Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C636-14

Reclamante:	JAVIERA ALEJANDRA SUAZO LÓPEZ
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos. Los amparos Rol C635-14 y C636-14 se funda en que la información entregada es incompleta. Información referente, en general, a los diversos antecedentes relativos al Plan o Programa de auditoría denominado "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet" . Respecto al numeral i) del amparo C635-14, el Consejo tiene por acredita la inexistencia de la información, por lo que rechaza el amparo. Respecto al literal ii), se configura la causal de secreto invocada, toda vez que para hacer entrega de la información que ha reservado, el órgano debe recopilar sin que ello revele la identidad de los terceros mencionados que proporcionaron tales antecedentes, se advierte que eso requiere una revisión exhaustiva de cada uno de los documentos proporcionados, tarjando cada uno de los datos que merezcan resguardo, lo que configura la causal de reserva invocada, por lo que se rechaza. Respecto al numeral iii) El Consejo estima que se debe reservar la información solicitada, toda vez que la circunstancia de haber sido sujeto de fiscalización no importa un juicio de valor acerca de su comportamiento tributario, de modo que su entrega generaría un exposición pública de dicha condición de sujeto fiscalizados y una eventual afectación a la presunción de inocencia. Respecto a los numerales iv) y v), la entrega de dicha información no sólo demanda una gran actividad del órgano en orden a recopilar la documentación de distinta naturaleza que se requiere sino que también exige la revisión exhaustiva de cada uno de los documentos para determinar la información que merece ser resguardada, por lo que se acredita la causal de secreto invocada, en cuanto a que distrae indebidamente a los funcionarios del órgano. Respecto al literal viii), se acoge el amparo, toda vez que las deudas tributarias reflejan las cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público, que justifica su publicidad. Respecto al amparo C636-14, el literal i) de dicha solicitud de información, se rechaza el amparo por inexistente. Respecto al numeral ii), se tiene por rechazado el amparo en los mismos términos de los numerales iv) y v) del amparo anterior. Respecto al numeral iii), se rechaza el amparo, toda vez que en ciertos casos la reserva de la información puede servir mejor al interés público al permitir al servicio ejercer su función fiscalizadora.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/17/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C363-12 C1028-12 C1101-12 C194-13 C861-13 C936-13 C327-14 C635-14
Jurisprudencia a:	C635-14 C327-14
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPAROS ROLES C635-14 y C636-14 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos Requirente: Javiera Alejandra Suazo López Ingreso Consejo: 04.04.2014 En sesión ordinaria N° 561 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de octubre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C635-14 y C636-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 3 de febrero de 2014, doña Javiera Alejandra Suazo López formuló las siguientes solicitudes de acceso a la información al Servicio de Impuestos Internos (SII), relativas a los procesos de fiscalización que indica. a) Solicitud que dio origen al amparo Rol C635-14: i. Información y/o copia de la documentación entregada por Google Chile Ltda. al SII con motivo y/o relación a la Notificación N° 817/5, de 11.07.12 del mismo Servicio, formulario 3301, programa: "requerimiento de información" con referencia "requiere información sobre sujetos de impuesto adicional", suscrita por la funcionaria del SII doña Crina Chelsi Vargas; ii. Individualice y entregue copia de la información y documentos que sirvieron de origen y antecedentes al programa de auditoría denominado "Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet"; iii. Individualice a los contribuyentes que fueron objeto del programa "Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet" con indicación de los criterios de selección utilizados; iv. Copia de los informes, minutas, correos electrónicos, memos, oficios, reservados, instrucciones del Director, de los Subdirectores, Directores Regionales, y funcionarios sobre el proceso de fiscalización "Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet"; recaído en contribuyentes usuarios Google Adwords, incluyendo consultas y respuestas a las consultas de funcionarios, autoridades y contribuyentes sobre el programa; v. Copia de los documentos (memos, ordinarios, oficios, reservados o correos electrónicos) con sus anexos y nóminas enviados por la Subdirección de Fiscalización sus departamentos u oficinas a las Direcciones Regionales y Dirección de Grandes Contribuyentes con el programa de fiscalización "Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet"; vi. Copia de las comunicaciones (oficios, requerimientos, ordinarios, notificaciones, correos electrónicos, actas de entrega de documentos y/o reservados) entre el SII y Google Chile Ltda. en relación a la notificación N° 817/5, de fecha 11.07.12 y el programa de fiscalización "Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet", recaído en contribuyentes usuarios de Google Adwords; vii. A partir de los registros electrónicos de los sistemas informáticos de apoyo a la fiscalización (entre ellos SADA), de los instrumentos de retroalimentación previstos en el Oficio Circular N° 57, de 17.12.03, y las funciones del Depto. Subdirección de Fiscalización previstas por la resolución 71, de 22.07.13, se informen los resultados del programa referido en el literal anterior, individualizando los casos terminados con rectificatoria y giro; casos terminados con liquidación; y casos pendientes, indicando en cada uno de ellos los montos involucrados; viii. Se indiquen casos, porcentajes y montos de condonaciones otorgadas por el SII en relación a los contribuyentes fiscalizados por el programa referido. Hace presente que de toda la información requerida se excluyan, tarjen o eliminen antecedentes personales que se encuentran amparados con el secreto bancario y/o el secreto tributario, omitiendo la cuantía o fuente de la renta de los contribuyentes, según prescribe el artículo 35 del Código Tributario. b) Solicitud que dio origen al amparo Rol C636-14: i. Individualice los programas de fiscalización selectivos (conforme criterios del Oficio Circular N°57, de 17 de diciembre de 2003) que ha realizado el SII, respecto del impuesto adicional establecido en el artículo 59 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los últimos 10 años. Se solicita individualizar cada programa, sus hipótesis y rendimientos. ii. Se solicita copia de los oficios, reservados, memos o correos electrónicos, anexos, nóminas y documentos que se enviaron desde los Departamentos u Oficinas de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección Nacional a las Direcciones Regionales y Dirección de Grandes Contribuyentes con los programas realizados por el Servicio de Impuestos Internos respecto del impuesto adicional establecido en el artículo 59 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los últimos 10 años; y, iii. Se informe sobre los sistemas computacionales de apoyo a la fiscalización y administración de procesos de que dispone el Servicio de Impuestos Internos, sus características operativas y la información a la que es posible acceder, junto con los instrumentos de capacitación o de operación elaborados. Por ejemplo: SADA, Data Warehouse, SIMNET, SIF-M Comex, etc. Hace presente que de toda la información requerida se excluyan, tarjen o eliminen antecedentes personales que se encuentran amparados con el secreto bancario y/o el secreto tributario, omitiendo la cuantía o fuente de la renta de los contribuyentes, según prescribe el artículo 35 del Código Tributario. 