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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C203-10</strong></p>
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Entidad pública: Corporación Nacional Forestal, CONAF</p>
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Requirente: Sindicato Nacional de Profesionales de la CONAF</p>
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Ingreso Consejo: 09.05.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 173 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de agosto de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C203-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el Código del Trabajo; los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; la Instrucción General N° 3 del Consejo para la Transparencia, sobre el índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados; y, la Resolución N° 175, de 16 de abril de 2009, de la Corporación Nacional Forestal, que califica actos y documentos o antecedentes que indica como reservados.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de marzo de 2010 don Jorge Martínez Sagredo, en representación del Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, solicitó a la dicha Corporación (en adelante, indistintamente, la CONAF) copia de los siguientes documentos:</p>
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a) Resoluciones de traslado de personal, dispuestas entre el 1° de diciembre de 2009 y la fecha de su solicitud, y el anexo del contrato que se hayan firmado los trabajadores;</p>
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b) Documentos en que conste el desahucio de personal directivo o el despido por necesidades de la empresa de trabajadores entre el 2 de enero de 2010 y la fecha de su solicitud, acompañando copia del respectivo finiquito, firmado por el trabajador;</p>
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c) Modificaciones de contratos de trabajo de carácter transitorio que supongan la incorporación de personal a la dotación de la Institución entre el 1° de diciembre de 2009 y la fecha de su solicitud;</p>
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d) Contratos de trabajo celebrados entre el 1° de diciembre de 2009 y la fecha de su solicitud con el personal que anteriormente se desempeñaba bajo contrato a honorarios;</p>
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e) Cartas de renuncia del personal directivo presentadas entre el 2 de enero de 2010 y la fecha de su solicitud.</p>
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2) RESPUESTA: Con fecha 25 de marzo 2010 la Directora Ejecutiva de la CONAF contestó la precitada solicitud información, mediante Oficio N° 58, de 24 de marzo del mismo año, denegando el acceso a la misma, conforme a los siguientes argumentos:</p>
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a) Indicó que mediante la Resolución N° 175, de 16 de abril de 2009, que califica actos y documentos o antecedentes que indica como reservados, la CONAF declaró como reservado: “el contrato de trabajo que vincula a cada trabajador o trabajadora de la Corporación Nacional Forestal, salvo lo dispuesto en el artículo 7°, letra d) de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 51, letra d), de su Reglamento. Será, asimismo, reservada la carpeta personal de cada trabajador o trabajadora de la Corporación con toda su documentación, especialmente las calificaciones”.</p>
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b) Asimismo, hizo presente que el artículo 154 bis del Código del Trabajo establece que “[e]l empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral” y que el inciso primero del artículo 16 de la Ley de Transparencia prescribe que “[l]a autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley".</p>
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c) Conforme a las disposiciones anteriores, comunicó al solicitante que la documentación descrita en las letras a), b), c) y d) precedentes es reservada, “toda vez que forma parte de la carpeta personal de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal”.</p>
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d) Por su parte, en relación con la solicitud indicada en el literal e), hizo presente al solicitante que la Dirección Ejecutiva no ha recibido cartas de renuncia del personal directivo en el período indicado.</p>
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3) AMPARO: El 9 de abril de 2010 don Jorge Martínez Sagredo, en representación del Sindicato Nacional de Profesionales de la CONAF, reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información pública, fundado en denegación injustificada de la información solicitada. Al efecto, expuso lo siguiente:</p>
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a) Señala que la información es necesaria para determinar la postura de la directiva del Sindicado acerca del modo en que algunos ex Directivos y personas cercanas a la administración saliente se desvincularon de la Corporación o fueron trasladados a regiones y respecto de la contratación de profesionales que en los últimos meses habrían ingresado como parte de su dotación, sin mediar concurso ni proceso de selección abierto.</p>
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b) Sostiene que la aplicación de la Resolución N° 175 constituye una negativa infundada a su solicitud de información, pues otorga a dicha resolución una interpretación extensiva, contraria a los principios de apertura, máxima divulgación y divisibilidad.</p>
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c) Da cuenta de que la Resolución N° 175 se dictó en el contexto de la implementación de la Ley de Transparencia, por considerarse una obligación de la institución contar con un documento que estableciese los casos excepcionales de clasificación de actos reservados, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de dicha Ley.</p>
