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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C211-10</strong></p>
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Entidad pública: Municipalidad de Codegua</p>
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Requirente: Emiliano Orueta Bustos</p>
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Ingreso Consejo: 14.04.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 169 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de julio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C211-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia y las Instrucciones Generales N° 4 y 7 de este Consejo.</p>
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ANTECEDENTES:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Emiliano Orueta Bustos, concejal de la comuna de Codegua, el 20 de febrero de 2010, solicitó a la Municipalidad de Codegua que se le entregara la siguiente información:</p>
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a) Copia de liquidaciones de sueldo de los funcionarios municipales Ana María Silva, María Gioconda Aranís, Luis Morales, Marina Lizana, Cristián Bustamante, Claudia Zepeda, María Miranda y Patricio Ramírez, correspondientes a los meses comprendidos entre mayo de 2009 y enero 2010, ambos meses incluidos.</p>
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b) Copia de liquidaciones de sueldo y reporte del reloj control de horario de la funcionaria Hilda Gaete, del consultorio de Codegua, correspondiente a los meses comprendidos entre abril de 2008 y febrero 2009, ambos meses incluidos.</p>
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c) Informe detallado de deudas con empresa ESSBIO en los establecimientos educacionales de la comuna, incluyendo fotocopia de las boletas mensuales que respalden el informe.</p>
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d) Informe detallado de las deudas vigentes municipales y de los servicios traspasados de salud y educación.</p>
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e) Informe con nómina de funcionarios municipales y de los servicios de salud y educación que se han capacitado en materias de Chile Compra y cuáles han sido los gastos por concepto de viáticos, traslados, inscripciones de los mismos en todas las capacitaciones, etc., durante el periodo comprendido entre el mes de enero de 2008 y enero de 2010.</p>
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2) RESPUESTA: La Municipalidad de Codegua dio respuesta al requirente el 23 de marzo de 2010, a través del Ord. N° 170, por medio del cual le proporcionó la información solicitada con la única excepción de los documentos indicados en las letras a) y b) del numeral precedente, esto es, copia de las liquidaciones de sueldo de los funcionarios municipales individualizados y copia de las liquidaciones de sueldo y reporte del reloj control de horario de la funcionaria Hilda Gaete, del consultorio de Codegua y del Departamento de Salud, argumentando para ello que se trata de información que puede afectar derechos de terceros, según las normas de la Ley N° 19.880, N° 19.628 y N° 20.285.</p>
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3) AMPARO: Don Emiliano Orueta Bustos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, el 14 de abril de 2010, en contra de la Municipalidad de Codegua, fundado en que este órgano le dio respuesta negativa a su solicitud de información respecto de liquidaciones de sueldo de los funcionarios municipales Ana María Silva, María Gioconda Aranís, Luis Morales, Marina Lizana, Cristián Bustamante, Claudia Zepeda, María Miranda y Patricio Ramírez y de liquidaciones de sueldo y registro de asistencia de la funcionaria del Departamento de Salud doña Hilda Gaete, basándose en que eso afectaría los derechos de terceros.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 774, de 30 de abril de 2010, a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua. El órgano requerido evacuó el traslado conferido a través del Ordinario N° 276, de fecha 17 de mayo de 2010, ingresado a la Oficina de Partes de este Consejo el día de 24 de mayo pasado. En sus descargos, y en lo que respecta a lo planteado por el reclamante, el órgano requerido señala lo siguiente:</p>
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a) Que la denegación parcial de la información solicitada por el Sr. Emiliano Orueta Bustos, en relación a la liquidaciones de sueldos de los funcionarios municipales y de salud mencionados en su requerimiento, se debe a que habiendo comunicado dicha solicitud a la mayoría de los funcionarios afectados, éstos manifestaron, verbalmente, su negativa a hacer entrega de sus liquidaciones, ya que al hacer pública dicha información solicitada se verían vulnerados sus derechos fundamentales, los que son reconocidos por las Leyes N° 19.628, N° 19.880 y Ley de Transparencia, en especial el numeral 2 de su artículo 22 [sic], como asimismo, en el articulo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho al respeto y protección de la vida privada y honra de sus personas, agregando que el requirente no había señalado fundamento razonable alguno para solicitar las copias de sus liquidaciones de sueldo.</p>
