Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C532-14

Reclamante:	MATÍAS ROJAS MEDINA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra de Carabineros de Chile. El amparo C523-14 se funda en la negativa a la solicitud de información respecto a la copia de investigación interna que se señala; la información incompleta en relación a las remociones, traslados y bajas de funcionarios de la VIII Zona del Biobío, entre los años 1999 y 2003; y, la poca claridad en la respuesta dada respecto a las lineas de mando y motivaciones que fundamentaron la orden firmada a la que se refiere. El amparo C532-14 se funda en que la respuesta no ha sido clara, respecto al documento que integra un Sumario Administrativo. Se acoge parcialmente el amparo. Respecto a la copia de investigación realizada por la DIPOLCAR se acoge el amparo, pues no se advierte de que forma la divulgación de la información pedida produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva invocada, como tampoco de qué forma se le aplicaría el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que establece para lo pertinente que "las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por la ley", si según lo informado la causa ya no estaría en dicho estado procesal, en el que la ley garantiza, por regla general, el secreto de las actuaciones. Respecto a la información acerca de las remociones, traslado y bajas de los funcionarios que se indican se rechaza el amparo, toda vez que se entrego la información solicitada. Respecto al mando y motivaciones que fundamentan la orden que se señala, se rechaza el amparo, toda vez que el documento entregado contiene la información solicitada. Respecto a la declaración policial que se solicita, se acoge el amparo, debiendo el órgano reclamado pronunciarse derechamente acerca de la información solicitada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/16/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09 C523-14 C349-11
Jurisprudencia a:	C523-14
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPAROS ROLES C523-14 y C532-14 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Matías Rojas Medina Ingreso Consejo: 17.03.2014 En sesión ordinaria N° 575 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C523-14 y C532-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Matías Rojas Medina, en las fechas que se indicarán, solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información: a) Solicitud del 20 de enero de 2014 (Amparo C523-14): i. Copia de investigación interna realizada por la Dirección de Inteligencia de Carabineros - en adelante también DIPOLCAR- de Santiago con motivo de las eventuales vinculaciones de funcionarios policiales con el narcotraficante Manuel Hernández Delgado, alías "Mañungo", en el denominado "caso del cartel de Coronel". ii. Copia de investigación interna realizada por la muerte del ex cabo Marco Martínez en la Segunda Comisaría de Coronel, ocurrida el 04 de julio de 2000. iii. Conocer todas las remociones, traslados y bajas de funcionarios policiales de la VIII zona policial de Carabineros entre los años 1990 y 2003. iv. Las líneas de mando y motivaciones que fundamentan la orden firmada mediante documento secreto N° 3, con fecha 18 de febrero de 2002, por el General Director de Investigación Delictual y Drogas, Sr. Juan Cid Ortega, y obtener copia de dicho documento. v. El marco de tiempo durante el cual el funcionario de carabineros, Sr. Marcos Pacheco Kutz, se desempeñó como agregado policial de la embajada de Chile en Washington. vi. Detalles del procedimiento por el cual se acogió en calidad de informante de Carabineros a la testigo protegida "Susana Ramírez" en el denominado "caso del cartel de Coronel" y si se mantiene dicha protección. b) Solicitud del 09 de febrero de 2014 (Amparo C532-14): Copia de la declaración policial entregada por el funcionario de Carabineros de Chile, Sr. Harold Boggie Burgos, cédula de identidad N° 10.537.688-K, ante el Mayor de Carabineros, Sr. Claudio Castillo Zúñiga, que fuera informada a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR), con fecha 27 de noviembre del año 2002, en relación a una red de tráfico de drogas en la ciudad de Puerto Aysén. 