<p>
<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C452-14</strong></p>
<p>
Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos</p>
<p>
Requirente: Estudio Jurídico Vicent y Asociados Limitada</p>
<p>
Ingreso Consejo: 05.03.2014</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 560 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de octubre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C452-14.</p>
<h3>
VISTO:</h3>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<h3>
TENIENDO PRESENTE:</h3>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de enero de 2014, el Estudio Jurídico Vicent y Asociados Limitada solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante también SII) "información de propiedades asociadas a los siguientes RUT, incluyendo rol de avalúo, comuna, y, si se tiene, datos de inscripción en el CBR respectivo (foja, N°, año y CBR)". Describe en su solicitud un total de 18 números de RUT, 8 de ellos de personas jurídicas y los restantes 10 de personas naturales.</p>
<p>
2) RESPUESTA: El servicio requerido respondió a la solicitud antes descrita, mediante Resolución Exenta N° 431, de 17 de febrero de 2014, del Subdirector Jurídico (S), en los siguientes términos:</p>
<p>
a) Deniega la entrega de la información por aplicación de las causales de reserva contempladas en los Nos 1, 2 y 5, del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Lo anterior se funda en que la publicidad que el Servicio ha dispuesto en relación con los inmuebles que integran el catastro, necesario para la administración del impuesto territorial, tienen un carácter real y no personal, toda vez que se refiere a esos predios en calidad de bienes tasados y no en cuanto a propiedades de una persona determinada, tal como lo demuestra el criterio de búsqueda en el portal web del SII. Esto busca equilibrar, por una parte, el valor de la transparencia respecto de las tasaciones practicadas por este organismo, y, por la otra, el resguardo de los derechos de las personas en su manifestación de intimidad económica y respeto de su vida privada, pues no es posible olvidar que en la gran mayoría de los casos, la ubicación de un inmueble coincide con la dirección de la habitación o morada de la persona y su familia, particularmente en este caso, en que parte de lo requerido son datos referidos a personas naturales identificadas o identificables.</p>
<p>
b) A mayor abundamiento, la divulgación masiva de todas las propiedades asociadas a un mismo contribuyente identificado a través de su nombre o RUT implicaría revelar una de las fuentes de sus rentas gravadas con el impuesto de primera categoría, toda vez que la propiedad inmobiliaria es susceptible de constituir una fuente de renta para su dueño, usufructuario o para quien la explote a un título diverso a los antes indicados, de tal forma que el artículo 20 N° 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta grava con el impuesto de primera categoría a la renta proveniente de los bienes raíces, estableciendo, incluso, en ciertos casos, un sistema de presunción de renta que toma como base imponible precisamente el avalúo fiscal determinado para los efectos del impuesto territorial. Asimismo, la ley permite descontar del monto del impuesto de primera categoría el impuesto territorial pagado en los casos y condiciones que esa misma norma prevé.</p>
<p>
c) Bajo la perspectiva antes indicada, acceder a informar "propiedades asociadas a los siguientes RUT", implicaría por una parte revelar datos personales de múltiples personas naturales, como su domicilio, cuya divulgación sin previo y expreso consentimiento del titular, no es permitido conforme a la Ley N° 19.628, y, por la otra, conllevaría para los funcionarios de este organismo transgredir el deber funcionario que les impone el artículo 35 del Código Tributario, pues, los artículos 3° y 16 de la Ley sobre Impuesto Territorial, como también el artículo 76 del Código Tributario, disponen que el Servicio puede recabar información de distintas fuentes, como son aquellas que obligatoriamente deben proporcionarle las municipalidades, notarios y conservadores del país, cuyo fin exclusivo es "para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias", sin que exista norma expresa que le autorice para aplicar la información que se le proporciona o que recopila o a la que accede, a ningún otro propósito que no sean los ya señalados.</p>
<p>
d) Así, dado que para los efectos de la recopilación de información a que se refieren los artículos 16 de la Ley sobre Impuesto Territorial y el artículo 76 del Código Tributario, los Conservadores de Bienes Raíces (CBR) deben presentar la "declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces" también se configura la hipótesis prohibitiva consagrada en el artículo 35 del Código Tributario, pues se trata de declaraciones obligatorias sobre antecedentes que permiten conocer la fuente y cuantía de las rentas, lo que configura la causal denegatoria del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación al artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal.</p>
<p>
e) Además de lo anterior, en el presente caso, atendido el número de personas o contribuyentes por cuyos datos se consulta, no resulta posible requerirles su pronunciamiento previo dentro de los plazos que establece la Ley de Transparencia, sin afectar con ello el debido cumplimiento de las funciones de este organismo, lo que de suyo verifica la causal denegatoria prevista en el artículo 21 N° 1 de dicho cuerpo legal.</p>
<p>