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b) Agrega que, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Transparencia, las remuneraciones de todos los funcionarios, sin exclusión, se encuentran publicadas en la página web de la Municipalidad de Codegua en forma exacta, actualizada y responden con veracidad a la situación real de lo requerido, lo que resulta suficiente para contrastar, a través de la correspondiente fiscalización, lo indicado en los respectivos decretos de nombramiento con lo publicado en la página web.</p>
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c) Se señala también que, al hacer pública la información que se solicita, se verán afectados los derechos fundamentales de terceros, particularmente en lo referente a la esfera de datos relacionados con la vida privada y económica de los requeridos, quienes, en una presentación efectuada ante vuestro organismo, y por la misma causa de pedir, manifestaron expresamente su negativa a hacer entrega de las liquidaciones de sueldo al Concejal requirente.</p>
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d) Concluye diciendo que “en la época en que el Concejal Orueta requirió información, entorpeció la labor de varios funcionarios municipales, ya que se tuvieron que esmerar en recopilar los antecedentes solicitados en su presentación, en circunstancias que la prioridad de todos los funcionarios fue hacer frente a la situación de emergencia que allí se encuentra vigente a través de los Decretos Supremos 150 y 328, siendo la comuna de Codegua una de las más afectadas de la provincia de Cachapoal”.</p>
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La Municipalidad de Codegua, a requerimiento de este Consejo, acompañó al procedimiento copia de las liquidaciones de sueldo correspondientes al mes de enero de 2010 de cada uno de los funcionarios indicados.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Además del traslado conferido a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua. el Consejo Directivo de este Consejo, confirió traslado a los terceros involucrados, esto es, los funcionarios respecto de los cuales se solicitó copia de liquidaciones de sueldo, a saber, Ana María Silva, María Miranda, María Aranís, Luis Morales, María Lizana, Cristián Bustamante, Patricio Ramirez, Claudia Zepeda e Hilda Gaete, a través de los oficios N° 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792 y 793, respectivamente, todos ellos del 5 de mayo de 2010.</p>
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De estos funcionarios, doña María Aranís Rodríguez, Secretaria Municipal, evacuó el traslado conferido, señalando que “no me siento afectada en mis derechos si se entrega copia de mis liquidaciones de sueldo al Concejal que lo está solicitando”, mientras que doña Claudia Zepeda no evacuó el traslado conferido, habiendo informado la propia Municipalidad que prestó servicios en dicha entidad hasta el mes de febrero de 2010.</p>
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Los demás funcionarios evacuaron sus traslados individualmente, pero esgrimiéndose en todos los casos idénticos argumentos, razón por la cual se expondrán en forma conjunta. En síntesis, estos funcionarios no acceden a que se proporcionen al requirente copias de sus liquidaciones de sueldo, en virtud de los siguientes fundamentos:</p>
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a) El respeto a sus derechos fundamentales, como titulares de los datos solicitados, y de acuerdo a las facultades que las leyes N° 19.628, N° 19.880 y Ley de Transparencia, en especial su artículo N° 22, numeral 2 [sic], y articulo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República les reconocen, en lo referente al respeto y protección a su vida privada y honra.</p>
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b) Que el requirente no ha señalado motivo razonable alguno que fundamente su solicitud.</p>
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c) Que la Municipalidad de Codegua cumple con las normas de la Ley de Transparencia, razón por la cual sus remuneraciones se encuentran publicadas en la página web de dicha entidad, en forma, exacta, actualizada y responden con veracidad a su situación real como titulares de dichos datos, lo cual resulta suficiente para contrastar a través de la correspondiente fiscalización, lo indicado en sus decretos de nombramiento con lo publicado en la página web.</p>
