Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1287-14

Reclamante:	MATÍAS ROJAS MEDINA
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que "no corresponde censurar nombres de funcionarios públicos mencionados en un documento público requerido". Agrega que "no se han censurado domicilios ni cédulas de identidad, sólo nombres de funcionarios públicos y las razones de una sanción administrativa." Información referente a la copia de la Resolución Exenta N° 1421, de 27 de septiembre de 2001, de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Aysén, mediante la cual se sancionó al funcionario que se indica. El Consejo acoge parcialmente el amparo. En cuanto a la identidad del funcionarios del Ejército de Chile que puso en conocimiento a la PDI sobre el consumo de drogas, se rechaza el amparo toda vez que se trata de un funcionario que ejecuta labores de inteligencia. Respecto a la identidad del funcionario sobre el cual existían sospechas, se rechaza el amparo toda vez que la información solicitada corresponde a datos sensibles, toda vez que significaría dar a conocer una sospecha concerniente a la esfera privada de otro servidor, con los efectos lesivos de ello. Respecto a los nombres de los funcionarios de la PDI, el Consejo no vislumbra fundamento alguno para ello, pues se encuentran en una situación diversa a la de los funcionarios del Ejército.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/5/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09 C1818-12 C516-14 C1300-14 C349-11
Jurisprudencia a:	C163-15
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C1287-14 Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile Requirente: Matías Rojas Medina Ingreso Consejo: 26.06.2014 En sesión ordinaria N° 579 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de diciembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1287-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de junio de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile "copia de la Resolución Exenta N° 1421, de 27 de septiembre de 2001, de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Aysén, mediante la cual se sancionó al funcionario Sr. Alejandro Álvarez Kusanovic con cinco días de permanencia en el cuartel." 2) RESPUESTA: Mediante carta de 20 de junio de 2014, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información señalando que remite la resolución solicitada de la que tarjó información de carácter personal de conformidad con el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 26 de junio de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que "no corresponde censurar nombres de funcionarios públicos mencionados en un documento público requerido". Agrega que "no se han censurado domicilios ni cédulas de identidad, sólo nombres de funcionarios públicos y las razones de una sanción administrativa." 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° 3.563 de 1° de julio de 2014, quien presentó sus descargos y observaciones, a través del Oficio N° 456 de 21 de julio de 2014 de la Jefatura Jurídica de esa entidad, señalando, en síntesis que: a) La resolución solicitada puso término a la investigación sumaria N° 126-2001, de fecha 03 de abril de 2001, instruida por el entonces Jefe de la Prefectura de Coyhaique, que ordenó establecer clara y fehacientemente las causas y circunstancias por las que la información entregada por el funcionario del Ejército que señala llegó a conocimiento de la persona de la cual se tenían sospechas, por parte de esa Institución, de estar vinculada al consumo de drogas. b) En la mencionada resolución, se censuró el nombre de aquella persona que proporcionó información al entonces Jefe de la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique, quien le manifestó que existía la posibilidad de que un Oficial de Ejército estuviese consumiendo drogas, junto con otros oficiales jóvenes. Adoptó la decisión de censurar su identidad, por cuanto todos aquellos antecedentes e informaciones que provienen de actividades de inteligencia del Estado se encuentran bajo el amparo del secreto establecido en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, razón por la que no procede su divulgación ni su entrega, en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. c) Asimismo, estima que revelar la identidad del agente de inteligencia del Ejército de Chile podría poner en riesgo su seguridad personal, en razón a la investidura del cargo y funciones propias del área de inteligencia desarrollada a esa fecha, configurándose la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. d) Por otra parte, también se censuró la identidad de aquella persona sindicada como presunto consumidor de drogas por cuanto estimó que al divulgar su nombre u otros antecedentes que permitan determinar su identificación, se podría afectar de manera cierta y probable la esfera de su vida íntima y privada, lesionando especialmente su derecho al honor, reputación y buen nombre del profesional antes mencionado. e) La investigación administrativa se instruyó para determinar si le asistía o no eventualmente responsabilidad administrativa al personal de esa Institución, por haber filtrado información de una posible investigación del Ejército