al Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes, en su calidad de persona jurídica de derecho privado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 557 del Código Civil.</p>
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Mediante ordinario N° 2162, de 31 de marzo de 2014, el Sr. Subsecretario de Justicia presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:</p>
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a) La información solicitada forma parte de los antecedentes del proceso de fiscalización iniciado a raíz de denuncia que efectuara el propio solicitante de información el 21 de agosto de 2013.</p>
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b) En lo referente a las causales de reserva legal invocadas, se hace presente a usted que, tal como le fuera indicado al reclamante de autos, en el oficio que da respuesta a sus solicitudes de acceso a la información, esta Cartera de Estado invocó la causal de reserva legal establecida en la letra b) del N° 1, del artículo 21 de la Ley de Transparencia. al existir un procedimiento de fiscalización en curso, procedimiento efectuado conforme las competencias que este Ministerio posee respecto de las personas jurídicas de derecho privado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 557 del Código Civil, competencias que se detallarán más adelante, no procedía su entrega conforme las disposiciones de la Ley de Transparencia, por encontrarse los documentos requeridos dentro del expediente de fiscalización de la persona jurídica en comento, antecedentes que, de ser públicos, esto es, de divulgarse sin limitación respecto del uso de la información en él contenido, afectaría gravemente las facultades fiscalizadoras del Ministerio, entorpeciendo la investigación llevada a su respecto.</p>
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c) Atendida la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, como asimismo, aquellos indicados por el Consejo en la decisión de amparo Rol C650-10, en orden que los antecedentes que solicitaba el Sr. Muñoz Caballero constituyen antecedentes necesarios para resolver el procedimiento de fiscalización en curso; que la publicidad del procedimiento de fiscalización - sin restricción alguna - entorpecería de sobremanera la resolución de éste, dado que en base a los antecedentes que obran en el expediente de fiscalización, deben adoptarse las medidas que al efecto correspondan; no cabía más que invocar la causal de reserva legal prevista en la Ley de Transparencia respecto al requerimiento efectuado. En efecto, mientras no se haya adoptado la decisión, la divulgación de los antecedentes denunciados y que están siendo analizados - en el asunto en comento, por la Unidad de Fiscalización del Departamento de Personas Jurídicas de este Ministerio -, podría impedir que el órgano acceda a todos los antecedentes necesarios para la toma de la decisión, configurando de esta forma la causal de secreto o reserva establecida en el ya citado artículo.</p>
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d) Respecto a la etapa en que se encuentra el proceso de fiscalización, con el mérito de los antecedentes acopiados durante la etapa de instrucción de la fiscalización, se dictó el Oficio N° 1328, de 24 de febrero de 2014, por medio del cual se imparten al Círculo de Ex - Alumnos de la Escuela de Grumetes las instrucciones necesarias para subsanar las irregularidades comprobadas, en los términos a que se refiere el artículo 557 del Código Civil. Dicho acto administrativo no fue objeto de los recursos a que se refiere el artículo 59 de la Ley N° 19.880, por lo que la decisión contenida en él se encuentra firme y en etapa de cumplimiento, el cual debe ser verificado por ese Ministerio para los efectos de dar por finalizado el procedimiento.</p>
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e) Sostiene que la vía idónea para que el solicitante, parte interesada en el proceso de fiscalización, tuviese acceso al expediente, previa acreditación de su calidad de interesado, la constituye la Ley N° 19.880, y no la Ley de Transparencia. En lo concerniente a la inaplicabilidad de la Ley de Transparencia respecto de la solicitud del Sr. Muñoz Caballero, el Ministerio no ha invocado en parte alguna la inaplicabilidad de la Ley de Transparencia para el caso de la solicitud del reclamante, por el contrario, se tramita y se da respuesta a su solicitud en el marco de la Ley motivo por el cual se invoca, una causal de reserva legal que se encuentra dispuesta en dicho cuerpo normativo, por concurrir respecto de la solicitud presentada por el demandante, los supuestos que la configuran, de modo que no es efectivo que se haya invocado la inaplicabilidad de la Ley de Transparencia.</p>