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d) Que al hacer pública la información que se solicita, se verán afectados sus derechos fundamentales, particularmente en lo referente a la esfera de datos relacionados con sus vidas privada y económica.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que don Emiliano Orueta Bustos ha interpuesto amparo en contra de la Municipalidad de Codegua, basándose en que esta entidad no le proporcionó copias de las liquidaciones de remuneraciones de los funcionarios municipales Ana María Silva, María Gioconda Aranís, Luis Morales, Marina Lizana, Cristián Bustamante. Claudia Zepeda, María Miranda y Patricio Ramírez, correspondiente a los meses comprendidos entre mayo de 2009 y enero 2010, ambos meses incluidos, así como tampoco copia de las liquidaciones de remuneraciones y del reporte del control reloj de doña Hilda Gaete, funcionaria del Departamento de Salud de dicha Municipalidad, correspondiente a los meses comprendidos entre abril de 2008 y febrero 2009, ambos meses incluidos.</p>
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2) Que, en primer término, revisado el sitio electrónico de la Municipalidad de Codegua el día 21 de julio en curso, este Consejo ha podido constatar que, efectivamente y según lo allí informado, las personas indicadas precedentemente son funcionarios de la Municipalidad requerida, conforme a la siguiente tabla que a continuación se detalla:</p>
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N° Nombre Cargo Naturaleza del vinculo</p>
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1 Ana M. Silva Gutiérrez Alcaldesa Planta</p>
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2 María G. Aranís Rodríguez Secretaria Municipal Planta</p>
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3 María E. Miranda Miranda Profesional DIDECO Suplencia (Planta)</p>
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4 Cristián Bustamante Romero Profesional SECPLA Suplencia (Planta)</p>
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5 Patricio Ramírez Chaparro Jefatura DAF Planta</p>
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6 Marina C. Lizana Soto Administrativo Alcaldía Contrata</p>
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7 Luis A. Morales Soto Administrativo DAF Planta</p>
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8 Hilda Gaete Sánchez Administrativo Depto. Salud Planta</p>
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3) Que, por su parte, se opusieron a la entrega de la información requerida los funcionarios municipales Ana María Silva, Luis Morales, Marina Lizana, Cristián Bustamante, María Miranda y Patricio Ramírez, así como la funcionaria del Departamento de Salud de dicha entidad, doña Hilda Gaete, fundándose, en síntesis, en los argumentos señalados en el numeral 5) de la parte expositiva de esta decisión</p>
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4) Que, la funcionaria María Gioconda Aranís señaló expresamente que no se siente afectada en sus derechos si se entrega copia de sus liquidaciones de sueldo al requirente, consistiendo en la entrega de dicha información. Por otra parte, la funcionaria Claudia Zepeda no evacuó el traslado conferido, habiendo informado la propia Municipalidad de Codegua que ella prestó servicios en dicha entidad hasta el mes de febrero de 2010.</p>
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5) Que, en relación con la información pedida, cabe hacer presente, en forma previa, que los funcionarios que se desempeñan en la Administración Pública, al igual que los trabajadores del sector privado, tienen derecho a percibir una contraprestación económica por los servicios que prestan, lo que en el caso de los funcionarios municipales se encuentra expresamente consagrado en el artículo 93 de la Ley N° 18.883. Al momento de efectuarse el pago, aplicando la norma de carácter general del inciso final del artículo 54 del Código del Trabajo, “…el empleador deberá entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas”, documento, éste último, conocido como liquidación de sueldo o de remuneraciones.</p>
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6) Que, así, la Municipalidad de Codegua, al pagar a sus funcionarios sus respectivas remuneraciones, se encuentra obligada a entregarles la mencionada liquidación de remuneraciones, documentos que por emanar de dicho Municipio y encontrarse en su poder, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, tienen, en principio, el carácter de información pública. Sin embargo, y atendiendo la información específica que contienen las liquidaciones de remuneraciones tenidas a la vista, es necesario realizar un análisis detallado de éstas, a fin de determinar la naturaleza pública o reservada de la información que ellas comprenden.</p>
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7) Que la Municipalidad de Codegua ha acompañado al presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, copia de algunas liquidaciones de remuneraciones de los funcionarios individualizados en los considerandos primero y segundo, pudiendo constatarse, por parte de este Consejo, que los mencionados documentos dan cuenta de información relativa al periodo pagado, nombre, grado, escalafón y RUT del funcionario, días trabajados, jornada de trabajo, cargas, horas extras, bienios, trienio, nombre de la A.F.P e institución de salud a la cual se encuentra afiliado, fecha de ingreso, fecha de bienios, haberes y descuentos practicados.</p>