f) Sin perjuicio de los anterior, la información concerniente a las inscripciones registrales mediante las cuales se efectúa la tradición de los bienes raíces, se encuentran permanentemente a disposición de la ciudadanía a través de los registros que llevan los CBR. En razón de lo anterior, dado que el medio de publicidad que la ley ha fijado para saber los datos de inscripción conservatoria de un cierto inmueble no es por vía de este Servicio sino de los CBR, se configura la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, sin que sea en este caso procedente la derivación que este precepto prevé, toda vez que esos organismos no forman parte de la Administración del Estado.</p>
<p>
g) A mayor abundamiento, respecto de la individualización y ubicación de los CBR, de conformidad a lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, especifica dos links (www.poderjudicial.cl y www.notariosyconservadores.cl) a través de los cuales podría acceder a dicha información.</p>
<p>
3) AMPARO: El 5 de marzo de 2014, don Alvaro Villa Vicent, actuando en representación del Estudio Jurídico Vicent y Asociados Limitada, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Impuestos Internos, por la denegación a la entrega de la información solicitada.</p>
<p>
Funda su amparo, en general, en los siguientes argumentos:</p>
<p>
a) En cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, señala que no es efectivo que la cantidad de números de RUT consultados afecten los tiempos de respuesta, pues, de haber querido hacerlo, hubiere bastado con que el referido Servicio hubiera emitido 18 consultas simultáneamente, no apareciendo que exista ningún antecedente, ni jurídico ni fáctico, que permita sostener que cuando el Servicio debe requerir el pronunciamiento de más de un contribuyente, deba hacer una consulta en pos de otra. A su juicio "no aparece que la publicidad de la información requerida afecte o pueda afectar derechos de las personas, por cuanto... el hecho de encontrarse vinculada una propiedad a alguien en las bases de datos que maneja el SII, no está amparado por ninguna obligación de secreto".</p>
<p>
b) En relación con la causal del numeral 2, del citado artículo 21, señala que la respuesta dada por el órgano, "por ambigua y vaga, derechamente no puede entenderse". Insiste en que el hecho de ser dueño de una propiedad, no está amparado en ninguna obligación de secreto.</p>
<p>
c) Finalmente, afirma la improcedencia de alegar la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en un triple alcance:</p>
<p>
i. Sobre si la divulgación de lo pedido implicaría divulgar algo susceptible de constituir fuente de renta para su dueño, usufructuario o para quien explote a cualquier título, en los términos del artículo 20 N° 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, señala que ello no es efectivo. "En ninguna parte consta que las propiedades que eventualmente se asocien a los RUT que interesan (y decimos "eventualmente" porque esta parte aún no sabe, pues el Servicio no lo ha querido decir, si hay o no propiedades asociadas a ellos) generen renta para sus dueños". Agrega que es el mismo SII quien informa en sus certificados de Avalúo Fiscal que la vinculación de una propiedad a un contribuyente "no acredita dominio de la propiedad".</p>
<p>
ii. Tampoco está de acuerdo en que la publicidad de la información requerida implique necesariamente revelar datos como el domicilio de un contribuyente, lo que no sería permitido conforme a las normas de la Ley N° 19.628. Insiste en que ese dato no es objeto de la solicitud.</p>
<p>
iii. Por último, sobre la eventual transgresión al deber funcionario del artículo 35 del Código Tributario, argumenta que la información pedida no está referida ni a la cuantía ni a la fuente de las rentas, ni a las pérdidas, ni a los gastos ni a ningún dato relativo a ellas. La información requerida no figura en declaraciones obligatorias.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 1.076, de 12 de marzo de 2014, al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. A través de presentación de 7 de abril de 2014, el Sr. Subdirector Jurídico del SII, presentó los descargos y observaciones del organismo reclamado, en los siguientes términos:</p>
<p>
a) En cuanto a la naturaleza de los datos, el SII señala que el artículo 1° de la Ley N° 17.235, prescribe: "Establécese un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado de conformidad a las disposiciones de la presente ley". Describe que la base imponible del impuesto en cuestión está compuesto por el avalúo o tasación del bien raíz de que se trate y dicha tasación se efectúa por el Servicio. Asimismo, este impuesto que se calcula sobre el valor fiscal del predio, tiene por contribuyente al propietario del predio en carácter de "impuesto real", esto es, aquel que solo atiende a una cierta manifestación de capacidad económica, sin mirar las condiciones personales o particulares del contribuyente. Así, para el Impuesto Territorial es indiferente la potencia patrimonial del contribuyente, pues la medida de lo debido sólo surge del valor objetivo de la cosa y la tasa que sobre dicho valor se aplique. De lo anterior se sigue que para este impuesto, la identidad y circunstancias de quien lo pague o soporte, en principio, carece de otra relevancia que no sea sencillamente identificar al contribuyente de la prestación. Luego agrega que el Servicio, para el cumplimiento de su función, tasa bienes inmuebles respecto de los que la ley impone un impuesto, el que recae, en último término, en quien aparece como propietario del inmueble, calidad esta última que se adquiere en virtud de diversos hechos o actos jurídicos en que las personas incurren o celebran con relación a los bienes gravados. Estos hechos o actos jurídicos, como es manifiesto, dan cuenta de operaciones de orden privado de contenido económico entre particulares y que forman parte de su vida privada, por lo que los datos en que aquéllos consisten tienen una naturaleza igualmente privada, desde que su causa, origen y contenido está referida a actuaciones ocurridas entre particulares, materializadas en su propio interés. Sobre este último argumento, cita el considerando 14, de la decisión del amparo C631-13, de este Consejo.</p>
