Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C708-14

Reclamante:	MATÍAS ROJAS MEDINA
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la falta de respuesta a una solicitud de información referente a: a) Copia del informe policial confidencial N° 2250, de 18 de octubre de 1998, de la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique incorporado a la causa N° 14.399 del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique; b) Copia de todas las cuentas escritas entre el mes de agosto de 1998 y agosto de 1999, que se encuentren incorporadas a las hojas de vida de los funcionarios que se señalan. Entre otras. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), se acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no llevo a cabo gestión alguna tendiente a establecer la existencia de la información solicitada, ni señalado una estimación sobre el tiempo que le demandaría tal indagación, ni el personal involucrado en tal búsqueda. Por lo que no se configura la causal de secreto, referente a la distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado. Respecto a los literal b), c) y d), se rechaza el amparo, toda vez que dicha información no obra en poder del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/4/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C41-09 C48-09 C38-09 C80-09 C1163-11 C1179-11 C1818-12 C377-13 C409-13
Jurisprudencia a:	C163-15 C166-15 C361-15 C1109-14 C1181-14 C471-15
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> General >> Derecho a acceder por el interesado
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C708-14 Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile Requirente: Matías Rojas Medina Ingreso Consejo: 15.04.2014 En sesión ordinaria N° 565 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de octubre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C708-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de marzo de 2014, rectificando una anterior solicitud, don Matías Rojas Medina solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información: a) Copia del informe policial confidencial N° 2250, de 18 de octubre de 1998, de la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique incorporado a la causa N° 14.399 del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique; b) Copia de todas las cuentas escritas entre el mes de agosto de 1998 y agosto de 1999, que se encuentren incorporadas a las hojas de vida de los siguientes funcionarios: Sergio Plaza Galleguillos, Mauricio Jorquera Ramírez, José Eleazar Lagos Seguel, Juan Carlos Fuentes Sandoval, Alejandro Ibacache Cortés y Rodolfo Basualto Bustos; c) Se revise el libro de Órdenes de Investigar y Trámites de la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique y de la Brigada Antinarcóticos de Santiago, entre agosto de 1998 y noviembre del mismo año, y se otorgue copia de todas las órdenes de investigar dictadas por el magistrado Sr. Luis Sepúlveda Coronado, que hayan sido recibidas por esas unidades policiales en dicho período, especificando qué funcionarios diligenciaron tales órdenes y los números de los informes policiales por los que se evacuaron las diligencias encomendadas; y, d) Se revise el libro de Órdenes de Detención y Arresto de la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique y de la Brigada Antinarcóticos de Santiago entre agosto de 1998 y noviembre del mismo año, y se otorgue copia de todas las órdenes de detención dictadas por el magistrado Sr. Luis Sepúlveda Coronado, que hayan sido recibidas en dicho período por las unidades policiales señaladas, especificando qué funcionarios diligenciaron tales órdenes y los números de los informes policiales por los que se evacuaron las diligencias encomendadas. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 15 de abril de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Además hace presente que en este caso la reclamada ha infringido por cuarta vez consecutiva los plazos que establece la Ley de Transparencia, por lo que solicita a este Consejo la instrucción de un sumario administrativo o una fiscalización al funcionamiento de la Oficina de Transparencia de la Policía de Investigaciones de Chile. 3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio N° 1.787, de 24 de abril de 2014, quien, a través de Oficio N° 297, de 13 de mayo de 2014 de la Jefatura Jurídica presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: a) El requirente efectuó su solicitud -rectificando una anterior requerimiento- directamente en el Sistema de Gestión de Solicitudes y no a través del correo de la Sección, lo que provocó que personal de esa Sección no pudiera visualizar su aclaración de manera inmediata, por cuanto la plataforma ha presentado problemas técnicos con las solicitudes que ingresan por la web, advirtiéndose en algunos casos, que no envía la notificación de alerta del código de ingreso de la misma. b) Esta situación no fue advertida sino hasta que el propio peticionario informó sobre la misma, razón por la cual se le informó de inmediato, que no obstante ser los problemas técnicos de absoluta responsabilidad de esa Institución, se gestionaría con la mayor celeridad posible su requerimiento de