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8) Que, conforme a la Ley de Transparencia y a su Reglamento, los órganos de la Administración sujetos a la aplicación de dichas normas, deben mantener a disposición permanente del público, a través de sitios electrónicos, “La planta de personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones”, antecedentes que deben ser actualizados, a lo menos, una vez al mes. Para cumplir con esta obligación, cada órgano de la Administración debe incluir en su sitio electrónico un listado con la individualización de sus funcionarios de planta y a contrata y las personas contratadas a honorarios y las que se desempeñen en virtud de un contrato de trabajo. En el caso de los funcionarios de planta y a contrata, debe consignarse la escala de remuneraciones que le corresponda, en la que, además, se debe indicar la remuneración bruta mensualizada, que equivale a la suma mensual de las remuneraciones y asignaciones que, para cada grado o cargo con jornadas, tiene derecho a percibir el funcionario en razón de su empleo o función en forma habitual y permanente. En el caso de las remuneraciones que no sean pagadas mensualmente, deberá calcularse un promedio mensual para cada grado o cargo con jornadas.</p>
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9) Que, por otro lado, la Instrucción General N° 4, sobre Transparencia Activa, que entró en vigencia, respecto de la mayoría de las materias que aborda, el 1° de julio recién pasado, reguló, en el artículo 1.4, la forma en que debe practicarse la publicación de la información indicada precedentemente. Para ello, el servicio u organismo deberá publicar la información señalada en plantillas separadas según se trate de personal de planta, personal a contrata, personal sujeto al Código del Trabajo y personas naturales contratadas a honorarios.</p>
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10) Que, de este modo, las plantillas relativas al personal de la planta municipal y aquellos que poseen la calidad de contratas, deben contemplar la siguiente información:</p>
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a) La plantilla correspondiente al personal de planta, debe dar cuenta de lo siguiente: estamento al que pertenece el funcionario (directivo, profesional, técnico, administrativo o auxiliar); nombre completo; grado de la escala a que esté sujeto o cargo con jornada según corresponda; título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o conocimientos relevantes; función o cargo; región y vigencia de la relación laboral (fecha de inicio y de término, salvo que el vínculo sea indefinido, caso en el cual deberá hacerse mención expresa de dicha circunstancia); y,</p>
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b) La plantilla correspondiente al personal a contrata debe proporcionar la siguiente información: estamento al que pertenece el funcionario (profesional, técnico, administrativo o auxiliar); nombre completo; grado de la escala al que esté asimilado o cargo con jornada según corresponda; título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o conocimientos relevantes; cargo o función; región y vigencia de la contrata (fecha de inicio y de término).</p>
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11) Que, la citada Instrucción N° 4 agrega que, para informar la remuneración de los funcionarios de planta y a contrata, “se consignará en el respectivo sitio electrónico la escala de remuneraciones que le corresponda, la que deberá tener una correlación con las plantas y grados o cargos con jornadas consignadas en las plantillas de funcionarios señaladas precedentemente. En la misma deberá hacerse mención expresa y desglosada de todas y cada una de las asignaciones contempladas para el cálculo de la remuneración mensual”. Asimismo, establece que “En las plantillas correspondientes a los funcionarios de planta, a contrata y del personal sujeto al Código del Trabajo deberán informarse, bajo la denominación de “Asignaciones especiales”, todas las asignaciones que el funcionario tenga derecho a percibir por sobre la remuneración informada, ya sea en la escala de remuneraciones o como remuneración bruta de no estar asimilado a grado. Por ejemplo, se indicará si el funcionario tiene derecho a asignaciones por concepto de bienios, función crítica, de alta dirección pública, de modernización, entre otros. En estos casos, se deberá individualizar la asignación exacta y el monto bruto recibido por cada una en el mes informado”. / “También deberá informarse, en la columna antes señalada, si el funcionario tiene derecho al pago de horas extraordinarias en forma habitual y permanente, entendiéndose que se encuentra en esta situación si percibe el pago de horas extraordinarias durante 4 meses o más, en forma consecutiva. En dicho caso se indicará el número de éstas y el monto exacto percibido por este concepto en el mes informado.” / “Asimismo, deberá añadirse una columna aparte de “Observaciones” donde se indicarán, respecto de cada funcionario, las comisiones de servicio o cometidos funcionarios ?si éstas fueran habituales y permanentes? que esté cumpliendo (señalando si conserva su cargo en propiedad, el destino de la comisión o el cargo que suple, si procede); si está contratado por una jornada parcial; si se trata de honorarios que no se paguen por mensualidades y cualquier otra circunstancia relevante que pudiere modificar o alterar la información que bajo este numeral debe ser contenida respecto de cada funcionario”.</p>
