Se acoge el amparo deducido contra el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ordenándose la entrega de la información requerida en los puntos 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la solicitud; referidos a diversos antecedentes sobre siniestros sufridos en los bienes del Instituto, cuyos riesgos fueron traspasados a una compañías de seguros, durante el período indicado. Con todo, en el evento de que alguna de esta información no obre en poder del organismo, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación. Lo anterior, por tratarse de información relacionada con bienes fiscales, de naturaleza pública, justificándose el control social sobre aquellos; y, sin que la reclamada, ni el tercero emplazado, hayan proporcionado antecedentes específicos que permitan apreciar el modo en que la entrega de la información afecta las funciones del órgano recurrido y los derechos de terceros. A su vez por estimarse que la existencia de cláusulas de confidencialidad en instrumentos contractuales no los transforma, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8º de la Constitución, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. Aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de la vía contractual, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental. Aplica jurisprudencia decisiones de amparo roles C587-09, C90-16 y C2892-16, entre otras. Previo a la entrega de la información en virtud del Principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la citada Ley de Transparencia.