Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1329-14

Reclamante:	ESTEBAN GONZÁLEZ ZAPATA
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a los antecedentes sobre procesos de acreditación de Universidades e Institutos Profesionales que indica. En particular requirió la siguiente información: a) "Resolución de Acreditación Institucional N° 230: i. Informe de Autoevaluación Interna emitido por la Universidad de las Américas. ii. Informe de Evaluación Externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores que visitó la U. de las Américas. iii. Observaciones al informe de Evaluación Externa hechas por la universidad. iv. Información adicional enviada por la Universidad a la Comisión los días 26 de junio y 31 de junio de 2013. v. Informe elaborado por Feller Rate Consulting sobre la universidad que fue entregado a los pares evaluadores. b) Resolución de Acreditación Institucional N° 243: i. Recurso de Reposición presentado por la U. de Las Américas el 4 de noviembre de 2013 e información adicional enviada a la Comisión el 15 de noviembre de 2013. ii. Informe de Econsult elaborado a petición de la Universidad y entregado a la Comisión. Entre otras solicitudes. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto a los literales a) a h), se advierte que los literales a), b), d), e), f), g) y h), se advierte que en el link señalado por el órgano reclamado, se contienen dichos actos administrativos señalados, teniendose por contestada en parte la solicitud de información. Sin embargo, no se advierte la publicación del literal c). Respecto a los demás antecedentes, se denegó la información basada en la oposición de terceros. El Consejo, rechaza dicha alegación, toda vez que los antecedentes requerido tienen el carácter de información pública, pues son sustento y fundamento de los acuerdos en virtud de los cuales resolvió acerca de las respectivas solicitudes de acreditación. Por lo que se acoge el amparo en este punto.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/26/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C929-11 C39-12 C122-12 C2229-13 C840-10 C850-10 C70-11 C184-10 C641-10 C492-11
Jurisprudencia a:	C957-14
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Derivación a otro órgano >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C1329-14 Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación Requirente: Esteban González Zapata Ingreso Consejo: 30.06.2014 En sesión ordinaria N° 547 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de agosto de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1329-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de mayo de 2014, don Esteban González Zapata solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación -en adelante indistintamente CNA- antecedentes sobre procesos de acreditación de Universidades e Institutos Profesionales que indica. En particular requirió la siguiente información: a) "Resolución de Acreditación Institucional N° 230: i. Informe de Autoevaluación Interna emitido por la Universidad de las Américas. ii. Informe de Evaluación Externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores que visitó la U. de las Américas. iii. Observaciones al informe de Evaluación Externa hechas por la universidad. iv. Información adicional enviada por la Universidad a la Comisión los días 26 de junio y 31 de junio de 2013. v. Informe elaborado por Feller Rate Consulting sobre la universidad que fue entregado a los pares evaluadores. b) Resolución de Acreditación Institucional N° 243: i. Recurso de Reposición presentado por la U. de Las Américas el 4 de noviembre de 2013 e información adicional enviada a la Comisión el 15 de noviembre de 2013. ii. Informe de Econsult elaborado a petición de la Universidad y entregado a la Comisión. c) Resolución de Acreditación Institucional N° 252: i. Informe de Autoevaluación interna de la Universidad Andrés Bello enviado a la Comisión el 28 de junio de 2013. ii. Informe de evaluación externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores. iii. Información adicional enviada por la Universidad a la Comisión los días 12 de julio, 2 y 5 de septiembre, 29 de octubre y 27 de noviembre. iv. Observaciones de la Universidad al informe de evaluación externa enviado a la Comisión el 5 de diciembre de 2013. v. Informe elaborado por Feller Rate Consulting sobre la universidad que fue entregado a los pares evaluadores. vi. Cualquier otra información elaborada por la Comisión o presentada por la Universidad que tenga relación con la situación financiera y comercial de la Universidad. d) Resolución de Acreditación Institucional N° 155: i. Informe de Autoevaluación Interna presentado por la Universidad del Mar. ii. Informe de Evaluación Externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores. iii. Observaciones hechas por la Universidad al Informe de Evaluación Externa. iv. Antecedentes adicionales enviados por la Universidad a la Comisión el 4 de noviembre de 2011. v. Cualquier información elaborada por la Comisión o enviada por la Universidad referente a la situación financiera y comercial de la Universidad. e) Acuerdo de Acreditación Institucional N° 222: i. Recurso de Reposición presentado por la Universidad el 22 de mayo de 2012. ii. Cualquier información elaborada por la Comisión o enviada por la Universidad