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12) Que, de este modo, la información relativa al periodo pagado, nombre, grado y escalafón del funcionario, bienios, trienio, fecha de ingreso y los haberes de sus funcionarios y demás personal que presente servicios en la Municipalidad reclamada, posee indudablemente el carácter de información pública, ya que corresponde a información que los órganos de la Administración Pública deben informar en sus sitios electrónicos en cumplimiento de las normas de transparencia activa indicadas precedentemente. Por esta razón, dicha información, contenida en las liquidaciones de remuneraciones solicitadas, es de carácter público.</p>
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13) Que, por otra parte, si bien el legislador no ha ordenado a los órganos de la Administración que publiquen en sus sitios electrónicos información relativa al RUT de sus funcionario, días trabajados, jornada de trabajo, pago de horas extras no permanentes y de cargas familiares, el nombre de la A.F.P e institución de salud a la cual se encuentran afiliados y los descuentos efectuados a sus remuneraciones, debe entenderse que ésta, en principio, es también información pública, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, a menos que se encuentre, total o parcialmente, en alguno de los casos de excepción contemplado por dicha ley, y, por lo tanto, adquiera el carácter de secreta o reservada. Lo anterior hace necesario determinar si tales antecedentes se hallan en alguno de estos casos de secreto o reserva, teniendo en especial consideración el mérito de los argumentos expresados por los funcionarios oponentes.</p>
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14) Que, respecto del Rol Único Tributario o R.U.T. de los funcionarios, que consta en sus liquidaciones de remuneraciones, debe tenerse en consideración que éste constituye un código numérico creado por el D.F.L. N° 3/1969, M. Justicia (D.O. 15.02.1969), con el fin de identificar “…a todos los contribuyentes del país, de los diversos impuestos, y otras personas o entes que se señalan más adelante” (art. 1°, inc. 1°), tanto las personas jurídicas como las naturales, de tal suerte que se trata de un dato de carácter personal o dato personal conforme el art. 2° f) de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada, y en aplicación de las normas contenidas en los artículos 4, 7 y 20 del mismo cuerpo legal, puede afirmarse que el R.U.T. de los funcionarios es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública (art. 13 de la Ley N° 18.834 y la Ley N° 18.883), y no directamente de un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debe considerarse como información secreta o reservada. Así lo ha resuelto este Consejo en las decisiones A10-09 y A126-09.</p>
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15) Que, tanto los días trabajados por cada funcionario como su jornada de trabajo, dicen relación directa con el desempeño de sus respectivas funciones públicas así como con la contraprestación económica que percibe por ellas, de tal suerte que esta constituye información que, de ser solicitada, debe ser proporcionada a la ciudadanía, ya que permiten efectuar un debido control de la función pública y del destino de los recursos confiados al órgano requerido.</p>
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16) Que, por su parte, el pago que el funcionario público percibe por el concepto de horas extras, constituye la contraprestación económica a que tiene derecho dicho funcionario cuando desarrolla trabajos extraordinarios. Cuando éstas horas extras pasan a tener el carácter de habituales y permanentes, esto es, que se perciban durante cuatro meses o más, en forma consecutiva, el órgano debe informar el monto pagado por este concepto en su respectivo sitio electrónico; sin embargo, cuando esas horas no poseen dicho carácter, no existe la obligación de publicar su pago en el mencionado sitio. Sin perjuicio de lo indicado, la información relativa al pago de horas extras no habituales o permanentes también tiene el carácter de pública, precisamente porque constituye una contraprestación pagada con ocasión de la función pública desempeñada, razón por la cual, si una persona solicita información relativa a esta materia, debe ser proporcionada por el órgano, máxime, cuando esto servirá también para que la ciudadanía efectúe un control sobre la autoridad en relación al destino que da a los fondos públicos que se encuentran bajo su administración. De este modo, este Consejo considera que la información que las liquidaciones de remuneraciones de los funcionarios puedan contener sobre el pago de horas extras debe ser proporcionada en caso que sea solicitada.</p>