información. La respuesta a la solicitud fue enviada al peticionario el día 24 de abril de 2014 (adjunta copia de correo electrónico que da cuenta de dicho envío). Dicho documento consigna lo siguiente: i. La Brigada Antinarcóticos de Coyhaique fue creada mediante Orden N° 2, de la Inspectoría General, con fecha 18 de enero de 2001, razón por la cual no existe un Informe Confidencial N° 2250, de fecha 18 de octubre de 1998 de esa repartición policial, como tampoco existen los Libros de Órdenes de Investigar, Trámites, Detención y Arresto de esa unidad. Sin perjuicio de lo anterior, señala que tratándose de antecedentes emitidos para una causa seguida ante un Tribunal del Crimen, se encuentra impedida de entregar cualquier antecedente que hubiere sido emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a lo dispuesto por el artículo 74°, bis, b) del Código de Procedimiento Penal. ii. En cuanto a las cuentas escritas solicitadas, revisadas las Hojas de Vida de los funcionarios individualizados y en el período indicado, informa que: 1. Sergio Plaza Galleguillos: registra dos cuentas escritas (adjunta copia) 2. Mauricio Jorquera Ramírez: no registra cuentas escritas. 3. José Eleazar Lagos Seguel: registra tres cuentas escritas.(adjunta copia) 4. Juan Carlos Fuentes Sandoval: no registra cuentas escritas. 5. Alejandro lbacache Cortés: no registra cuentas escritas. 6. Rodolfo Basualto: no registra cuentas escritas hasta el mes de Enero de 1999, dado que se le cursó su retiro a contar del 1° de febrero de 1999. iii. Respecto de la información contendida en el libro 5-B "Registro de Ordenes de investigación y Trámites" y el libro 6-B "Registro de órdenes de Aprehensión y Arrestos", aduce que los mencionados libros fueron reemplazados por el Sistema Administrativo Policial (SAP), a contar del 01 de febrero de 2006, sin que esa unidad policial cuente con los registros solicitados de esa fecha. 4) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo, en su sesión ordinaria N° 539, de 23 de julio de 2014, acordó como medida para mejor resolver la controversia planteada, solicitar a la PDI lo siguiente: a) En relación con la inexistencia alegada respecto de la información solicitada en el literal a) fundada en que la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique fue creada mediante Orden N° 2 de la Inspectoría General de fecha 18 de enero de 2001- señale si obra en su poder un "informe policial confidencial N° 2250, de 18 de octubre de 1998" relativo a la causa judicial a que alude el solicitante, sin perjuicio de que no haya emanado de la aludida unidad. En el evento de ser ello efectivo, indique si, a su juicio, concurre alguna causal de reserva respecto de dicha información. b) Del mismo modo, en lo que atañe a la alegación de inexistencia fundada en la misma circunstancia indicada en el literal anterior, respecto de aquella parte de la solicitud de los literales c) y d) -relativos a órdenes de investigar y de detención dictadas por el magistrado Sr. Luis Sepúlveda Coronado que hayan sido recibidas por la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique entre agosto y noviembre de 1998-, se pronuncie si obran en su poder las mencionadas "órdenes de investigar y de detención" aun cuando no hayan sido recibidas por la mencionada Brigada -no creada a dicha fecha-. Ello, en el entendido de que hayan podido ser recepcionadas por otra de sus dependencias como, por ejemplo, aquella unidad que haya cumplido las funciones que posteriormente paso a desempeñar la mencionada Brigada Antinarcóticos de Coyhaique. En el evento de que dicha información obre en su poder, indique si, a su juicio, concurre alguna causal de reserva respecto de dicha información. c) En cuanto a la inexistencia que alega respecto de aquella parte de la solicitud del literal concerniente a la copia de órdenes de investigar y de detención dictadas por el magistrado Sr. Luis Sepúlveda Coronado que hayan sido recibidas por la Brigada Antinarcóticos de Santiago entre agosto y noviembre de 1998, fundada en que los libros en que constaba dicha información fueron reemplazados "por el Sistema Administrativo Policial (SAP) sin que esa unidad policial cuente con los registros solicitados de esa fecha", indique en qué medida la creación del mencionado sistema significo la eliminación de los mencionados libros. En el caso de que disponga de un acto administrativo que haya ordenado la expurgación de dicha documentación, se solicita que lo remita a este Consejo. Asimismo, señale si obra en su poder de algún respaldo de la información solicitada que obraba en los mencionados libros que permita satisfacer la solicitud, en cuyo caso, indique si, a su juicio, concurre alguna causal de reserva respecto de dicha información. 5) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Oficio N° 563, de 1° de septiembre de 2014, la Policía de Investigaciones de Chile señaló, en síntesis, que: a) Atendido que los documentos confidenciales pueden ser emitidos no sólo por la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial o Jefatura Nacional Antinarcótícos, sino que también, por el resto de las unidades y brigadas del país y siempre que aborden materias relacionadas con el área de inteligencia policial, para determinar si obra o no en su poder el informe solicitado en el literal a), tendría que solicitar a los Jefes de Unidades que ordenaran a los encargados de archivos a nivel nacional su respectiva búsqueda. Lo anterior implicaría distraer de manera indebida al personal institucional del cumplimiento regular de sus labores habituales, configurándose la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. b) A mayor abundamiento, para determinar si la Policía de Investigaciones de Chile emitió un informe confidencial durante el año 1998 en la causa Rol N° 14.399, del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, más aún si se tiene presente que se desconoce la unidad o brigada del país que la habría emitido, se tendría que efectuar una consulta a nivel nacional para determinar si el aludido informe policial existe y si obra en poder de esa Institución, medida que resultaría desproporcionada en atención al tiempo y dedicación exclusiva de aquellos funcionarios que tendrían la misión en sus respectivas unidades, de revisar el archivo físico y material existente en sus dependencias, más aún si se tiene en consideración que la documentación solicitada data de una antigüedad superior a 15 años y que ese servicio no cuenta con un archivo digitalizado de los documentos emitidos, situación que hace más aún dificultosa su búsqueda. c) Por otra parte, y aun cuando desconoce si ese informe policial obra o no en poder de esa Institución, en el evento de existir y por haber sido clasificado como un documento "confidencial", éste abarcaría materias relacionadas con el área de inteligencia policial o inteligencia antinarcóticos, razón por la cual no resultaría posible ni siquiera informar si el documento existe o no y menos aún proporcionar copia del mismo, por estar amparado en el secreto de inteligencia contemplado en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, configurándose la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. d) Respecto de los literales c) y d) de la solicitud, manifiesta que ese servicio no cuenta con dichas órdenes judiciales, toda vez que tales documentos son devueltos una vez diligenciados. La Policía de Investigaciones de Chile no conserva ni mantiene en su poder las órdenes judiciales dictadas por los Tribunales de Justicia, por cuanto aquellas, una vez que son diligenciadas por las respectivas unidades y brigadas institucionales, son devueltas al tribunal o magistrado que las emitió, informando el resultado de las mismas mediante la confección de un Informe Policial. e) En el evento de que el tribunal o magistrado hubiere emitido una orden de detención o de arresto contra una determinada persona, y esta no hubiere sido habida, la brigada o repartición institucional a cargo de diligenciar aquella orden informará dichos resultados, devolviendo la respectiva orden judicial a quién la emitió, momento a partir del cual los datos contenidas en la misma son transcritos e ingresados al Sistema de Gestión Policial (GEPOL), que como se ha mencionado en otras oportunidades, constituye una herramienta de trabajo para apoyar técnica y científicamente a los Oficiales Policiales en el cumplimiento de sus funciones investigadoras. f) En razón de lo anterior, las órdenes judiciales requeridas, entendiendo por tales, el documento en soporte papel que contiene información tanto de las órdenes de investigar como de las órdenes de detención y de arresto que hubieren sido emitidas por el magistrado Sr. Luis Sepúlveda Coronado, durante el periodo consultado, no obran en poder de esa Institución, por cuanto todas las órdenes judiciales son devueltas al Tribunal que las emitió con sus respectivos informes policiales, sin que este servicio conserve copia de ellas. g) Por otra parte, aduce que a partir de la implementación a nivel nacional del Sistema SAP el año 2006, la información que era ingresada en los Libros 5-B "Registro de Órdenes de Investigación y Trámites" y 6-B "Registro de Órdenes de Aprehensión y Arrestos", entre otros Libros, comenzó a ser ingresada en la aludida plataforma electrónica interna, ordenándose a las Unidades y Reparticiones que utilicen este sistema, que se deje de utilizar los libros antes mencionados, por cuanto dichos soportes quedaron sin efecto y en desuso, conforme a la modificación efectuada mediante Orden General N° 2086, de 13 de enero de 2006. h) Ahora bien, y dado que la información contenida en aquellos libros de esa época era clasificada como "Ordinaria", sólo existía la obligación de conservarla durante un período cinco años, al cabo del cual debía ser incinerada o eliminada, sin que fuere necesaria conforme con el reglamento que indica, la elaboración de actas o de documento alguno que diere cuenta de ello, salvo la obligación de dejar una constancia en el Libro 13 B "índice del Archivo", en el rubro "Observaciones", indicando la fecha de estos procedimientos. i) Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, efectuada una búsqueda en sus archivos institucionales, no existe ningún antecedente relacionado con la información solicitada, por cuanto aquellos libros fueron en su oportunidad incinerados, sin existir ningún documento que pudiera respaldar aquella situación de hecho. j) En razón a lo anterior, y al no existir materialmente la información solicitada, no resulta posible denegar acceso a dicha información y menos aún invocar alguna causal de reserva, por cuanto la misma no obra en poder de esta Institución. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de acceso a la información que motivó el presente amparo ingresó el 13 de marzo de 2014 a la Policía de Investigaciones de Chile, de modo que el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 10 de abril del mismo año, sin que éste fuera respondido dentro de ese término legal. En efecto, la respuesta a la solicitud fue enviada recién el 24 de abril de 2014 al correo electrónico consignado por el solicitante, según indica el propio organismo reclamado atendido que el ingreso de la misma no fue advertido de inmediato debido a que la "plataforma ha presentado problemas técnicos con las solicitudes que ingresan por la web". En consecuencia, se ha configurado el fundamento del presente amparo, cual es la ausencia de respuesta dentro de plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la reclamada la referida infracción en lo resolutivo de la presente decisión. 2) Que, en cuanto al fondo del amparo, el presente análisis tendrá por objeto verificar si la información entregada por el órgano reclamado de manera extemporánea al solicitante con ocasión de su respuesta satisface lo requerido a la luz de la Ley de Transparencia. 3) Que, respecto del literal a) de la solicitud -informe policial confidencial N° 2250, de 18 de octubre de 1998, de la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique-, en su respuesta y descargos el órgano reclamado informó que la aludida brigada fue creada mediante Orden N° 2 de la Inspectoría General de fecha 18 de enero de 2001, razón por la cual no existe el documento solicitado. Sin embargo, con ocasión de la medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo el órgano reclamado manifestó, en síntesis, que para determinar si obra o no en poder de su poder el informe requerido por el peticionario, "tendría que solicitar a los Jefes de Unidades que ordenaran a los encargados de archivos a nivel nacional su respectiva búsqueda, situación que implicaría distraer de manera indebida al personal institucional del cumplimiento regular de sus labores habituales." Además, expuso que atendido que el documento tendría el carácter de "confidencial", versaría sobre materias relacionadas con el área de inteligencia policial o inteligencia antinarcóticos, amparado en el secreto de inteligencia contemplado en la Ley N° 19.974. 4) Que, previo a analizar la procedencia de las causales de reserva alegadas, este Consejo estima pertinente indicar que éstas sólo fueron invocadas con ocasión de la medida para mejor resolver decretada por esta Corporación, en circunstancias que en sus descargos la Policía de Investigaciones de Chile alegó la inexistencia del informe solicitado. Al respecto, cabe tener presente que al conferirle traslado del presente amparo se solicitó expresamente al órgano reclamado que se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información requerida, sin que éste haya efectuado alegación alguna sobre el particular en la instancia pertinente. Lo anterior, contraviene el artículo 16, inc. 3°, de la Ley de Transparencia, de cuyo tenor se desprende que los fundamentos de la denegación deben darse al contestar la solicitud, debiendo mantenerse una debida consistencia de los mismos durante la tramitación del procedimiento de acceso a la información. En dicho contexto, el modo en que ha obrado la reclamada atenta contra la buena fe procesal, lo cual le será representado en lo resolutivo de la presente decisión. 5) Que, precisado lo anterior, es menester indicar que de acuerdo con el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, letra c), inciso 3°, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que respecto a la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado, costo de oportunidad (criterio aplicado invariablemente a partir de las decisiones de amparo roles C38-09, C41-09, C48-09, C80-09, entre otras). 7) Que, las alegaciones de la reclamada sobre la aludida causal de reserva se fundan en que, a su parecer, la realización de la búsqueda del informe de que se trata configuraría una distracción indebida al debido cumplimiento de sus funciones. Como se advierte, la Policía de Investigaciones de Chile no ha llevado a cabo gestión alguna tendiente a establecer la existencia de la información solicitada, no ha efectuado una estimación sobre el tiempo que le demandaría tal indagación, ni tampoco ha determinado el personal involucrado en tal búsqueda. En definitiva, los fundamentos de la denegación descansan en meras apreciaciones que carecen de la especificidad suficiente para que este Consejo estime plausible la hipótesis de reserva señalada. Además, resulta pertinente tener presente que en su solicitud el reclamante ha identificado de manera precisa, el informe solicitado, consignado su número, fecha y origen, así como la causa judicial a la que se vincula, de modo que la reclamada se encuentra en condiciones de realizar una búsqueda de la misma bajo tales parámetros a fin de establecer si dicha información obra en su poder. 