relacionada con consumo o tráfico de drogas de una persona ajena a ese servicio y posiblemente involucrada en dichos hechos, en ella se menciona la identidad de un "supuesto" consumidor de drogas, respecto del cual existían "sospechas" de ser consumidor de estupefacientes, de acuerdo a los antecedentes proporcionados en su oportunidad, hechos que no fueron materia de la investigación y, por lo tanto, no se encuentran acreditados, por cuanto no se puede determinar responsabilidad administrativa de un funcionario que no pertenece a la Policía de Investigaciones de Chile, desconociéndose si el Ejército de Chile instruyó o no un sumario administrativo al respecto. f) Por tal razón, e ignorando esta Institución si se instruyó o no un sumario administrativo en el Ejército que hubiere ordenado investigar los hechos señalado, o si estos hechos fueron investigados, acreditados y posteriormente denunciados al Ministerio Público, la prudencia aconsejaba que no debía proporcionarse el nombre del mencionado funcionario, por cuanto revelar su identidad podría afectar su vida privada e íntima, su buen nombre, fama o prestigio profesional, pudiendo éste incluso iniciar acciones legales en contra de esa Institución, si estima que con la publicación de su nombre se afectaron los derechos personales antes señalados. Al efecto, aduce que se configura la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, el objeto del presente amparo corresponde a la identidad de los funcionarios mencionados en la resolución exenta N° 1421, de 27 de septiembre de 2001, de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Aysén, que fue reservada por el órgano reclamado al momento de hacer entrega de dicho documento al peticionario, fundándose en la aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. 2) Que, a través del mencionado acto administrativo el órgano reclamado afinó la investigación sumaria ordenada instruir con fecha 3 de abril de 2001, por lo cual, tratándose de un procedimiento disciplinario ya concluido, el dato relativo a los nombres de los funcionarios que constan en la aludida resolución, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, tiene, en principio, el carácter de información pública, salvo la concurrencia de alguna causal legal de reserva. 3) Que el órgano reclamado denegó la entrega de la siguiente información contenida en el mencionado acto administrativo: a) Identidad y cargo del funcionario del Ejército de Chile que puso en conocimiento de la Policía de Investigaciones de Chile sus sospechas acerca de que el funcionario que individualiza perteneciente a la antedicha entidad castrense fuera consumidor de drogas. b) Identidad y cargo del funcionario del Ejército de Chile respecto del cual existían sospechas sobre un eventual consumo de drogas. Sobre el particular, la reclamada estimó que divulgar su nombre u otros antecedentes que permitan determinar su identificación, podría afectar de manera cierta y probable la esfera de su vida íntima y privada, lesionando especialmente su derecho al honor, reputación y buen nombre. c) Identidad de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que aparecen mencionados en el acto administrativo en comento, con excepción de aquél servidor sancionado con la medida disciplinaria de cinco días de permanencia en el cuartel. 4) Que, en cuanto a la identidad de los funcionarios del Ejército de Chile mencionados en el precitado literal a), cabe tener presente que el órgano reclamado funda la reserva en el cargo desempeñado por uno de dichos funcionarios y por corresponder a informaciones producidas en el ejercicio de actividades de inteligencia militar, las que se encuentran cubiertas por la reserva prevista en el artículo 38 de la Ley N° 19.974 en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. 5) Que la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional..." (artículo 4°). Dicho Sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). Respecto de los servicios de inteligencia militar, la Ley N° 19.974 indica que la inteligencia militar "es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional" (artículo 20, inciso 1°). Asimismo, dicho cuerpo legal dispone que la inteligencia militar "comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional" (artículo 2°, inciso 2°). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". 6) Que, por su parte, el artículo 38 de la Ley N° 19.974, contiene una hipótesis de secreto o reserva en los siguientes términos: "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Dicho precepto agrega que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique". Finaliza señalando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". 