Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1058-14

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Reclamante:	MARÍA EUGENIA RIVERA AGUILAR
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al "expediente completo relacionado al último proceso de acreditación de la Universidad Santo Tomás". El Consejo acoge el amparo, teniéndose por entregada la Resolución de Acreditación N° 153 de la Universidad Santo Tomás de fecha 07 de diciembre de 2011, junto a la notificación de la presente decisión, según la forma señalada en el considerando N° 5. Tal como ha fallado el Consejo en decisiones anteriores, existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso, y en consecuencia su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/27/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C122-12 C46-11 C47-11 C48-11 C70-11 C184-10
Jurisprudencia a:	C1194-14 C2399-15 C3579-16 C957-14
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Certificación de entrega >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C1058-14 Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación Requirente: María Eugenia Rivera Aguilar Ingreso Consejo: 29.05.2014 En sesión ordinaria N° 571 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de noviembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1058-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2014, doña María Eugenia Rivera Aguilar solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación, en adelante también CNA o Comisión, el "expediente completo relacionado al último proceso de acreditación de la Universidad Santo Tomás". 2) TRASLADO: La Comisión Nacional de Acreditación mediante Oficio No Dp003316-14 de 24 de abril de 2014 y, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a la Universidad Santo Tomás - tercero involucrado- la solicitud de información de la requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la misma. 3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Mediante presentación de 29 de abril de 2014, la Universidad Santo Tomás - en adelante también UST- se opone a la entrega de la información requerida, solicitando que esta se declare como reservada o secreta, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Que no está dentro de las facultades de la CNA establecidas en el artículo 8° y 9° de la Ley N° 20.129, divulgar información propia de las instituciones de educación superior que le sea presentada con motivo del proceso de acreditación, al que se someten voluntariamente teniendo presente que la información que entregan "será tratada bajo altos estándares de confidencialidad". b) Que, al no estar facultada legalmente la CNA, para entregar dicha información, la divulgación de ésta constituiría una infracción a la ley. c) Que, acceder a lo pedido por la reclamante, afectaría el "cumplimiento de las funciones del órgano requerido" (CNA), en virtud de lo señalado en el numeral 1 b) del artículo 21 de la Ley de Transparencia. d) Que, el expediente administrativo formado durante el proceso de acreditación de la Universidad Santo Tomás contiene información propia de ésta que no puede ser divulgada, debiendo ser denegado su acceso en virtud de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En concreto, señala que se vulneraría el dominio que tiene sobre los antecedentes aportados a dicho proceso, como, el "derecho a la privacidad que tiene la UST, específicamente el derecho a que no se ventilen antecedentes sobre su evaluación interna, autocríticas, etc. todos ellos elementos generados y aportados para encaminar a nuestra institución hacia la excelencia, pero que en manos de terceros pueden ser malinterpretados y sacados de contexto, lo que llevará a que, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, sean usados para atentar contra la buena reputación que de manera justa se ha ganado UST en la opinión pública". e) Que, la entrega de la información solicitada afectaría derechos de terceros, entendiendo por tales alumnos y docentes de la Universidad Santo Tomás, pues la autoevaluación conlleva la exposición de las fortalezas y debilidades tanto de dicha Casa de Estudios, como de sus alumnos y sus docentes, los que pese a dar lo mejor de sí, tienen "debilidades que intentan remediar día a día, con éxito en la mayoría de los casos, pero que no tienen por qué ser difundidos a la opinión pública". f) Que, finalmente, se hace presente que la solicitante fue docente de la Universidad, cesando en sus funciones a mediados de 2013, señalando la falta de razones que fundamenten la solicitud de información, como también, cuestionando, la motivación que tuvo para realizarla. 4) RESPUESTA: El 16 de mayo de 2014, la Comisión Nacional de Acreditación respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° Dp003348-14, señalando, en síntesis, que: "Cumplo con informar, que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, la Universidad Santo Tomás ha ejercido su derecho de oposición a la entrega de los documentos solicitados, motivo por el cual la Comisión se encuentra impedida de acceder a su solicitud". 