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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1300-14</strong></p>
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Entidad pública: Ejército de Chile</p>
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Requirente: Matías Rojas Medina</p>
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Ingreso Consejo: 27.06.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 544 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de septiembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1300-14.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de mayo de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó al Ejército de Chile la siguiente información:</p>
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a) Listado cronológico de la identidad de todos los funcionarios que integraron la Compañía de Inteligencia N° 7 del Ejército de Chile, con asiento en la Región de Aysén, y sus respectivos cargos y funciones al interior de la misma, entre los años 1990 y 2005;</p>
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b) Se informe cuáles de ellos declararon haber formado parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI); y,</p>
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c) Copia del documento oficial o formulario mediante el cual cada uno de ellos declaró dicha situación al Ejército de Chile.</p>
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2) RESPUESTA: El 20 de junio de 2014, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante JEMGE OTIPE (P) N° 6800/2264 de la misma fecha, señalando, en síntesis, que:</p>
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a) La información referida al personal que integra o ha pertenecido a alguna de las unidades afectas al Sistema de Inteligencia del Estado, que es el caso de las Compañías de Inteligencia de la institución, tiene el carácter de secreta por disposición de los artículos 5, inciso final, y 38 de la ley N° 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia", de 2004.</p>
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b) Dichas compañías de inteligencia y consecuencialmente su personal desarrollan labores de inteligencia militar, en los términos que describe dicha función el artículo 20 del cuerpo legal citado.</p>
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c) La protección de la identidad de quienes cumplieron funciones de inteligencia o de contrainteligencia, aparece de manifiesto del texto del artículo 38 antes citado, que considera secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros de su personal, respecto de lo cual impone la obligación de mantener con dicho carácter aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios (Ejército de Chile).</p>
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d) El artículo 39 del mismo cuerpo legal excepcionalmente permite solicitar este tipo de antecedentes a la Cámara de Diputados, al Senado, a los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Fiscal Nacional y a la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus facultades y establece que en caso de hacerlo, deben requerirlo obligadamente por oficio reservado y por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa y del Director de la Agencia, quienes una vez tomado conocimiento de tales antecedentes, están "obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios".</p>
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e) El carácter secreto de la identidad de quienes conformaron las Compañías de Inteligencia del Ejército, impuesto por la ley N° 19.974, se encuentra plenamente vigente por mandato de la disposición 4ª transitoria de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 1° Transitorio de la Ley de Transparencia. Lo anterior además ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N°1990-11-INA de 2012. Todas las respuestas a la presente solicitud de información importan develar la identidad de quienes integraron esas Compañías.</p>
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f) Conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución, que obliga a los órganos de la Administración del Estado a someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas en conformidad a ella (ley N° 19.974) y a lo señalado por el artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia, se deniega la información.</p>
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3) AMPARO: El 27 de junio de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le habría entregado respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, el reclamante hizo presente que:</p>
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a) No requiere copia de informes de inteligencia o detalles sobre las actividades realizadas por la Compañía de Inteligencia N° 7 del Ejército, sino los nombres de funcionarios públicos de la institución que integraron dicha compañía en las fechas solicitadas.</p>
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b) El artículo 38 de la ley N° 19.974 se refiere genéricamente de "registros", cuya reserva tiene que ver exclusivamente con las actividades que efectúan los organismos de inteligencia del Estado. Señala el requirente que en ninguna parte se afirma que también serán secretos los "registros de personal", como plantea el órgano reclamado.</p>
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c) El Ejército ya reveló al reclamante la identidad de un funcionario militar que integró la Compañía N° 7, en respuesta a la solicitud AD006W-0000566 de 19 de mayo de 2014. En la misma respuesta, el órgano reclamado reconoció que dicho funcionario perteneció a la CNI, porque así lo declaró al ingresar a la institución.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante Oficio N° 003724 de 9 de julio de 2014.</p>
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Mediante CJE JEMGE OTIPE (P) N° 6800/2759 de 30 de julio de 2014, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, por orden del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que:</p>
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a) La información solicitada sobre quienes integraron la Compañía de Inteligencia N° 7, que operaba en el territorio jurisdiccional de la entonces VII División de Ejército con asiento en Coyhaique, es secreta por disposición de los Artículos 5° inciso final y 38 de la Ley N° 19.974, que crea el "Sistema de Inteligencia del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia", en razón que constituyen unidades especiales, de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, cuyos objetivos - y por ende el de su personal - es la recolección, evaluación y análisis de información útil para la toma de decisiones del Mando, como asimismo, la detección, localización y la neutralización de acciones de inteligencia desarrolladas por otros países o por sus agentes en el territorio nacional, que pudieren afectar la seguridad del Estado y la defensa nacional.</p>