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17) Que, respecto del pago de cargas familiares, si bien es cierto que el pago de este beneficio se genera a partir de un hecho personal y particular del beneficiario –que se otorga a las personas indicadas en la letra b) del artículo 3° del D.F.L. N° 150/81, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regula el Sistema Único de Prestaciones Familiares y que dice relación con el parentesco que posee con un funcionario–, éste constituye un beneficio social financiado con fondos públicos, de modo que es de interés público conocer si se paga cumpliéndose los presupuestos previstos al efecto, por lo que, en definitiva, se ha de considerar como información pública que debe ser proporcionada por el órgano requerido.</p>
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18) Que, respecto de los descuentos que se pueden practicar a los funcionarios de la Administración, éstos se pueden clasificar en descuentos que la ley ordena; descuentos que la ley autoriza; y, descuentos personales.</p>
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Entre los descuentos que la ley ordena, se encuentran las cotizaciones de Salud, cotizaciones previsionales (conforme a lo dispuesto por los Decretos Leyes N° 3.500 y 3.501, según el funcionario se encuentre afiliado a una AFP o al sistema antiguo de previsión social, respectivamente), descuentos por desahucio (Ley N° 7.390, en relación al inciso segundo del número 1° del artículo 13 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980), e impuesto único (artículos 42 y 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta).</p>
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Por su parte, entre los descuentos que la ley autoriza, se encuentran los correspondientes al pago de cuotas de asociaciones gremiales, servicio de bienestar, cotizaciones voluntarias al Fondo de Pensiones (artículo 21 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980), y las cotizaciones voluntarias al fondo de salud.</p>
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Por último, los descuentos personales, corresponden a aquellos descuentos que el empleador realiza a petición expresa del funcionario para fines distintos a los señalados en forma previa, posibilidad que se encuentra contemplada en el inciso segundo del artículo 95 de la Ley N° 18.883.</p>
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19) Que, en la Instrucción General N° 4, Sobre Transparencia Activa, se establece como buena práctica publicar incluir en el sitio electrónico del órgano de la Administración “un link respecto de cada funcionario a un documento que contenga su remuneración mensual bruta y líquida, las asignaciones mensuales que le correspondan, el monto de cada una de ellas y los descuentos legales”, agregando que “Para el cálculo de la remuneración líquida sólo se considerarán los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, como por ejemplo, los que se efectúan por concepto de impuestos, cotizaciones previsionales y de salud obligatorias, etc.”, de lo cual se desprende que, para el cálculo de la remuneración líquida, deben considerarse sólo los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, como los señalados en la norma transcrita precedentemente, por lo que tales descuentos deberán ser proporcionados en la especie.</p>
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20) Que, este Consejo ha podido constatar que las liquidaciones de remuneraciones que fueron solicitadas por el requirente a la Municipalidad de Codegua contienen, además, información relativa a descuentos que la ley permite y personales relativos a pagos de seguros; asociaciones gremiales, y ahorros voluntarios, entre otros.</p>
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21) Que las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos, siendo objeto de transparencia activa. Sin embargo, el objeto al cual los funcionarios destinen voluntariamente dichas remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, lo que lleva a este Consejo a concluir que la información pedida deberá ser entregada, aplicando el principio de divisibilidad, tarjando la información contenida en las liquidaciones relativa a los gastos voluntarios efectuadas por los funcionarios a las que éstas se refieren.</p>
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22) Que, el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario.</p>