5) AMPARO: El 29 de mayo de 2014, doña María Eugenia Rivera Aguilar dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria de la Comisión Nacional de Acreditación mediante Oficio N° 3.018, de 11 de junio de 2014, quien presentó sus descargos y observaciones a través de Oficio N° Dp003512-14 de 07 de julio de 2014, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Que, en virtud de la oposición a la entrega de la información requerida manifestada por la Universidad Santo Tomás, la CNA queda impedida de proporcionar ésta a la solicitante, de conformidad a lo prescrito en el inciso tercero del artículo 20 de la Ley de Transparencia. b) Que, hace presente que las resoluciones de acreditación se encuentran permanentemente disponibles al público en la página web de la CNA www.cnachile.cl. c) Que, la Universidad Santo Tomás es una persona jurídica de derecho privado y como tal, no se encuentran afecta al cumplimiento del principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, sino por el contrario, se rige por el principio de reserva y confidencialidad. En ese contexto, los antecedentes del proceso de evaluación institucional de la mencionada Casa de Estudio, corresponden a aquellos de carácter privado cuya publicidad puede comprometer sus derechos, motivo por el cual, la CNA debe contar con expresa autorización para divulgarla a terceras personas. d) Que, las decisiones recaídas en otros amparos resueltos por este Consejo tienen efectos relativos, esto es, sólo obligan a las partes allí involucradas y en ningún caso resultan vinculantes a otras personas ajenas a los mismos, ello aunque resulte idéntica la situación que se resuelva. Asimismo, en virtud de los principios jurídicos -seguridad jurídica, certeza del derecho, entre otros - aplicables en la especie, no resulta procedente homologar de manera genérica la aplicación de las decisiones emanadas de este Consejo, sino que éste debe resolver caso a caso. 7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a la Universidad Santo Tomás, mediante Oficio No 3.019 de 11 de junio de 2014, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada. Mediante carta ingresada el 09 de julio de 2014, la Universidad Santo Tomás -tercero involucrado- formula sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Que, el amparo debe ser rechazado, salvo por lo que respecta a las piezas del expediente que constituyan resoluciones de la CNA durante su tramitación. b) Que, según lo establecido en el numerando 2 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Transparencia, la información solicitada es de aquella que contiene "datos sensibles", tanto de la Universidad como de sus alumnos y docentes, por lo que debe ser mantenida en secreto o reserva. La interpretación de dicha norma en concordancia con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, refuerzan su postura, en el sentido, de la denegación del acceso a la información solicitada, pues basta la mera afectación de sus derechos como tercero para que el conflicto jurídico, entre la protección de éstos y con la publicidad que conlleva la entrega de documentación, se resuelva a favor de los primeros. c) Que, dentro de lo que establece la Ley N° 20.129 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está el sometimiento voluntario de las Universidades al procedimiento de acreditación, dentro del cual se le pide a las instituciones de educación superior revelen sus fortalezas y debilidades como parte de la etapa de autoevaluación interna. Ésta constituye "datos sensibles", cuya divulgación perjudicaría gravemente a la UST, a sus docentes y alumnos. Por lo que, sería un despropósito interpretar que la ley señalada contemple que sus debilidades sean de conocimiento público. d) Que, la información de índole confidencial relativa a los alumnos y docentes proporcionada en el proceso de acreditación, se entregó a la CNA bajo la garantía de reserva que establecía la normativa vigente, y para el uso exclusivo en dicho proceso, pues la difusión de ésta "puede afectar derechos personalísimos de alumnos y docentes además de los de la Universidad". e) Que durante el proceso de acreditación se proporcionó información sobre el proyecto institucional de la Universidad Santo Tomás, por lo que reveló su know-how: "una forma de hacer las cosas, unas metodologías de enseñanza, una forma de organizar sus requerimientos financieros y una serie de otros elementos sobre los que tiene propiedad, todos los cuales le permiten desarrollar de mejor forma su labor educativa". Revelación hecha entendiendo que sobre ésta existía confidencialidad, como expresamente lo disponía la Guía para la Acreditación y otras normas legales aplicables. Concluye respecto a este punto, señalando que la protección de estos derechos - know how - es un estímulo a la innovación que no existiría si, por su divulgación, terceros pueden hacer uso del mismo injustamente. f) Que, es una función del Estado vigilar por que la información confidencial proporcionada dentro del proceso de acreditación, no se publique, como lo indica expresamente los artículos 1°, 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República. "En consecuencia, se espera que los órganos del Estado no tengan una actitud pasiva y displicente respecto a los derechos de las personas, sino que al contrario, que tengan una actitud activa y enérgica en su protección, situación que lamentablemente no ha primado en la especie". g) Finalmente, señala que si ponderamos el daño que se podría causar a la UST, sus alumnos y docentes al revelar la información solicitada, con el interés social de conocer dicha información, sería "mucho mayor" el daño a causar que el interés social invocado. 