2) RESPUESTAS: a) A solicitud del 20 de enero de 2014 (Amparo C523-14): Carabineros de Chile, mediante Resolución Exenta N° 22, de fecha 25 de febrero de 2014, responde dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, lo siguiente: i. Que, en virtud de lo establecido en los artículos 4, 5 letra d) y 22 de la ley N° 19.974, "sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia", en especial lo señalado en su artículo 38, no cabe más que concluir el carácter de secreto de los actos emanados de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros de Chile. De esta forma, los antecedentes solicitados relativos a la copia de la investigación interna realizada por ésta en el marco del denominado "caso del cartel de Coronel", estarían amparados en la causal de reserva o secreto contenida en el artículo 21 N° 5, en relación, para el caso, con lo prescrito en el artículo primero de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia, en el inciso 2° del artículo 8° y de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República. Que, en virtud de lo expuesto, señala que para el cumplimiento de las finalidades de la ley N° 19.974, cual es asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, "es posible alcanzar con el conocimiento limitado de los informes de inteligencia y contra inteligencia que los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado elaboran, cuya difusión, conocimiento o publicación precisamente afectaría la mantención del orden público o la seguridad pública, que es otra causal de secreto o reserva del Art. 21 N° 3 de la ley N° 20.285". Por lo tanto, Carabineros de Chile, queda constitucional y legalmente impedido de entregar la información solicitada relativa a la investigación interna realizada por la DIPOLCAR. ii. Que, se hace entrega copia de investigación interna realizada por la muerte del ex Cabo Marco Martínez ocurrida el 04 de julio de 2000. iii. Que, se hace entrega de un cuadro estadístico que contiene el número de traslados y retiros de funcionarios policiales de la VIII Zona del Biobío, correspondientes a los años 1999 al 2003, que arroja un total de 4.760 traslados y 597 retiros. iv. Que, no se puede hacer entrega de las motivaciones y líneas de mando que fundamentaron el documento secreto N° 3, pues conforme a los registros institucionales, el oficial Juan Cid Ortega, no figura haber desempeñado el cargo de General Director de Investigaciones Delictuales y Drogas, como sostiene el solicitante. Por otra lado, el documento cuya copia se pide data de 18 de febrero de 2002, y la documentación clasificada correspondiente a dicho año, fue incinerada con fecha 30 de junio del 2009, según acta de destrucción de documentos que acompañan, por haber cumplido los plazos reglamentarios de duración en el archivo, ello en virtud a lo previsto y contemplado en el artículo 58° del Reglamento de Documentación Nro. 22 de Carabineros de Chile. v. Que, se le informa que el Coronel Marcos Pacheco Kutz se desempeñó como agregado policial de la embajada de Chile en Washington por el período de dos años a partir de 21 de enero de 2002. vi. Que, no es posible otorgar información alguna respecto a si la supuesta testigo protegida en el denominado "caso del cartel de Coronel" - "Susana Ramírez"- tiene la calidad de informante de Carabineros, pues el artículo 37 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, condena - con las penas allí señaladas- la violación del secreto de la identidad de los informantes, entre otros. Por lo expuesto, si la afirmación que el solicitante hace es verídica, no es posible acreditarla o desmentirla. b) A solicitud del 09 de febrero de 2014 (Amparo C532-14): El 26 de febrero de 2014, mediante carta, Carabineros de Chile, responde dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que atendida la fecha de la declaración solicitada - noviembre de 2002-, aquella se encontraría incinerada, para acreditarlo le acompañan Acta de Incineración correspondiente al año 2007. 3) AMPAROS: El 15 y 18 de marzo de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo los amparos Roles C523-14 y C532-14, respectivamente, en contra de Carabineros de Chile, fundado en lo siguiente: a) Amparo Rol C523-14: i. En la respuesta negativa a la solicitud de acceso de información entregada por el órgano requerido, respecto de la copia de investigación interna realizada por la DIPOLCAR con motivo de las eventuales vinculaciones de funcionarios policiales con el narcotraficante Manuel Hernández Delgado, alías "Mañungo", en el denominado "caso del cartel de Coronel". Precisando que, si bien es cierto que dicha investigación fue realizada por la Dirección de Inteligencia, "ésta no tuvo por objeto proteger la soberanía nacional o formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales, según decreta la Ley N° 19.974, sino indagar la eventual participación de funcionarios de Carabineros en una supuesta red de narcotráfico y dictar las sanciones administrativas correspondientes, si fuera necesario, en un proceso judicial incoado hace 14 años por "Asociación Ilícita para el Narcotráfico" (Causa Rol 21.600 del Tercer Juzgado del Crimen de Talcahuano)". ii. En la entrega de información incompleta por el órgano requerido en relación a todas las remociones, traslados y bajas de funcionarios policiales de la VIII Zona del Biobío, entre los años 1999 y 2003, por cuanto, el órgano requerido, no individualiza con nombre y apellidos a los funcionarios que fueron trasladados o se acogieron