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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1000-14</strong></p>
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Entidad pública: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)</p>
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Requirente: Alfonso Salgado Muñoz</p>
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Ingreso Consejo: 26.05.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 575 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1000-14.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; y los Decretos Supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 16 de abril de 2014, don Alfonso Salgado Muñoz solicitó a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en adelante e indistintamente la DIBAM, las "Actas de Exámenes (EDEX) del Ministerio de Educación de la década de 1960, la mayor parte de las cuales se conserva en el Archivo Nacional de la Administración." Agrega que la solicitud se efectúa en el contexto de su curso de investigación para su tesis doctoral en Historia en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.</p>
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2) RESPUESTA: Que con fecha 14 de mayo de 2014, la DIBAM respondió a dicho requerimiento de información mediante su Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, en virtud de ORD. N° 313, de igual fecha, señalando que se adjunta OFICIO ORD. N° 0053/2014, emitido por el Conservador del Archivo Nacional de Chile, Sr. Osvaldo Villaseca Reyes, quien entrega antecedentes respecto a su requerimiento.</p>
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En dicho oficio el referido Conservador indica que "no es posible entregar la información solicitada, en virtud del artículo 21, N° 2 de la ley 20.285, sobre acceso a la información pública, toda vez que la entrega de los documentos requeridos podría afectar, entre otros, el derecho de privacidad de las personas involucradas." Además sostiene que la información solicitada constituye datos sensibles de acuerdo al artículo N° 2 letra g) de la ley N° 19.628.</p>
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3) AMPARO: El 26 de mayo de 2014, don Alfonso Salgado Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la DIBAM, fundado en la respuesta negativa que recibió a su solicitud de información. Indica que la reclamada sostiene una interpretación jurídica desafortunada del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia al estimar que la entrega de los documentos requeridos podría afectar, entre otros, el derecho de privacidad de las personas afectadas. Agrega que la autoridad funda su respuesta en el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, pues extrañamente considera que las actas de exámenes de los establecimientos de educación media son datos sensibles.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante el Oficio N° 2775 de 30 de mayo de 2014, confirió traslado al Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.</p>
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La Directora(s) de la DIBAM, con fecha 20 de junio de 2014, mediante correo electrónico, presentó sus descargos señalando en síntesis que el amparo debe ser rechazado en todas sus partes, fundada en que configuraría la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que la denegación de la información solicitada se encuentra debidamente justificada en conformidad a la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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Señala que ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada establece en su artículo 2° que se entenderá para efectos de esta ley por: ¨f) Datos de carácter personal los datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. "</p>
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En este caso, sostiene la reclamada, lo solicitado serían datos personales, por referirse a personas naturales claramente identificadas y más aún sensibles, por referirse a aspectos de su vida privada.</p>
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Por otra parte, el órgano reclamado citando los artículos 4, 9 y 10 de la referida norma sobre protección de la vida privada, concluye que los datos requeridos por el solicitante, claramente se refieren a hechos de la vida privada de quienes ahí aparecen (calificaciones obtenidas en sus exámenes escolares), que no fueron registrados con el fin de compararse con las calificaciones obtenidas por otros alumnos, ni tampoco provienen de fuentes accesibles al público.</p>
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Adicionalmente, mediante correos electrónicos de fecha 10 y 11 de noviembre de 2014, el órgano reclamado aporta otros antecedentes, sosteniendo que la información solicitada no es pública, ya que no corresponde a los actos descritos en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, y no es elaborada por órganos de la Administración del Estado, sino por establecimientos educacionales que por el solo hecho de depender del Ministerio de Educación deben remitirla a dicha entidad, siendo luego almacenada en el Archivo Nacional, conforme al artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 5.200, 1929.</p>
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Agrega que, con la requerimiento de información se configura además la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, puesto que lo pedido corresponde a centenares de volúmenes referidos a todos los establecimientos educacionales del país que hubieran enviado la información solicitada al Ministerio de Educación entre los años 1960 y 1969. En particular, sostiene la DIBAM, en el Archivo Nacional de la Administración existen 2.533 volúmenes que contienen un número variable de Actas de Estudios en cada uno de ellos, siendo difícil precisar con exactitud el número de actas existentes, señalando por ejemplo teniendo a la vista algunos volúmenes, que las actas varían desde 477 en unos, a 176 en otros, lo que se explica por el tamaño del establecimiento y el número de alumnos por curso. Explica la DIBAM, que el personal disponible para la entrega de la información requerida es insuficiente, dado que se cuenta con una sola funcionaria de la planta administrativa que atiende dichas solicitudes, que además es la encargada de las solicitudes de obtención de licencias de enseñanza media, última labor que ejerce diariamente, por lo proceder a la entrega de la información solicitada significaría dejar de prestar el servicio por el periodo que dure dicha entrega.</p>