referente a la situación financiera y comercial de la Universidad. f) Acuerdo de Acreditación Institucional N° 108: i. Informe de Autoevaluación Interna presentado por el Instituto AIEP. ii. Informe de Evaluación Externa emitido por el Comité de Pares Evaluadores. iii. Observaciones hechas por la Universidad al Informe de Evaluación Externa. iv. Cualquier información elaborada por la Comisión o enviada por la Universidad referente a la situación financiera y comercial de la Universidad. g) Acuerdo de Acreditación Institucional N°132: i. Recurso de Reposición presentado por el Instituto AIEP el 15 de noviembre de 2010. ii. Cualquier información elaborada por la Comisión o enviada por la Universidad referente a la situación financiera y comercial de la Universidad. h) Resolución de Acreditación Institucional N° 253: i. Informe de Autoevaluación Interna presentado por la Escuela Moderna de Música. ii. Informe de Evaluación Externa elaborado por el Comité de Pares Evaluadores. iii. Observaciones presentadas por la Universidad al Informe de Evaluación Externa. iv. Antecedentes adicionales enviados por el Instituto el 15 y 28 de noviembre de 2013. v. Informe elaborado por Feller Rate Consulting sobre la universidad que fue entregado a los pares evaluadores. vi. Cualquier otra información elaborada por la Comisión o presentada por la Universidad que tenga relación con la situación financiera y comercial de la Universidad." 2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS: La Comisión Nacional de Acreditación, mediante Oficios Nos Dp003420-1431 -a Universidad de las Américas-, Dp003421-1431- a Universidad Andrés Bello-, Dp003422-1431-a Universidad del Mar-, Dp003423-1431 -a Instituto Profesional AIEP, Dp003424-143 -a Escuela Moderna de Música-, todos de 4 de junio de 2014, y conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó a los terceros involucrados la solicitud de información del requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la misma, quienes se pronunciaron del modo que a continuación se indica: a) Universidad de las Américas: Mediante carta de 11 de junio de 2014 expuso que: i. Se opone a la entrega del "Informe financiero de Feller-Rate" en virtud de la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que adolece de importantes problemas de metodología, y contiene valoraciones que carecen por completo de sustento empírico, circunstancias que tornan altamente sensible la información financiera contenida en él, afectándose derechos de carácter económico y el honor de la Universidad, de sus funcionarios y directivos. ii. Respecto de los "Antecedentes adicionales aportados por esa institución de fecha 26 y 31 de junio de 2013", deniega su entrega en virtud del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. b) Universidad Andrés Bello: Mediante carta de 10 de junio de 2014, se opuso a la entrega de todos los antecedentes solicitados fundado en que: i. Gran parte del contenido de los documentos requeridos de carácter estratégico para la Universidad Andrés Bello y por lo tanto su divulgación a terceros, distintos a aquellos involucrados formalmente en el proceso de evaluación externa y de otorgamiento de la acreditación, puede afectar los intereses y derechos de la institución. ii. Tal como se establece en los convenios firmados entre la UNAB y el organismo acreditador, lo que procede hacerse público, respecto del proceso de acreditación, es el resultado del mismo y su fundamento, lo que se plasma en los Acuerdos o Resoluciones de Acreditación cuyo acceso es público. c) Instituto Profesional AIEP: A través de carta de 10 de junio de 2014, manifestó su oposición a la entrega de la información requerida, atendido que: i. La solicitud de acceso no contiene peticiones concretas y no se aviene con el artículo 12 de la Ley de Transparencia, toda vez que no identifica de manera clara la información solicitada al utilizar la expresión "cualquier otra información (..)" ii. La información que el particular pareciera solicitar se encuentra disponible en forma permanente y a disposición del público en la página web de la CNA, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Transparencia, correspondiendo rechazar la solicitud de acceso. iii. Asimismo, fundamenta su oposición, amparado en lo dispuesto el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en cuanto a que cualquier otro antecedente de los solicitados, y no publicado por la CNA constituye información sensible del sector educacional que le permite a esa institución desarrollar su actividad y cuya divulgación podría causar un perjuicio a su representada. d) Escuela Moderna de Música: Se opuso a la entrega de la información solicitada mediante carta de 10 de junio de 2014, fundados en idénticos argumentos a aquellos expuestos por el Instituto Profesional AIEP. 3) RESPUESTA: El 26 de junio de 2014, la Comisión Nacional de Acreditación respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° Dp003473-14, señalando, en síntesis, que: a) En conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se encuentra impedida de entregar la documentación respecto de la cual ha existido oposición de los terceros involucrados. b) Respecto de la Universidad de las Américas, hace entrega de aquella información respecto de la cual no ha existido oposición: Informe de Autoevaluación, Informe