2) RESPUESTAS: El 17 de marzo de 2014, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dichos requerimientos de información del modo siguiente: a) Resolución Exenta N° 0005888 que dio respuesta a la solicitud que dio origen al amparo C635-14: i. Numeral i): La información requerida no existe, toda vez que mediante ordinario N° 77312022083, de fecha 7 de agosto de 2012, ese organismo dejó sin efecto la notificación N° 817/5 del 11 de julio de 2012, sin que, por lo mismo, la sociedad requerida proporcionara documentación o información alguna al respecto, configurándose de este modo la hipótesis de inexistencia de la información prevista, sin que se advierta otro organismo al cual derivar, en esa parte, su solicitud; ii. Numeral ii): I. Accede a la entrega de aquellos antecedentes que se hallaban en fuentes de libre acceso al público. En cuanto a aquellos antecedentes que no se encontraban en fuentes de libre acceso al público, deniega su entrega, toda vez que los documentos en cuestión contienen información que puede afectar los derechos de terceros, pues conciernen a operaciones comerciales entre particulares, informadas al Servicio en virtud del artículo 60 del Código Tributario y que atañen a un número superior a 1000 personas naturales y jurídicas, por lo que para dar el acceso requerido habría que notificarles a cada uno en la forma señalada en el artículo 20 la Ley de Transparencia, operación materialmente imposible en el limitado tiempo que al efecto señala ese texto legal, lo que configura la causal denegatoria prevista en el artículo 21 N° 1 de esa misma ley. II. Asimismo, la revelación de los datos referidos a operaciones privadas entre particulares recabados que constituyen un indicio o elemento de juicio para el diseño e implementación de un futuro plan de fiscalización, desincentivaría la espontánea y completa entrega de parte de los declarantes de los datos requeridos ante el justo temor de ser considerados una suerte de "delatores", lo que también configura la causal de secreto del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. iii. Numeral iii): I. De acuerdo con la Circular N° 58 de 2000 de ese Servicio, la auditoría tributaria constituye una actividad permanente de fiscalización que se estructura a partir de programas elaborados tanto en el ámbito nacional como regional. En este contexto existen programas de fiscalización en los cuales, sobre la base de ciertas hipótesis de fiscalización, se selecciona un universo de contribuyentes que se adecúan a aquellas conjeturas de trabajo, de modo que el posterior procedimiento de auditoría que respecto de aquellos contribuyentes se practica, tiene por objeto validar, en cada caso, si la hipótesis de trabajo se verifica o no. Por ello, la inclusión de un contribuyente concreto dentro del universo abstracto de sujetos seleccionados para un programa de fiscalización, no constituye en ningún sentido un juicio de valor acerca de su comportamiento tributario por parte de este organismo, no obstante lo cual, la sola inclusión de esa persona en uno de esos planes puede ser erróneamente percibida por la opinión pública como indiciaria de un comportamiento tributario anómalo o irregular, lo que puede constituir una fuente de sospecha o descrédito. II. De esta manera, la divulgación de la individualización de los contribuyentes objeto del programa -que aún no concluye-, consiste en información cuya difusión puede afectar los derechos de tales contribuyentes, lo que obligaría a ese organismo, dentro de dos días hábiles, a notificar la petición a cada uno de ellos (en un inicio más de 100 contribuyentes), lo que de suyo configura la causal denegatoria prevista en la letra c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, sin considerar además el cúmulo de otras informaciones que la misma ocurrente solicita. III. En cuanto a los criterios de selección de los contribuyentes incluidos en el programa de fiscalización de marras, señala que los planes se estructuran y diseñan en base a objetivos, hipótesis de fiscalización, alcances, impuestos a controlar, periodos de revisión, criterios de selección de contribuyentes, plan de trabajo, nómina de casos, etc. Por lo tanto, dar a conocer los programas a terceros ajenos a la institución afectaría el cumplimiento de las funciones y fines del Servicio pues puede darse una utilización indebida a dichos programas como consecuencia de conocerse la forma en que se estructuran los planes de fiscalización. Por consiguiente, no resulta posible divulgar la información solicitada, por estar ella cubierta por la causal de secreto del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Cita la decisión de amparo Rol A96-09. iv. Numerales iv) y v): I. Consultadas las unidades que se estimaron competentes respecto de tales requerimientos, constató que en los términos en que están concebidos, en tanto aluden a los procesos de fiscalización llevados a cabo en virtud del programa de que se trata, no permite identificar claramente aquello que se solicita, pues alcanza a un sinnúmero de antecedentes o documentos que pueden estar en una variedad de expedientes, registros y/o soportes, sin que exista un registro único, centralizado y sistematizado de documentos que permita llevar control global de la totalidad de documentos, actuaciones administrativas y/o consultas y respuestas que guarden relación (directa o indirecta) con un determinado plan de fiscalización y su implementación. Ello se explica en que existen niveles de desconcentración funcional entre las unidades centrales encargadas del diseño de los planes y las unidades operativas encargadas de su implementación, por lo que intentar efectuar la búsqueda y calificación del grado de relación de cada uno de los documentos existentes con el plan en comento, conllevaría distraer a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, pues en la práctica, el requerimiento pide todo o cualquier documento relacionado, aun tangencialmente, con el plan de fiscalización de interés de la peticionaria y con los procesos de fiscalización a que dio lugar, ya sean emanados de cualquier "funcionario", incluido el Director o enviados a las Direcciones Regionales y Dirección de Grandes Contribuyentes, por cualquier oficina o unidad de la Subdirección de Fiscalización, lo que obligaría a efectuar una búsqueda que debiera incluir, entre otras cosas, cada una de las auditorías de los diversos casos contemplados en el plan de fiscalización, pues cada uno de ellos pudo dar origen a consultas y respuestas particulares con relación a la implementación o ejecución del plan, mismo que aún no está terminado. Por lo expuesto, se hace necesario que respecto de dichos numerales, se dé estricto cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, que dispone que la solicitud de acceso a la información deberá contener la identificación clara de la información que se requiere". II. Sin perjuicio de lo expuesto hace presente que respecto de la documentación solicitada al versar sobre documentos relacionados con el diseño, objetivos, criterios, aplicación y desarrollo de los programas de fiscalización, ellos quedan afectos a la causal de secreto del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. v. Numeral vi: Se dará acceso a copia de la notificación N° 817/5 del 11 de julio de 2012, del ordinario N° 77312022083, de fecha 7 de agosto de 2012 y de la presentación del contribuyente Google Chile Limitada, Rol Único Tributario 76.714.211-4, recibida el 31 de julio de 2012 y a quien no se ha estimado necesario notificar pues el citado documento no contiene información que pueda afectar los derechos de terceros ni los suyos propios. vi. Numeral vii): I. No existe un estudio que individualice cada uno de los casos en la forma requerida y, además, porque el citado programa aún se encuentra en ejecución por lo que aún se está a la espera de conocer todos sus resultados. Sin perjuicio de lo anterior, ese organismo posee algunos reportes de control que