<p>
b) En refuerzo de su postura, el órgano reclamado reproduce lo señalado por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en el reclamo de ilegalidad Rol N° 448-2013, la cual, tratándose de la petición de acceso a los datos de "foja, número y año de la inscripción de dominio" sostuvo: "En estricto rigor, los datos indicados precedentemente son de propiedad de las personas propietarias de los inmuebles. La función que corresponde al SII es el reunir la información para lo que son sus fines propios derivados de su naturaleza de autoridad tributaria. También resulta efectivo que la información contenida en las bases del SII, no constituye una que esté asociada a un acto o resolución de un servicio público, ni a sus fundamentos, ni a los documentos que le sirvan de complemento directo y esencial, ni se trata de procedimientos públicos, conforme la exigencia para estimar como públicos los actos y resoluciones de la Administración, conforme lo establece el artículo 8° de la Constitución. En el caso, la información requerida, más bien se refiere a la celebración de actos jurídicos enteramente privados, de naturaleza patrimonial, que celebran las personas en relación con sus propiedades. Luego también incide en la materia, la garantía del derecho de propiedad, previsto en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental".</p>
<p>
c) Agrega luego que la ley otorga al Estado el privilegio de acceder a informaciones de la intimidad económica de los particulares, en exclusiva consideración a que, si así no lo hiciera, sería ostensiblemente ineficaz e ilusoria la obligación tributaria, pues se tornaría en extremo gravoso sino imposible lograr su determinación y velar por su cumplimiento. La captura de los datos referidos a los inmuebles, no sólo tiene incidencia en la determinación del Impuesto Territorial sino que también constituyen antecedentes que puede ser reveladores de ingresos, inversiones y gastos efectuados por un contribuyente, y de lo cual puede desprenderse efectos para la debida determinación de otros impuestos como son, principalmente, los contenidos en la Ley de Impuesto a la Renta. Así queda de manifiesto en el citado artículo 76 del Código Tributario que obliga a notarios y funcionarios encargados de registros públicos a informar las transferencias de bienes, hipotecas y otros asuntos que sean susceptibles de revelar la renta de cada contribuyente y cuya incidencia es posible apreciar, por ejemplo, en el artículo 70 del D.L. 824 sobre Impuesto a la Renta. Todas esas manifestaciones particulares se encuadran en la potestad general que en esta materia consagra el párrafo 1°, del Título IV del Libro I, del Código Tributario, dedicado al "examen y secreto de las declaraciones".</p>
<p>
d) En relación al principio de finalidad, el SII explica que los datos que captura en ejercicio de sus competencias, están inequívocamente referidos a las actuaciones que los contribuyentes efectúan en el ámbito de su acción privada y respecto de las cuales la ley otorga el privilegio de acceso al Servicio, con el exclusivo fin de que éste efectúe o verifique la correcta determinación de los impuestos cuyos elementos consustanciales estén asociados a dichas acciones de la órbita privada de las personas. En este sentido, la ley es meridianamente clara al asignar una finalidad específica a la captura de los datos privados de los contribuyentes, y tales fines exclusivos son únicamente los relacionados con la determinación de los elementos de los impuestos, como surge en lo pertinente de las siguientes normas: "para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias" (artículo 60 del Código Tributario), "obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieran adeudarse" (artículo 63 del Código Tributario), "para estos efectos (los de tasación de los bienes raíces), el Servicio podrá requerir de los propietarios la información de sus propiedades" (artículo 3° de la Ley N° 17.235). Asimismo, el artículo 16 de la Ley N° 17.235, establece que el Servicio debe mantener actualizados los roles definitivos de los avalúos de los bienes raíces del país, finalidad para la cual puede utilizar, entre otras, las fuentes de información que indica, las que incluyen la información que debe ser proporcionada al Servicio, en la forma y oportunidad que este determine, por los conservadores de bienes raíces y que emana de las inscripciones por ellos practicadas. De esta manera, a semejanza de lo que sucede en materia de datos personales según el artículo 9° de la Ley N° 19.628, en el ámbito tributario el legislador ha sido categórico en designar la finalidad exclusiva conforme a la cual el Servicio de Impuestos Internos está autorizado a indagar en la intimidad económica de los contribuyentes y recabar los datos privados de que son titulares y ello es únicamente para los fines tributarios. Cita al efecto, nuevamente, la sentencia Rol N° 448-2013.</p>
<p>
e) Menciona a continuación que los datos que obran en las bases de datos del Servicio provienen de fuentes no accesibles al público como son las peticiones de modificación catastral que formulan los propietarios de los inmuebles y las declaraciones juradas que notarios y conservadores efectúan en cumplimiento de la ley y de las disposiciones administrativas vigentes.</p>
<p>
