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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C563-14</strong></p>
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Entidad pública: Ministerio de Justicia</p>
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Requirente: Luis Narváez Almendras</p>
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Ingreso Consejo: 21.3.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 533 de su Consejo Directivo, celebrada el 25 de junio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C563-14</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1- 19.653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y 20/2009 ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante, indistintamente, el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: con fecha 25 de febrero de 2014, don Luis Narváez Almendras solicitó la siguiente información al Ministerio de Justicia:</p>
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a) Copia de la solicitud de transferencia desde Brasil para el cumplimiento de condena en Chile del ciudadano chileno Alfredo Canales Moreno, en virtud del ‘Tratado sobre transferencia de presos condenados entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil’, suscrito en Brasilia el 29.4.98; y</p>
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b) Nómina de beneficiados chilenos y brasileños donde Chile figura como ‘Estado Remitente’ y ‘Estado Receptor’, desde que el Tratado entró en vigencia tras su publicación en el D.O. el 18.3.99".</p>
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2) RESPUESTA: con fecha 20 de marzo de 2014, mediante el Oficio Ordinario N°1907, el Subsecretario de Justicia, don Marcelo Albornoz Serrano, denegó el acceso a la información solicitada, señalando que ésta "corresponde a antecedentes que revisten el carácter de dato personal del titular de los mismos, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Dichos antecedentes se encuentran en poder de este Ministerio con la finalidad específica de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el Tratado Internacional en comento, de modo que, al no poseer usted el carácter de titular de los mismos, y no habiendo acompañado un mandato que le autorice a obrar a nombre del titular de dichos datos, no resulta posible acceder a su solicitud de información, dado que, la afectación a la esfera de la vida privada de sus titulares, derecho consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República y amparado por la causal de reserva legal establecida en el artículo 21, N°2 y 5 de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y por otra parte, implicarían una contravención a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N°19.628, antes individualizada".</p>
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3) AMPARO: con fecha 21 de marzo de 2014, don Luis Narváez Almendras dedujo amparo a su derecho a acceder a la información pública en contra del Ministerio de Minería, fundada en la denegación de su solicitud de acceso.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ÓRGANO RECLAMADO: con fecha 23 de abril de 2014, mediante el Oficio Ordinario N°2730, el Subsecretario de Justicia, don Marcelo Albornoz Serrano, presentó argumentos de forma y de fondo en contra del amparo deducido por don Luis Narváez Almendras:</p>
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En cuanto a las consideraciones de forma, alega un vicio en el procedimiento, por cuanto que el amparo se efectuó en contra del Ministerio de Minería y que, no obstante ello, se direccionó en contra del Ministerio de Justicia, con lo cual no se produce una identidad entre el órgano al que se solicitó la información y el órgano reclamado. Al respecto, invoca lo señalado por el artículo 24 de la Ley de Transparencia, en el cual puede leerse que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse los medios de prueba que los acrediten, en su caso". Por su parte, el inciso segundo del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que "si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible". En consecuencia, estima que este Consejo debió solicitar la subsanación al requirente y declarar la inadmisibilidad en caso de que ésta no se produjere.</p>
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Por su parte, en lo que respecta al fondo de la presentación realizada por el Sr. Narváez, señala lo siguiente:</p>
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a. Indica que el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales constituyen derechos autónomos, de equivalente rango jurídico, existiendo un "dilema jurídico" que debe resolverse mediante la ponderación de los mismos. Señala que el Ministerio de Justicia ha realizado dicha ponderación a la luz del marco regulatorio existente, concluyendo que en él "se encuentra establecido un sistema severamente restringido en lo relativo al tratamiento de datos penales y la forma de cumplir las penas, que en armonía con el respeto y dignidad de la persona humana, análisis que lleva a concluir forzosamente que no es posible acceder a la entrega de los datos solicitados, por configurarse las causales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N°20.285".</p>
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b. Por lo que respecta a la Ley N°19.628 sobre protección de datos personales invoca, en primer término, la regla de la finalidad, consagrada en el inciso primero del artículo 9 de dicha norma, en virtud del cual "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". Dicha norma hace aplicación del principio de juridicidad y que no la comunicación a terceros no se encuentra dentro de los fines para los cuales dichos datos fueron recolectados.</p>