pueden orientar a la peticionaria en cuanto a los resultados parciales obtenidos en la ejecución del conjunto de auditorías iniciadas en virtud del programa de fiscalización materia de su presentación, y que se resumen en el cuadro siguiente: Detalle Cantidad Casos Monto Liquidado Monto Rectificado Monto Girado Total Total Casos Enviados 98 Casos Activos 18 Casos Terminados 80 $191.245.679 $860.462.317 $1.278.209.807 $2.329.917.803 vii. Numeral viii): No existe un reporte con los datos solicitados, ya que éstos debieran extraerse de los antecedentes de cada contribuyente incluido en el plan registrados en los sistemas informáticos de ese Servicio. Al respecto, sólo a contar de la dictación de la Circular N° 21 del 19 de abril de 2013, se dispuso por el Sr. Director el deber de los Directores Regionales y del Director de Grandes Contribuyentes, de remitir un informe mensual acerca de las condonaciones que otorgan en el ejercicio de sus funciones y que considera el número de RUT de los beneficiados, por lo que con anterioridad a esa fecha no existen reportes consolidados de condonaciones ordenados según programa de fiscalización. En consecuencia, no existe un estudio o reporte que considere las variables expuestas, sin que proceda en este elaborar un estudio o reporte especial que implique vincular y procesar de modo nuevo los datos existentes para satisfacer la consulta de la peticionaria. b) Resolución Exenta N° 0005889 que da respuesta a la solicitud que dio origen al amparo C636-14: i. Numeral i): I. Ese organismo dispone de la individualización de los programas de fiscalización selectivos enfocados en el segmento de medianas y grandes empresas, llevados a cabo en relación con la Tributación Internacional e Impuesto Adicional desde el año 2010 al 2013, listado que no discrimina según la norma legal específica que se requiere. Acompaña el listado existente sobre "Programas Activos y Terminados 2013". II. En relación con los programas de auditoría antes indicados, no resulta posible informar sus hipótesis de trabajo, toda vez que dar a conocer esos datos a terceros ajenos a la institución afectaría el cumplimiento de las funciones y fines del Servicio, pues puede darse una utilización indebida a dichos programas como consecuencia de conocerse la forma en que se estructuran los planes de fiscalización, por lo cual concurre la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. III. En cuanto al "rendimiento" de tales programas, según el diccionario de la Real Academia Española, dicha expresión se define como "Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo" o como "Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados", de modo tal que se hace menester que la peticionaria precise cuáles son los criterios, parámetros o variables conforme a los cuales cabría apreciar el rendimiento materia de su petición (v.gr. tiempo empleado, número de casos concluidos, montos liquidados), sin lo cual no se puede establecer la eventual existencia de un estudio que satisfaga el requerimiento, razón por la que, en esta parte, se requerirá a la solicitante para que dé cumplimiento al requisito señalado en el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia. ii. Numeral ii): I. Formula idénticas alegaciones que respecto de los numerales iv) y v) que dieron origen al amparo Rol C635-14. iii. Numeral iii): I. No resulta posible acceder a lo solicitado, ya que la divulgación de ello supone arriesgar el debido cumplimiento de las funciones de esa institución, pues la expone a intromisiones indebidas en sus sistemas por parte de terceros, crea brechas en las medidas de seguridad de las bases de datos confidenciales que debe administrar y la expone innecesariamente a entorpecimientos al ejercicio regular de sus funciones, con el consiguiente daño a su deber de proveer a la satisfacción regular y continua las necesidades públicas que justifican su existencia, todo lo cual configura la hipótesis de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. II. La revelación de los procedimientos informáticos de seguridad que emplea el SII supondría dar a conocer las eventuales vulnerabilidades del sistema y de sus métodos de control y protección, y, seguidamente posibilitar potenciales ataques externos. Dada la importancia que tiene la función de recaudar impuestos lo argumentos anteriores hacen que revelar esta información afecte, además, los intereses económicos del Estado por lo que también se acogerá la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del interés nacional. 3) AMPAROS: El 4 de abril de 2014, doña Javiera Alejandra Suazo López, representada por don Mario Silva Poblete, dedujo los siguientes amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado: a) Amparo Rol C635-14: i. La información solicitada en el numeral ii) de su solicitud, se encuentra físicamente en poder de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que confeccionó y remitió el programa a las Direcciones Regionales y Dirección de Grandes Contribuyentes. ii. El expediente del programa reúne la documentación y trabajos previos a la emisión de un oficio que se envía a las Direcciones Regionales y de Grandes Contribuyentes, con las instrucciones del procedimiento que deberá seguirse por los fiscalizadores en el desarrollo del plan y la nómina de contribuyentes que corresponde revisar a la unidad operativa correspondiente, obra en la Subdirección correspondiente. iii. Con todo, existe un sistema computacional de apoyo a los programas de fiscalización que funciona en base a flujos y perfiles, de carácter nacional, que actualmente es el SADA (Sistema de Apoyo a la Auditoría), y antes Sistema de Apoyo a la Fiscalización (S.A.F.). Del sistema computacional es posible extraer la información computacional del programa a nivel central, de forma estructurada y no estructurada. iv. Además, el Oficio Circular 57, de 2003, contiene instrucciones sobre la información que mensualmente se debe enviar por cada Dirección Regional a la Subdirección de Fiscalización (ficha de retroalimentación). v. Adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos dispone también de la herramienta informática conocida como Data Warehouse, que permite la extracción de datos de todas las fuentes de información del Servicio, de acuerdo a las especificaciones de los usuarios, selección de los datos extraídos de acuerdo a diversos criterios. vi. Por tanto, la información no sólo existe sino que es fácilmente extraíble de los sistemas informáticos de que dispone el Servicio de Impuestos Internos y desde la propia secretaría de la Subdirección de Fiscalización. vii. En cuanto a lo señalado por el órgano en orden a que no existen reportes consolidados de condonaciones, aduce que de acuerdo con el Oficio Circular N° 33, de 2002, cada Dirección Regional y de Grandes Contribuyentes deberá registrar y mantener en una planilla excel las solicitudes de condonación realizadas, efectuando cierres mensuales de acuerdo a la fecha en que se otorgó la condonación. Dicha nómina contiene la fecha de otorgamiento, de la solicitud, individualización del contribuyente, folio y antecedentes del giro de impuestos, y las sumas del giro, el porcentaje de condonación otorgado y monto a pagar, que se envía mensualmente a la Dirección del Servicio de Impuestos Internos. viii. Por otra parte, el órgano reclamado no señala cómo y por qué se afecta la fiscalización al dar a conocer las hipótesis de sus planes. No se trata aquí que el Servicio de Impuestos Internos nos informe sus cruces y antecedentes de inteligencia, sino de un plan de fiscalización realizado sobre un grupo de contribuyentes cuyos efectos son actos administrativos terminales. ix. En su solicitud, manifestó expresamente que de toda la información proporcionada por el Servido, se excluyan, tarjen o eliminen antecedentes personales que se encuentren amparados con el secreto bancario y/ o el secreto tributario, omitiendo la cuantía o fuente de la renta