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23) Que, respecto de la solicitud de información consistente en el reporte del reloj control de horario de la funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de Codegua, doña Hilda Gaete, correspondiente al periodo comprendido entre abril de 2008 y febrero 2009, ambos meses incluidos, la Municipalidad requerida no formuló descargo alguno. Que, este Consejo ya se ha pronunciado sobre esta materia respecto de la misma Municipalidad en la decisión del Amparo Rol C209-10, de fecha 20 de julio de 2010. Al respecto, debe tenerse en consideración lo dispuesto en los artículos 4°, 15 y 48, letra b), de la Ley N° 19.378, sobre Estatuto de atención primaría de salud municipalizada; 58, letras a) y d), 61, letra a), 62 y 69 de la Ley N° 19.378; letra a) del artículo 61 de la Ley N° 18.883, que Aprueba el estatuto administrativo de los funcionarios municipales; y, el artículo 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de los cuales se puede concluir que todos los funcionarios municipales, incluyendo a los de atención primaria de salud municipalizada, se encuentran obligados a registrar su asistencia a través del sistema que la autoridad respectiva haya establecido que, en la especie, fue el sistema de reloj control. Ahora bien, la información relativa a la asistencia de los funcionarios es necesaria para proceder al pago de las remuneraciones mensuales, ya que es el mecanismo para determinar si se deben efectuar o no descuentos por inasistencia.</p>
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24) Que, los registros de asistencia de los funcionarios públicos poseen el carácter de información pública, y la Municipalidad de Codegua debería contar con los registros de asistencia del personal de salud, los cuales, a su vez, deben ser guardados por el tiempo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200, del Ministerio de Educación, de 1929, las demás normas legales aplicables, así como en las instrucciones impartidas por la Contraloría General a través de la Circular N° 28.704, de 1981, razón por la cual, el órgano requerido debió haber proporcionado los registros solicitados.</p>
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25) Que, debe tenerse presente que este Consejo ha sentado como principio fundamental que la esfera de privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado, es más reducida que la del resto de las personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen. En refuerzo de esta tesis se ha sostenido que la Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30 califica como hechos de interés público los referentes al desempeño de funciones públicas. Así se estableció en la decisión de amparo A47-09, de 15 de julio de 2009, donde se ordenó entregar copia de un sumario administrativo ya concluido (criterio reiterado en las decisiones A58-09, de 4 de agosto de 2009 y A95-09 y A327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009). De igual modo, se han considerando públicos los puntajes finales de las calificaciones de los funcionarios, en tanto “mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la esfera privada de los funcionarios” (decisiones A10-09 y A126-09, de 31 de julio de 2009). Idéntico criterio se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009), los registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009) y el currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10).</p>
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26) Que, en lo que respecta a la alegación de falta de motivo razonable por parte del peticionario, es necesario tener en consideración el principio de la no discriminación, consagrado en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y en el artículo 16 de su Reglamento, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado no pueden exigir expresión de causa o motivo para la solicitud de información, de modo que el hecho de que el requirente no indique cuál es el fundamento que justifica su solicitud, no impide proporcionársela, por lo que la alegación en comento, deberá ser rechazada.</p>
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27) Atendiendo a que la funcionaria Claudia Zepeda no evacuó el traslado conferido por este Consejo, y habiendo informado la propia Municipalidad de Codegua que ella prestó servicios en dicha entidad hasta el mes de febrero de 2010, se harán extensivo a su respecto los mismos criterios expuestos en los considerandos precedentes.</p>
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28) Que, en virtud de lo razonado, este Consejo acogerá parcialmente el amparo deducido por don Emiliano Orueta Bustos, y ordenará a la Municipalidad de Codegua entregar las copias de las liquidaciones de las remuneraciones de los funcionarios individualizados en su solicitud de información, tarjando toda aquella información relativa al RUT, a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios, como también aquella relativa a los descuentos personales voluntarios, tales como seguros contratados, cuotas del comité de bienestar, cuotas de asociaciones gremiales, pago de cuentas, ahorros voluntarios, todo ello en aplicación del principio de máxima divulgación y de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letras d) y e) de la Ley de Transparencia.</p>