f) En otro orden de ideas el Servicio reitera que el secreto tributario es el necesario contrapeso al excepcional privilegio de acceso que la ley otorga a la Administración Tributaria en razón de la especial naturaleza de la obligación de que se trata, cuya eficacia depende, en definitiva, de limitar parcialmente y sólo en la medida de lo estrictamente necesario, la órbita de respeto de la vida privada de los contribuyentes, con el único objetivo de hacer posible la determinación del quantum del tributo y con ello satisfacer un interés público prevalente, cual es, la obtención de los recursos que permitan subvenir las necesidades públicas, objetivo primario de la existencia del Estado. Luego, el secreto tributario a la vez que deber y prohibición es garantía dada por el Estado a los particulares acerca de que la afectación de sus derechos será mínima y necesariamente proporcionada a la exclusiva consecución del fin que justifica la irrupción, creando así de paso, el clima de seguridad y certeza que requieren los contribuyentes para proporcionar voluntariamente la información requerida y permitir el acceso a sus datos por parte del Servicio. En efecto, esta garantía permite generar la convicción en los contribuyentes que los datos que proporcionen serán resguardados por el Estado, el que evitará que sean conocidos por terceros y que los titulares de los datos sean objeto de molestias por sus decisiones económicas, gastos, tratativas civiles o comerciales y en general impidiendo toda otra clase de intromisiones en los actos gracias a los cuales ejercen su libertad económica privada. Por otra parte, tal como se deprende del artículo 76 del Código Tributario, la obligación que la ley impone a notarios y otros funcionarios encargados de registros públicos de informar al Servicio mediante declaraciones juradas acerca de las transferencias de bienes, hipotecas y otros asuntos, tiene por fundamento que se trata de hechos y actos que son susceptibles de revelar la renta de cada contribuyente, de tal suerte que, a su respecto, se configura la hipótesis prohibitiva del inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. Cita al efecto lo razonado por este Consejo en su decisión de amparo Rol C1304-11.</p>
<p>
g) Un aspecto relevante a considerar en el presente caso, es la posible afectación de datos personales de contribuyentes, personas naturales, respecto de quienes se requiere divulgar los bienes raíces que aparecen asociados a ellos en las bases de datos del Servicio. En efecto, es un hecho evidente que para la gran mayoría de las personas de nuestro país, la dirección del inmueble de su propiedad coincide con la dirección de su domicilio, residencia o morada, de tal suerte que la revelación de la ubicación del inmueble conlleva necesariamente informar el domicilio de la persona y su familia. Agrega que la entrega de los datos de inmuebles asociados a un RUT, implica de suyo una afectación a la órbita de la vida privada de las personas, tal como lo consignó la tantas veces citada sentencia Rol N° 448-2013 de la Corte de Santiago, en su considerando duodécimo.</p>
<p>
h) Las consideraciones antes expuestas también son aplicables, en lo pertinente tratándose de las personas jurídicas respecto de las que se pide revelar las propiedades que registran asociadas a ellas en las bases del Servicio. Así, gozan del derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, la libertad para adquirir toda clase de bienes, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, la libertad de asociación y, en lo que aquí interesa, el derecho a la vida privada en su vertiente de "intimidad patrimonial"; esto es, la facultad de escoger el mantener ciertas actuaciones suyas alejadas de las miradas de terceros ajenos a los intereses que constituyen los fines de la persona y que es, por tanto, un medio para desarrollar sus actividades económicas en condiciones de igualdad competitiva. Así por ejemplo, encontramos el secreto de la contabilidad que establece el Código de Comercio o el deber de secreto "respecto de los negocios de la sociedad y de la información social" que la Ley de Sociedades Anónimas impone a los directores de esas compañías (artículo 43 de la Ley N° 18.046). Por tanto, divulgar la asociación RUT / ROL y los datos de registro conservatorio informados al Servicio, implica una afectación a los derechos de las personas naturales y jurídicas en cuanto a la intimidad económica o patrimonial de que gozan en virtud del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, en relación con el artículo 8° de la Carta Fundamental y que es causal de secreto acorde al 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
i) Luego vuelve a hacer suyos los argumentos planteados en el citado fallo Rol N° 448-2013, que consignó en su considerando noveno, la existencia del ejercicio del derecho de propiedad sobre los datos, al señalar que: "en estricto rigor, los datos indicados precedentemente son de propiedad de las personas propietarias de los inmuebles".</p>
<p>
j) En relación con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, señala la reclamada que, habida cuenta de la naturaleza del requerimiento, en cuya virtud un Estudio Jurídico pide asociar el RUT y/o nombre de un conjunto de personas identificadas o identificables con los roles de bienes raíces que aparezcan como suyos, existe el riesgo cierto que esta clase de peticiones pueda multiplicarse con números aún mayores de personas o RUTs consultados, implicando su eventual atención una distracción indebida en el cumplimiento de las funciones del Servicio. De esta manera, el Servicio, de conformidad a la garantía de igualdad de tratamiento y no discriminación arbitraria a que están obligados los órganos del Estado, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, está obligado a responder de la misma manera, sea que el requerimiento abarque 780, 500, 150, 50 o 18 RUTs, y sea que dichas consultas se efectúen de una sola vez o divididas en múltiples peticiones de números pequeños durante largo tiempo, como por lo demás, lo sugiere el mismo reclamante al decir en el punto 9 de su escrito: "Mi parte reunió en una sola petición Solicitud de Información en relación con 18 RUT y esa repartición nos indicó, indirectamente, que debíamos presentar 18 solicitudes distintas, una por cada RUT..."</p>
<p>
