Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C941-14

Reclamante:	GONZALO VALDES
Reclamado:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al "Directorio Industria Manufacturera Enia" de los años 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la información solicitada y la vinculación con otras bases de datos, afecta la capacidad del órgano público para desarrollar adecuadamente las funciones que la propia ley le ha encomendado, lo que afecta el debido cumplimiento de sus funciones. A mayor abundamiento, la divulgación de dicha información afectaría los intereses y derechos comerciales de personas naturales y jurídicas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/6/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1818-12 C2096-13 C2283-13 C149-14
Jurisprudencia a:	C3211-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Datos de identificación >> Correo electrónico
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C941-14 Entidad pública: Instituto Nacional de Estadísticas Requirente: Gonzalo Valdés González Ingreso Consejo: 16.05.2014 En sesión ordinaria N° 565 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de octubre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C941-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2014, don Gonzalo Valdés González solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas -en adelante indistintamente INE- "Directorio Industria Manufacturera Enia" de los años 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 1106, de 15 de mayo de 2014, el Instituto Nacional de Estadísticas denegó la entrega de la información solicitada, fundado, en síntesis, en los siguientes argumentos: a) El artículo 29 de la Ley N° 17.374, prohíbe al INE y a sus funcionarios divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas o determinables, de que haya tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades, y sanciona la infracción al secreto estadístico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 247 del Código Penal. b) De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estadísticas Económicas, el Directorio de la Encuesta Nacional de la Industria Manufacturera (ENIA) es un directorio de establecimientos industriales y se construye casi en su totalidad con datos entregados por los propios informantes. Asimismo, la ENIA sirve como fuente a las bases de microdatos que se ponen a disposición del público, los cuales a fin de resguardar el denominado secreto estadístico son puestos a disposición de los interesados con una disociación de datos a fin de que la información que de ellos se obtenga no pueda ser asociada a persona o entidad determinada o determinable, o dicho en otros términos, no pueda asociarse a un titular identificado o identificable. c) Finalmente concluye que, de acceder a la solicitud en cuestión se estaría vulnerando el secreto estadístico, ya que permitiría la identificación directa del informante y los antecedentes proporcionados a dicha institución. Por tanto, la reserva se funda en la causal establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, y el artículo 7° número 5 de su Reglamento, que permiten denegar el acceso a la información cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una Ley de Quórum Calificado haya declarado reservado o secreto, en este caso concreto, por afectar el derecho del informante. 3) AMPARO: El 16 de mayo de 2014, don Gonzalo Valdés González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Agrega que la misma información requerida para el año 2007 se encuentra disponible en la página web del órgano: http://www.ine.cl/canales/base_datos/otras_bases_datos.php por lo que, a su juicio, "existe una interpretación antojadiza respecto a la entrega de los datos". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, mediante Oficio N° 2.651 de 23 de mayo de 2014, quien mediante Ordinario N° 1097 de 13 de junio de 2014, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: a) El INE se encuentra obligado a respetar las normas establecidas por la Ley N° 17.374, dentro de las cuales se contempla la estricta observancia del secreto estadístico, consagrado en sus artículos 29° y 30°. Asimismo, el Instituto se encuentra sujeto en su actuar a los principios fundamentales de las Estadísticas Oficiales, los cuales son aplicados en nuestro país en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, que constituyen los criterios inspiradores de los códigos de buenas prácticas internacionales y por ende, revisten el carácter de normas y directrices internacionales. Concretamente, en el caso en análisis, es de principal relevancia el principio que indica: "Principio 6: Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos." Funda la causal del articulo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en el hecho que al INE, conforme lo establece el inciso 1° del artículo 29° de su Ley Orgánica N° 17.374: "...no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. EI estricto mantenimiento de estas reservas constituye el Secreto Estadístico". b) En relación a la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, argumenta que el INE excedería su ámbito de competencia legal si entregara la información solicitada. Alega que solamente esta mandatado por la ley para entregar y dar a conocer estadísticas y datos oficiales, que no vulneren el secreto estadístico; luego, si se le impone la obligación de que entregue la información solicitada, quedaría en una situación de abierto incumplimiento de su deber de reserva, consagrado en la normativa orgánica que lo regula. c) Agrega