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<strong>DECISIÓN RECLAMO Nº C191-10 </strong></p>
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Entidad pública: Empresa Nacional del Petróleo</p>
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Reclamante: Francisca Skoknic Galdames</p>
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Ingreso Consejo: 31.03.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 159 de su Consejo Directivo, celebrada el 22 de junio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C191-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional N° 9.518, de 1950, que fija como propiedad del Estado todos los yacimientos petrolíferos que se encuentren en el territorio nacional; el Código del Trabajo; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.S. N° 13/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) RECLAMO POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA: Doña Francisca Skoknic Galdames, el 31 de marzo de 2010, interpuso ante este Consejo, un reclamo por las siguientes infracciones a las normas de transparencia activa en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (en adelante ENAP):</p>
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a) La información publicada en la página web de la empresa pública reclamada es incompleta;</p>
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b) Infracciones al artículo décimo de la Ley N° 20.285, específicamente su letra h), que dispone: “Toda remuneración percibida en el año por cada Director, Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa, incluso aquellas que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo que le hayan sido conferidos por la empresa, o por concepto de gastos de representación, viáticos, regalías y, en general, todo otro estipendio. Asimismo, deberá incluirse, de forma global y consolidada, la remuneración total percibida por el personal de la empresa”.</p>
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c) En el sitio web de ENAP (www.enap.cl), sólo se consignan las remuneraciones brutas anuales del gerente general y de la planta ejecutiva, en su conjunto, sin individualizar los doce ejecutivos que la componen.</p>
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d) En conformidad con el artículo décimo de la Ley N° 20.285, se establece claramente que los sitios web de las empresas públicas en que el Estado tenga más de 50% de participación, deberán incluir la remuneración anual de cada uno de los gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa.</p>
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e) Así lo estimó también este Consejo, en las decisiones recaídas en el reclamo R12-09, de 14 de agosto de 2009 y R15-09, de 25 de septiembre de 2009, ambos en contra de Televisión Nacional de Chile, en los que se consideró que respecto de los gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa, sus remuneraciones también debían publicarse.</p>
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f) La Instrucción General N° 5 de este Consejo, publicada en el Diario Oficial el 3 de febrero de 2010, es clara en cuanto a la información que debe publicarse por la empresas públicas y ENAP no está siguiendo los lineamientos de la referida Instrucción.</p>
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g) Resulta relevante que ENAP sea precisa en el desglose de las remuneraciones o bien en las aclaraciones que se hacen en la sección “Observaciones”. Lo anterior, debido a que es necesario incluir la fecha de ingreso de cada uno de los gerentes de ENAP y diferenciar las remuneraciones del cargo respecto de las remuneraciones de las personas en particular.</p>
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h) Asimismo, la información de ENAP en cuanto a los gerentes debería incluir los bonos cancelados por su desempeño durante el año 2009, ya que la información debe actualizarse durante los primeros diez días de cada mes.</p>
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2) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL RECLAMO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo declaró admisible el presente reclamo. Atendido lo anterior, mediante Oficio N° 618, de 8 de abril de 2010, se procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado al Gerente General de ENAP. Mediante carta N° 0499, de 26 de abril de 2010, el Gerente General realizó los siguientes descargos u observaciones al reclamo por infracción de las normas de transparencia activa:</p>
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a) Estima que este Consejo carece de facultades legales para acoger a tramitación y resolver el presente reclamo, habiendo excedido sus facultades legales y constitucionales al acogerlo a tramitación.</p>
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b) En conformidad con la Ley N° 20.285, se puede concluir inequívocamente que este Consejo no tiene facultad alguna ni para regular ni fiscalizar a las empresas del Estado sujetas a la obligación de transparencia activa en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo de la Ley N° 20.285, ni tampoco tiene facultades para resolver reclamaciones referidas al cumplimiento de dicha obligación.</p>