k) Finalmente el SII hace referencia a los fines de la Ley de Transparencia, el test de interés público y la ausencia de interés legítimo. Señala al respecto que "el entendimiento jurisprudencial acerca de la legitimidad de los fines ínsitos en toda petición efectuada al amparo de la Ley N° 20.285, no pugna con el principio de la no discriminación consagrado en el artículo 11 letra g) de la Ley, pues lo que dicho precepto consagra es que la Administración no puede imponer como requisito que las solicitudes que se le formulen indiquen expresión de causa o motivo; pero ello no significa que tales peticiones carezcan de causa, interés, motivo o finalidad, pues siempre la tienen, aunque la misma no precise ser revelada a la Administración para que emita pronunciamiento". Agrega que el derecho de acceso no es un derecho absoluto, sino que se desenvuelve dentro de un contexto normativo mayor en el que encuentra su propia justificación, pues se trata de una herramienta para el perfeccionamiento democrático y no para propiciar la transgresión del sistema jurídico democrático delineado en la Constitución, pues si tal fuere el predicamento, la misma ley devendría inconstitucional y no podría órgano alguno aplicarla en esa medida. El SII no logra advertir cuál es el interés público que en este caso otorga razonabilidad a la petición de acceso, ni cómo el acceder a la información solicitada contribuirá al control ciudadano de las instituciones del Estado, al fortalecimiento de la democracia y a la prevención de la corrupción y opacidad en la toma de decisiones de los órganos públicos. Declara por último que "corresponderá a ese Consejo alumbrar y justificar el modo a través del cual en el presente caso tan altos fines se consiguen, si luego de efectuar la ponderación de los bienes jurídicos en juego mediante el "test de daño", estima dar acceso a la nómina circunstanciada de todos los bienes raíces de los contribuyentes, asociados a sus números de RUT, revelando con ello, la fuente y cuantía de sus rentas y el domicilio de un número indeterminado de personas naturales".</p>
<h3>
Y CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que ante la solicitud objeto del presente amparo, consistente en los datos del rol de avalúo, comuna, y datos de inscripción en el CBR respectivo (foja, número, año y CBR) de las propiedades asociadas a los 18 RUT que se individualizan; el SII denegó el acceso a su entrega, bajo el fundamento de que concurrirían a su juicio las causales de reserva contempladas en los Nos 1, 2 y 5, del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por ello, corresponde a este Consejo resolver acerca de la publicidad de la información pedida y la procedencia o improcedencia de las causales alegadas.</p>
<p>
2) Que, como primera cuestión a tener en cuenta, tal y como se razonó con ocasión de la resolución del amparo C592-11, que la información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción es vertida en el formulario N° 2.890 por el Notario y el Conservador respectivos, remitiéndola al SII mediante el formulario N° 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y de acuerdo a los dispuesto en la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004 del SII. De ello se desprende que la información pedida obra en poder del SII, con el principal objetivo de que éste pueda ejercer las potestades que le encomienda la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, que establece un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado por el propio órgano de conformidad a las disposiciones de dicha ley. En conclusión, conforme a lo prescrito en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, los datos objeto del presente amparo constituyen información, en principio, pública, salvo la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) Que, en relación con la primera causal de reserva invocada por el órgano reclamado, del artículo 21 N° 1 de la citada Ley de Transparencia, el SII plantea en su respuesta que "atendido el número de personas o contribuyentes por cuyos datos se consulta, no resulta posible requerirles su pronunciamiento previo dentro de los plazos que establece la Ley de Transparencia, sin afectar con ello el debido cumplimiento de las funciones de este organismo". Luego en sus descargos la reclamada agrega que "existe el riesgo cierto que esta clase de peticiones pueda multiplicarse con números aún mayores de personas o RUTs consultados, implicando su eventual atención una distracción indebida en el cumplimiento de las funciones del Servicio. De esta manera, el Servicio, de conformidad a la garantía de igualdad de tratamiento y no discriminación arbitraria a que están obligados los órganos del Estado, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, está obligado a responder de la misma manera, sea que el requerimiento abarque 780, 500, 150, 50 o 18 RUTs".</p>
<p>
4) Que en virtud de la causal legal invocada se podrá denegar, total o parcialmente, lo requerido cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de requerimientos referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En este sentido, como reiterada y consistentemente ha declarado este Consejo a partir de su decisión Rol A96-09, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Dicha afectación debe ser presente, probable y específica para justificar la reserva. En el presente amparo, a juicio de este Consejo, el órgano sólo ha enunciado eventuales circunstancias de hecho, sin aportar antecedentes ni describir de qué manera se produciría la afectación o menoscabo alegados. Es más, en la hipótesis en que fuera necesario dar traslado a los terceros titulares de la información que se requiere, no se evidencia en qué sentido en el presente caso el envío de solo 18 cartas certificadas, tendría el efecto de distraer las funciones habituales de un servicio