que, si bien la información de Directorios ENIA solicitada por don Gonzalo Valdés González no contiene campos que por sí mismos permitan la vulneración del secreto estadístico, el cruce de ellos con las bases de microdatos que son publicadas por el INE en el ejercicio de su función pública, sí permitirían la identificación de los informantes. Por ende, la entrega de esta información -en tanto permitiría atribuir hechos que se refieren a personas determinadas, de los que el INE tomó conocimiento en ejercicio de sus funciones- no se enmarca en el ámbito de las competencias legales de este Servicio. En este punto, hace referencia a lo dispuesto en los artículos 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia. Considera relevante este punto en atención a que la información solicitada por el recurrente contiene datos personales, en aquellas casas referidas a personas naturales, las cuales informaron a la ENIA como establecimiento. d) A continuación, la reclamada describe las consideraciones técnicas de afectación al estricto mantenimiento de las reservas que constituyen el secreto estadístico: i. Al respecto, el INE ha debido necesariamente incorporar procedimientos para resguardar el secreto estadístico, a fin de que la información tenga, en definitiva, las características de ser innominada, indeterminada e indeterminable; condiciones imprescindibles para la adecuada cautela de la información estadística y de los derechos de las personas asociadas a esta. En efecto, de conformidad al documento "Microdatos Industriales y Normas Sobre Secreto Estadístico, Aspectos Metodológicos, ENIA, 2001 - 2005", el secreto estadístico jurídicamente se relaciona con la disociación de datos, que se entiende como "todo tratamiento de datos proveniente tanto de personas naturales como jurídicas de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona o entidad determinada o determinable". ii. Cita a continuación el Informe Técnico de 12 de junio de 2014 del Jefe del Subdepartamento de Estadísticas Estructurales de Industria, que señala que "en materia de Secreto Estadístico los criterios utilizados han variado desde la interpretación hasta los tratamientos aplicados a los datos, así también la definición de canales de difusión y responsables de certificar los productos." Asimismo, específicamente respecto a los directorios, dicho informe señala "desde sus orígenes el operativo ENIA tiene dentro de sus actividades la confección del directorio de establecimientos a utilizar, mediante la recogida directa de datos con los informantes y utilizando adicionalmente a modo complementario otras fuentes como el Directorio Nacional de Empresas (DNE) (el cual desde su creación, alrededor del año 2005, no considera establecimientos como unidad). En el caso particular de la ENIA, para ser entregado al público, se elaboraba un directorio a nivel de empresas, y no a nivel de establecimientos, el cual se entregaba a la unidad de comercialización, no obstante se ha detectado la existencia de directorios a nivel de establecimientos en manos de usuarios externos. Una vez definidos criterios y responsables en materia de secreto estadístico, se detuvo la entrega de directorios ENIA, quedando disponible para la entrega al público solo la información disponible y autorizada en el DNE de la sección "D" (manufactura en CIIU r3), lo cual fue ratificado en la resolución N° 2625, de 1° de septiembre de 2009; documento que se adjunta. EI principal problema de la distribución del directorio ENIA, a nivel de establecimiento, es que facilita la determinación de fuentes informantes, más aun si la información considera atributos como la clasificación económica desagregada." e) En relación a lo señalado por don Gonzalo Valdés González, en cuanto a que el Directorio Industria Manufacturera ENIA para el año 2007 se encuentra disponible en la página web del INE, y que ello significa una interpretación antojadiza, la reclamada explica lo siguiente: i. Durante el 2007 se produce una reestructuración al interior del Instituto Nacional de Estadísticas, afectando esta principalmente a la Subdirección de Operaciones y a la Subdirección Técnica. Dentro del marco de dicha reestructuración comienza una discusión respecto a la forma apropiada de difusión de microdatos. Producto de esta discusión se estableció que la base de datos liberada debía cumplir con requisitos de innominación, es decir, no incluir ninguna referencia que permita identificar directamente a la fuente y garantizar la indeterminación de los registros mediante el tratamiento de datos a fin de evitar la identificación indirecta de la fuente. ii. Una vez zanjada la discusión señalada en el apunto anterior (2009 -2010), se toma la determinación de no hacer entrega de bases de datos, dentro de las cuales se incluyen los directorios ENIA, en atención a que el cruce de datos permitiría la vulneración del bien jurídico protegido mediante secreto estadístico. Debido a ello procedió a dictar la Resolución Exenta N° 2625 de 1° de septiembre de 2009, que se adjunta, mediante la cual impartieron instrucciones de entrega de directorios de empresas, señalando que solamente se podía entregar datos de nombre de la empresa o razón social, región, provincia y comuna a la que pertenece, dirección, teléfono y actividad económica de acuerdo al clasificador CIIU rev3. Sin embargo, previo a dicha definición y no existiendo claridad respecto a los medios que permitan la determinación de forma indirecta, el INE liberaba información, de acuerdo a las solicitudes de los particulares. iii. Es dentro del contexto previo a las