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Por último, la DIBAM precisa que respecto de no haber seguido el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se procedió así por estimar que la información no debía proporcionarse, por no ser información pública, además de consistir en datos personales de acuerdo a la ley N°19.620 sobre protección de la vida privada, y porque atendida la época en que se generó la información, no se cuenta con la información de contacto de las personas a que se refiere la información solicitada, por lo que intentar obtenerla implicaría distraer a varios funcionarios por un periodo considerable, dejando de lado el cumplimiento de sus labores ordinarias.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, con fecha 16 de abril de 2014 don Alfonso Salgado Muñoz solicitó a la DIBAM las Actas de Exámenes (EDEX) del Ministerio de Educación de la década de 1960, obteniendo respuesta negativa dentro de plazo legal, con fecha 14 de mayo de 2014, fundada en las causales de reserva contempladas en los artículos 21 N° 2 y 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, el artículo 20 de la Ley de Transparencia prescribe que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, en el plazo de dos días hábiles el órgano requerido debe comunicar a las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de os documentos solicitados. En el caso de marras, el órgano reclamado no procedió a comunicar a los terceros cuya información se solicita, de acuerdo al referido artículo 20 de la Ley de Transparencia, dado que no cuenta con la información de contacto de dichas personas, e intentar obtenerla implicaría distraer a varios funcionarios por un periodo considerable, dejando de lado el cumplimiento de sus labores ordinarias, en atención a que se refiere a información de las década de 1960 y relativa a miles de personas, configurándose así la excepción a la obligación de notificar a los terceros, contemplada en el inciso final del artículo 2.4 de la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información. Por lo anterior, en atención al número de terceros potencialmente afectados y la función que le confiere el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, este Consejo analizará si la entrega de la información afecta o puede afectar la esfera de la vida privada de las personas cuya acta de exámenes se solicita.</p>
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3) Que, lo solicitado en la especie corresponde a las actas de exámenes (EDEX) del Ministerio de Educación, de la década de 1960, y que de acuerdo a los antecedentes analizados, constituye información que obra en poder del órgano reclamado, por lo que a juicio de este Consejo tendría el carácter de público..</p>
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4) Que, las actas de exámenes solicitadas, fueron elaboradas por los distintos establecimientos educacionales del país respecto de sus alumnos, siendo remitidas al Ministerio de Educación en virtud del deber de informar al que están sometidos, el que a su vez las envía al Archivo Nacional una vez cumplido cinco años de antigüedad, en cumplimiento del artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 5.200, publicado con fecha 10 de diciembre de 1929. Teniendo a la vista un formato tipo de dichas actas de exámenes, se acreditó que éstas señalan la fecha, el establecimiento educacional, el curso o nivel educacional, el nombre y apellidos de los alumnos, como asimismo las notas finales obtenidas por dichos alumnos en las distintas asignaturas examinadas.</p>
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5) Que, en cuanto al fondo de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia invocada por el órgano reclamado, siendo las notas académicas contenidas en las actas de exámenes solicitadas, un dato personal concerniente a personas naturales identificadas o identificables a la luz de lo dispuesto en el artículo 2°, literal f), de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, que la DIBAM no ha recabado de una fuente accesible al público, no procede que tal antecedente sea proporcionado a terceros aplicando los principios de licitud, finalidad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales, establecidos en los artículos 4°, 7° y 9° de la ley N° 19.628. A mayor abundamiento, siguiendo el criterio de este Consejo formulado en el considerando 9° del amparo Rol C1054-13, deberá reservarse las notas o calificaciones del tercero, atendido que dicha información, si bien constituye un antecedente que debe ser puesto por el interesado a disposición de la Administración, a objeto que el establecimiento educacional al que pertenece cumpla con sus obligaciones de información a que está sujeto respecto del Ministerio de Educación, este Consejo estima que constituye un dato personal merecedor de reserva, sin que pueda apreciarse interés público que justifique su revelación.</p>
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6) Que, en este sentido, y recogiendo lo sostenido por este Consejo en el amparo rol C286-12, la solicitud de información está referida a datos personales de los alumnos señalados en las actas de exámenes, datos que no provienen o no han sido recolectados de fuentes accesibles al público, respecto de los cuales sólo puede accederse con la autorización de su titular o cuando la ley lo permite y no cumpliéndose en la especie éstas condiciones, por lo que la entrega de esa información en los términos solicitados expondría a los alumnos al conocimiento público respecto de situaciones relativas a su esfera de privacidad, tales como su promedio de notas, su establecimiento de procedencia, nivel educacional en un año determinado, lo que representa una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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7) Que, sin perjuicio de estimar suficiente lo anteriormente expuesto para rechazar el presente amparo, analizando ahora la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 1 letra c), este Consejo estima que se logró acreditar por el órgano reclamado que efectivamente atender la solicitud de información implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, toda vez que en el caso de marras, la solicitud significa revisar 2.553 volúmenes, cada uno de los cuales contiene un número variable de actas de exámenes, llegando a contener algunos de dichos volúmenes 477 actas, todo lo cual evidentemente significa sobrecargar a la funcionaria de la DIBAM que se encarga de estos casos, distrayéndola de su función de atender las demás solicitudes de información, como asimismo las relativas a la obtención de licencias de enseñanza media, que constituye otra de las labores que tiene asignada la referida funcionaria.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo deducido por Alfonso Salgado Muñoz en contra de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alfonso Salgado Muñoz, y al Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.</p>
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