a retiro dentro de las fechas solicitadas, impidiendo así conocer en totalidad lo requerido originalmente. iii. En la poca claridad de la respuesta dada por Carabineros de Chile, respecto a las líneas de mando y motivaciones que fundamentaron la orden firmada a través del Documento Secreto N° 3, pues se niega que el General Juan Antonio Cid Ortega se desempeñara como Director de Investigación Delictual y Drogas a la fecha del documento, en circunstancias de que acompaña copia del documento solicitado, que demuestra que el funcionario firmar la orden en calidad de subrogante. b) Amparo Rol C532-14: La respuesta entregada por el órgano requerido no es clara, pues el documento solicitado integra un Sumario Administrativo realizado por una repartición de inteligencia de Carabineros y del análisis del acta de incineración entregada, no es posible "constatar cuál documento de la lista corresponde a la declaración del carabinero Harold Boggie Burgos, dado que tampoco se cumple con demostrar que el Sumario Administrativo haya sido destruido (ningún documento del Acta de Incineración es categorizado como "sumario Administrativo")". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación ambos amparos, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 1.239, de 21 de marzo de 2014, la mencionada autoridad presentó sus descargos y observaciones a las solicitudes de acceso a través del Oficio N° 77, de fecha 17 de abril de 2014, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Respecto amparo Rol C523-14: i. En relación a la solicitud de entrega de copia de investigación interna realizada por la DIPOLCAR, se reitera que la causal de reserva invocada para denegar la entrega de la información es del todo pertinente y propicia, pues habría una vinculación directa entre lo que se pidió y la causal de secreto que habilita para no entregar la información. Recalcando que es el propio reclamante quien expone en la parte pertinente de su amparo, que la investigación fue realizada por dicha Dirección de Inteligencia, "de modo que no puede menos que entenderse que ese personal tomó conocimiento, del sumario administrativo, o al menos de las declaraciones que pide, en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Se trata entonces de documentación que, bien no pudo tener inicialmente carácter secreto o reservado, pero que, como el personal de dotación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros conoció de tales antecedentes, ipso iure adquirió el carácter de secreto o reservado". Señala que a propósito del reclamo de amparo, surge otra causal para denegar la entrega del sumario administrativo pedido, pues éste habría sido instruido con ocasión de una investigación por el delito de asociación ilícita para el narcotráfico, por lo que, según dispone el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, se debe mantener el secreto correspondiente para las actuaciones de sumario. ii. Que, en la solicitud de acceso a la información, el reclamante no señaló que requería los nombres y apellidos de los funcionarios policiales removidos, trasladados y dados de bajas, como lo hace posteriormente en el amparo deducido. iii. Que, se hace una cronología de la trayectoria en la institución del General Juan Cid Ortega, a partir de noviembre de 2000 hasta su retiro voluntario en diciembre de 2003, adjuntando las publicaciones de éstas en el Boletín Oficial Institucional. Se explica que al subscribir el Oficio Secreto el General lo hace en carácter de subrogante, dicho ejercicio del cargo no requiere acto administrativo, y en consecuencia, documento escrito que testimonie aquello doce años después, como lo es en este caso. Por lo que no podría informarse acerca de las líneas de mando de la orden firmada por el General Juan Cid Ortega mediante documento secreto N° 3, ni conocer las motivaciones que fundamentan dicha orden. Finalmente, al tratarse de un documento que data del año 2002, estaría incinerado, por lo que con mayor razón le resulta imposible a Carabineros de Chile referirse a las líneas de mando y motivaciones de aquel documento, porque no lo tuvo a la vista. Que, respecto a este punto hace presente que el reclamante acompaña al amparo deducido copia de un documento de carácter secreto que surge a consecuencia de un expediente de la justicia penal y cuya revelación está sancionada por la ley. Carabineros de Chile se encuentra en el deber de denunciar, esta infracción flagrante, adjuntando copia de Oficio N° 76, de fecha 17 de abril de 2014, dirigido al ministro en Visita en el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, Sr. Juan Rubilar Rivera, que informa sobre el particular. Que, solicita que este Consejo emita un pronunciamiento expreso respecto a lo expuesto precedentemente. b) Respecto Amparo C532-14: Que, la declaración extrajudicial del 27 de noviembre de 2002 del