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Indica que, atendido lo señalado por las letras f) y g) del artículo 2 de la Ley N°19.628, los datos penales de una persona claramente quedarían subsumidos bajo la categoría de datos personales y sensibles, porque constituirían "hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad". En consecuencia, se haría aplicable lo señalado por el artículo 10 de dicha norma, en virtud del cual "no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares".</p>
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Finalmente, hace presente que el inciso primero del artículo 21 de dicho cuerpo normativo señala que "los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena".</p>
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c. En tercer término, invoca diversas disposiciones que ordenarían la reserva de datos relativos a personas que han sido condenadas. En primer término, el artículo 3 del Decreto Ley N°645 de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro General de Condenas, dispone que en el prontuario respectivo "se inscribirá también la forma como fue cumplida la pena o las causas por qué no se cumplió en todo o en parte.". Respecto de este dato, el artículo 6 de dicha norma establece que "fuera de las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto de las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro. El empleado que en razón de su cargo divulgue las inscripciones, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 246 del Código Penal".</p>
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Asimismo, el artículo 7 del Decreto Supremo N°64 de 1960, del Ministerio de Justicia, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones y el Otorgamiento de Antecedentes, dispone que "los prontuarios y los datos que se relacionen con éstos serán secretos y sólo se podrá dar información de ellos a los afectados, a las autoridades judiciales, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile".</p>
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Por su parte, el artículo 246 del Código Penal establece el delito de "violación de secretos, disponiendo que "el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga en su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien, en ambas conjuntamente".</p>
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Finalmente, indica que el objetivo de esta reserva es la reinserción social del condenado. Así, en el párrafo cuarto de los considerandos del Decreto Ley n°409, de 19060, que Establece Normas Relativas a Reos, se señala: "como un medio de levantar la moral del penado para que se esfuerce por obtener su mejoramiento por medio del estudio, del trabajo y de la disciplina, debe dársele la seguridad de que, una vez cumplida su condena y después de haber llenado ciertos requisitos, pasará a formar parte de la sociedad en las mismas condiciones que los demás miembros de ella y de que no quedará el menor recuerdo de su paso por la prisión".</p>
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d. Indica que, en la especie, el número de personas beneficiadas por el Tratado con Brasil sobre Transferencia de Presos Condenados es seis, uno de los cuales es de origen brasileño y está cumpliendo su condena en libertad condicional (livramento condicional), razón por la cual no fue posible notificarlo de conformidad a lo señalado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo que respecta a los cinco beneficiados restantes, se trata de chilenos que fueron trasladado al país el año 1999 y ninguno de ellos está cumpliendo condena actualmente, dado que el efectivo cumplimiento de éstas ya se verificó. Finalmente, por lo que respecta al ciudadano chileno don Alfredo Canales Moreno, señala que actualmente está cumpliendo condena en Brasil, encontrándose pendiente la solicitud de transferencia desde dicho país.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la misma Ley, agregando el artículo 10 del mismo cuerpo legal que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. Dicho derecho comprende el acceso a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salgo las excepciones legales.</p>
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2) Que, en la especie, se ha requerido una copia de la solicitud de transferencia desde Brasil para el cumplimiento de condena en Chile del ciudadano chileno Alfredo Canales Moreno, en virtud del "Tratado sobre Transferencia de presos condenados entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil", suscrito en Brasilia el 29 de abril de 1998; y la nómina de los beneficiados chilenos y brasileños donde Chile figura como "Estado Remitente" y "Estado Receptor", desde que el Tratado entró en vigencia tras su publicación.</p>
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3) Que el Ministerio de Justicia ha denegado el acceso a dicha información sobre la base de que lo solicitado tendría el carácter de datos personales, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Aduce, además, las causales de reserva contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia y lo dispuesto por el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.</p>