8) PRESENTACIÓN DE LA RECLAMANTE: Con fecha 29 de septiembre de 2014 vía correo electrónico, doña María Eugenia Rivera Aguilar, hace llegar a este Consejo una carta en dónde señala la motivación y fundamentos de su solicitud de información sobre el proceso de acreditación de la Universidad Santo Tomás. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, este Consejo ha podido constatar que el órgano reclamado comunicó la solicitud de acceso a la información al tercero involucrado una vez expirado el plazo de dos días hábiles contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, pues la notificación se realizó el día 24 de abril de 2014, en circunstancia que el plazo para efectuar tal trámite expiraba el 22 de abril del presente año. Del mismo modo, fue posible constatar, que la CNA evacúa traslado conferido en este amparo de manera extemporánea, pues según lo establecido en el inciso segundo del artículo 25 de la ley señalada, cuenta con diez días hábiles para realizarlo, debiendo presentar su respuesta a más tardar el día 25 de junio del año en curso, lo que fue realizado sólo el día 07 de julio de este año. Por lo anterior, la Comisión Nacional de Acreditación deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a los plazos indicados. 2) Que, tanto la solicitud de acceso a la información como en el amparo, la reclamante requiere de la Comisión Nacional de Acreditación el "expediente completo relacionado al último proceso de acreditación de la Universidad Santo Tomás". Previo a entrar en el fondo del asunto, se debe precisar lo siguiente: a) Es ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, donde se regula - dentro de otros- el proceso de la acreditación institucional de las instituciones de educación superior. b) Que, el artículo 15 de esta ley, establece - para el caso - que las universidades podrán someterse voluntariamente a este proceso ante la Comisión Nacional de Acreditación, el que tiene "por objeto evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior, y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo de su calidad". c) Que en el artículo 16 se establecen como etapas del proceso de acreditación, las siguientes: - 1°) Autoevaluación interna: proceso analítico que consulta diferentes fuentes, tanto internas como externas a la institución, que, identificando los mecanismos de autorregulación existentes y las fortalezas y debilidades de la institución con relación a ellos, busca verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en su misión y fines institucionales. - 2°) Evaluación externa: proceso tendiente a certificar que la institución cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas y mecanismos de autorregulación vigentes en ella. - 3°) Pronunciamiento de la Comisión: es el juicio emitido por ésta en base a la ponderación de los antecedentes recabados, mediante el cual se determina acreditar o no acreditar a la institución, en virtud de la existencia y nivel de desarrollo de sus políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. d) Que en el cuerpo de la Resolución de Acreditación Institucional N° 153 de fecha 07 de diciembre de 2011 de la Comisión Nacional de Acreditación, a través de la cual se otorga la acreditación a la Universidad Santo Tomás, se señalan los antecedentes que se tuvieron a la vista para tomar dicha resolución, a saber, el Informe de Autoevaluación Interna presentado por la UST, el Informe de Evaluación Externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores que visitó la UST por encargo de la Comisión, las Observaciones al Informe de Evaluación Externa enviadas por la Institución y la minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva. 3) Que, en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se entenderá por "expediente completo" aquel que dé cuenta de los documentos señalados en el literal d) más la resolución de acreditación. Y se entenderá, "por último proceso de acreditación" el acuerdo de la Comisión Nacional de Acreditación N° 153/2011 de fecha 07 de diciembre de 2011 que concluye con la acreditación de la Universidad Santo Tomás por 3 años, según lo registrado en la página institucional de la Comisión Nacional de Acreditación - www.cna.cl -. 4) Que, en lo que atañe a la solicitud de acceso relativa al "pronunciamiento de la Comisión", el inciso primero del artículo 47 de la Ley N° 20.129 señala que le corresponde a la CNA "mantener un sistema de información que contenga las decisiones que adopte en relación con la acreditación institucional de las universidades...". En el caso, el órgano reclamado en sus descargos al amparo manifestó que "las resoluciones de acreditación se encuentran permanentemente disponibles al público en la página web de la CNA www.cnachile.cl.". En la especie, la Comisión Nacional de Acreditación le comunicó a la solicitante la fuente y el lugar en que podía acceder a la información requerida, pero no le indicó la forma de acceso, especificando el vínculo preciso que conduce a la información publicada. Al respecto, cabe señalar que de encontrarse disponible de manera permanente, la información solicitada, el organismo reclamado puede dar respuesta conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Para ello, deberá ajustarse a lo señalado en dicha norma, así como lo dispuesto en el numeral 3.1., de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, según el cual "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva". 