de los contribuyentes, según prescribe el artículo 35 del Código Tributario. De este modo, no advierte de qué manera se pueden afectar derechos de terceros con la entrega de lo pedido. x. La solicitud de aclaración de los numerales iv) y v) es improcedente en la medida que la solicitud es lo suficientemente clara y específica, al requerirse los antecedentes e información del plan de fiscalización relacionado a Google Adwords. xi. Por último solicita a este Consejo fijar audiencia a fin de recibir antecedentes y medios de prueba que permitan acreditar su reclamación. b) Amparo Rol C636-14: i. El órgano reclamado entrega un listado con planes de fiscalización de impuesto adicional de los años 2010 a 2013, aduciendo que sólo dispone de dicha información, y que no conoce la norma legal específica que se fiscalizó por medio de dichos programas. ii. La información sobre el impuesto específico fiscalizado, se puede obtener en la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, a través de los oficios remisores de los planes y programas. Además, el Oficio Circular 57, de 2003, del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, instruye que los programas de fiscalización son diseñados y controlados por las Subdirección de Fiscalización de la Dirección Nacional y que debe mantenerse un sistema de control de casos. iii. La información no sólo existe sino que es fácilmente extraíble de los sistemas informáticos de que dispone el Servicio de Impuestos Internos y desde la propia secretaría de la Subdirección de Fiscalización. iv. El ente reclamado no indica cómo se afecta la fiscalización al dar a conocer las hipótesis de sus planes. v. El término "rendimiento" no es sólo una palabra común dentro del Servicio de Impuestos Internos, sino que además es definida en el Oficio Circular N° 57, de 2003, sobre auditorías en términos de solicitar que se informe por los fiscalizadores (a través de la ficha mensual de avances de auditorías) los casos "con rendimiento" y "sin rendimiento", definiendo el caso de auditoría "con rendimiento" como aquel que concluye con recaudación, con disminución de una pérdida tributaria, que deniega una devolución solicitada o disminuye un remanente de crédito. Por ello, estima que la solicitud de aclaración resultó improcedente. vi. Por último, solicita a este Consejo cite a audiencia a fin de recibir antecedentes y medios de prueba. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional de Impuestos Internos, mediante Oficio N° 1.586 de 10 de abril de 2014, solicitándole respecto del amparo Rol C635-14 que: (1°) se refiera a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) se refiera al volumen de la información solicitada en los numerales iii), iv) y v); (2°) informe cómo lo solicitado en los numerales señalados en el punto anterior afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) señale el estado actual del programa al que se refiere el numeral vii) de la solicitud de información; (4°) remita copia de las circulares N° 33, de 2002 y N° 57, de 2003; y, (5°) refiérase a las razones por las cuales señala que lo solicitado en los numerales 4° y 5° de la solicitud no darían cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia. En cuanto al amparo Rol C636-14, se le requirió que: 1°) refiérase a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) en los casos que corresponda, informe cómo lo solicitado afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) refiérase a las razones por las cuales señala que lo solicitado en parte del numeral 1° y en el N° 2°, no darían cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia. Mediante escrito ingresado el 30 de abril de 2014, el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: a) Respecto de la solicitud de aclaración solicitada respecto de los literales iv) y v) de la solicitud que dio origen al amparo Rol C635-14, reitera lo señalado en su respuesta a la solicitud, y agrega que ninguna institución lleva registro y control de todas las "comunicaciones" ocurridas al interior de la organización de que se trate como pretende la reclamante, ni tampoco existe un registro único, centralizado y sistematizado que permita llevar control global de todos los documentos o papeles que puedan tener alguna relación con un determinado objeto. b) En cuanto a la solicitud de aclaración respecto de la solicitud que motivó el amparo Rol C636-14, manifiesta que contrariamente a lo señalado por la solicitante, no era evidente del concepto de "rendimiento" utilizado en su solicitud, al examinar el Oficio Circular 57 de 2003, en el mismo no existe ninguna definición de "rendimiento", y el uso de esa expresión que allí se hace en tres ocasiones, no permiten atribuirle necesariamente el sentido que la reclamante le asigna en su particular definición. Por ello resultaba procedente la solicitud de aclaración a la reclamante. c) Respecto de la segunda solicitud de aclaración del mencionado amparo, relativa al numeral ii), señala que este requerimiento es aún más genérico que el ya tratado a propósito del amparo C635-14, pues aquí pide todos los documentos relacionados con cualquier programa respecto del impuesto adicional establecido en el artículo 59 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de los últimos 10 años. d) Contrariamente a lo sostenido por la ocurrente, el Servicio sí comunicó de inmediato a la requirente de esta situación, pues ello ocurrió tan pronto adquirió la certeza de que conforme a sus términos no resultaba posible determinar exactamente lo solicitado. e) En tales condiciones, no habiendo la requirente aclarado sus solicitudes, ya sea que las hubiere confirmado en sus términos primitivos o las hubiere explicado y/o modificado a objeto de facilitar su inteligencia y permitir la adecuada identificación de lo pedido, se produjo el efecto fijado por la norma, a saber, debe tenérsele por desistida de pleno derecho de su petición. f) Seguidamente, manifiesta que mediante sus solicitudes la reclamante no solo pide velada e indirectamente el programa de fiscalización "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el extranjero vía Internet" sino que pide también expresamente la individualización, hipótesis y rendimientos de programas llevados a cabo en un periodo de 10 años, lapso más que suficiente para permitir la extracción de datos que hagan factible proyectar probabilísticamente el riesgo de fiscalización a contribuyentes determinados. g) También, pide todos sus antecedentes, instrucciones, informaciones sustentatorias, evaluaciones, descripción de sistemas de procesamiento de datos, en suma, como se expresó en las resoluciones recurridas, un conjunto de documentos relacionados con el diseño, objetivos, criterios, aplicación y desarrollo de los programas de fiscalización, los cuales están afectos a la causal de secreto del articulo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. h) Así, la entrega de los datos, documentos y antecedentes enumerados precedentemente y otros del mismo tipo contenidos en la petición, equivale a revelar el contenido íntegro de los planes de fiscalización que al Servicio implementa en el desarrollo de su labor fiscalizadora. i) La divulgación de las especificaciones técnicas, características operativas, instrumentos de capacitación o de operación elaborados respecto de los Sistemas Computacionales del Servicio, afecta las funciones del órgano y afecta el interés nacional. Lo solicitado no consiste en una descripción general de los sistemas informáticos del Servicio sino que solícita conocer sus especificaciones operacionales (características operativas), funcionalidades precisas (detalle de información a la que mediante ellos es posible acceder) y manuales de operación de los mismos (instrumentos de capacitación o de operación elaborados). j) La revelación de antecedentes obtenidos mediante declaraciones de terceros efectuadas conforme la legislación tributaria afecta las funciones del