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4) Que, adicionalmente, el Ministerio de Justicia ha alegado un vicio en el procedimiento de amparo, señalando que no existiría identidad entre el órgano que denegó la solicitud de acceso a la información pública y el órgano contra el cuál se interpuso el amparo, toda vez que el requirente presentó su solicitud de amparo en contra del Ministerio de Minería.</p>
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5) Que, al respecto, cabe hacer presente que de los antecedentes del amparo presentado por el solicitante, queda de manifiesto que éste se ha dirigido en contra del Ministerio de Justicia, debiendo entenderse que la mención al Ministerio de Minería se produjo por error. Así se señaló al órgano reclamado en el Oficio N°1313 de 26 de marzo de 2014, del Jefe de la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de este Consejo, en donde puede leerse que "se hace presente a Ud. que pese a que el recurrente deduce el amparo en contra del Ministerio de Minería, de lo expuesto en su reclamación y los antecedentes proporcionados, se advierte que reclama en contra de la respuesta otorgada por la Subsecretaría que usted representa, razón por la cual se tendrá por reconducido el amparo en contra de este último órgano".</p>
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6) Que lo anterior es coherente con lo resuelto por este Consejo en autos Rol C508-2011, donde un amparo presentado en contra del Ministerio de Hacienda debió entenderse reconducido contra el Servicio Nacional de Aduanas, fundado en que fue este último Servicio el que dio una respuesta negativa a la solicitud de acceso a la información. Ello responde al criterio finalista adoptado por este Consejo en matera de procedimiento, de conformidad a lo señalado por los artículos 7 y 14 de la Ley N°19.880. En particular, el inciso primero de la última disposición citada establece el principio de no formalización, señalando que "el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicio a los particulares". Por su parte, el inciso tercero señala que "la Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros". En materia de transparencia, dicho principio se vincula con lo señalado por la letra f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, el cual instituye el "principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo"; lo cual se hace aplicable, también, a los procedimientos llevados adelante por este Consejo. En consecuencia, deberá desestimarse la alegación realizada por el órgano reclamado conforme al cual habría un vicio en el procedimiento de amparo.</p>
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7) Que, por su parte, en lo que respecta a las causales de fondo invocadas por el Ministerio de Justicia, conviene distinguir su aplicación a las distintas partes de la solicitud presentada. En efecto, por lo que se refiere al literal b) de la solicitud de acceso, esto es, la nómina de beneficiados chilenos y brasileños donde Chile figura como "Estado Remitente" y "Estado Receptor", el Ministerio de Justicia ha señalado que el número de personas beneficiarias equivale a seis. De ellos, cinco tendrían nacionalidad chilena y ya habrían dado término al cumplimiento de su condena. Por lo tanto, se les hace aplicable lo señalado por el artículo 21 de la Ley N°19.628, en virtud del cual "los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o pena", toda vez que lo solicitado por el reclamante entra en el ámbito de la información sujeta a tratamiento por el órgano público, pues lo solicitado es una nómina, circunstancia para la cual necesariamente el Consecuentemente, el recurso no podrá ser acogido en este respecto, sin necesidad de referirse a las demás causales de reserva invocadas por el solicitante.</p>
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8) Que, por lo que se refiere al beneficiario restante, el Subsecretario de Justicia informa que se trata de una persona de nacionalidad brasileña residente en la ciudad de Brasilia, que actualmente estaría gozando del beneficio de libertad condicional. En consecuencia, señala que "no resulta en los hechos posible conferirle traslado para que se oponga, traslado que debe ser realizado a través de la notificación por carta certificada, y de poder realizarse tal gestión, ello significaría hacer aplicable a un extranjero no residente en Chile un procedimiento dispuesto en nuestra legislación, contrariando abiertamente el principio de territorialidad".</p>
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9) Que, habida cuenta de lo anterior, queda de manifiesto que el órgano reclamado no ha podido dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia. De aquí se sigue que, divulgándose la identidad de una persona que está cumpliendo una condena en libertad condicional sin su consentimiento, se produciría una afectación de sus intereses, configurándose la causal de numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, invocado por el órgano reclamado. En consecuencia, el amparo será rechazado en este respecto.</p>
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10) Que, en lo relativo al literal a) de la solicitud de acceso, referido a la entrega de una copia de la solicitud de transferencia desde Brasil para el cumplimiento de condena en Chile del ciudadano chileno Alfredo Canales Moreno, en virtud del Tratado sobre transferencia de presos condenados entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, es claro que a su respecto no opera lo señalado por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que, en la especie, por un lado, no se encuentra prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o pena y, por otro, la solicitud cuya entrega se requiere es, en principio pública, por cuanto se trata de un acto administrativo pronunciado por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador.</p>