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c) De la lectura de la Ley N° 20.285 no existe ninguna disposición expresa relativa a las empresas públicas, salvo en el artículo décimo de la misma. El único organismo que tiene competencias de fiscalización y sanción sobre las empresas del Estado, es la Superintendencia de Valores y Seguros o, en su caso, la superintendencia a cuya fiscalización se encuentra sometida la respectiva empresa.</p>
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d) La conclusión anterior, se puede obtener también del Reglamento de la Ley N° 20.285 y de los propios Estatutos de este Consejo.</p>
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e) Por lo tanto, solicita a esta Corporación que se inhiba de conocer la presente reclamación.</p>
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f) En el caso de que este Consejo no se inhiba de conocer el reclamo, evacúa a continuación sus descargos.</p>
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g) La información publicada por ENAP en su página web, se ajusta a cabalidad con las disposiciones del artículo décimo de la Ley N° 20.285 y las demás disposiciones que rigen a la empresa, incluyendo su Ley N° 9.518, de 1950 y el Código del Trabajo.</p>
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h) En conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 9.518, la administración de ENAP corresponde a su Directorio, que es el máximo órgano de dirección y administración de la empresa (“Artículo 3°. La Empresa será administrada por un Directorio compuesto de las siguientes personas: El Vicepresidente de la Corporación de Fomento, que lo presidirá, y cinco Directores, tres designados por la Corporación de Fomento de la Producción, uno por la Sociedad Nacional de Minería y otro por la Sociedad de Fomento Fabril.// La elección de los representantes de la Corporación de Fomento de la Producción se hará por voto unipersonal.// Los Directores durarán tres años en sus funciones, podrán ser reelegidos y removidos por sus respectivos mandantes y tendrán como única remuneración la misma que corresponde a los Consejeros de la Corporación de Fomento de la Producción, por su asistencia a sesiones, según las leyes.// Es compatible esta remuneración del Directorio con la de cualquiera institución fiscal o semifiscal, inclusive las de la Corporación de Fomento de la Producción”). Dicha entidad tiene, entre sus atribuciones, la de designar un Gerente General, quien se encarga de ejecutar sus acuerdos, delegándose en éste amplias y superiores funciones de administración de la empresa, sujetas siempre al control y dirección del Directorio (“Artículo 4°. El Directorio a que se refiere el artículo anterior designará un gerente encargado de ejecutar sus acuerdos, el que tendrá las atribuciones y obligaciones que le fije aquél y la representación judicial y extrajudicial de la Empresa.// El Gerente tendrá voz en las sesiones del Directorio y podrá hacer constar sus opiniones en las actas respectivas”).</p>
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i) El resto de la plana de ejecutivos referidos en la página web de la ENAP –correspondiente a doce ejecutivos– está compuesto por gerentes y ejecutivos que reportan directamente al gerente general y que por lo mismo no son, según lo dispone el artículo décimo de la Ley N° 20.285, “responsables de la dirección y administración superior de la empresa”, la que radica exclusivamente en su directorio y en su gerente general. Esta situación, estaría claramente reflejada en la información publicada en la página web de la empresa.</p>
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j) Aunque ENAP no se encuentra obligada a entregar el detalle personalizado de la remuneración anual de dichos ejecutivos, sí se entrega la información global de las remuneraciones anuales de ellos, en cumplimiento de lo instruido por la Presidencia de la República, mediante Oficio de 17 de abril de 2009.</p>
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k) La Ley Orgánica de ENAP, en su artículo 7°, dispone que: “Los empleados y obreros de la Empresa estarán sometidos a las disposiciones del Código del Trabajo y demás leyes que rigen a empleados particulares y obreros”. Por lo tanto, todo el personal de la empresa, incluidos sus gerentes y ejecutivos, se encuentran sujetos a las normas del Código del Trabajo. Éste protege los derechos fundamentales de los trabajadores, incluido su derecho a la intimidad y a la vida privada, correspondiendo a todo empleador el deber de mantener reserva sobre la información y datos personales privados del trabajador a los que tenga acceso con ocasión de la relación laboral, en conformidad con los artículos 5° y 154 bis del Código del Trabajo. Dentro de dicha información, se encuentra la relativa a las remuneraciones de los trabajadores. Por ello, cualquier publicidad que afecte a las remuneraciones debe ceñirse estrictamente a los términos de la ley laboral y cuidar de no vulnerar tales derechos.</p>
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l) Una eventual obligación de entregar información relativa a los gerentes y ejecutivos que no tienen funciones de dirección superior de la empresa, supondría una grave discriminación para las empresas del Estado frente a las empresas privadas, que afectaría gravemente su posición competitiva y desconocería las normas constitucionales que regulan la actividad empresarial del Estado.</p>