8) Que, en este sentido, resulta pertinente consignar que, conforme ha resuelto previamente este Consejo -por ejemplo en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13-, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos -como acontece en la especie-, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. 9) Que, seguidamente, en relación con la causal de reserva alegada subsidiariamente por la reclamada -artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia- es dable señalar que conforme con lo señalado por este Consejo en las decisiones Roles C22813-13 y C1818-12 , "la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado." Ahora bien, en la especie, para fundar la aplicación de la mencionada causal alude a un riesgo de afectación remoto por cuanto aduce que el mencionado informe "abarcaría materias relacionadas con el área de inteligencia policial o inteligencia antinarcóticos". A juicio de este Consejo, el órgano reclamado no ha aportado elementos de juicio que permitan tener por acreditada de manera fehaciente una afectación a los bienes jurídicos protegidos por la causal de reserva invocada. Al respecto, resulta pertinente agregar que tratándose de un informe elaborado hace dieciséis años no se vislumbra de qué modo la entrega del precitado documento pueda importar a esta fecha la revelación de alguna metodología que afecte los bienes jurídicos cautelados por la norma citada. 10) Que, por otra parte, en cuanto a lo señalado por la Policía de Investigaciones en su respuesta a la solicitud respecto de que la entrega de la información infringiría lo dispuesto en el artículo 74°, bis, b) del Código de Procedimiento Penal, cabe precisar que la referida norma, en lo pertinente, prohíbe a todo funcionario de las instituciones indicadas en el artículo 74 del aludido Código, dar informaciones sobre los resultados de las pesquisas que practiquen y de las órdenes que deban cumplir. Ahora bien, conforme con la información disponible en el sitio web del poder judicial la causa judicial a la que se refiere el informe solicitado, concluyó mediante sentencia de 4 de abril del año 2000 dictada por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema. En dicho contexto, y tratándose de una investigación penal concluida, no se advierte fundamento que justifique la antedicha reserva, por cuanto el aludido precepto tiene por objeto asegurar el resultado de una investigación que se encuentra en curso, lo que no acontece en la especie. 11) Que, conforme con lo señalado, se acogerá en esta parte el presente amparo y se requerirá a la reclamada que entregue al reclamante la información solicitada en el literal a) y en el evento de que ésta no obre en su poder lo señale expresa y fundadamente. 12) Que, en cuanto al literal b) del requerimiento -"cuentas escritas entre el mes de agosto de 1998 y agosto de 1999(...)"- en su respuesta la reclamada se pronunció respecto de cada funcionario a que se refiere el mencionado literal remitiendo copia de la información al correo electrónico consignado por el solicitante o, en su caso, informando acerca de la inexistencia de lo solicitado. En consecuencia, se tendrá por entregada la información relativa a dicho literal por parte de la reclamada aunque en forma extemporánea. Que, en relación con los literales c) y d) relativos a órdenes de investigar y de detención dictadas por el magistrado Sr. Luis Sepúlveda Coronado que hayan sido recibidas por la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique y de Santiago entre agosto y noviembre de 1998, con indicación de los funcionarios diligenciaron tales órdenes y los números de los informes policiales por los que se evacuaron las diligencias encomendadas, la PDI manifestó que no obraba en su poder dicha información. Al efecto, informó que no conserva ni mantiene en su poder las órdenes judiciales dictadas por los Tribunales de Justicia, por cuanto una vez que son diligenciadas por las respectivas unidades son devueltas al tribunal o magistrado que las emitió. Además manifestó que los libros relativos al período a que alude el solicitante en su requerimiento, en virtud de la normativa que cita, fueron incinerados sin que obre en su poder algún registro de dicha actuación. Asimismo, cabe tener presente que, conforme con lo informado en el sitio web de la reclamada - http://www.investigaciones.cl/paginas/noticias/notas%202008/25enero2008/25enero08.htm- el Sistema de Gestión Policial entró en funcionamiento en el año 2000, esto es, en fecha posterior a la de la información solicitada que data del año 1998, razón por la cual resulta plausible que ésta no haya sido ingresada en el referido soporte informático. En consecuencia, no pudiendo ordenarse la entrega de información que no obra en poder de la reclamada, se rechazará el presente amparo respecto de los mencionados literales. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile: a) Hacer entrega al reclamante de la información señalada en el literal a) de la solicitud, y en el evento de que ésta no obre en su poder lo informe expresa y fundadamente al solicitante. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.