definiciones y directrices de entrega de información a las cuales se ha hecho referencia en el punto anterior, cuando se encontraba incluido en un catálogo para ser entregado al público un Directorio ENIA del año 2007. Este catálogo contenía un listado de productos que podrían ser solicitados por el público y se encontraba publicado en el sitio web de este Instituto. Destaca la reclamada que lo que se encontraba publicado era el catálogo y no el Directorio ENIA año 2007. Respecto al directorio mencionado, se trataba de un listado dentro del cual se habían omitido referencias que permitían la identificación del informante, según lo considerado en esa época como protección del secreto estadístico, pero sin embargo se incluían otras, que de acuerdo a las definiciones técnicas vigentes hoy, según el nivel de análisis y depuración de datos que ha alcanzado el INE en su proceso de profesionalización y adecuación a estándares internacionales, no cumplirían con los estándares de indeterminación e innominación requeridos para resguardar debidamente el secreto estadístico. Por esta razón, una vez que se detecta la existencia de este Directorio ENIA año 2007 en catálogo de productos disponibles al público en el sitio web del Instituto, se detuvo su entrega al público. iv. A partir de la detección de los errores existentes en el catálogo de documentos disponibles a entrega se comenzó un proceso general dirigido a analizar y actualizar los listados de productos disponibles para ser entregados al público. Agrega que dicho Instituto está llevando a cabo un proceso de revisión general de sus productos, procurando que todo aquello que se pone a disposición del público cuente con los estándares de indeterminación e innominación vigentes que se han definido de conformidad con los criterios internacionales de protección del secreto estadístico ya mencionado. v. Termina afirmando que la información referida por el reclamante, "nunca ha sido publicada en el sitio web del INE ni ha estado disponible de ninguna forma para descarga directa del público, y lo que existió era un catálogo de productos que se encontraba desactualizado, respecto del cual como ya se ha señalado se inició un proceso de revisión general". f) En la lógica de un análisis de test de daño, la reclamada presenta, con la finalidad de exponer como el acceso a la información requerida vulnera la norma legal que consagra el secreto estadístico, un ejemplo de cruce de datos utilizando uno de los productos que integran la ENIA -Ia base de datos FUSION 2010- y un directorio creado con los mismos campos que el Directorio ENIA 2007; indicando como -con mediana facilidad- es posible determinar al proveedor del microdato. Con dicho caso, ejemplifica que es posible conocer (en este caso) que la planta del archivo Fusión con el ID N° 3424 que corresponde a una empresa específica, identificada con su Razón Social en el Directorio ENIA (detalles en el recuadro que expone), permitiendo a acceder a antecedentes nominados para todas las variables de la base de datos. Este ejercicio se puede aplicar a los demás establecimientos e incluso automatizar con criterios definidos. Concluye señalando que "en consecuencia, la divulgación de los Directorios ENIA permitirá la identificación de las empresas y personas informantes, lo cual vulnera el ordenamiento jurídico en su conjunto y representa un riesgo potencial de daños transversales, cuyo despliegue cruza los ámbitos públicos, privados, nacionales e internacionales". Para la adecuada ilustración del argumento, se sistematiza el punto, según se expone a continuación. i. Potencialidad de daño a nivel del informante. La divulgación de datos proporcionados por la ENIA, a través de los cruces que se indican en el ejemplo propuesto, sin duda alguna, representan riesgo de dañar tanto en se esfera patrimonial y moral del informante. En efecto, el hecho que estos datos, que constituyen información sensible y reservada de procesos productivos, comerciales y financieros, quede expuesta al conocimiento de quien la solicite (eventuales competidores del informante), constituye un grave riesgo para el informante. En este sentido, el conocimiento de terceros ajenos al informante de sus costos de producción, factores productivos utilizados, inversiones efectuadas, inventarios (stock y sobrestock), entre otros, representa una exposición no prevista ni deseada. ii. Potencialidad de daño a nivel de la Administración del Estado. En un escenario como el expuesto en el punto anterior, las consecuencias de la divulgación de información, generan un daño para la Administración que cruza la vulneración de las diversas jerarquías normativas que conforman nuestro ordenamiento jurídico nacional. En este orden de ideas, ante la posibilidad de daños causados a un informante, pareciera indiscutible plantear el riesgo de la alegación de responsabilidad extracontractual del Estado; con la consecuencias que ello conlleva y que se traducen en condenas indemnizatorias que, revestirán un desmedro en el patrimonio público. iii. Potencialidad de daño a nivel del Orden Público Económico. A juicio de la reclamada, el acceso de terceros no autorizados a información sensible del informante y el uso que de ella pudiera efectuarse, lleva implícito un daño al Orden Publico Económico y muy especialmente, considera un germen de daño a las normas y principios que promueven y resguardan la libre competencia en los mercados y que se encuentran contenidas, especialmente, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973. En este sentido, el conocimiento de precios y antecedentes como