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d) Considera que probablemente existen puntos de la mencionada resolución que sea necesario cambiar o ajustar para adecuarse a las disposiciones de la Ley de Transparencia y su Reglamento.</p>
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e) Reconoce que existen antecedentes de los trabajadores de la CONAF que pertenecen al ámbito de su vida privada y, consecuentemente, son reservados, previa aplicación del principio de divisibilidad. No obstante, respecto de su solicitud, sostiene que la información es y debe ser pública, por tratarse de actos que ponen término al contrato de trabajo de empleados directivos de confianza, traslado de personal a regiones e incorporaciones a la dotación de la institución conforme a la Ley de Presupuesto.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 669, de 15 de abril de 2010, el Director General del Consejo para la Transparencia confirió traslado del presente amparo a la Directora Ejecutiva de la CONAF, quien el 3 de mayo de 2010, mediante Oficio Ord. N° 152, de 30 de abril del mismo año, presentó los siguientes sus descargos y observaciones:</p>
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a) Hace presente que la Corporación Nacional Forestal constituye una entidad de derecho privado que se rige por sus estatutos y, en lo no contemplado en ellos, por el Título XXXIII del Código Civil y las disposiciones del Decreto N° 110, de 1979, de Ministerio de Justicia. No obstante ello, la CONAF se encuentra incluida en la nómina de entidades del artículo 1° del D.L. N° 249, de 1973 y, por ende, la gran mayoría de sus trabajadores se encuentran sujetos a la Escala Única de Sueldos en temas de remuneraciones, en materia de feriados legales por el Estatuto Administrativo y demás normas pertinentes y en lo no contemplada en ellas por el Código del Trabajo y demás legislación del sector privado.</p>
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b) Informa que atendido lo dispuesto por el artículo 154 bis del Código del Trabajo, conforme al cual “[e]l empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral”, y en aplicación de los artículos 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 7° N° 2 de su Reglamento, la Dirección Ejecutiva de la CONAF, mediante Resolución N° 175, de 16 de abril de 2009, declaró reservado “el contrato de trabajo que vincula a cada trabajador o trabajadora de la Corporación Nacional Forestal, salvo lo dispuesto en el artículo 7°, letra d) de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 51, letra d), de su Reglamento. Será, asimismo, reservada la carpeta personal de cada trabajador o trabajadora de la Corporación con toda su documentación, especialmente las calificaciones”.</p>
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c) Agrega que dicha resolución habría sido dictaba bajo el amparo del artículo 23 de la Ley de Transparencia.</p>
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d) Conforme a lo anterior, concluye que lo solicitado supone documentos que forman parte de la carpeta personal de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, por tanto se vio imposibilitado de hacer entrega de ellos.</p>
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e) Informa que la denegación de los documentos relativos al desahucio del personal directivo o el despido por necesidades de la empresa de trabajadores, se debió a que los trabajadores a los cuales se puso término su contrato, a la fecha de la solicitud, se encontraban prestando servicios en la Corporación, bajo subordinación y dependencia, razón por la cual resultaba plenamente aplicable lo establecido en la precitada Resolución N° 175.</p>
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f) Indica que si dicha información es solicitada nuevamente a los ex-trabajadores les asistiría el derecho de oposición consagrado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentación que contiene datos privados.</p>
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g) Expone que respecto de las cartas de renuncia del personal directivo, la CONAF no recibió cartas de renuncia durante período consultado.</p>
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h) Acompaña los siguientes documentos:</p>
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i) Cartas que informa de su desvinculación a dos funcionarios.</p>
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ii) Finiquito de dos funcionarios.</p>
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iii) Resolución N° 175, de 16 de abril de 2009, que califica actos y documentos o antecedentes que indica como reservados en conformidad con la Ley N° 20.285.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que la CONAF denegó al reclamante el acceso a los documentos solicitados, en aplicación de la disposición de reserva contenida en su Resolución N° 175, de 16 de abril de 2009, que califica actos y documentos o antecedentes que indica como reservados, la cual dispone lo siguiente:</p>
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a) “Declárase como reservados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, numeral 1, letra a), del artículo primero de la Ley N° 20.285, y en el artículo 7°, numeral 1, letra a), de su Reglamento, los informes y demás documentos fundantes de las querellas criminales que la Corporación hubiere interpuesto por delitos de incendio forestal de acuerdo al Código Penal, así como en aquellos ilícitos contemplados en la Ley de Bosques, en el Decreto Ley N° 701, de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en la Ley N° 20.283.”</p>