órgano. Sobre el particular, el Servicio indica que bajo la facultad otorgada por el artículo 60 inciso 8° del Código Tributario, en el contexto de detección y evaluación de potenciales figuras de evasión tributaria que le permitan efectuar el diseño de planes o programas generales o especiales de fiscalización, dicho órgano puede requerir de terceros que aporten antecedentes que obren en su poder respecto de otros contribuyentes. Dicha información constituye un insumo vital para el diseño y posterior implementación de los planes de control tributario, cuya revelación pondría en grave riesgo el logro de sus objetivos de su labor de fiscalización, pues la divulgación de los antecedentes obtenidos en ejercicio de dicha facultad legal, presenta semejanzas respecto de la situación en que se encuentran aquellos particulares que facilitan informaciones tendientes a que la autoridad despliegue sus potestades públicas y que el Consejo ha resguardado de la publicidad en el entendido que afectarían el cumplimiento de las mismas funciones públicas que la entrega de los datos coadyuva a cumplir (en este sentido cita las decisiones de amparo Rol C861-13 y C936-13). k) En el caso particular, los documentos que el Servicio recabó en virtud de la facultad señalada en el epígrafe, contienen información qué puede afectar los derechos de terceros, pues conciernen a operaciones comerciales entre particulares y que atañen a un número superior a 1000 personas naturales y jurídicas, por lo que para dar el acceso requerido habría que haberles notificado a cada uno en la forma señalada en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, operación materialmente imposible en el limitado tiempo que al efecto señala dicho texto legal, lo que configura la causal denegatoria prevista en el artículo 21 N° 1 de esa misma ley. l) Además de lo anterior, entre los datos recabados para el diseño del programa de fiscalización se encuentra el nombre, RUT y dirección de numerosas personas naturales, quienes no consintieron en la entrega de sus datos a este organismo ni menos a otros terceros de modo que el tratamiento de tales datos personales obliga a mantener los mismos en secreto o reserva. m) En lo relativo a los resultados del programa Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía internet'', dicha información no es posible de proporcionar, pues aún no se conocen los resultados finales del programa ya que aún está en ejecución. n) Respecto de la individualización de casos con declaración rectificatoria voluntaria del contribuyente, aduce que ello supone revisar todos y cada uno de los casi 100 casos contemplados en el programa de fiscalización en curso, para determinar en cuántos de ellos, los contribuyentes se allanaron a las observaciones del Servicio presentando voluntariamente declaraciones rectificatorias. No se trata de un reporte estadístico o sólo numérico, pues se reclama la individualización de cada caso, lo que significa revelar el RUT, nombre o razón social de los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que voluntariamente rectificaron sus declaraciones origínales. Del mismo modo, individualizar los casos con giro supone revisar cada caso comprendido en el programa y precisar primero, si hubo liquidación y si la misma fue reclamada o no, pues en el primer caso el Servicio podría estar impedido legalmente de girar o podría tratarse de un caso de giro inmediato. Segundo, si hubo rectificatoria también habría giro inmediato. o) Los sistemas de reportes de control de gestión que el Servicio tiene instruidos, no consideran la individualización de cada caso sino que son reportes numéricos y globales, como se acredita mediante copia de la ficha de retroalimentación que ordena el Oficio Circular N° 57 de 2003, cuya copia adjunta. No existe un reporte que "individualice" casos de contribuyentes corno lo pretende la peticionaría y no corresponde elaborarlo a su requerimiento. p) En cambio, respecto de los "casos terminados con liquidación; y casos pendientes, indicando en cada uno de ellos los montos involucrados" contenida en el -numeral vii) del amparo Rol C635-14- el Servicio informó acerca de los resultados parciales logrados por el programa, indicando el número de casos enviados, de casos terminados y casos activos (pendientes): y las cantidades globales de monto liquidado, monto rectificado y monto girado, únicamente respecto de casos terminados, pues en los casos pendientes no existe resultado alguno que informar. q) La peticionaria pide que se "indique casos", vale decir, nuevamente pide individualización de contribuyentes fiscalizados, sean personas naturales y jurídicas. Al respecto y según se señaló el programa no está concluido, por lo que no existe información final de condonaciones solicitadas y otorgadas, "en relación a los contribuyentes fiscalizados" por cuanto los reportes de condonaciones no están ordenados por programa de fiscalización. r) En cuanto a la nómina que señala la solicitante como fundamento de su disconformidad con la información entregada, no se indica el programa de fiscalización que motivó el giro condonado, ni se asocia el RUT del contribuyente con ninguna acción de fiscalización en particular, como aparece del siguiente cuadro que indica las menciones de tales archivos -adjunta copia-. Por lo tanto, no existen reportes consolidados de condonaciones ordenados según programa de fiscalización, y de este modo, no existe un reporte elaborado que cumpla los requisitos exigidos por la reclamante, respecto de un plan que aún no concluye y cuya elaboración ad-hoc exige actuaciones que van mucho más allá del simple acopio de datos para su entrega. s) Seguidamente, aduce que apreciadas la totalidad de las solicitudes a la luz de la amplitud y generalidad de sus alcances y de la profundidad y magnitud de los datos que procuran, se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, por cuanto su divulgación importa un nesgo cierto y probable para la eficacia recaudatoria del Fisco y, con ello, los intereses económicos del país. t) Por último, respecto de lo solicitado por este Consejo al conferir traslado de ambos amparos, señala que: i. En relación al numeral iii) del amparo Rol C635-14, se trata de 152 casos. Respecto de los numerales iv) y v) manifiesta que es tanta la menudencia de documentos e información que abarca, que el sólo procedimiento para intentar cualificarlos ha exigido una labor que no ha sido posible dar por concluida a la fecha, que permita tener una noción del volumen de información que tales numerales abarcan. ii. Respecto del estado actual del programa de fiscalización "impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet", señala que éste consideró contribuyentes de los segmentos grandes, medianos y PYMIPE. Se enviaron un total de 152 casos distribuidos en las Direcciones Regionales 5, 6, 13, 14, 15, 16 y DGC, de los cuales, 9 fueron devueltos, 85 se encuentran terminados, 32 están activos y 26 se encuentran asignados a grupo. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el principio de economía procedimental, contemplado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo al hecho que entre los amparos Roles C635-14, C636-14, existe identidad respecto del reclamante y del órgano requerido, además de tratarse de solicitudes relativas a información de similar naturaleza, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que lo solicitado en la especie corresponde, en términos generales, a diversos antecedentes relativos al Plan o Programa de auditoría denominado "Impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet". Conforme con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia dicha información es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto alguna de las causales de reserva establecida en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, respecto del numeral i) del amparo Rol C635-14 -información y/o copia de la documentación entregada por Google Chile Ltda. al SII con motivo y/o relación a la Notificación N° 817/5, de 11 de julio de 2012- la reclamada alegó la inexistencia de lo solicitado en atención a que la referida notificación había sido dejada sin efecto. En sus descargos, acompañó copia del Oficio N° 77312022083 que da cuenta de lo informado por la reclamada, fundado en que la empresa Google Chile Limitada no realiza actividad alguna con clientes chilenos y es una empresa distinta a la sociedad extranjera Google Inc. Conforme con lo expuesto, el SII informó en su respuesta que la mencionada sociedad que se consigna en el oficio a que alude el solicitante no proporcionó documentación alguna a ese órgano. De este modo, a juicio de este Consejo, se encuentra suficientemente acreditada la inexistencia de lo solicitado en dicho literal por lo que se rechazará en esta parte el amparo en análisis. Con el mérito de los documentos señalados y lo informado por la reclamada, cabe tener por contestada la solicitud del numeral vi), por cuanto se refiere a la misma materia. 4) Que, en cuanto al numeral ii) de la mencionada solicitud, relativa a que la reclamada "Individualice y entregue copia de la información y documentos que sirvieron de origen y antecedentes al programa de auditoría denominado Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet" el SII en su respuesta indicó que entregaba "copia de la documentación que sirvió de antecedente al programa de auditoría materia de la solicitud, cuya fuente haya sido de acceso público al día de su recepción". Seguidamente, denegó aquellos antecedentes relativos a dicha solicitud que no reunían tal calidad al estimar que su entrega podía afectar derechos de terceros, pues se referían a operaciones comerciales entre particulares, informadas al Servicio en virtud del artículo 60 del Código Tributario y que atañen a un número superior a 1000 personas naturales y jurídicas. En este sentido, agregó que la divulgación de la información desincentivaría la espontánea y completa entrega de parte de los declarantes de los datos, configurándose de ese modo la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Al respecto, la solicitante aduce que la anotada afectación no se configuraría por cuanto en su requerimiento indicó expresamente que se excluyeran los datos personales de los contribuyentes así como aquellos que se encuentren amparados por el secreto bancario. 5) Que, conforme con lo expuesto, para hacer entrega de la documentación que la reclamada ha reservado -relativa a antecedentes recopilados de terceros previo a la ejecución de programa de auditoría- sin que ello revele la identidad de los mencionados terceros que han proporcionado tales antecedentes, y a fin de entregar la información del modo que lo ha solicitado la reclamante, esto es, protegiendo aquellos datos patrimoniales de los contribuyentes, se advierte que ello no sólo demanda la actividad del órgano en orden a recopilar la documentación requerida, sino que, además, exige la revisión exhaustiva de cada uno de los documentos proporcionados por dichos sujetos -cuyo número aproximado es de 1000 personas naturales y jurídicas- a fin de establecer aquella información que merezca ser resguardada, como por ejemplo, datos personales, para finalmente tarjar dichos antecedentes, en aplicación del principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Conforme a lo anterior, este Consejo estima que en la especie, se configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará en esta parte el presente amparo. 6) Que, en lo que atañe al numeral iii) de la solicitud, la reclamada ha denegado la entrega de la individualización de los contribuyentes que fueron objeto del programa "Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet", al estimar que la divulgación de dicha información puede ser erróneamente percibida por la opinión pública como indiciaria de un comportamiento tributario anómalo o irregular. Además, señaló que atendido el número de contribuyentes de que se trata, dar aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia configuraría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Del mismo modo denegó la entrega de "los criterios de selección de los mencionados contribuyentes", en virtud de la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 1 del precitado texto legal, señalando que dar a conocer los programas de fiscalización a terceros ajenos a la institución afectaría el debido cumplimiento de sus funciones. 7) Que, en lo que respecta a la identidad de los contribuyentes que fueron sujetos del referido programa de fiscalización, a juicio de este Consejo la entrega de dicha información configura la causal de reserva establecida en el artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto, conforme con lo expresado por la reclamada, la circunstancia de haber sido sujeto de la fiscalización no importa un juicio de valor acerca de su comportamiento tributario por parte de ese organismo, de modo que la entrega de la misma generaría una exposición pública de dicha condición de sujeto fiscalizado y una eventual afectación a la presunción de inocencia que los ampara, circunstancia que a juicio de este Consejo justifica reservar la información en análisis. 8) Que, respecto de los criterios de selección de tales contribuyentes, resulta pertinente tener presente la decisión recaída sobre amparo Rol A96-09, en contra del mismo órgano, en la cual este Consejo estimó que la divulgación de la información requerida -que en dicho caso consistía en copia del programa de fiscalización "Síndicos I"- afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, sólo en cuanto la reserva de dicho programa de fiscalización puede servir mejor al interés público al permitir que el Servicio pueda ejercer su función fiscalizadora con mayor eficacia y eficiencia, ya que "la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio que, de ser conocidos previamente por los fiscalizados les facilitarían eludir la acción del fiscalizador", generando, en definitiva, un daño probable y específico a la tarea de fiscalización que debe realizar el SII en cumplimiento de un mandato legal. Al respecto, es menester consignar que la divulgación de los criterios utilizados por el SII en la determinación de los contribuyentes que serán objeto de un programa de fiscalización puede igualmente afectar el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de esa entidad del modo señalado en la antedicha decisión. Ello, por cuanto la información solicitada permitiría a otros contribuyentes eludir el control que sobre ellos pueda ejercer el órgano fiscalizador, razón por la cual se rechazará en esta parte el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 1 de la Ley de Transparencia. 9) Que, en cuanto a los numerales iv) y v) de la solicitud en análisis, el órgano reclamado manifestó que los requerimientos no identifican claramente aquello que se solicita por lo que la solicitante debía dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, letra b) de la Ley de Transparencia en cuanto a aclarar su solicitud. Aduce que la información requerida alcanza a un sinnúmero de antecedentes o documentos que pueden estar en una variedad de expedientes, registros y/o soportes, sin que exista un registro único, centralizado y sistematizado de tales documentos. Agregó en este sentido, que la búsqueda y calificación del grado de relación de cada uno de los documentos existentes con el plan en comento, conllevaría distraer a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores. En subsidio, la reclamada manifiesta que los documentos solicitados se encuentran relacionados con el diseño, objetivos, criterios, aplicación y desarrollo de los programas de fiscalización, por lo que su divulgación configuraría la causal de secreto del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 10) Que, conforme al artículo 7° N° 1, letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia, los requerimientos de carácter genérico son aquellos que "carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera". Sin embargo, analizada la solicitud de los precitados numerales -respecto de los cuales la reclamada adujo la falta de especificidad- a la luz del precitado concepto, se concluye que éstos identifican las características esenciales de la información requerida, toda vez que se precisa de manera indubitada el programa de fiscalización a la que se refiere la documentación requerida. En consecuencia, el citado requerimiento tiene un nivel de especificidad suficiente que lo hace completamente inteligible, y, por tanto, se rechazará, dicha alegación de la reclamada. 