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f) Respecto de las facultades fiscalizadoras que posee el Ministerio de Justicia respecto de la persona jurídica de derecho privado Círculo de Ex - Alumnos de la Escuela de Grumetes, se informa que, ellas se encuentran contenidas en el artículo 557 del Código Civil, y se dirigen a velar para que las asociaciones y fundaciones cumplan con sus estatutos, los fines que justificaron su constitución y las demás obligaciones pertinentes del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, pudiendo para ello requerir para su examen las actas de las asambleas y de las sesiones de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, así como cualquier otra información respecto del desarrollo de sus actividades. Con el mérito de estos antecedentes, el Ministerio de Justicia podrá ordenarles que subsanen las irregularidades que comprobare o que se persigan las responsabilidades pertinentes. Cabe anotar que, el incumplimiento de dichas instrucciones se mirará como infracción grave a los estatutos, según dispone el inciso final del citado artículo 557, habilitando a ese Ministerio para solicitar fundadamente al Consejo de Defensa del Estado el ejercicio de la acción judicial de disolución forzada de la entidad de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 559 letra c), N° 1 del Código Civil.</p>
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g) Luego de derivar internamente la solicitud efectuada por el reclamante y de comprobada la calidad de interesado que el reclamante posee en el proceso de fiscalización en curso, a través del Oficio Ord. N° 1606, de 06 de marzo de 2014, el Departamento de Personas Jurídicas de este Ministerio respondió al Sr. Muñoz Caballero, dándole respuesta a todas las consultas efectuadas en sus presentaciones, como asimismo, poniendo a su disposición en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la Región de Valparaíso, conforme el domicilio del reclamante, una copia física de los antecedentes requeridos, la que desde aquella época se encuentra en dichas dependencias, sin que el reclamante se haya apersonado a retirarlas.</p>
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h) Adjuntó copia de ordinario N° 1606, de 6 de marzo de 2014, del Jefe del Departamento de Personas Jurídicas, dirigido al solicitante, por el cual informa</p>
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i. De acuerdo a la Resolución Exenta N° 2010, de 6 de agoto de 2009, del Ministerio de Justicia, la reproducción del expediente solicitado implicó costos directos de reproducción, ascendentes a la suma de $ 25.848. Informó el lugar, fecha y hora para efectuar el pago y retiro de las copias solicitadas.</p>
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ii. En cuanto a la denuncia presentada por el solicitante, ésta motivó la iniciación de un procedimiento de fiscalización por parte del Departamento de Personas Jurídicas, el cual se encuentra a cargo del Jefe de la Unidad de Fiscalización de ese Departamento, Sr. Mauricio Viera Retamal.</p>
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iii. En lo concerniente al plazo de que dispone el Ministerio para resolver un procedimiento de fiscalización a una corporación o fundación, señala que la ley no fija plazo perentorio sino que, el curso progresivo del procedimiento se resuelve conforme a los principios de celeridad y economía procedimental. Sin perjuicio de ello, informa que las consultas y dudas puede dirigirlas a la Unidad de Fiscalización del Departamento de Personas Jurídicas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, el requirente presentó, el 15 de enero de 2014, dos solicitudes de información al Ministerio de Justicia. La primera de ellas - letra a) del N° 1 de lo expositivo- dirigida a que dicho órgano respondiera consultas vinculadas a una denuncia presentada por el propio solicitante, el 21 de agosto de 2013. En tanto, a través de la solicitud de la letra b) del N° 1 de lo expositivo, el reclamante requirió, específicamente, los antecedentes del proceso de fiscalización, especialmente los documentos recabados por el Ministerio, sea enviados por este y remitidos por el Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes, entre septiembre de 2013 y enero de 2014. Según los antecedentes allegados por la reclamada, la denuncia del solicitante, de agosto de 2013, dio lugar a un proceso de fiscalización conforme a las atribuciones del artículo 557 del Código Civil.</p>
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2) Que, cabe tener presente que el artículo 557 del Código Civil, dispone que "corresponderá al Ministerio de Justicia la fiscalización de las asociaciones y fundaciones. En ejercicio de esta potestad podrá requerir a sus representantes que presenten para su examen las actas de las asambleas y de las sesiones de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, así como cualquier otra información respecto del desarrollo de sus actividades. El Ministerio de Justicia podrá ordenar a las corporaciones y fundaciones que subsanen las irregularidades que comprobare o que se persigan las responsabilidades pertinentes, sin perjuicio de requerir del juez las medidas que fueren necesarias para proteger de manera urgente y provisional los intereses de la persona jurídica o de terceros. El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia se mirará como infracción grave a los estatutos".</p>