como el reclamado. Por otra parte, este Consejo no comparte la interpretación dada por el órgano reclamado, en cuanto a que, en caso de tener que dar aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, estaría obligado a responder de la misma manera -o sea, rechazando la entrega- sea que se trate de "780, 500, 150, 50 o 18 RUTs" y su particular interpretación a este respecto del derecho constitucional de igualdad ante la ley. Justamente la causal de reserva en comento, implica un análisis casuístico que permita determinar si, en el caso concreto, las acciones que debe desplegar el órgano de la Administración del Estado que le permitan cumplir con su obligación de informar, representan o no una indebida distracción de sus funciones, insistimos afectación que debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. Dicha ponderación, en nada podría afectar el principio de igualdad citado, entendido como la prohibición de establecer discriminaciones arbitrarias, y no como una absoluta isonomía sin distinciones como parece interpretar en este punto el SII, interpretación ésta última superada en la doctrina nacional . Por todo lo anterior, será desechada la causal de secreto del artículo 21 número 1, en el presente caso.</p>
<p>
5) Que, en cuanto a la segunda causal de reserva invocada por el SII, a saber, aquella consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se justifica la reserva de la información en el caso que su divulgación tenga el mérito de afectar los derechos de las personas, el Servicio reclamado estima que la entrega de los datos requeridos podría afectar los derechos de las personas, tanto naturales como jurídicas, titulares de los mismos.</p>
<p>
6) Que en relación con la alegación efectuada por el órgano reclamado en orden a que no resulta posible vincular la identidad de una persona con su condición de propietario de un bien raíz, por tratarse de un dato personal, protegido por la Ley N° 19.628; conviene tener presente que, tal como ya lo señaló este Consejo en la decisión que resolvió amparos Roles C577-11 y C639-11, "la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma -lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros-, no requiere autorización de sus titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.628".</p>
<p>
7) Que el SII agrega como argumento en el presente amparo, respecto a las personas naturales, que, a su juicio, "es un hecho evidente que para la gran mayoría de las personas de nuestro país, la dirección del inmueble de su propiedad coincide con la dirección de su domicilio, residencia o morada, de tal suerte que la revelación de la ubicación del inmueble conlleva necesariamente informar el domicilio de la persona y su familia. Agrega que la entrega de los datos de inmuebles asociados a un RUT, implica de suyo una afectación a la órbita de la vida privada de las personas". Luego agrega que "las consideraciones antes expuestas también son aplicables, en lo pertinente tratándose de las personas jurídicas respecto de las que se pide revelar las propiedades que registran asociadas a ellas en las bases del Servicio". Sobre este punto, procede tener presente, tal como se hiciera a propósito de la decisión de amparo Rol C575-09, que la información que obra en poder del órgano reclamado referida a la enajenación de un bien raíz -propietario-, que consta en la respetiva escritura pública y la posterior inscripción de la misma, "son datos públicos, de acuerdo al artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de 1857, que declara públicos los Registros que lleva el Conservador. A esto se debe agregar que uno de los registros que aquél debe llevar es el Registro de Propiedad, en que se inscriben las translaciones de dominio, según disponen los artículos 31 y 32 del aludido Reglamento. Por último, según lo dispuesto en el artículo 52 del referido Reglamento, los títulos translaticios de dominio deben inscribirse en el Conservador respectivo". En el mismo sentido se razonó al resolver el amparo C1248-12, en donde lo requerido fue la base catastral de bienes raíces. Finalmente, cabe recordar que el propio Servicio de Impuestos Internos, al evacuar sus descargos con ocasión de la resolución del amparo Rol C927-12, reconoce que "la información faltante (nombre de propietario) se encuentra a disposición del peticionario, ya sea en el Rol Semestral de Contribuciones que está permanentemente a disposición del público en las oficinas de ese Servicio, o a través de la página web del SII, específicamente Menú Bienes Raíces, donde con RUT y clave personal, puede obtener una serie de información de las propiedades -dentro de las cuales se incluye el dato señalado- con el sólo ingreso del Rol de las mismas".</p>
<p>
8) Que, en relación al nombre del propietario y su vinculación a un bien raíz determinado, este Consejo en su decisión de amparo Rol C927-12, ante la solicitud de copia del libro Rol de Cobro Comunal a nivel nacional, razonó que el "SII ha indicado que dispone de bases de datos en que se encuentran vinculados el rol de una determinada propiedad con el nombre del propietario que aparece registrado en el SII (...) Por lo tanto, a fin de dar respuesta cabal a la solicitud del reclamante, se requerirá al órgano reclamado, entregar al reclamante la base de datos que permite asociar el rol de los bienes raíces sobre los que versa su consulta a su propietario, en un formato tal que permita al reclamante incorporar el nombre del propietario en la base de datos que contiene los demás antecedentes del Rol de Cobro Comunal". Dicha decisión fue reclamada de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que fue rechazado por sentencia de 5 de agosto de 2013, ratificando lo resuelto por este Consejo. El 5 de septiembre de 2013, el reclamante del amparo citado informó a este Consejo el haber recibido la información de parte del SII, en cumplimiento a dicha decisión.</p>