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m) Este tema estuvo presente en la discusión del proyecto de la Ley N° 20.285, quedando claramente zanjado que la aplicación de dicha Ley no podría significar exigencias para las empresas del Estado que supusieran una carga mayor a la establecida para las empresas del sector privado.</p>
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n) Exigir a una empresa pública que revele información sobre las remuneraciones de sus ejecutivos más allá de lo exigido por el artículo décimo de la Ley N° 20.285, significaría una discriminación arbitraria en materia económica para las empresas públicas, en contravención del artículo 19 N° 22 de la Constitución y una desviación del principio contenido en el inciso segundo, del artículo 19 N° 21, de la Carta Fundamental, el que prescribe en términos generales, que el Estado empresario deberá regirse por la legislación común aplicable a los particulares y que cualquier excepción en la materia deberá tener motivos justificados y ser autorizada por una ley de quórum calificado.</p>
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o) La referida discriminación tendría como consecuencia afectar gravemente la posición competitiva de ENAP frente a las empresas con las que compite o se relaciona en el mercado nacional e internacional, al revelar la estructura de costos de remuneraciones de toda su planta gerencial, facilitando la posibilidad de que empresas de su giro recluten a sus profesionales y técnicos, muchas veces formados en dichas compañías, ofreciéndoles remuneraciones mejoradas. Lo anterior, afectaría la continuidad, eficiencia, desarrollo y creación de valor al interior de la empresa, derivada de la estabilidad y mantención en la misma de valioso capital profesional.</p>
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p) En lo que se refiere a la aplicación de la Instrucción General N° 5 de este Consejo, reitera sus argumentos principales, en cuanto a que este Consejo no tiene facultades legales para la dictación y aplicación de dicha Instrucción, además de que, a la fecha de los descargos, aún no se encontraba vigente.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que en relación a la competencia del Consejo para conocer del presente reclamo es menester analizar el artículo 2°, inciso tercero, de la Ley de Transparencia que dispone: “También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio” (el destacado es nuestro). Esta norma exige como requisito esencial que el ámbito de aplicación esté dispuesto en forma expresa en la ley, con lo que genera una categoría especial de sujetos obligados. De ello da cuenta la opinión del Ministro Secretario General de la Presidencia, durante la discusión en sala en la Cámara de Diputados del Informe de la Comisión Mixta, al afirmar que las empresas públicas “serán regidas por la ley sólo cuando ésta haga mención específica de este tipo de entidades” (Historia de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, Biblioteca del Congreso Nacional, págs. 496 y 497, el destacado es nuestro).</p>
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2) Que el artículo décimo de la Ley N° 20.285 expresamente contempla las disposiciones que son aplicables a las empresas públicas, al establecer que: “El principio de la transparencia de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política y en los artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado es aplicable a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes” (el destacado es nuestro). Agrega luego, que: “En virtud de dicho principio, las empresas mencionadas en el inciso anterior deberán mantener a disposición permanente del público, á través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes debidamente actualizados”, enumerando a continuación categorías de Transparencia Activa, distintas de las que contempla para el resto de la Administración del Estado el artículo 7° de la Ley de Transparencia. Por su parte, el inciso final de la norma precitada establece que: “Las empresas a que se refiere este artículo, cualquiera sea el estatuto por el que se rijan, estarán obligadas a entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros o, en su caso, a la Superintendencia a cuya fiscalización se encuentren sometidas, la misma información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas de conformidad con la ley N° 18.046”. De esta forma, la Ley asimiló a todas las empresas mencionadas a las mismas normas que las sociedades anónimas abiertas y entregó la potestad sancionadora de los directores responsables de la empresa infractora a la respectiva Superintendencia, de conformidad con las atribuciones y el procedimiento que establezca la ley orgánica de aquélla.</p>