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3) Que, el Ministerio de Justicia en su respuesta denegó la entrega de la información solicitada, tanto por la letra a) como por la b) del requerimiento- por tratarse de información que formaba parte de un procedimiento de fiscalización en curso, razón por la que estimó aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia. Asimismo, señaló que la vía de acceso a expedientes en tramitación, previa verificación de la calidad de parte del requirente, era la Ley N° 19.880. Añadió en su respuesta que en lo sucesivo, las solicitudes de copias de expedientes de fiscalización en curso, debía ser presentados invocando la Ley N° 19.880 y no la Ley de Transparencia. En ese contexto, el Ministerio señaló haber puesto a disposición del reclamante la información solicitada,</p>
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4) Que, respecto de los argumentos del Ministerio en torno a que las solicitudes de expedientes de fiscalización en trámite, en lo sucesivo, debían ser presentadas por Ley N° 19.880, y no por la Ley de Transparencia, cabe señalar que la Ley Nº 19.880, establece en su artículo 16 el Principio de Transparencia y de Publicidad, conforme al cual "El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él", agregando a continuación que "salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia (...) son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación". A su turno, el artículo 17 de la Ley N° 19.880, establece, entre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, en su literal a), el de "Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa", reafirmándose, de esta forma, el criterio de este Consejo contenido en amparo Rol C737-10, en orden a estimar que la Ley de Transparencia constituye un mecanismo especial para acceder a la información propia de un procedimiento administrativo en curso, aplicable tanto a los terceros como a los propios interesados -calidad que posee el requirente- en dicho procedimiento.</p>
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5) Que en consecuencia, el interesado puede acceder, mediante la Ley de Transparencia, a copia de los documentos que rolan en el expediente administrativo, en ejercicio de su derecho consagrado en el artículo 17 letra a) de la Ley N° 19.880, no pudiendo restringirse dicha posibilidad ni limitarse a los solicitantes a requerir información solo a través de la señalada ley de procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho a conocer y obtener copia que establece el literal a) del artículo 17 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo no es absoluto, puesto que en virtud del transcrito artículo 16 es necesario analizar la procedencia de las excepciones a la publicidad establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y en otras normas particulares. Dicho criterio ha sido sostenido por este Consejo, en la decisión de amparo Rol C220-13.</p>
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6) Que en lo referido a las solicitudes que dieron origen al amparo de la especie, este Consejo estima pertinente distinguir entre ambos requerimientos. Si bien el Ministerio de Justicia alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) respecto de las dos solicitudes que originaron este amparo, la primera de ellas- letra a) de la solicitud - se encuentra dirigida a recabar respuesta a determinadas interrogantes planteadas por el requirente, que a juicio de este Consejo pudieron haber sido respondidas por el Ministerio de Justicia, sin que a su respecto pudiere haberse afectado el debido cumplimiento de sus funciones, según se detallará a continuación:</p>
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a) Por la solicitud del numeral i, se requirió "Se le informe si se amparó su denuncia, pues hasta la fecha no ha sido notificado, sino solo informado de que estaban estudiado sus antecedentes. Ello desde septiembre pasado a la fecha". Del contexto del requerimiento en análisis, cabe entender que el solicitante, al aludir a si su denuncia "se amparó", hace referencia a que el órgano le señale si, a la fecha de la solicitud, su denuncia fue o no acogida a tramitación. Esto por cuanto a esa fecha, solo había recibido información respecto de que su presentación estaba en estudio. A juicio de este Consejo, responder la consulta acerca de si se había o no acogido a tramitación, y por tanto, se había o no dictado algún acto a objeto de recabar antecedentes en ejercicio del procedimiento de fiscalización de que se trata, era una consulta que el Ministerio pudo responder, sin que pudiere verse afectada su labor fiscalizadora con la comunicación de dicha información. Por tanto se acogerá el amparo en esta parte. No obstante, el Ministerio señaló haber dado respuesta al solicitante sobre este punto, mediante oficio N° 1606, de 6 de marzo de 2014. Al tenor de lo informado por la reclamada en sus descargos, señaló que la denuncia fue acogida a tramitación, motivando la iniciación de un procedimiento de fiscalización. Por tanto, se entenderá satisfecha la solicitud, aunque extemporáneamente.</p>