11) Que, en virtud del artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Por su parte, el artículo 7° N° 1 literal c) del Reglamento de la Ley, dispone que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 12) Que, de acuerdo con lo informado por el órgano reclamado, la información requerida en los mencionados numerales -documentos de diversa naturaleza a saber: informes, minutas, correos electrónicos, memos, oficios, reservados, instrucciones- se refiere a un número indeterminado de antecedentes que puede encontrarse en distintos registros y soportes. En sus descargos, agregó que es tal la "menudencia de documentos e información que abarca, que el sólo procedimiento para intentar cualificarlos ha exigido una labor que no ha sido posible dar por concluida a la fecha, y que le permita tener una noción del volumen de información que tales numerales abarcan". Además, informó que el programa de fiscalización "impuesto Adicional por Pago de Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet", consideró contribuyentes de los segmentos grandes, medianos y PYMIPE y se enviaron un total de 152 casos distribuidos en las Direcciones Regionales 5, 6, 13, 14, 15, 16 y la Dirección de Grandes Contribuyentes. 13) Que, establecido lo anterior, se advierte que la entrega de la documentación que se solicita en los mencionados literales no sólo demanda la actividad del órgano en orden a recopilar la documentación de distinta naturaleza que se requiere desde las distintas dependencias que han intervenido en el mencionado programa, sino que, además, exige la revisión exhaustiva de cada uno de los documentos de que se trata a fin de establecer aquella información que merezca ser resguardada, como por ejemplo, datos personales, para finalmente tarjar dichos antecedentes, en aplicación del principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia. 14) Que, adicionalmente, cabe tener presente que entre lo solicitado se encuentran correos electrónicos "del Director, de los Subdirectores, Directores Regionales, y funcionarios sobre el proceso de fiscalización Impuesto adicional por pago de servicios de publicidad prestados en el extranjero vía internet", así como los enviados por "la Subdirección de Fiscalización, sus departamentos u oficinas a las Direcciones Regionales y Dirección de Grandes Contribuyentes" respecto del precitado programa. Como se advierte, a fin de determinar el volumen de la información solicitada, la reclamada debería proceder primeramente a conferir traslado a cada uno de los funcionarios involucrados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a fin de que cada uno de éstos realice una revisión material de cada uno de sus computadores. Dicha búsqueda, supondría verificar la existencia efectiva de los correos electrónicos consultados para lo cual únicamente existe como criterio de búsqueda el programa de auditoría señalado. 15) Que por todo lo señalado precedentemente, a juicio de este Consejo, se torna plausible la alegación de la reclamada y la consiguiente distracción de sus funcionarios respecto de sus labores habituales, afectando con ello el debido cumplimiento de sus funciones con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. En este sentido, cabe tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, que los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 16) Que, a mayor abundamiento, atendido que los mencionados antecedentes en definitiva dan cuenta del proceso de comunicación que se lleva a efecto al interior del órgano fiscalizador mientras se ejecuta el programa de auditoría en comento, la divulgación de tales antecedentes tiene el potencial suficiente para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado del modo en que se ha expuesto en el considerando octavo de la presente decisión. 17) Que, respecto de los numerales vii) de la solicitud en análisis a través de la cual la solicitante requiere le informen los resultados del programa referido individualizando los casos terminados con rectificatoria y giro; casos terminados con liquidación y casos pendientes, indicando en cada uno de ellos los montos involucrados, el órgano manifestó que no existe un estudio que individualice cada uno de los casos en la forma requerida y, además, precisó que el citado programa aún se encuentra en ejecución por lo que aún no dispone de todos sus resultados. Sin perjuicio de ello proporcionó a la solicitante un cuadro que contiene información relativa a los montos liquidados, girados, y rectificados, relativo a los casos que se encuentran terminados, y el total de casos activos. En sus descargos, precisó que la individualización de cada caso, significa revelar el RUT, nombre o razón social de los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que voluntariamente rectificaron sus declaraciones origínales. Agregó que individualizar los casos con giro supone revisar cada caso comprendido en el programa y precisar primero, si hubo liquidación y si la misma fue reclamada o no, pues en el primer caso el servicio podría estar impedido legalmente de girar o podría tratarse de un caso de giro inmediato, y segundo, si hubo rectificatoria también habría giro inmediato. 18) Que, al respecto, se advierte que la información entregada por el SII con ocasión de su respuesta, satisface aquella parte de la solicitud del numeral vii) relativa a los casos terminados, con la indicación de los montos por liquidación, giro, y rectificación y el total de casos activos. Ahora bien, en lo que incumbe a la individualización de los casos, ello implicaría singularizar a los contribuyentes que fueron objeto del referido programa -el cual aún no concluye-. Al respecto la circunstancia de que determinados casos se consignen como terminados en los registros que obran en poder de la reclamada no obsta a que los contribuyentes puedan impugnar la decisión de la autoridad. En efecto, según consta en la Circular N° 58, de 21 de septiembre de 2000, del SII, se señala que la "con la liquidación culmina el proceso de determinación de diferencias de impuesto, y en ella se fija la posición de la administración respecto del cumplimiento tributario, compeliendo al contribuyente a aceptar la obligación señalada, o en su defecto, a impugnarla mediante la deducción del reclamo respectivo." De este modo la individualización de los contribuyentes podría generar una exposición pública de dicha condición de sujeto fiscalizado y una eventual afectación a la presunción de inocencia que los ampara, circunstancia que a juicio de este Consejo justifica reservar la información en análisis, por lo que debe rechazarse la mencionada parte de la solicitud que requiere la individualización de los casos. 19) Que, en lo incumbe al numeral viii) de la solicitud -casos, porcentajes y montos de condonaciones otorgadas por el SII en relación a los contribuyentes fiscalizados por el programa referido-, el órgano reclamado manifestó que no existe un reporte con los datos solicitados, ya que éstos debieran extraerse de los antecedentes de cada contribuyente incluido en el plan registrados en los sistemas informáticos de ese Servicio. Agregó que, sólo a contar de la dictación de la Circular N° 21 del 19 de abril de 2013, se dispuso por el Sr. Director el deber de los Directores Regionales y del Director de Grandes Contribuyentes, de remitir un informe mensual acerca de las condonaciones que otorgan en el ejercicio de sus funciones y que considera el número de RUT de los beneficiados, por lo que con anterioridad a esa fecha no existen reportes consolidados de condonaciones ordenados según programa de fiscalización. 