entonces Teniente Harold Boggie Burgos, de la Segunda Comisaría de Aysén, prestada ante el entonces Mayor Claudio Castillo Zúñiga, de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue con ocasión de investigación o sumario administrativo que se instruyó en dicha unidad con anterioridad a dicha fecha. De modo que, al revisar la documentación de esa repartición en aquella época, advierten que el 18 de abril de 2007, la documentación institucional anterior a seis años (es decir, desde el año 2001), fue incinerada. Como "ignora si esa declaración fue en un sumario o investigación de carácter ordinario, secreta o reservada, cuáles eran los parámetros de clasificación de la documentación institucional anterior a la modificación al artículo 8° de la Constitución Política del Estado, y que en términos generales las investigaciones administrativas y sumarios administrativos podían ostentar una u otra clasificación sin hacer mención a su naturaleza específica (para efectos de incineración, es documento ordinario, reservado o secreto), basta que el documento de que se trate se encuentre dentro del período de la documentación incinerada, cual fue el caso en la especie". 5) GESTIÓN OFICIOSA: A través de correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2014 se consulta a Carabineros de Chile acerca del estado procesal en que se encuentra la causa Rol 21.600-2000 del Tercer Juzgado del Crimen de Talcahuano por el delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes. Proceso dentro del cual, tanto el órgano requerido como el reclamante, señalan se habría ordenado la investigación interna, que finalmente es realizada por la DIPOLCAR de Santiago cuya copia se pide. Contestando el mismo día y por la misma vía, indican que la causa consultada se encuentra en el Primer Juzgado Civil de Concepción - tribunal que mantiene registro centralizado de los procesos criminales de la jurisdicción de acuerdo al antiguo sistema de procesal penal- desde el 04 de septiembre de 2014 para ser notificada a los acusados la sentencia de segunda instancia que ratifica la absolución de éstos. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que respecto de las solicitudes de acceso a la información que han motivado los amparos Roles C523-14 y C532-14, existe identidad respecto del requirente y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, los amparos de acceso a la información pública, se refieren a lo siguiente: a) A la denegación a la entrega de solicitud de copia de investigación interna realizada por la DIPOLCAR con motivo de las eventuales vinculaciones de funcionarios policiales con el narcotraficante Manuel Hernández Delgado, alías "Mañungo", en el denominado "caso del cartel de Coronel". b) A la entrega de información incompleta, pues sólo se le otorga el número de traslados y retiros de funcionarios policiales de la VIII Zona del Biobío, entre los años 1999 y 2003, no individualizándolos con nombres y apellidos. c) A la entrega de información poco clara respecto a las líneas de mando y motivaciones que fundamentan la orden firmada mediante documento secreto N° 3, de fecha 18 de febrero de 2002, por el director subrogante de Investigación Delictual y Drogas, General Sr. Juan Cid Ortega. d) A la entrega de información poco clara respecto de la incineración del documento que contendría la declaración policial entregada por el funcionario de Carabineros de Chile, Sr. Harold Boggie Burgos ante el Mayor de Carabineros, sr. Claudio Castillo Zúñiga, que fuera informada a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR), con fecha 27 de noviembre de 2002, en relación a una red de tráfico de drogas en la ciudad de Puerto Aysén. 3) Que, respecto a la información señalada en la letra a) del considerando anterior, Carabineros de Chile en sus descargos señala que la negativa de entregarla estaría amparada en la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 38 de la Ley N° 19.974, como también, por estar dentro de las hipótesis de secreto judicial prescrito en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal. 4) Que, la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°), el que se define como "conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional..." (artículo 4°). Sistema que se encuentra integrado, entre otros, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d) -a saber, en el caso de Carabineros de Chile, por la Dirección Nacional de Inteligencia-. Respecto de los servicios de inteligencia policial, la ley señalada, indica que la inteligencia policial comprende "el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior" (artículo 22, inciso 2°). 5) Que, por su parte, el artículo 38 de la ley indicada, contiene la hipótesis de secreto o reserva en los siguientes términos: "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas" (lo destacado es nuestro). 6) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha sostenido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal, sino que, debe reconducirse a las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 8° de la Constitución (así se ha resuelto, por ejemplo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A45-09, C512-09 y C349-11). Por tanto, si bien el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente. 7) Que, la reconducción material señalada en el considerando anterior debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución - debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional -. Que respecto a la afectación de éstos, en el caso concreto, el órgano requerido sólo indica de manera general que la difusión, conocimiento o publicación de los informes de inteligencia y contrainteligencia elaborados por los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado afectaría la mantención del orden público o la seguridad pública. Tal interpretación pugna con el sentido restrictivo con que deben ser aplicadas las disposiciones de excepción -como lo son las normas de secreto o reserva-, pues, de esta forma, se entregaría la determinación de tal carácter a la pura discrecionalidad del órgano que toma conocimiento de ella, que es a la vez, la autoridad encargada de organizar sus sistemas de información internos, pudiendo centralizarlos o no en las dependencias de sus unidades de inteligencia, cualquiera fuere su materia, a fin de incluirlas o no en la protección que le concede el mencionado artículo 38. 8) Que, de lo expuesto por Carabineros, tanto en la respuesta a la solicitud de acceso como en sus descargos al presente amparo, no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio sostenido por este Consejo, es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, lo que no ocurre en este caso. 9) Que, en relación a lo anterior y con respecto a la causa de secreto contenida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal invocada por Carabineros de Chile, de los antecedentes aportados se concluye que la información solicitada se refiere a una investigación interna llevada a cabo en el contexto de un proceso criminal sobre una supuesta red de narcotráfico, denominada el "cartel de Coronel" que involucraría a funcionarios policiales - causa Rol N° 21.600 del año 2000 seguida ante el Tercer Juzgado del Crimen de Talcahuano por el delito de Asociación Ilícita para el Narcotráfico-. En la que se dictó sentencia de primera instancia con fecha 31 de agosto de 2011, absolviéndose a todos los acusados, la que fue confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 14 de agosto de 2014, quedando pendiente su notificación a los acusados. Por lo que, la causal de secreto invocada no sería aplicable para el caso, pues los antecedentes en ella aportados han dejado de estar amparados por el secreto de sumario hace ya algunos años. 10) Que en virtud de lo señalado precedentemente, no se advierte de qué modo específico la divulgación de la información pedida, produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva invocada, como tampoco de qué forma se le aplicaría el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que establece para lo pertinente que "las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por la ley", si según lo informado la causa ya no estaría en dicho estado procesal, en el que la ley garantiza, por regla general, el secreto de las actuaciones. En consecuencia, las causales en comento serán desestimadas, acogiendo en este aspecto el amparo deducido. 11) Que, respecto a la información indicada en el literal b) del considerando 2°, en la solicitud de acceso a la información se pide "conocer todas las remociones, traslados y bajas de funcionarios policiales de la VIII Zona del Biobío, entre los años 1999 y 2003", a lo que el órgano responde con un cuadro estadístico que en la primera de sus columnas señala año, en la segunda traslado y en la tercera retiros, contemplándose todos los años solicitados por el requirente y un total que arroja 4.760 traslados y 567 retiros. Posteriormente, en el amparo se señala que tal información estaría incompleta pues no se individualizan con nombres y apellidos los funcionarios que fueron trasladados o se acogieron a retiro. 12) Que, que el objeto del amparo debe circunscribirse al contenido de la solicitud de acceso a la información, no pudiendo ampliarse a puntos no contenidos en ésta. En el caso, de los antecedentes tenidos a la vista existe una conformidad objetiva entre lo solicitado por el requirente y la respuesta dada por el órgano requerido. Si la información que se requería correspondía a los nombres y apellidos de los funcionarios que fueron trasladados o se acogieron a retiro, se debió señalar claramente esta situación tal como lo establece la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, en su numeral 1.2, letra c). Por lo que se rechazará el amparo en este punto. 