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b) “Declárase como reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, numeral 2, del artículo primero de la Ley N° 20.285, y en el artículo 7°, numeral 2, de su Reglamento, el contrato de trabajo que vincula a cada trabajador o trabajadora con la Corporación Nacional Forestal, salvo lo dispuesto en el artículo 7°, letra d), del artículo primero de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 51, letra d), de su Reglamento. Será, asimismo, reservada la carpeta personal de cada trabajador o trabajadora de la Corporación con toda su documentación, especialmente sus calificaciones.”</p>
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2) Que en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A45-09 y A147-09, este Consejo ha concluido que para entender que una disposición de secreto o reserva se encuentra vigente, en los términos del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, y, consecuentemente, constituya uno de los casos a que se refiere el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ésta debe: (a) encontrase consagrada con rango de ley y que ésta cumpla, además, con la exigencia de quórum calificado; y (b) ser posible su reconducción a las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 8° de la Constitución.</p>
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3) Que debe dejarse establecido que la precitada Resolución N° 175 no cumple con el requerimiento formal establecido por el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, pues no posee rango legal, razón por la cual no puede estimarse vigente para tales efectos, ni cabe invocarla como fundamento a dicha causal de reserva.</p>
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4) Que, por su parte, el órgano ha argumentado que dicha resolución ha sido dictada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, según el cual “[l]os órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice actualizado de los actos y documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a esta ley (…) El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean calificados como secretos o reservados de conformidad a esta ley, y la individualización del acto o resolución en que conste tal calificación”.</p>
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5) Que, de conformidad con la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo y, en su caso, a la Corte de Apelaciones respectiva, en forma exclusiva y previa sustanciación del procedimiento de amparo regulado en ella, determinar el carácter secreto o reservado de la información en poder de la administración del Estado, en conformidad a las causales de secreto contempladas por el legislador.</p>
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6) Que, en tal sentido, la precitada resolución contraviene la Instrucción General N° 3 de este Consejo, sobre el índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados, publicada en el Diario Oficial de 16 de mayo de 2009, pues declara a priori que determinada información es reservada, en circunstancias que dicha Instrucción dispone que la confección del índice de actos secretos o reservados debe hacerse caso a caso cuando, habiéndose denegado la información por el órgano requerido, dicha declaración se encuentre firme o ejecutoriada, ya sea porque ha sido confirmada por este Consejo o por la Corte de Apelaciones, en su caso, o cuando el requirente no ha ejercido los medios que le franquea la Ley de Transparencia dentro de los plazos legales. Por lo demás, se debe tener presente que la Instrucción General N° 3 señala que “[l]os órganos o servicios de la Administración del Estado deberán abstenerse de dictar actos o resoluciones que creen o especifiquen otras categorías de actos secretos o reservados, para los efectos del Índice del artículo 23 de la Ley, diferentes de las precedentemente señaladas. A este respecto, debe tenerse presente que, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República, solo por ley de quórum calificado puede establecerse la reserva o secreto de los actos o resoluciones de los órganos del Estado”. Por lo anterior, se requerirá a la CONAF que deje sin efecto la Resolución N° 175, de 2009, en conformidad con la Instrucción General N° 3.</p>
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7) Que, efectuadas las aclaraciones precedentes, es menester determinar si la denegación de los documentos solicitados encuentra fundamento en alguna de las causales legales de secreto o reserva invocadas por el servicio, a saber: (a) aquélla que contendría el artículo 154 bis del Código del Trabajo; y (b) la afectación del derecho a la vida privada de los terceros involucrados, cuya protección se encuentra resguardada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que, en primer lugar, es necesario determinar el alcance del artículo 154 bis del Código del Trabajo como causal legal de reserva de la información solicitada. Al efecto, se tendrán presente los siguientes antecedentes:</p>
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a) El artículo 154 bis del Código del Trabajo preceptúa que “el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral”.</p>
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b) La Contraloría General de la República en su dictamen N° 2404, de 19 de enero de 2004, ha señalado, en relación con el citado artículo 154 bis, que “del examen de esta última disposición aparece, como puede apreciarse, y en armonía con lo dictaminado a través del oficio N° 9.642, de 2003, de esta Entidad, que este precepto impone una obligación para el empleador de "mantener reserva" acerca de los datos a que se refiere, pero no le otorga, la misma ley, a dichos datos en cuanto tales, el carácter de secretos o reservados. / En tales condiciones, cabe manifestar que esta Entidad de Control no advierte disposiciones de rango legal que otorguen expresamente a la información requerida en la especie por la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, el carácter de secreta o reservada, por lo que, al tenor de los artículos 9° y 10 de la indicada ley N° 18.918, el jefe superior de esa empresa pública tiene la obligación de proporcionarla”.</p>