20) Que, al respecto, cabe consignar que en sus descargos el órgano reclamado acompañó copia del Oficio Circular N° 33 del 31 de mayo de 2002 que, en lo pertinente, se refiere al contenido de la "nómina mensual de condonaciones otorgadas", el cual, entre otras menciones, contiene el relativo al RUT del contribuyente de que se trata, monto y porcentaje total condonado, así como el correspondiente a interés y multa. A juicio de este Consejo, para obtener la información solicitada en el literal en análisis la reclamada sólo debe vincular la información existente en sus bases de datos relativas a condonaciones otorgadas, con aquella relativa a los contribuyentes fiscalizados en el programa precitado contenida igualmente en sus sistemas informáticos, no advirtiéndose que la obtención de dicha información pueda irrogar un costo excesivo para el órgano reclamado. 21) Que por otra parte, el resguardo de la identidad de los contribuyentes a que se refiere el numeral vii) de la precitada solicitud-cuyo fundamento se explicita en el considerando 18- no se extiende a los casos cuya individualización se solicita en el numeral viii) en análisis, esto es, los contribuyentes respecto de los cuales el SII ha acogido una solicitud de condonación. Sobre el particular, conviene tener presente que conforme con lo razonado por este Consejo, entre otras, en las decisiones Roles C1028-12 y C1101-12, las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad, lo que resulta especialmente replicable respecto de aquellas que han sido condonadas. En el mismo sentido, cabe agregar lo señalado en la decisión Rol C194-13, relativa a un convenio de pago de impuestos, en orden a que "los antecedentes solicitados, incluidos en un acto celebrado por la Administración con un particular, propicia el control social y el debido escrutinio en relación a la procedencia y forma del otorgamiento de un beneficio por parte del Estado, que son las facilidades de pago y los términos en que las mismas se pactaron, respecto de un determinado deudor tributario." 22) Que sobre la base de lo razonado, se acogerá el amparo respecto del precitado numeral viii) y se requerirá a la reclamada hacer entrega de la información ahí solicitada al reclamante. 23) Que, respecto del numeral i) del amparo Rol C636-14 -individualizar los programas de fiscalización selectivos con sus hipótesis y rendimientos que ha realizado en los últimos 10 años respecto del impuesto adicional establecido en el artículo 59 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta-, el órgano reclamado en su respuesta señaló que dispone de la individualización de los programas de fiscalización selectivos enfocados en el segmento de medianas y grandes empresas, llevados a cabo por el Servicio en relación con la Tributación Internacional e Impuesto Adicional desde el año 2010 al 2013, listado que no discrimina la norma legal requerida por la solicitante. Asimismo, cabe consignar que en los descargos evacuados por la reclamada respecto del amparo Rol C327-14, señaló respecto de una consulta estadística de gestión (rendimientos, criterios de selección) para una hipótesis precisa de fiscalización (número de procesos de fiscalización "respecto del impuesto adicional establecido en el artículo 59 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta por servicios, actos, contratos y/o transacciones realizadas por internet"), que no ha elaborado ni posee ningún estudio o reporte que considere las variables allí expuestas, por lo que un documento semejante no existe. En dicho contexto, y atendido lo señalado por la reclamada en orden a que no dispone en sus registros la información solicitada cabe en esta parte el mencionado presente amparo, siendo inoficioso pronunciarse respecto de la procedencia de la solicitud de aclaración requerida respecto de la expresión "rendimiento" a que se alude en dicha solicitud. 24) Que, en cuanto al numeral ii) de la solicitud en análisis, atendida la naturaleza de la información solicitada - oficios, reservados, memos o correos electrónicos, anexos, nóminas y documentos relativos a programas de fiscalización- cabe rechazar igualmente el presente amparo por las mismas razones señaladas en los considerandos 13 a 16 de la presente decisión, relativos a los numerales iv) y v) del amparo Rol C635-14. 25) Que, respecto del numeral iii) de la solicitud en comento -informe sobre los sistemas computacionales de apoyo a la fiscalización y administración de procesos de que dispone el Servicio de Impuestos Internos, sus características operativas y la información a la que es posible acceder, junto con los instrumentos de capacitación o de operación elaborados- el órgano reclamado denegó la entrega de lo solicitado en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Al efecto, aduce que la divulgación de los antecedentes requeridos expone sus sistemas a intromisiones indebidas por parte de terceros, crea brechas en las medidas de seguridad de las bases de datos confidenciales que debe administrar y la expone innecesariamente a entorpecimientos al ejercicio regular de sus funciones. 26) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, resulta pertinente tener presente lo resuelto por este Consejo en la decisión Rol C363-12 respecto de un amparo deducido en contra del mismo órgano, en la cual se razonó que "(...) aunque en algunos casos la publicidad favorece el debido funcionamiento del servicio, en casos como éste ocurre más bien lo contrario, pues la reserva puede servir mejor al interés público al permitir que el servicio pueda ejercer su función fiscalizadora en materia de tributos con mayor eficiencia y eficacia. En efecto, la publicidad del acto administrativo señalado, al implicar la revelación de los procedimientos informáticos de seguridad que emplea el SII para administrar la base catastral relacionada con la aplicación del impuesto territorial, supondría dar a conocer las eventuales vulnerabilidades del sistema y de sus métodos de control y protección, y, seguidamente posibilitar potenciales ataques externos, todo lo cual a juicio de este Consejo configura un riesgo de daño cierto, probable y específico a la tarea de fiscalización que debe realizar el SII en cumplimiento de un mandato legal, por lo que se hará lugar a la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia." A juicio de este Consejo, atendido el nivel de especificidad de la información que se solicita respecto de los sistemas computacionales de apoyo a la fiscalización y administración de procesos del órgano reclamado, cabe rechazar igualmente el mencionado numeral del presente amparo, por aplicación del criterio contenido en la decisión citada. 27) Que finalmente, respecto de la solicitud de audiencia solicitada por la reclamante, cabe rechazar la misma, por ser suficientes los antecedentes existentes para la resolución de este amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo Rol C636-14 deducido por doña Javiera Alejandra Suazo López, en contra del Servicio de Impuestos Internos. II. Acoger parcialmente el amparo Rols C635-14 deducido por doña Javiera Alejandra Suazo López, en contra del Servicio de Impuestos Internos. III. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos: a) Hacer entrega al reclamante de la información solicitada en el numeral viii) de la solicitud que dio origen al amparo Rol C635-14. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Javiera Alejandra Suazo López, y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. El Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no firma por no concurrir al acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.