los que se divulgarían en el caso materia de este amparo, podrían implicar acuerdos expresos o tácitos entre competidores, practicas concertadas, fijación de precios de venta, compra u otras condiciones de comercialización, abusos de posición dominante, practicas predatorias; por nombrar algunos riesgos de vulneración de la libre competencia y el funcionamiento regular del mercado. iv. Potencialidad de daño a nivel del Sistema Estadístico Nacional y la comunidad estadística internacional. Por último el INE destaca que nuestros informantes entregan información sensible, con la certeza de que dicho Instituto la resguardará y la utilizará solamente con fines estadísticos. La violación de esa confianza llevaría a un escenario donde las personas y empresas se negarían a entregar información para prevenir el riesgo de que sea filtrada al público. Lo anterior dañaría no solo los principios de certeza jurídica y la fe pública comprometida en cada acto de entrega de insumos para la actividad estadística, sino que debilita nuestra imagen país en el contexto internacional y muy especialmente en la comunidad estadística internacional. g) Finalmente, atendida la complejidad técnica de la materia, la reclamada solicita se fije una audiencia para que expertos del Instituto Nacional de Estadísticas informen acerca de los aspectos técnicos relativos al secreto estadístico, particularmente respecto del Directorio de la Encuesta Industrial Anual. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que en la resolución del presente amparo, resultan plenamente aplicables los argumentos planteados por este Consejo, a propósito de la resolución del amparo Rol C149-14, cuyo objeto de debate consistía justamente en información vinculada con la ENIA. Por tal motivo, se seguirá en el presente caso la misma línea de razonamiento, resultando asimismo innecesario la realización de la audiencia pública solicitada por el INE. 2) Que, la información solicitada en la especie corresponde a los Directorios de la Industria Manufacturera de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) para los años 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En relación con la precitada información cabe tener presente, a modo de contexto, los siguientes antecedentes consignados en el sitio web de la reclamada (http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/resena_metodologica_enia_20130902.pdf) : a) La ENIA tiene como objetivo recolectar información anualmente del universo de establecimientos industriales ubicados en territorio nacional que tengan 10 o más personas ocupadas, a fin de realizar una caracterización detallada de la actividad manufacturera del país, en términos de insumos utilizados, productos elaborados y factores productivos que participan en el proceso de transformación. b) Se utiliza habitualmente un directorio actualizado de empresas y establecimientos como marco a levantar, a quienes se otorga un plazo para responder en formato impreso o electrónico los formularios respectivos y adjuntar información como balances y/o memorias, para el posterior procesamiento de la encuesta. En la actualidad la encuesta considera seis formularios con objetivos distintos y no excluyentes entre sí, que se aplican de acuerdo a las características de la organización jurídica y productiva que tenga la unidad informante. c) La información recolectada por la ENIA es sometida a distintos niveles de validación y revisión, utilizando para ello procesos automatizados al momento de ingresar los datos y posteriores a los cierres de ingresos al servidor, como también procedimientos manuales que permiten revisar información adicional cotejándola con la encuesta. El objetivo de esto es asegurar niveles de completitud, coherencia económico-contable, confiabilidad y robustez en las cifras. d) Posterior al cierre de validaciones y controles internos sobre los datos procesados, se pone a disposición de quien lo requiera una Base de Datos a nivel de microdatos, los cuales están debidamente tratados para satisfacer los requerimientos legales exigidos por el secreto estadístico (no determinación directa ni indirecta de la fuente de información). e) El principal uso dado a estos registros esta dado como insumo básico para la construcción de las Cuentas Nacionales para el sector manufacturero, además de ser utilizada en distintas investigaciones económicas por agentes públicos y privados en la toma de decisiones. 3) Que, la información requerida en la solicitud que ha dado origen al presente amparo es recabada por el INE conforme con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 17.374, según el cual, entre otras funciones, corresponderá a dicha entidad "efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas oficiales." A su turno, y en lo que respecta a las empresas que han proporcionado dicha información a la reclamada, conviene tener presente que el artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece que "todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas les solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o comisionados, de palabra o por escrito, acerca de hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de estadísticas oficiales." 