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b) Comprende, como precisa el Artículo 20 del cuerpo legal citado, la inteligencia y la contrainteligencia militar necesaria tendiente a procurar captar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional y la soberanía del país. Constituye legalmente una actividad reservada exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.</p>
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c) Este tipo de actividades, como la información obtenida en el ejercicio de las mismas y por lógica consecuencia la identidad del personal de las Compañías de Inteligencia que las llevan a cabo, "cualquiera que sea su cargo" (art. 38), se encuentran protegidas por la ley N° 19.974. Cabe tener presente al respecto, que la disposición antes citada se encuentra en el Título VII, "De la obligación de guardar secreto". Por consiguiente, la pretensión del reclamante de proporcionar el nombre, los cargos y funciones de este personal, escapa a toda posibilidad jurídica y constituye un despropósito desde el punto de vista de la seguridad nacional. La obligación de resguardo o sigilo, el legislador la extiende para el personal de las Compañías de Inteligencia y para el Director de Inteligencia del Ejército, y por consecuencia para quienes ejercen el Mando de la institución, no solo para cuando se encuentren en servicio activo, sino que para "aún después del términos de sus funciones en los respectivos servicios."(Art. 38).</p>
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d) La entrega de información relacionada con actividades de inteligencia por el personal en servicio activo y por el que ha dejado de pertenecer a la institución, se encuentra tipificada y sancionada como delito penal por el legislador en el artículo 255 en relación con el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, disposición ésta última que expresamente protege con el secreto aquello que con su divulgación pueda incluso afectar la seguridad de ese personal, cual es el caso de la especie. Por su parte, la historia de la ley N° 19.974, página 11, numeral 6, trata del "Principio de reserva" señalando que "Tal obligación se mantendrá, incluso, después que las personas hayan cesado en sus funciones, esto es, por toda la vida, y su infracción conlleva fuertes sanciones penales".</p>
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e) El secreto y éxito de las actividades de inteligencia y de su efectiva ejecución, supone y descansa en gran medida en la protección de la identidad de las personas que las ejecutan. La infiltración, los agentes encubiertos y el anonimato, son propios de la función de inteligencia y contrainteligencia militar y policial. Por tanto, la reserva de identidades también tiene por objeto resguardar "el debido cumplimiento de las funciones de los órganos que integran dicho Sistema de Inteligencia." (Decisión Rol C14-14, Considerando 13).</p>
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f) El medio más directo de acceder a determinadas actividades de inteligencia por parte del adversario, es conocer la identidad de quienes sirvieron como agentes. El lograr obtener la identificación de esos agentes constituye uno de los objetivos principales de la inteligencia y contrainteligencia militar. En el caso de Chile, el artículo 39 de la ley N° 19.974, establece un protocolo y procedimiento especialísimo para acceder a esa información para un número muy limitado de autoridades, respecto de los cuales pesa igualmente el deber de secreto.</p>
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g) El señor Rojas presenta como una contradicción del Ejército a la denegación de la identidad de los integrantes de la Compañía de Inteligencia N° 7, la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública N° AD006W-0000566, de 19 de abril de 2014, en la que, ante una consulta específica sobre si la institución tenía conocimiento que el ex funcionario Oscar Plaza Torres perteneció a la CNI, se le contestara afirmativamente. Lo anterior tiene su lógica explicación ya que en primer término no se refiere a alguna Unidad perteneciente al Ejército ni al desempeño como miembro de la institución en actividad alguna y, en segundo término, porque la pertenencia a ese Organismo de Seguridad, respecto a la persona específica consultada, dejó de tener a su respecto el grado de reserva, en tanto la identidad de la CNI como empleador, pasó a constituir un antecedente público necesario - aportado voluntariamente por el propio Sr. Plaza - para la tramitación del reconocimiento de la continuidad de la previsión, conducente a obtener derecho a pensión por el sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y por consecuencia un dato conocido por un sinnúmero de personas que administrativamente intervienen en ese proceso de reconocimiento previsional.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, el reclamante ha presentado amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ejército de Chile fundado en que se le habría entregado respuesta negativa a su solicitud de información, en la cual se requirió lo siguiente: "a) Listado cronológico de la identidad de todos los funcionarios que integraron la Compañía de Inteligencia N° 7 del Ejército de Chile, con asiento en la Región de Aysén, y sus respectivos cargos y funciones al interior de la misma, entre los años 1990 y 2005; b) Se informe cuáles de ellos declararon haber formado parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI); y, c) Copia del documento oficial o formulario mediante el cual cada uno de ellos declaró dicha situación al Ejército de Chile".</p>
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2) Que, en su respuesta, el Ejército de Chile señaló que la información referida al personal que integra o ha pertenecido a alguna de las unidades afectas al Sistema de Inteligencia del Estado, tiene el carácter de secreta por disposición de los artículos 5, inciso final, y 38 de la ley N° 19.974. Dicha reserva aparece de manifiesto en el artículo 38 señalado que considera secretos y de circulación restringida los antecedentes, informaciones y registros de su personal, respecto de lo cual impone la obligación de mantener con dicho carácter "aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios". El artículo 39 del mismo cuerpo legal, excepcionalmente establece un protocolo y procedimiento especialísimo para acceder a esa información para un número muy limitado de autoridades, respecto de los cuales pesa igualmente el deber de secreto, por lo que en virtud de lo expuesto y del artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia, se deniega la información solicitada. En sus descargos, el Ejército de Chile agregó que la reserva de la información solicitada encuentra su fundamento en que las unidades especiales, de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, incluido su personal, tienen por objetivo la recolección, evaluación y análisis de información útil para la toma de decisiones del Mando, como asimismo, la detección, localización y la neutralización de acciones de inteligencia desarrolladas por otros países o por sus agentes en el territorio nacional, que pudieren afectar la seguridad del Estado y la defensa nacional, todo lo cual se dispone en el artículo 20 de la ley N° 19.974.</p>