5) Que, revisado el vínculo específico que debió haber informado la reclamada a fin de ajustarse a los términos indicados en el considerando precedente, este es: www.cnachile.cl/res/inst/RES-INST-00080-04.pdf, se advierte que allí se contiene el acto administrativo solicitado, a saber la Resolución de Acreditación Institucional N° 153 de la Universidad Santo Tomás de fecha 07 de diciembre de 2011, con lo cual se tendrá por contestada dicha parte de la solicitud respecto de tal documento con la notificación de la presente decisión. 6) Que, dentro de los fundamentos argüidos por la CNA para denegar la entrega de los antecedentes requeridos, está el hecho de que la UST es una persona jurídica de derecho privado, por lo que no se encuentra afecta al cumplimiento del principio de publicidad, establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, sino por el contrario, se rigen por el principio de reserva y confidencialidad. La Comisión en su Resolución de Acreditación N° 153 respecto de la Universidad Santo Tomás, señala en su considerando N° 1 lo siguiente: "Que, las apreciaciones, juicios y conclusiones que contenga el Informe de Autoevaluación Interna, el Informe de Evaluación Externa y las Observaciones de la Institución al Informe de Evaluación Externa, constituyen antecedentes para la Comisión, pues es su obligación legal emitir su pronunciamiento "en base a la ponderación de los antecedentes recabados"...". Para luego, en su considerando N° 2 concluir y reiterar "Que la Comisión ha emitido un juicio en base a la ponderación de los antecedentes...". Por lo que, no queda sino concluir que la información solicitada es de aquella que sirve de fundamento a la resolución de la CNA, por lo tanto - en principio- sería pública de no concurrir una causal de reserva o secreto. 7) Que, junto con lo señalado en el considerando anterior, la CNA fundamenta la denegación de entrega de la información requerida en la oposición manifestada por tercero involucrado, luego de haber sido notificado en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio, de lo concluido en el considerando anterior, corresponde analizar los argumentos de la oposición de la Universidad Santo Tomás, en particular lo relativo a que la Comisión no estaría legalmente facultada para divulgar la información requerida y de las causales de secreto o reserva a las que estarían afecta la información solicitada. Previamente, señalar, que dentro de los requisitos de admisibilidad del amparo no se encuentra la motivación o fundamentación de la solicitud de acceso a la información, por lo que los argumentos del tercero como de la reclamante en dicho sentido no son atingentes para el caso. 8) Que, respecto de las facultades que se le otorga por la Ley N° 20.129 a la CNA, la Universidad Santo Tomás señala que no estaría la de divulgar información propia de las instituciones de educación superior que le sea presentada con motivo del proceso de acreditación. Del análisis de la ley, se llega a una conclusión opuesta, pues el artículo 8 letra e) señala como una de las funciones de dicho órgano, la de "mantener sistemas de información pública que contenga las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación y autorización a su cargo". En el mismo sentido, pero acotándolo a la etapa de evaluación externa, el inciso 2° del artículo 47 ordena a la Comisión "hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios que realicen las agencias acreditadoras y los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones". Por su parte, y reiterando lo concluido en el considerando N° 5, el inciso primero del artículo 5° de la Ley N° 20.285 establece que en principio son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, entre otros, salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal. Por lo que sólo queda reiterar el carácter público de la información solicitada, a texto expreso lo relativo a la etapa de evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión; como por servir de sustento o complemento directo y esencial a la resolución del CNA que otorga la acreditación a la UST, en el caso de los antecedentes relativos a la etapa de Autoevaluación interna. 9) Que, en virtud de lo dispuesto en el considerando anterior, se debe determinar si dicha información pública se encuentra sujeta a alguna de las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia: a. Que, respecto de lo alegado por el tercero referente a que se configuraría la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, cabe señalar que, tal como lo ha indicado este Consejo en decisión de amparo Roles C46-11, C47-11 y C48-11, "del tenor literal de la citada norma, dichas causales de secreto o reserva resultan aplicables exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado requeridos, y no a los particulares", razón por la cual debe desestimarse tal alegación, al no haber sido efectuada ésta directamente por el órgano reclamado, que es el que está llamado a ponderar la eventual afectación al debido cumplimiento de sus funciones. b. Que, el tercero alega como causal