<p>
9) Que, por tanto, a juicio de la mayoría de los integrantes de este Consejo, la información sobre la propiedad de un bien raíz asignada a una persona natural o jurídica, es información que consta en bases de libre acceso al público, razón por la cual no se considera que su acceso pueda afectar alguno de sus derechos, por lo que será desechada la configuración de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegada por el SII.</p>
<p>
10) Que no cabe acoger lo señalando por el SII en cuanto a los fines de la Ley de Transparencia y el objetivo perseguido por el reclamante, ya que, como ha señalado de manera reiterada este Consejo, en decisiones de amparo Roles A117-09, C434-09 y C539-09, entre otras, el principio de la no discriminación, establecido en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, exige a los órganos de la Administración del Estado proporcionar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin expresión de causa o motivo para su requerimiento, por lo tanto, el motivo o interés que tuviese el requirente no debe ser considerado para denegar la información solicitada.</p>
<p>
11) Que, en relación a la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, resulta igualmente procedente seguir lo argumentado con ocasión de la decisión del amparo Rol C592-11, en cuanto a que, revisado por este Consejo el citado Formulario N° 2890, "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", no se observa cómo la información en él contenida pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. En efecto, la información vertida en dicho formulario, que dice relación con la identificación de quienes concurren a la enajenación de un bien raíz, los datos del inmueble, monto de enajenación y forma de pago, datos del título traslaticio de dominio y de la inscripción en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, a juicio de este Consejo no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2° N° 1 del Decreto Ley N° 824, Ley Sobre Impuesto a la Renta, y, por lo tanto, ha de estimarse que, en la especie no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SII. Ello por cuanto dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino que sólo los datos de la transacción de un inmueble determinado, y los montos involucrados en dicha transacción, montos que, bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que, si bien en dicha transacción se obtiene un crédito que engrosara el patrimonio, esto va unido a una contraprestación equivalente, que constituye el objeto de la obligación de la otra parte, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para ninguna de las partes intervinientes. En efecto, si bien tal información es utilizada por el SII en el desarrollo de la operación renta, esto sólo ocurre en la medida que se relacionan con otros datos y antecedentes que obran en poder del Servicio, de modo que este Consejo desestimará la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie.</p>
<p>
12) Que, a mayor abundamiento, procede asimismo rechazar el argumento del SII, que plantea a propósito del principio de finalidad, que "a semejanza de lo que sucede en materia de datos personales según el artículo 9° de la Ley N° 19.628, en el ámbito tributario el legislador ha sido categórico en designar la finalidad exclusiva conforme a la cual el Servicio de Impuestos Internos está autorizado a indagar en la intimidad económica de los contribuyentes y recabar los datos privados de que son titulares y ello es únicamente para los fines tributarios." Dicho rechazo se funda en que las causales de reserva deben interpretarse de manera restrictiva, y no resulta procedente aplicar a este caso, de manera analógica, una norma establecida para situaciones diversas, como son las reguladas por la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales. Además, y como ya se razonó, en la especie no se está en presencia de datos privados, sino de datos contenidos en el Conservador de Bienes Raíces que, por expresa decisión del legislador, tienen el carácter de públicos.</p>
<p>
13) Que, a propósito de una solicitud anterior, el Servicio de Impuestos Internos dio a conocer los mismos datos que por el presente amparo se reclaman y respecto de los cuales, esta vez, se opuso a su entrega. Es así como, con ocasión del amparo C325-11, en su respuesta y descargos el Servicio de Impuestos internos concordó en que "en consideración a la invocación que se hace de la causa Rol C566-10, es posible entregar todos aquellos datos que fueran elaborados en virtud de la señalada decisión, referidos a los 10 mayores predios con cabida superior a las 60 has en cada una de las 8 comunas que contienen Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC), es decir, excluyendo aquéllos ubicadas en el área urbana, a saber: nombre de la comuna, número de rol de avalúo, nombre del propietario, Indicador de la serie del Rol (agrícola o no agrícola) y dato de la ubicación registrada en el catastro (urbana, rural, zona expansión). En el mismo contexto señalado, es posible entregar los RUT de las personas jurídicas propietarias de los señalados predios y la extensión de los mismos, de acuerdo a lo requerido por la peticionaria. Al efecto se adjuntan anexos B y C, que forman parte de la resolución".</p>
<p>