13) Que, respecto a la información requerida en el literal c) del considerando 2°, Carabineros de Chile sostiene que le resulta imposible referirse a las líneas de mando y motivaciones que fundamentan la orden contenida en el documento Secreto N° 3, de fecha 18 de febrero de 2002, pues la documentación correspondiente a dicho año habría sido incinerada, por lo que no tienen acceso a su contenido, lo que mantienen en sus descargos, pese a que al amparo deducido se acompaña copia del documento solicitado. De los antecedentes aportados, se estima conveniente realizar el análisis sobre la procedencia o no del amparo deducido con respecto a este punto, por separado: lo relativo a las líneas de mando, por una parte, y por otra, lo correspondiente a las motivaciones. 14) Que, respecto a las líneas de mando solicitadas, este Consejo entiende que se refiere a las relativas al cargo de Director de Investigación Delictual y Drogas durante el año 2002, y no a la persona que ejerció dicho cargo, ya sea en carácter de titular o subrogante al momento de firmar el documento Secreto N° 3-. Carabineros de Chile, en sus descargos, realiza una detallada exposición de las destinaciones y los cargos que ocupo el General Juan Cid Ortega, a partir del año 2000 hasta su retiro voluntario el año el año 2003, cuya fuente es el Boletín Oficial de Carabineros de Chile. Lo que nos lleva a concluir, que pese a los años transcurridos desde que se suscribiera dicho documento, es posible que se haga entrega de las líneas de mando relativas al cargo de Director de Investigación Delictual y Drogas durante el año 2002. Por lo que se acogerá el amparo en este sentido. 15) Que, respecto a las motivaciones de la orden contenida en el documento Secreto N° 3, este Consejo entenderá que se refiere a los fundamentos de dicha orden. El reclamante acompaña a su amparo copia del documento indicado, como también de Oficio Secreto N° 189, de 25 de enero de 2002, suscrito por la jueza Flora Sepúlveda Rivas. Teniendo a la vista el texto de ambos, este Consejo concluye que éste último, contendría la orden que, posteriormente, se ejecuta a través del documento Secreto N° 3. Por lo que, el fundamento solicitado fue la orden judicial que ejecutó Carabineros, de acuerdo a los procedimientos con los que contaba en dicho momento. Por lo que se rechazará el amparo en este aspecto. 16) Que, respecto a lo señalado en el literal d) del considerando N° 2, el órgano requerido señala que no tiene claridad respecto si la declaración solicitada fue prestada con ocasión de investigación o sumario de carácter ordinario, secreta o reservada, cuáles eran los parámetros de clasificación de la documentación institucional anterior a la modificación al artículo 8° de la Constitución Política del Estado, y que el único dato cierto que pueden otorgar es que atendida la fecha de ésta, habría sido incinerada el 18 de abril de 2007, fecha en que se eliminó por esta vía, la documentación institucional anterior a seis años (es decir, desde el año 2001). Lo que estaría conforme con el procedimiento de archivo y destrucción de documentos establecidos en el Reglamento de Documentación N° 22 de Carabineros de Chile, del año 2000. 17) Que, la información cuya entrega se puede ordenar por este Consejo, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según lo dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. De los antecedentes, se que la información solicitada se encuentra incinerada y, por tanto no existiría en la actualidad. Por tal motivo, no es procedente requerir a un organismo que haga entrega de información que no obra en su poder, como tampoco aquella que resulte inexistente, razón por la que se rechazará el amparo en este aspecto. 18) Que, Carabineros de Chile solicita en sus descargos que este Consejo se pronuncié expresamente respecto a la denuncia hecha al Ministro en Visita del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción por infracción flagrante que el reclamante hace respecto al sigilo del sumario, al acompañar a su amparo documentos de carácter secreto. Pronunciamiento que no corresponde hacer a esta Corporación. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile: a) Hacer entrega al reclamante de la copia de investigación interna realizada por la DIPOLCAR con motivo de las eventuales vinculaciones de funcionarios policiales con el narcotraficante Manuel Hernández Delgado, alías "Mañungo", en el denominado "caso del cartel de Coronel". En el evento de que ésta no obre en su poder deberá informarlo expresa y fundadamente al solicitante. b) Hacer entrega al reclamante de las líneas de mando relativas al cargo de Director de Investigación Delictual y Drogas, durante el año 2002. c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.