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c) La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su sentencia Rol 294-2010, de 29 de junio de 2010, rechazando el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión de este Consejo Rol A194-09, que ordenó la entrega -entre otros antecedentes- de la nómina de personal incorporado a la administración desde diciembre de 2008 y las remuneraciones de los nuevos contratados a cargo de la Corporación Municipal, señaló: “Que la información que se ha requerido al ente municipal, no se encuentra comprendida dentro de las excepciones a que se refiere el artículo 21 de la Ley 20.285, tampoco en alguna ley de quórum calificado siendo inaplicable lo dispuesto en el artículo 154 Bis del Código del Trabajo porque ella dice relación, exclusivamente, con la obligación del empleador de mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral, disposición genérica derivada de la vinculación laboral entre empleador y trabajador, que no guarda relación con los antecedentes solicitados al Municipio ya que bien se ha solicitado nómina de trabajadores y remuneraciones, sin embargo esa información es pública” (Considerando Quinto).</p>
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9) Que, siguiendo lo señalado por la Contraloría General de la República, este Consejo concluye que el artículo 154 bis del Código del Trabajo sólo establece un deber general del empleador de resguardar o cautelar la información relativa a la vida privada de sus trabajadores y de los datos personales de los mismos, en los términos propios de la Ley N° 19.628, de protección de la vida privada, pero específicamente en el ámbito laboral y en concordancia con el artículo 5° del mismo Código, según el cual “el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”.</p>
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10) Que, en términos similares se ha pronunciado este Consejo en su decisión A11-09, de 4 de septiembre de 2009, respecto del deber de guardar reserva de los funcionarios de la Administración del Estado, en conformidad con el artículo 61, letra h), del Estatuto Administrativo, señalando, en lo pertinente, que “no puede sostenerse que dicho artículo 61, letra h) constituya en sí un caso de reserva. Simplemente se trata de la explicitación de un deber funcionario cuyo contenido —los casos de secreto o reserva— están establecidos en leyes de quórum calificado ajustándose a las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política. Por lo mismo su invocación será rechazada”. Asimismo, en la decisión del amparo Rol A147-09, este Consejo desacreditó la invocación de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia hecha por la Superintendencia de Pensiones en base a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N° 20.255, que dispone una obligación al Superintendente y a los funcionarios de dicha Superintendencia, consistente en guardar reserva y secreto absolutos de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores.</p>
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11) Que, por su parte, reiterando el criterio utilizado por este Consejo en su decisión del amparo Rol C486-09, de 22 de enero de 2010, relativa a la aplicabilidad del artículo 66 de la Ley de Pesca, se concluye que siendo la regla general que la información elaborada con presupuesto público, o que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, es información pública, por aplicación de los artículos 8º, inciso 2º, y 19 Nº 12 de la Carta Fundamental, las causales de reserva o secreto deben interpretarse restrictivamente y respetando el principio de proporcionalidad. De allí que la redacción del artículo 154 bis del Código del Trabajo no pueda interpretarse en el sentido de establecer que “toda información” y “datos privados” de un trabajador que desarrolla funciones públicas a que tenga acceso el empleador con ocasión de la relación laboral sea secreta o reservada, “pues ello representaría invertir, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2º del artículo 8º” (Considerando 5°).</p>
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12) En ese contexto, no obstante la disposición del artículo 154 bis encuentra fundamento en la protección de la vida privada de los trabajadores -cuya afectación constituye una causal de reserva en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia-, en sí mismo este artículo no constituye un caso de reserva en los términos del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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13) Que, por otra parte, sobre la afectación del derecho a la vida privada de los trabajadores, este Consejo ha sentado como principio fundamental que la esfera de privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado, cuya nómina y remuneración debe publicarse en el sitio web de cada servicio conforme al artículo 7º, letra d), de la Ley de Transparencia, es más reducida que la del resto de las personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen. En refuerzo de esta tesis se ha sostenido que la Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30 califica como hechos de interés público los referentes al desempeño de funciones públicas. Así se estableció en la decisión del amparo Rol A95-09, de 29 de junio de 2010, donde se ordenó entregar el currículum vítae de los directores de una corporación municipal. De igual modo, se han considerando públicos los puntajes finales de las calificaciones de los funcionarios, en tanto “mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la esfera privada de los funcionarios” (decisiones A10-09 y A126-09, de 31 de julio de 2009). Idéntico criterio se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009) y los registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009).</p>