de secreto o reserva la contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por tratarse de información que contiene "datos sensibles" y una exposición de las "fortalezas y debilidades", tanto de la Universidad, de sus alumnos y docentes; si bien este Consejo reconoce que la UST es una corporación de derecho privado a la que no le es aplicable la ley señalada, lo que se discute en el caso concreto es el carácter público o reservado de la información que esta entidad ha debido suministrar a la CNA. Todo lo cual se enmarca dentro de un procedimiento de acreditación, proceso riguroso que debe permitir a los expertos evaluadores analizar en profundidad las fortalezas y debilidades de la institución, carrera o programa evaluado para permitir que la comunidad académica adopte las acciones pertinentes para mejorar su calidad y prestar un mejor servicio a la formación de profesionales chilenos. Es más, uno de los beneficios de la acreditación es permitir que los estudiantes accedan al financiamiento estatal o a recursos que cuenten con garantía estatal para financiar sus estudios (artículo 7 N° 5 Ley N° 20.027 de 2005 que establece las normas para el financiamiento de estudios de educación superior). c. Que, siguiendo la línea argumentativa planteada anteriormente, la UST señala que en el caso de divulgarse la información requerida se afectaría sus derechos, pues en el proceso de acreditación reveló su Know how, configurándose de este modo la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. No concretizando aristas lesivas precisas al derecho invocado, sin fundamentar ni precisar para el caso la afectación a que se vería expuesto al entregar a la reclamante la información requerida. d. Que, al tratarse de información pública al tercero le corresponde probar la concurrencia para el caso de la causal de excepción al principio general de publicidad invocada, no bastando la sola enunciación de los derechos que se verían vulnerados, si no también señalar cómo la entrega de la información requerida podría producir un daño presente, probable y específico a dichos derechos. Luego, no se advierte el daño que generaría la revelación de la información solicitada sino que, por el contrario, se observa que ésta tiene gran interés para la comunidad, pues persigue promover y fortalecer la calidad de las instituciones de educación superior, objetivo que requiere de la máxima transparencia posible. En consecuencia, el beneficio público de conocer esa información es ampliamente superior al interés de mantenerla en reserva. 10) Que, sobre lo argumentado por la UST, conviene tener presente que este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C184-10, C70-11 y C122-12, entre otras, se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma 11) Que, en consecuencia, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, y no advirtiéndose que la divulgación de los antecedentes requeridos pueda configurar la afectación de los derechos que le asiste a la Universidad Santo Tomás, ni observándose tampoco la configuración de alguna causal de secreto o reserva que releve al organismo reclamado de su obligación de entregarla, se acogerá el presente amparo, requiriéndose a la Comisión Nacional de Acreditación entregar al solicitante copia del Informe de Autoevaluación Interna presentado por la UST, el Informe de Evaluación Externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores que visitó la UST por encargo de la Comisión, las Observaciones al Informe de Evaluación Externa enviadas por la Institución, las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva y la Resolución de Acreditación N° 153 de la Universidad Santo Tomás de fecha 07 de diciembre de 2011. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por doña María Eugenia Rivera Aguilar, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, teniéndose por entregada la Resolución de Acreditación N° 153 de la Universidad Santo Tomás de fecha 07 de diciembre de 2011, junto a la notificación de la presente decisión, según la forma señalada en el considerando N° 5. II. Requerir a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación: a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información: 1). Informe de Autoevaluación Interna presentado por la Universidad Santo Tomás. 2). Informe de Evaluación Externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores. 3). Observaciones al Informe de Evaluación Externa enviadas por la Universidad Santo Tomás. 4). Minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la CNA. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación, el haber comunicado a la Universidad Santo Tomás su facultad de oponerse a la entrega de información requerida, como el haber evacuado el traslado conferido en este amparo en forma extemporánea, infringiendo el artículo 20 y el inciso segundo del artículo 25 de la Ley de Transparencia, respectivamente, requiriendo que adopte las medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, se cumpla cabalmente con los plazos indicados en la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Eugenia Rivera Aguilar, a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación, y a la Universidad Santo Tomás, en su calidad de tercero involucrado en este procedimiento. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.