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3) Que de lo anterior se desprende que la aplicación de las disposiciones de la Ley a las empresas públicas se extiende únicamente a las referentes a la transparencia activa, con el contenido especificado en el artículo décimo recién transcrito. Adicionalmente, se exigió que estas empresas entreguen a la Superintendencia respectiva, idéntica información a la que deben entregar las sociedades anónimas abiertas a la Superintendencia de Valores y Seguros. Sin embargo, nada se dijo en forma expresa –como exige el ya señalado artículo 2°, inciso tercero de la Ley– sobre la aplicación de las normas referentes al derecho de acceso a la información que puede hacerse valer en un procedimiento de amparo. Por consiguiente, es dable concluir que dichas normas no se aplican a las empresas públicas creadas por Ley. Lo anterior es congruente con lo expresado por el Diputado Cardemil durante el segundo trámite constitucional de la Ley en análisis, en la discusión en sala de la Cámara de Diputados. Éste expresó que: “(…) constituye un logro haber incorporado a los principios de transparencia activa y pasiva del artículo quinto [actual artículo décimo] a las empresas públicas creadas por ley. Éste fue un reclamo transversal del Congreso Nacional. Todos los diputados planteamos que no era posible que empresas públicas que manejan recursos fiscales no se dejaran fiscalizar”. Agregó que, en relación a la transparencia activa: “El artículo quinto señala que las empresas públicas regidas por el principio de transparencia deberán mantener a disposición del público, en su página web, marco normativo, estructura orgánica, funciones y competencia, estados financieros, filiales, composición de sus directorios, información consolidada del personal, remuneraciones percibidas por el directorio cada año, incluso las que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo” y que “(E)n materia de transparencia pasiva, se consagra la obligación de darle a cualquier ciudadano al menos la información contenida en la FECU de una empresa privada, de una sociedad anónima y sanciona el incumplimiento de esta obligación con multa a beneficio fiscal”. Concluyó expresando que le “parece importante este avance; al fin dejamos a las empresas públicas sujetas a algún grado de requerimiento ciudadano en materia de información” (Historia de la Ley N° 20.285, pág. 289).</p>
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4) Que, una vez definido el ámbito de aplicación de la ley a las empresas públicas creadas por ley, se deben precisar las competencias de este Consejo para verificar el cumplimiento de las obligaciones que la Ley hace exigibles en el artículo décimo a dichas empresas, esto es, las de transparencia activa. En este sentido, el artículo 32 la Ley de Transparencia radica en el Consejo la competencia para promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información. Competencias de promoción, fiscalización y garantía no sujetas a ninguna restricción, que puede ejercer en función de la materia respecto de todos los órganos que estén sometidos a la Ley de Transparencia, salvo aquellos autónomos constitucionales respecto de los cuales la Ley estableció expresamente una regulación diversa.</p>
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5) Que, en el artículo 33 de la Ley de Transparencia, donde se contemplan las funciones y atribuciones del Consejo, el legislador utiliza en reiteradas oportunidades la expresión “esta ley” para delimitar su ámbito competencial. Así ocurre, por ejemplo, en materia de fiscalización (letra a), aplicación de sanciones (letra a) y resolución de reclamos (letra b). Por consiguiente, es de relevancia determinar el alcance de la voz “esta ley” en el referido cuerpo normativo contemplado en la Ley N° 20.285.</p>
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6) Que, a juicio de este Consejo, la utilización en la Ley de Transparencia de la expresión “esta ley” no tiene como correlato la voluntad de restringir tal remisión únicamente a las normas establecidas en el “artículo primero” de la Ley N° 20.285, que contiene la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, sino que tal remisión se extiende a todo el cuerpo normativo contenido en la Ley N° 20.285, vale decir, a sus artículos primero a undécimo y su artículo transitorio. En el caso de las empresas públicas, las disposiciones de “esta ley” que permiten reconocerle competencia a este Consejo corresponden, en forma exclusiva, a las disposiciones que le son aplicables en conformidad al artículo 2°, inciso tercero, de la Ley de Transparencia, vale decir, a las que “esta ley expresamente señale”. Estas últimas no son otras que las contenidas en el “artículo décimo” de la Ley N° 20.285, referidas a las normas sobre transparencia activa. Esto significa que la competencia del Consejo para la Transparencia sobre las empresas públicas creadas por ley, está radicada y restringida a la promoción, fiscalización y sanción de las referidas normas de transparencia activa. En cambio, no es posible extender las normas relativas al derecho de acceso a la información (procedimiento de amparo) a las empresas públicas creadas por ley dado que el artículo décimo no las contempló. La mencionada conclusión es la única interpretación plausible que le da significado real o efecto útil a lo señalado en el artículo 2°, inciso tercero, de la Ley de Transparencia, ya que si no se entendiera que la expresión está tomada en sentido amplio (criterio amplio referido a todo el cuerpo normativo de la Ley N° 20.285) no existiría en “esta ley” (criterio restringido referido sólo a la Ley de Transparencia) ningún artículo aplicable a las empresas públicas creadas por ley. En efecto, de aplicar tal criterio el “artículo décimo” estaría contenido en otro cuerpo legal, distinto de la Ley de Transparencia (“esta ley”), y la remisión del artículo 2°, inciso 3°, carecería de contenido.</p>