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3) Que, la ley N° 19.974 se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional..." (artículo 4°). Dicho Sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). Respecto de los servicios de inteligencia militar, la ley N° 19.974 indica que "es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional" (artículo 20, inciso 1°). Asimismo, dicho cuerpo legal dispone que la inteligencia militar "comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional" (artículo 20°, inciso 2°). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".</p>
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4) Que, por su parte, el artículo 38 del cuerpo legal citado anteriormente, contiene una hipótesis de secreto o reserva en los siguientes términos: "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Dicho precepto agrega que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique". Finaliza señalando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".</p>
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5) Que, al respecto, según dispone el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sólo podrá denegarse el acceso a la información "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". En tal sentido, el artículo 8° de la Constitución establece que "...sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Con todo, la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8° a la Constitución (Ley N° 20.050, de 2005) fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política". En ese sentido, la citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece que "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes... aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales".</p>
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6) Que, conforme ha resuelto este Consejo en la decisión de amparo Rol C1818-12, para la aplicación de una disposición que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la Ley N° 20.050 no sólo basta que ésta conste en una norma de rango legal, sino que, de acuerdo al tenor literal del artículo 21 N° 5 y la disposición primera transitoria, ambas de la Ley de Transparencia, dicha norma debe declarar el carácter secreto o reservado de la información conforme con las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución (así se ha resuelto, por ejemplo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A45-09, C512-09 y C349-11). Por tanto, si bien el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto norma legal, está formalmente sujeto a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, atendido que se trata de una norma previa a la Ley N° 20.050, es igualmente necesario determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el artículo 8° de la Constitución. Tal reconducción material debe estar guiada por la exigencia de afectación dispuesta por la Constitución Política, respecto de los bienes jurídicos indicados en su artículo 8°.</p>
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7) Que, una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado y a toda otra información relativa a éstas. En efecto, según disponen los artículos 1°, 4° y 5° de la ley N° 19.974, el objeto de dicho cuerpo legal es precisamente la regulación de las actividades de inteligencia, y lo que determina la pertenencia de una unidad de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública al citado Sistema es la dirección, ejecución o realización de dichas actividades de inteligencia. Además, a igual conclusión debe arribarse de la lectura del propio artículo 38, el cual confiere carácter secreto a "...otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Dichas normas dan cuenta que es la actividad de inteligencia lo que determina el ámbito de regulación de dicho cuerpo legal y, consecuentemente, la esfera protegida por ella a través del secreto. Ahora bien, las actividades de inteligencia comprenden necesariamente al personal que ejecutó o que actualmente ejecuta dichas labores, lo que se desprende del hecho de que dichas personas fueron o son en sí mismas, en caso que continúen en actividad, fuentes de información de inteligencia, relevante en términos de seguridad nacional para el país.</p>
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8) Que, este Consejo estima que una interpretación del referido artículo 38 en el sentido antes indicado resulta armónica con la exigencia de afectación dispuesta por el artículo 8° de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia, toda vez que:</p>
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a) La ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia militar comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos objetivos se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública.</p>
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b) En sí mismas, las actividades de inteligencia son el objetivo de las labores desarrolladas por los organismos que constituyen el Sistema de Inteligencia del Estado, en las que, por definición, el secreto posibilita el éxito de su ejecución. Por tanto, la reserva de sus actividades también tiene por objeto resguardar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos que integran dicho Sistema de Inteligencia.</p>
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9) Que, en consecuencia, de acuerdo a la interpretación que se viene exponiendo, para efectos de verificar la aplicación del artículo 38 de la ley N° 19.974 es menester determinar si lo solicitado en el caso de la especie constituye información relativa a actividades de inteligencia. En el presente amparo, lo solicitado es la identidad de todos los funcionarios que integraron la Compañía de Inteligencia N° 7 del Ejército de Chile, con asiento en la Región de Aysén, y sus respectivos cargos y funciones al interior de la misma, entre los años 1990 y 2005, cuáles de ellos declararon haber formado parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y, la copia del documento oficial o formulario mediante el cual cada uno de ellos declaró dicha situación al Ejército de Chile. De lo informado por el Ejército, puede concluirse que la información solicitada corresponde a aquella relativa a actividades de inteligencia, comprendiendo ésta al personal que ejecutó o que actualmente ejecuta dichas labores., Determinado ello, y considerando que la disposición precitada dispone la reserva de toda aquella información que conste en registros de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado, dentro de los cuales no puede sino comprenderse a aquellos que contienen la relativa a su personal, cabe concluir que la información solicitada está protegida por la reserva consagrada en la norma legal referida.</p>
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10) Que, en virtud de lo expuesto, y configurándose la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se rechazará el amparo presentado por don Matías Rojas Medina en contra del Ejército de Chile.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jarquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.</p>
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