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11) Que, a mayor abundamiento, en las decisiones de amparo Roles C1370-11, C1377-11 y C1415-11, este Consejo se ha referido a los presupuestos copulativos que deben concurrir para aplicar la hipótesis que contempla la norma señalada, esto es: a) debe tratarse de «datos personales relativos a condenas por delitos». Es decir debe ser información relacionada con condenas por determinados delitos de personas naturales identificadas o identificables; y b) las condenas a las que se relaciona la información deben encontrarse "cumplidas" o la pena asignada debe estar "prescrita". Conforme a los presupuestos antes descritos, la hipótesis contemplada en la norma del citado artículo 21 de la Ley N° 19.628 no resulta aplicable de la solicitud de transferencia de don Alfredo Canales Moreno, si bien la información se relaciona con condenas del modo que se ha indicado, los antecedentes solicitados se relacionan con una condena que aún no sido cumplida. En consecuencia, cabe descartar las alegaciones formuladas por el Ministerio de Justicia en torno a la reserva de la información objeto del presente amparo, pues debe concluirse que ha sido el propio legislador quien al consagrar la citada norma ha efectuado ex ante un juicio de ponderación que le ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados o a considerar un interés público prevalente en la divulgación de información relativa a condenas mientras estas aún no se cumplen.</p>
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12) Que, por otra parte, la reclamada ha señalado que no podría entregar información contenida en el Registro General de Condenas, de acuerdo a lo señalado por los artículos 3 y 6 del Decreto Ley N°645 de 1925 y el artículo 246 del Código Penal. En lo que se refiere a las disposiciones del Decreto Ley N° 645, la primera de las normas indicadas establece que "En el prontuario respectivo se inscribirán todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, N° 19, 494 bis y 495, N° 21, del Código Penal./Se inscribirá también la forma como fue cumplida la pena o las causas por qué no se cumplió en todo o en parte.", a su turno la siguiente disposición legal, indica que "Fuera de los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto a las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente./El empleado que en razón de su cargo, divulgue la inscripciones, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 246 del Código Penal.". Sin embargo, la referida solicitud de transferencia se encuentra en tramitación, de modo que no ha podido ser inscrita en el Registro General de Condenas, por lo que no existe prontuario y al no existir tal registro mal podría configurarse la hipótesis relativa a la exhibición de datos del Registro Prontuarial. Consecuentemente, tampoco se configura la causal de reserva prevista en los artículos aludidos.</p>
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13) Que, finalmente, el Subsecretario de Justicia ha invocado las causales de reserva contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. La primera de estas normas permite reservar información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Por su parte, la causal de reserva del numeral 5 habilita para denegar el acceso a la información pública "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". Sin embargo, en ningún momento el órgano reclamado justifica de qué modo se configurarían las causales de reserva aludidas. Por lo que respecta a la primera de ellas, ha quedado de manifiesto que la solicitud de transferencia solicitada no constituye un dato personal y sensible, a la luz de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N°19.628. Por otra parte, no configurándose la hipótesis prevista en los artículos 3 y 6 del Decreto Ley N°645 de 1925 y el artículo 246 del Código Penal, tampoco ha podido configurarse la causal de reserva contenida en el numeral 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, invocada por el Sr. Subsecretario de Justicia.</p>
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14) Que, en consecuencia, obrando la solicitud de transferencia solicitada en poder del Ministerio de Justicia, se acogerá el amparo presentado por don Luis Narváez Almendras en este respecto, ordenando al órgano reclamado la entrega de una copia de la misma al solicitante.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Luis Narváez Almendras en contra del Ministerio de Justicia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Ordenar al Sr. Subsecretario de Justicia que entregue al solicitante una copia de la solicitud de transferencia desde Brasil para el cumplimiento de condena en Chile del ciudadano chileno Alfredo Canales Moreno, en virtud del Tratado sobre transferencia de presos condenados entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, suscrito en Brasilia el 29 de abril de 1998.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario de Justicia y a don Luis Narváez Almendras.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.</p>
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JORGE JARAQUEMADA ROBLERO ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI</p>
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JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU</p>
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