7) Que, conforme ha resuelto este Consejo en la decisión de amparo Rol C1818-12, para la aplicación de una disposición que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la Ley N° 20.050 no sólo basta que ésta conste en una norma de rango legal, sino que, de acuerdo al tenor literal del artículo 21 N° 5 y la disposición primera transitoria, ambas de la Ley de Transparencia, dicha norma debe declarar el carácter secreto o reservado de la información conforme con las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución (así se ha resuelto, por ejemplo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A45-09, C512-09 y C349-11). Por tanto, si bien el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, atendido que se trata de una norma previa a la Ley N° 20.050, es igualmente necesario determinar si el contenido de dicha disposición se aviene con las causales de secreto señaladas por el artículo 8° de la Constitución. Tal reconducción material debe estar guiada por la exigencia de "afectación" dispuesta por la Constitución, respecto de los bienes jurídicos indicados en su artículo 8°. 8) Que, de acuerdo con lo señalado por este Consejo, entre otras, en las decisiones Roles C1818-12 y C516-14, una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la Ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. 9) Que, establecido lo anterior, resulta pertinente tener presente lo razonado por este Consejo, en la decisión Rol C1300-14, que, en lo que interesa, se pronunció respecto de una solicitud relativa a "la identidad de todos los funcionarios que integraron la Compañía de Inteligencia N° 7 del Ejército de Chile, con asiento en la Región de Aysén, y sus respectivos cargos y funciones al interior de la misma, entre los años 1990 y 2005" señalando que dentro de la información relativa a "actividades de inteligencia" a que alude el ya citado artículo 38 de la Ley N° 19.974, no puede sino estar comprendida aquella relativa al personal que ejecuta dichas labores. En consecuencia, a la luz del criterio expuesto precedentemente, y atendido que la información en comento -nombre y cargo de un funcionario que desarrollaba actividades de inteligencia en el Ejército de Chile - es de la misma naturaleza de aquella analizada en la decisión citada, se rechazará el presente amparo respecto de dicha parte de la solicitud. 10) Que, en lo que atañe a la identidad del funcionario del Ejército de Chile respecto del cual existían sospechas sobre un eventual consumo de drogas, el órgano reclamado indicó que la entrega de dicho dato podía "afectar su derecho al honor, prestigio y buen nombre del profesional, pudiendo generarle un desmedro económico invaluable en su patrimonio, si producto de esta información pierde su empleo o se le generan consecuencias negativas en su vida privada y en su círculo social, configurándose por ende la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia." 11) Que, de conformidad con el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628, son datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". A juicio de este Consejo, la divulgación de la información en análisis tiene potencial suficiente para configurar la afectación alegada por la reclamada, toda vez que, en definitiva, significaría dar a conocer una sospecha de un funcionario respecto de un asunto concerniente a la esfera privada de otro servidor, con los efectos lesivos que el conocimiento de ello pudiere ocasionar en los derechos de este último. 12) Que, además, cabe agregar que la investigación sumaria a que se refiere el documento en estudio, tuvo por objeto específico determinar la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios de la Policía de Investigaciones en la entrega de información de una posible investigación relacionada con consumo o tráfico de drogas, de manera tal que el nombre del funcionario del Ejército de Chile que aparece mencionado en la resolución exenta N° 1.421 de 27 de septiembre de 2001, no constituye un elemento gravitante para el acertado escrutinio de dicho acto administrativo, al que ya ha tenido acceso el reclamante. 13) Que, en consecuencia, conforme a lo razonado precedentemente se rechazará igualmente el presente amparo respecto de la identidad del funcionario del Ejército de Chile en comento. 14) Que, por otra parte, la Policía de Investigaciones de Chile reservó la identidad de los funcionarios de esa entidad que se mencionan en el acto administrativo en análisis, con excepción del servidor a quien se aplicó una la medida disciplinaria de cinco días de permanencia en el cuartel. Sin embargo, no expuso razón alguna para haber tarjado los referidos datos, constatándose de sus descargos, que las causales de reserva que alega sólo se refieren a la identidad de los funcionarios del Ejército de Chile analizados previamente. 15) Que, a juicio de este Consejo, no se vislumbra fundamento alguno que justifique la reserva de la identidad de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile señalados en la ya citada resolución exenta N° 1.421 de 27 de septiembre de 2001, por cuanto éstos se encuentran en una situación diversa a la de los funcionarios del Ejercito analizados previamente, y por tanto, no existen elementos de juicio que permitan hacerles extensivas las causales de reserva ponderadas precedentemente. Por tanto, se acogerá en esta parte el presente amparo, y se requerirá a la reclamada que haga entrega de la información allí solicitada al reclamante. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile: a) Hacer entrega al reclamante de la identidad de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que aparecen mencionados en la resolución exenta N° 1421 de 27 de septiembre de 2001. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.