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29) Que, además, considerando que la funcionaria María Gioconda Aranís consintió a la entrega de copia de sus liquidaciones de remuneraciones al requirente, señalando expresamente que ese hecho no afectaría sus derechos, por lo que este Consejo acogerá íntegramente el amparo sólo respecto de esta funcionaria, debiendo, por lo tanto, la Municipalidad de Codegua entregarle al requirente copia de sus liquidaciones de remuneraciones sin tarjar información en ellas.</p>
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30) Que, en todo caso, en lo sucesivo la Municipalidad de Codegua deberá en aquellos casos en que se puedan ver afectados los derechos de terceros, proceder a notificar a éstos conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que en la especie no ocurrió.</p>
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31) Por último, también se debe representar a la Municipalidad de Codegua que no ha dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en el artículo 1.4 de la Instrucción General N° 4, de este Consejo, sobre Transparencia Activa, ya que la información relativa a la planta del personal y personal a contrata, a honorarios y que preste servicios en virtud de contrato de trabajo, con las correspondientes remuneraciones, no se ha publicado en la forma establecida en dicha instrucción, ya que respecto del personal de planta y a contrata no se efectúa a través de planillas separadas, tampoco se indica el título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o conocimientos relevantes de los mismos. Respecto de estos funcionarios, se limita a indicar el total de los haberes, la base tributable, la base imponible, los descuentos correspondientes a impuestos, imposiciones y, en general “otros descuentos”, para finalizar con el monto liquido a pagar, sin embargo, no hace referencia a las asignaciones especiales que tienen derecho a percibir, no se indica si tienen derecho a percibir horas extraordinarias en forma habitual y permanente, ni contiene la columna “observaciones”.</p>
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Respecto del personal contratado a honorarios o en virtud de un Código de Trabajo, sólo se indica el nombre de la persona, el sueldo líquido y el programa en el cual se desempeña, de tal suerte que tampoco se publica toda la información que ordena la Instrucción General N° de este Consejo, debiendo requerirse la divulgación de tales antecedentes.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo de don Emiliano Orueta Bustos en contra de la Municipalidad de Codegua, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua para que:</p>
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a) Entregue la información solicitada por don Emiliano Orueta Bustos, a través de su solicitud de información de 20 de febrero de 2010, proporcionando copia de las liquidaciones de remuneraciones de los funcionarios municipales Ana María Silva, Luis Morales, Marina Lizana, Cristián Bustamante, Claudia Zepeda, María Miranda y Patricio Ramírez, correspondiente a los meses comprendidos entre mayo de 2009 y enero 2010, ambos meses incluidos, así como de las liquidaciones de remuneraciones y del reporte del control reloj de doña Hilda Gaete, tarjando en todas dichas liquidaciones de remuneraciones, en aplicación del principio de divisibilidad, toda aquella información relativa al RUT, a la singularización de la AFP y al sistema de salud a los que se encuentren afiliados cada uno de dichos funcionarios, así como también aquella relativa a los descuentos personales voluntarios tales como los indicados en el considerando 28), previo pago de los costos directos de reproducción, en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Entregue a don Emiliano Orueta Bustos copia íntegra de las liquidaciones de remuneraciones de la funcionaria María Gioconda Aranís, correspondiente a los meses comprendidos entre Mayo de 2009 y enero 2010, ambos meses incluidos.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Representar a la Municipalidad de Codegua que, en lo sucesivo, cuando se puedan ver afectados los derechos de terceros, dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y, asimismo, que debe ajustar la información publicada en su sitio electrónico respecto a las remuneraciones de sus funcionarios, a lo instruido por este Consejo en su Instrucción general N° 4.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Emiliano Orueta Bustos, a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua y a doña Ana María Silva, doña María Gioconda Aranís, doña Luis Morales, doña Marina Lizana, don Cristián Bustamante, doña Claudia Zepeda, doña María Miranda, don Patricio Ramírez y doña Hilda Gaete.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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