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7) Corrobora lo anterior lo expresado por el senador Sabag en la discusión en sala del informe de la Comisión Mixta ante el Senado, quien al definir institucionalmente al Consejo constató que se trata de un organismo “con tuición, respecto de estos temas (transparencia y acceso a la información), sobre todo el aparato administrativo del Estado y de las empresas públicas” (Historia de la Ley N° 20.285, pág. 467, el destacado es nuestro).</p>
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8) Que, también, ENAP ha planteado que en el presente reclamo este Consejo habría excedido sus atribuciones legales. Tal exceso, sin embargo, no se produce pues como ya se señaló la expresión “esta ley”, utilizada en el artículo 33 letras a) y b), faculta también a este Consejo para fiscalizar en materia de transparencia activa a las empresas señaladas en el artículo dècimo de la Ley Nº 20.285, debiendo aplicarse para estos efectos la legitimación amplia del artículo 8° de la Ley que dispone que cualquiera puede presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo 7°, el que se tramitará conforme los artículos 24 y siguientes de la Ley, debiendo entenderse que la remisión al artículo 7º es al inciso 2º del artículo décimo de la Ley Nº 20.285.</p>
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9) Que en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, este Consejo no se inhibirá de conocer la presente reclamación y procederá a resolverla, pasando a analizar el fondo de la misma.</p>
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10) Que, ENAP, ha alegado que cumple cabalmente con lo dispuesto en la letra h), del artículo décimo de la Ley N° 20.285, al publicar en su página web las remuneraciones de los Directores y del Gerente General, no debiendo publicarse la remuneración de los otros doce gerentes y directivos por no ser responsables de la dirección y administración superior de la empresa, en conformidad con la Ley Orgánica N° 9.618 de ENAP y con el Código del Trabajo, que impide al empleador revelar información de los trabajadores a los que tiene acceso con ocasión de la relación laboral. Asimismo, ha argumentado que el publicar las remuneraciones de la totalidad de los gerentes y ejecutivos afectaría a la empresa en cuanto a su competitividad frente a las empresas del sector privado, estableciéndose una carga discriminatoria en su contra, así como la pérdida de valioso capital humano que ENAP ha formado.</p>
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11) Que, revisada la página web de ENAP (www.enap.cl) el 2 de junio de 2010, se pudo constatar que sólo se publican las remuneraciones brutas anuales del año 2009, de los Directores y del Gerente General y en forma consolidada lo que denomina la “Plana Ejecutiva”, compuesta por el Gerente General y doce ejecutivos que le reportan directamente.</p>
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12) Que este Consejo, en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, estima que los gerentes que son responsables de la dirección y administración superior de la empresa, teniendo la capacidad de determinar los objetivos, planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por sí solos o junto con otros, en el caso de ENAP son, al menos, los siguientes: Gerente General, Gerente Comercial, Gerente de Planeamiento y Gestión, Gerente de Servicios, Gerente de Finanzas, Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Desarrollo, Gerente de Logística, Gerente de Línea de Negocios Exploración & Producción ENAP Sipetrol S.A. y Gerente de Línea de Negocios Refinación ENAP Refinerías S.A.</p>
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13) La conclusión anterior se fundamenta en el claro tenor y sentido del artículo décimo, inciso 2°, de la Ley N° 20.285, especialmente su letra h). Dicho precepto pide informar: “Toda remuneración percibida en el año por cada Director, Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa”. De aquí se derivan dos consecuencias:</p>
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a) Que la Ley distingue entre tres categorías de sujetos: 1° Directores; 2° Presidentes o Vicepresidentes Ejecutivos; y 3° Gerentes. Éstas no pueden ser asimiladas entre sí, sino que debe buscarse el efecto útil que tiene cada una de las expresiones, pues de lo contrario el legislador no las hubiese empleado diferenciadamente.</p>
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b) Que el plural de la frase “Gerentes responsables” implica que no puede reducirse esta categoría a una persona, como ocurriría de entender que además del Directorio el único obligado adicional es la autoridad unipersonal ejecutiva, como el gerente general. Por el contrario, la Ley indica que son más de uno en “la empresa”, para lo cual habrá que atender a la situación de cada sujeto obligado.</p>