4) Que, de acuerdo con lo señalado en el considerando precedente, la información contenida en los directorios solicitados obra en poder del Instituto Nacional de Estadísticas en virtud de las antedichas atribuciones. Conforme con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia dicha información, en principio, es de naturaleza pública salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva. 5) Que, el Instituto Nacional de Estadísticas ha denegado la entrega de la información solicitada -al igual como en su momento lo hiciera en el citado amparo rol C149-14- fundado en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 29 de la Ley N° 17.374 el cual que establece que "el Instituto Nacional de Estadísticas, los organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el "Secreto Estadístico". Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto y penado por el artículo 247, del Código Penal, debiendo en todo caso aplicarse pena corporal." 6) Que, al respecto, según dispone el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sólo podrá denegarse el acceso a la información "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". En tal sentido, el artículo 8° de la Constitución establece que "(...) sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Con todo, la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8° a la Constitución (Ley N° 20.050, de 2005) fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política". En ese sentido, la citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece que "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes... aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales". 7) Que, conforme ha resuelto este Consejo, entre otras, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A45-09, C1818-12 y C2283-13, para la aplicación de una disposición que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la Ley N° 20.050, no sólo basta que ésta conste en una norma de rango legal, sino que, de acuerdo al tenor literal del artículo 21 N° 5 y la disposición primera transitoria, ambas de la Ley de Transparencia, dicha norma debe declarar el carácter secreto o reservado de la información conforme con las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución. Por tanto, si bien el artículo 29 de la Ley N° 17.374, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, atendido que se trata de una norma previa a la Ley N° 20.050, es igualmente necesario determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el artículo 8° de la Constitución. Tal reconducción material debe estar guiada por la exigencia de "afectación" dispuesta por la Constitución, respecto de los bienes jurídicos indicados en su artículo 8°. 8) Que, en el presente caso, según ha argumentado el organismo requerido, el nivel de detalle de la información que contemplan los directorios de empresas solicitados, permite vincular los establecimientos informados en la base de datos FUSION con los antecedentes entregados por cada empresa en particular, lo que posibilita la asociación de los atributos de cada establecimiento (costos de producción, factores productivos utilizados, inversiones efectuadas, inventarios (stock y sobrestock), entre otros). Al efecto, el INE ejemplificó en la práctica el que con tales antecedentes, pese a ser estos innominados, resulta posible con mediana facilidad, determinar al proveedor del microdato, esto es, al establecimiento productor que otorgó la información. 9) Que, en dicho contexto, atendido lo señalado por la reclamada en orden a que la entrega de la información solicitada permitiría identificar a determinadas empresas con cruces de datos disponibles en la propia página del INE, y habida cuenta de la naturaleza de los datos que los precitados directorios contienen, resulta pertinente tener presente el criterio contenido en las decisiones Rol C2096-13 -relativa a una solicitud acerca de la identidad de las personas naturales o jurídicas que han importado durante el año 2013, y que actualmente aparecen con RUT X en el registro de importaciones de la Servicio Nacional de Aduanas- en orden a que "(...)divulgar los antecedentes solicitados, esto es, la identidad de las empresas que han importado productos y materiales durante el año 2013 como el precio pagado por dichas empresas por sus operaciones de importación, permitirla al reclamante hacer un cruce de dicha información con la disponible en las bases de datos de la reclamada, permitiéndole determinar tanto el tipo de producto importado, el precio pagado, el periodo del año en que son adquiridos, su valor, el origen del proveedor y los montos de las mercancías compradas relativas al mercado del acero, de modo claro y preciso." 10) Que, sobre la base de lo expuesto, este Consejo entiende que la información solicitada y su vinculación con otras bases de datos, afecta la capacidad del órgano público para desarrollar adecuadamente las funciones que la propia ley le ha encomendado, con lo cual se genera una afectación al debido cumplimiento de sus funciones. A mayor abundamiento, la divulgación de la información solicitada afectaría los intereses y derechos comerciales de las personas naturales y jurídicas que han entregado la información requerida al INE en el contexto de la encuesta que ésta lleva a cabo y bajo los supuestos de reserva que establece el artículo 29 de la Ley N° 17.374. Dicha circunstancia, interpretada armónicamente, incidiría en la labor que el organismo reclamado debe realizar en futuros procesos de recopilación de antecedentes para la encuesta de que se trata, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Instituto Nacional de Estadísticas en la materia tal como se viene planteando precedentemente. 11) Que, en consecuencia, de conformidad con lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por don Gonzalo Valdés González, en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y a don Gonzalo Valdés González. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.