14) Que, finalmente, este Consejo estima pertinente hacer presente que no resulta posible al órgano reclamado cumplir con su obligación de informar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Dicha norma establece que, cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público (como en el presente casos serían los Conservadores de Bienes Raíces), el órgano requerido podrá cumplir con su obligación de informar, señalando la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso. En el presente caso la información requerida consiste en todas las propiedades que a nivel nacional registre un RUT determinado, lo que implica que puede tratarse de bienes raíces inscritos en cualquiera de los casi cuatrocientos Conservadores de Bienes Raíces, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, no constando a este Consejo que en todos se cuente con registros digitalizados, y a disposición del público en la respectiva página web.</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por el Estudio Jurídico Vicent y Asociados Limitada, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos en el presente acuerdo.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:</p>
<p>
a) Entregar a los reclamantes los datos del rol de avalúo, comuna, y datos de inscripción en el CBR respectivo (foja, número, año y CBR) de las propiedades asociadas a los 18 RUT que se individualizan en el requerimiento de información.</p>
<p>
b) Cumplir dichos requerimientos en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y al representante legal del Estudio Jurídico Vicent y Asociados Limitada.</p>
<h3>
VOTO DISIDENTE</h3>
<p>
Decisión acordada con el voto disidente del Presidente del Consejo don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 5° a 9°, y por el contrario estima que este amparo debe rechazarse por las siguientes razones:</p>
<p>
1) Que la Ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar.</p>
<p>
2) Que, en el caso español, la Ley Orgánica de Protección de Datos enumera taxativamente qué fuentes tienen la característica de ser accesibles al público, para luego señalar en su reglamento que para que puedan considerarse como tales "será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación". Es decir, en el derecho español las fuentes accesibles al público están sujetas a un doble requisito, primero, son única y exclusivamente las que constan en la lista tasada que señala la norma respectiva y, segundo, son consideradas tales en cuanto su consulta pueda ser realizada por cualquier persona sin que se lo impida una norma limitativa. En el caso de obtener datos personales de cualquier otra fuente de información, el responsable del fichero siempre debe obtener el consentimiento previo de su titular.</p>
<p>
3) Que, en este caso, el hecho que la información pedida en las solicitudes que motivaron los presentes amparos se encuentre contenida en registros públicos cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a tales registros como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la Ley N°19.628.</p>
<p>
4) Que, en efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la Ley N° 19.628. Esta es la inteligencia que ha dado este Consejo a esta norma en el voto de mayoría de su decisión C1335-13 y luego en voto unánime en su decisión C1370-14.</p>
<p>
5) Que, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación y es la base sobre la que razona este disidente. En consecuencia, la expresión "públicos o privados" que usó el legislador en el artículo 2, letra i) de la Ley N° 19.628 debe entenderse referida a cuál es la naturaleza de la institución que está en posesión de los "registros o recopilaciones de datos", es decir, si es un órgano público o es una entidad privada.</p>
<p>
6) Que, no obstante ser instrumentos públicos, los certificados de avalúo, de dominio, de hipotecas y gravámenes se entregan en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el RUT, rol de avalúo o domicilio, las fojas, número y año de inscripción en determinado registro y Conservador, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan.</p>
<p>
7) Que, en consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por diversos servicios, y a ese régimen debe estarse. De tal forma que el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en ellos y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra.</p>
<p>
8) Que, por ende, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, en consecuencia, a ellos debe aplicárseles el principio de finalidad consagrado en el artículo 9° de la citada Ley N° 19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo en los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, el único propósito que, a entender de este disidente, tienen los datos privados de los contribuyentes que el SII posee o que se le proporcionan, es determinar, liquidar y girar, cuando procediere, los impuestos que establece la ley y la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, tal como lo señalan los artículos 60 y siguientes del Código Tributario y la Ley N° 17.235 sobre impuesto territorial, sin que existan otras normas que lo autoricen para aplicar esta información a otros propósitos, razón por la cual debe darse aplicación al principio de finalidad ya señalado.</p>
<p>
9) Que, a mayor abundamiento y en otro orden de razonamiento, si se accediera a la entrega de lo solicitado, esta información permitiría vincular a personas ciertas y determinadas con los bienes raíces que son de su propiedad lo que, a juicio de este disidente, configuraría una intromisión indebida en su vida privada. En efecto, los particulares no tienen por qué soportar la carga de exponer su patrimonio o parte de él para someterlo al escrutinio y control social, como por el contrario sí les corresponde soportar esta carga a ciertas autoridades y funcionarios públicos que la Ley N° 18.575 expresamente ha señalado y a quienes les ha impuesto el deber legal de realizar y hacer pública una declaración de su patrimonio con las características y en las oportunidades que esa norma indica.</p>
<p>
10) Que por los motivos expuestos, estima este disidente que la Ley de Transparencia no es la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en estos registros públicos y, en consecuencia, corresponde el rechazo del amparo en análisis.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.</p>
<p>
</p>