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b) Respecto del requerimiento del numeral ii, de la letra a) del N° 1) de lo expositivo, relativo al nombre del fiscalizador a cargo de la tramitación de la denuncia, cabe tener presente que el artículo 17 letra b) de la Ley N° 19.880 establece, dentro de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, que éstas tienen derecho a "identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos". En ese contexto, a juicio de este Consejo, dar a conocer el nombre del funcionario a cargo de la fiscalización, a la fecha de la solicitud, no habría ocasionado una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Ministerio, cuestión que el Ministerio tampoco acreditó en esta sede. Por tanto se acogerá también el amparo en esta parte. Sin embargo, atendido que el Ministerio en sus descargos identificó al funcionario a cargo de la fiscalización, mediante oficio remitido al requirente el 6 de marzo de 2014, se tendrá por satisfecha la solicitud, aunque extemporáneamente.</p>
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c) Por la solicitud del numeral iii, de la letra a) del N° 1) de lo expositivo, se requirió "Si la denuncia la realizó en septiembre de 2013, de acuerdo a las Leyes Nº 19.880 y Nº 20.285, solicita saber cuánto es el tiempo límite de una fiscalización, de acuerdo a sus normativas". Dicha consulta constituye una solicitud de información al alero de la Ley de Transparencia, en la medida que conste en un soporte documental. De haber existido dicha información en alguno de los soportes que contempla el artículo 10 inciso 2° de la Ley citada, el Ministerio pudo haber respondido el requerimiento, sin que a esa fecha se hubiere visto afectada su labor fiscalizadora. Atendido lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte, sin perjuicio de tener por respondida la solicitud, aunque extemporáneamente, en mérito de lo informado por la reclamada en sus descargos.</p>
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d) Finalmente, por la solicitud del numeral iv de la solicitud en análisis, se requirió ¿Se informó al Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes que nuevamente está siendo fiscalizado? Considerando la consulta del numeral ii., en que supuestamente se informaría que fue admisible su denuncia". Por este requerimiento el solicitante pidió se le informase si el Ministerio de Justicia había comunicado a la entidad denunciada, si se encontraba realizando un procedimiento de fiscalización en su contra. Esta se trata de una consulta referida a un hecho pasado que pudo responderse negativa o afirmativamente. Al respecto, este Consejo ha concluido que se encuentran amparados por el derecho de acceso a la información aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, "si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado" (decisión de amparo Rol C539-10 y decisión de amparo Rol C603-09 y C16-10). Lo anterior, a juicio de este Consejo, pudo haber sido respondido a la fecha de la solicitud, sin afectar la labor fiscalizadora del Ministerio, por lo que se acogerá el amparo también en este parte. No obstante, atendido que el Ministerio informó en sus descargos que remitió al solicitante el oficio N° 1606, de 6 de marzo de 2014, por el cual informó al requirente que su denuncia dio lugar a un procedimiento de fiscalización, y que requirió antecedentes a la entidad fiscalizada, se desprende de dicha información que debió comunicar la fiscalización al Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes. Por tanto, se acogerá el amparo, sin perjuicio de tener por satisfecha la solicitud, aunque extemporáneamente.</p>
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7) Que, en lo que atañe a la solicitud del literal b) del N° 1) de lo expositivo, en sus numerales i, ii y ii, se requirieron los antecedentes remitidos y recibidos por el Ministerio de Justicia, en el marco de la fiscalización originada por denuncia del reclamante, y los antecedentes entregados por la entidad fiscalizada, tanto al Ministerio como a la SEREMI de Justica de la Región de Valparaíso. Del tenor de cada uno de los numerales que comprende esta solicitud, se entiende que lo requerido es el expediente, esto es, la totalidad de los antecedentes, que dan cuenta de lo obrado por el Ministerio en la fiscalización llevada a cabo a raíz de la denuncia del solicitante.</p>