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14) Que en lo que se refiere a la eventual pérdida de competitividad, así como a la reserva de la información en conformidad con el Código del Trabajo, este Consejo desechará dichas alegaciones de la empresa reclamada, por los argumentos ya expuestos y por la relevancia del principio de transparencia en la función pública, valor de rango constitucional, que debe ser observado no sólo por los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado, sino como lo señala expresamente el artículo décimo de la Ley N° 20.285, también por los trabajadores de las empresas públicas.</p>
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15) Que, en definitiva, se puede concluir que la página web de ENAP no cumple en forma íntegra con la disposición del artículo décimo letra h) de la Ley N° 20.285, pues sólo se limita a informar en forma desagregada o individualizada las remuneraciones brutas anuales de los Directores y del Gerente General, pero no indica de la misma forma toda remuneración percibida por los gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa, según lo que ya se ha señalado. En virtud de lo anterior, este Consejo acogerá el reclamo interpuesto en la especie.</p>
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16) Que, adicionalmente, al revisar la página web de ENAP (http://www.enap.cl/la_empresa/transparencia_enap_remuneraciones.php) el 2 de junio de 2010 se ha constatado también que el Presidente y el Vicepresidente del Directorio que aparecen cesaron en sus cargos, como es público y notorio, el 11 de marzo de 2010. En efecto, los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio de ENAP corresponden a los cargos de Ministro de Minería y Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, respectivamente, por lo que al menos estos antecedentes del sitio web no están “debidamente actualizados”, infringiendo con ello el art. 10º de la Ley Nº 20.285. Por ello se requerirá a esta empresa corregir esta situación.</p>
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17) Que, por último, debe hacerse presente a ENAP que la Instrucción General N° 5, de este Consejo, dictada en virtud de sus competencias legales, es aplicable a dicha empresa del Estado en toda su extensión y, habiendo entrado en vigencia el 1° de junio del presente año, debe estarse a lo que ésta dispone respecto de la información que debe publicar ENAP dentro de los diez primeros días de junio.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el reclamo deducido por doña Francisca Skoknic Galdames en contra de la Empresa Nacional del Petróleo por infracción a las normas de transparencia activa, en particular a la letra h) del artículo décimo de la Ley de Transparencia.</p>
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II. Requerir al Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo que:</p>
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1) Publique en la página web www.enap.cl, toda remuneración percibida por, al menos, los siguientes gerentes, según aparecen en el Organigrama y Directorio de ENAP:</p>
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a) Gerente General;</p>
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b) Gerente Comercial;</p>
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c) Gerente de Planeamiento y Gestión;</p>
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d) Gerente de Servicios;</p>
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e) Gerente de Finanzas;</p>
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f) Gerente de Recursos Humanos; Gerente de Desarrollo;</p>
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g) Gerente de Logística;</p>
<p>
h) Gerente de Línea de Negocios Exploración & Producción ENAP Sipetrol S.A.; y</p>
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i) Gerente de Línea de Negocios Refinación ENAP Refinerías S.A.</p>
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2) Actualice en el link correspondiente de la página web de ENAP (http://www.enap.cl/la_empresa/transparencia_enap_remuneraciones.php) los nombres del Presidente y el Vicepresidente de su Directorio.</p>
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3) Publique y actualice la información señalada en los numerales anteriores dentro del plazo de diez días hábiles contados desde que la presente decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento en conformidad con los artículos 47 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Dé cumplimiento íntegro a la Instrucción General N° 5, de este Consejo, publicada en el Diario Oficial, el 3 de febrero de 2010, que entró en vigencia el 1° de junio del año en curso.</p>
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5) Comunique lo requerido en los numerales anteriores a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta decisión.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Francisca Skoknic Galdames y al Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Roberto Guerrero Valenzuela. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no asiste a la presente sesión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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