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14) Que, además, no siendo controvertido que la Corporación Nacional Forestal se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley de Transparencia, tal como ya lo ha sostenido este Consejo (amparos Roles C227-09 y C33-10), ésta debe mantener a disposición permanente del público, según corresponda, aquella información indicada en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, atendida la relevancia pública de las funciones desempeñadas por quienes se encuentran empleados en dicha Corporación. Consecuentemente, tal como se sostuvo en las decisiones precitadas, sus funcionarios son titulares de una esfera de privacidad, en el ámbito de sus funciones, más reducida que la del resto de las personas.</p>
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15) Que los documentos solicitado por el reclamante, cuya entrega a sido denegada invocando causa legal, son los siguientes:</p>
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a) Traslados: resoluciones que dan lugar al traslado de funcionarios al interior del servicio y modificación contractual que la hace efectiva.</p>
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b) Desahucio: Aviso del término de la relación laboral fundado en las necesidades de la empresa (causal contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo).</p>
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c) Finiquito: Conforme a los ejemplares enviados por la CONAF, corresponde al documento que informa sobre el tiempo en que el trabajador se desempeño en el servicio, la causal de término de contrato invocada, el monto de indemnizaciones por años de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo y del feriado proporcional y, según el caso, de reducciones a la misma, producto de viáticos impagos u otros.</p>
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f) Modificaciones de contratos de trabajo de carácter transitorio que supongan la incorporación de personal a la dotación de la Institución.</p>
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d) Contratos de trabajo celebrados con el personal que anteriormente se desempeñaba bajo contrato a honorarios.</p>
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16) Que la información solicitada corresponde, exclusivamente, a actos relativos a la gestión interna del servicio (actos que resuelven el traslado y desahucio de personal del servicio) y a convenciones y contratos celebrados entre un particular y el servicio, en el ámbito de su relación laboral (contratos de trabajo, modificación contractuales y finiquitos), todos los cuales han sido dictados y celebrados por el servicio para determinar el ámbito de las funciones de su personal, contrayendo derechos y deberes en su virtud. Consecuentemente, su publicidad posibilita la fiscalización de la gestión interna de un servicio público creado para el cumplimiento de una función administrativa, contribuye al control social de actos que comprometen el patrimonio público y expone, exclusivamente, documentos e información acerca del ámbito de funciones del referido personal en su relación laboral con la administración del Estado.</p>
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17) Que, no obstante lo anterior, exponiendo comúnmente los contratos de trabajo y sus modificaciones datos personales incorporados meramente como antecedentes de contexto de los mismos, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular o profesional, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, dichos datos personales deben ser tachados.</p>
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18) Que, por último, respecto de la solicitud de las cartas de renuncia del personal directivo presentadas entre el 2 de enero de 2010 y la fecha de su solicitud, el servicio ha señalado que éste no recibió carta alguna durante dicho período. Dicha respuesta debe estimarse fundada, justificando la denegación de la información solicitada, por la inexistencia de la misma.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Jorge Martínez Sagredo, en representación del Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, en contra de la Corporación Nacional Forestal.</p>
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II. Requerir al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:</p>
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a) Hacer entrega de los documentos descritos en las letras a), b), c) y d) de la solicitud del reclamante, previa aplicación del principio de divisibilidad en conformidad con lo señalado en el considerado 17 de esta decisión.</p>
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b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Dejar sin efecto la Resolución N° 175, de 16 de abril de 2009, conforme a los argumentos contenidos en los considerandos 1° a 16 de esta decisión.</p>
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d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Jorge Martínez Sagredo, representante del Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, y al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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