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8) Que respecto de la causal de secreto o reserva alegada por el Ministerio, la reclamada invocó tanto en su respuesta como en sus descargos, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia, por la cual se podrá denegar total o parcialmente la información que se solicite cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Al respecto, y conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento del citado cuerpo legal, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Al respecto, cabe tener presente los criterios fijados por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A79-09 y C248-10, entre otras, en las que se ha sostenido que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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9) Que, en cuanto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, el Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa, en la especie, los antecedentes y documentos que debió requerir, generar y recabar, de la entidad privada Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes, a requerimiento del Ministerio de Justicia, en el marco del procedimiento de fiscalización originado por presentación del Sr. Muñoz Caballero, y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano, a saber, conforme al artículo 557 del Código Civil, según el caso, requerir a las personas jurídicas fiscalizadas que subsanen las irregularidades que pudieren comprobarse o que se persigan las responsabilidades pertinentes, sin perjuicio de requerir del juez las medidas que fueren necesarias para proteger los intereses de la persona jurídica o de terceros; de manera que sea claro que los antecedentes o deliberaciones originarán la resolución, medida o política de que se trata. En este caso, dicho requisito se ha verificado, dado que, de la normativa que regula la materia y de lo señalado por la reclamada, respecto de los documentos y antecedentes allegados al procedimiento de fiscalización a la fecha de la solicitud- el Ministerio no se había pronunciado sobre tales antecedentes- situación que solo aconteció el 24 de febrero de 2014, mediante la dictación del Oficio N° 1328, por la cual se impartieron a la entidad fiscalizada, instrucciones necesarias para subsanar ciertas irregularidades detectadas, en los términos del artículo 557 del Código Civil.</p>
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10) Que respecto del segundo requisito en comento -referido a la afectación concreta del debido cumplimiento de las funciones- el Ministerio de Justicia ha señalado que el conocimiento de los antecedentes, previo a la adopción de una decisión, "afectaría gravemente las facultades fiscalizadoras de ese Ministerio, entorpeciendo la investigación llevada a su respecto". Al respecto, este Consejo estima que la divulgación de la información a la época de la respuesta, razonablemente habría afectado las labores fiscalizadoras propias del Ministerio de Justica, en materia de personas jurídicas, respecto de una investigación que a la fecha del requerimiento de información se encontraba abierta. Por tanto, a juicio de este Consejo, procedía que el Ministerio denegará la solicitud de entrega de tales antecedentes, debiendo por tanto, tenerse por acreditada la causal, a la época de la solicitud, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte.</p>
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11) Que sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio junto a sus descargos, acompañó copia de oficio N° 1606, de 6 de marzo de 2014, por el cual informa al solicitante que puso a su disposición los antecedentes vinculados al procedimiento de fiscalización en comento, informando los costos directos de reproducción asociados a las copias de tales antecedentes. Sin embargo, según lo señalado por la reclamada, el solicitante no habría retirado tales antecedentes. Al respecto cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 20, inciso 4°, del Reglamento de la Ley, conforme al cual si el interesado "(...) no paga los costos y demás valores autorizados por la ley, ni retira la información solicitada dentro de los treinta días siguientes después de haber sido puesta a su disposición, los organismos públicos podrán ejercer las acciones correspondientes en su contra". Ello refrendado en la Instrucción General N° 6, punto 7, que prescribe: "Si el solicitante de la información no paga los costos directos de reproducción dentro del plazo de 30 días, el órgano o servicio no estará obligado a reproducir la información y quedará sin efecto la solicitud de acceso (...)". En consecuencia, sobre la materia, deberá estarse a las señaladas disposiciones</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por David Muñoz Caballero, en contra del Ministerio de Justicia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, sin perjuicio de tener por respondidas la solicitud del literal a) del N° 1), aunque extemporáneamente.</p>
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II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a David Muñoz Caballero y al Sr. Subsecretario de Justicia.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero Don Alejandro Ferreireo Yazigi no concurre al presenta acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia, don David Ibaceta Medina.</p>
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