de Pares Evaluadores, Observación al Informe de Pares, Información Adicional de fecha 15 de noviembre de 2013, e Informe Econsult. c) La Universidad del Mar no se opuso a la entrega de los antecedentes, sin embargo, de acuerdo a los archivos de la CNA, el último proceso de acreditación de esa institución fue en el año 2010, por lo tanto, no existen los antecedentes adicionales de fecha 04 de noviembre de 2011, como tampoco el mencionado recurso de reposición del año 2012 ni el informe financiero, por lo tanto acompaña los siguientes documentos respecto del último proceso de acreditación de esa Institución: Informe de autoevaluación, Informe de pares evaluadores, Observación al informe de pares. d) Además, señala que tanto las resoluciones de acreditación solicitadas como las que resuelven los recursos de reposición, se encuentra permanentemente a disposición del público en la página web de la CNA. (www.cnachile.cl) 4) AMPARO: El 30 de junio de 2014, don Esteban González Zapata dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: a) La solicitud de información hace mención a documentos específicos que están en poder de la CNA, los que son mencionados explícitamente en la resolución de Acreditación Institucional" que emite la Comisión para cada institución que se sometió al proceso de evaluación. Por ejemplo, la resolución de Acreditación Institucional N° 252 de la Universidad Andrés Bello, en su punto 2 hace una relación cronológica de cada uno de los antecedentes que sirvieron de sustento para emitir tal decisión. b) Tanto este Consejo como la Corte de Apelaciones de Santiago han resuelto que los antecedentes entregados por las instituciones de educación superior a la CNA para someterse al procedimiento de acreditación institucional son públicos, por cuanto sirven de sustento necesario para que la autoridad pueda tomar una decisión y emitir un pronunciamiento. c) Junto con ello, las mismas resoluciones han establecido que la publicidad de esos antecedentes involucra que se pueda ejercer un control social de los estándares que se están aplicando para definir un bien público como es una educación de calidad. d) Con fecha 2 de julio el reclamante efectuó una presentación manifestando que el órgano reclamado al conferir traslado a los terceros involucrados no dio cumplimiento al plazo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia para dicho trámite. e) El 3 de julio del mismo año, el solicitante ingresó un nuevo escrito a este Consejo, señalando que por un error involuntario, en una de sus solicitudes indicó "Universidad del Mar" en lugar de "Universidad de Viña del Mar". Aduce que por el sólo hecho de haber indicado el nombre de la universidad en contradicción con el número de las resoluciones y los documentos relativos a ellas, la CNA asumió que su petición era sobre la "Universidad del Mar" y le entregó documentos relativos al proceso de acreditación de esa universidad. Señala que la reclamada no utilizó el mecanismo señalado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, y no le hizo llegar ninguna solicitud para subsanar lo que podría haber sido considerado una falta en la identificación de la información que se requiere. Junto con ello, al momento de entregar su respuesta el 26 de junio pasado, no se declaró inadmisible esa parte del requerimiento y la institución asumió erróneamente, y sin requerir información complementaria, la identificación de la universidad. Por ello solicita la entrega de los antecedentes requeridos sobre la Universidad de Viña del Mar. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Secretaria de la Comisión Nacional de Acreditación mediante Oficio N° 3.736, de 9 de julio de 2014, quien presentó sus descargos y observaciones a través de Oficio N° Dp003551-14 de 25 de julio de 2014, señalando, en síntesis que: a) En virtud de lo señalado por las instituciones de educación superior, la CNA quedó impedida de proporcionar al solicitante la documentación solicitada, de conformidad a lo prescrito en el inciso tercero del referido artículo 20 de la Ley de Transparencia, sólo respecto de aquellas que se opusieron expresamente. b) Las referidas instituciones de educación superior corresponden a personas jurídicas de derecho privado y en tal calidad, no se encuentran afectas al cumplimiento del principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, sino por el contrario, se rigen por el principio de reserva y confidencialidad. En ese contexto, los antecedentes del proceso de acreditación institucional de las mencionadas Casas de Estudios, corresponden a aquellos de carácter privado cuya publicidad puede comprometer sus derechos, motivo por el cual, la CNA debe contar con expresa autorización para divulgarla a terceras personas. c) Las decisiones recaídas en otros amparos resueltos por este Consejo tienen efectos relativos, esto es, sólo obligan a las partes allí involucradas y en ningún caso resultan vinculantes a otras personas ajenas a los mismos, ello aunque resulte idéntica la situación que se resuelva. Asimismo, en virtud de la certeza jurídica, no resulta procedente homologar de manera genérica la aplicación de las decisiones emanadas de este Consejo, sino que éste debe resolver caso a caso. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó trasladar el amparo a los terceros involucrados, mediante los Oficios Nos 3.756, 3757, 3.758 y 3.759, todos de 10 de julio de 2014. Los precitados terceros, mediante escritos ingresados en las fechas que se señalan, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Universidad de las Américas: Mediante carta ingresada el 28 de julio de a este Consejo, expuso que: i. No se observan fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen el acceso a la información a cuya entrega UDLA se opuso, ni da cuenta del carácter público o no reservado de la misma que otorguen derecho a su conocimiento, ni menos existen antecedentes que controviertan las causales de oposición deducidas por esta Universidad. ii. Se opuso a la entrega del mencionado informe de Feller Rate en virtud de la causal del artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que, dicho documento adolece de importantes problemas de metodología, y contiene valoraciones que carecen por completo de sustento empírico, circunstancias que tornan altamente sensible la información financiera contenida en él, afectándose derechos de carácter económico y el honor de la Universidad, de sus funcionarios y directivos. iii. En cuanto a los "antecedentes adicionales aportados por esa institución de fecha 26 y 31 de junio de 2013", UDLA se opuso a su entrega en virtud del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. iv. La solicitud de acceso es tan genérica e imprecisa, que se refiere incluso a antecedentes aportados supuestamente por UDLA el 31 de junio del 2013, y que no consta en sus registros. b) Universidad Andrés Bello: A través de misiva ingresada con fecha 23 de julio de 2014 a este Consejo señaló que: i. La solicitud de acceso no contiene peticiones concretas, y no se aviene con el artículo 12 de la Ley de Transparencia, toda vez que no identifica de manera clara la información solicitada. ii. Fundamenta su oposición, amparado en lo dispuesto el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia por cuanto los antecedentes solicitados, constituyen información sensible del sector educacional que le permite a esa institución desarrollar su actividad y cuya divulgación podría causar un perjuicio a su representada. c) Instituto Profesional AIEP: A través de carta de 4 de agosto de 2014, manifestó su oposición a la entrega de la información requerida, fundado en las mismas consideraciones señaladas en el literal anterior por la Universidad Andrés Bello. d) Escuela Moderna de Música: Mediante misiva ingresada con fecha 28 de julio de 2014 a este Consejo, expresó su oposición a la entrega por los mismos argumentos expuestos en el precitado literal b) por la Universidad Andrés Bello. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, a modo de contexto, en relación con la información solicitada -actos administrativos y sus antecedentes referidos a procesos de acreditación tramitados ante la CNA- cabe tener presente el siguiente contexto normativo: a) El artículo 6° de la Ley N° 20.129, que regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, crea la Comisión Nacional de Acreditación, organismo colegiado encargado de verificar y promover la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos y de las carreras que ellos ofrecen y, específicamente, de pronunciarse sobre la acreditación de las instituciones de educación superior (artículo 8°). Debe, también, mantener sistemas de información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación y de autorización a su cargo. b) Por su parte, el Título II de la Ley N° 20.129 se refiere a la acreditación institucional de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, estableciendo su artículo 15, las etapas que dicho proceso, las que debe contemplar la autoevaluación interna, la evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión. Al respecto el artículo 16 señala, en lo que interesa, que la autoevaluación interna consiste en un proceso analítico que consulta diferentes fuentes, tanto internas como externas a la institución, que, identificando los mecanismos de autorregulación existentes y las fortalezas y debilidades de la institución con relación a ellos, busca verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en su misión y fines institucionales. Por su parte, la evaluación externa, consiste en un proceso tendiente a certificar que la institución cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas y mecanismos de autorregulación vigentes en ella. c) El Título V de la Ley establece medidas de publicidad para las decisiones de la CNA. Así, el artículo 47 exige a la CNA mantener un sistema de información pública que contenga las decisiones que adopte en relación con la acreditación institucional de las universidades y otras instituciones de educación superior, la autorización y supervisión de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado. Agrega que la CNA, además, deberá "hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios que realicen las agencias acreditadoras y los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones", y mantener un registro público de las carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado y postgrado y los programas de especialidad en el área de salud, acreditados en conformidad con la Ley. d) A su turno, la Resolución Exenta N° 3, de 5 de febrero de 2013, de la CNA, que aprobó el Reglamento de Acreditación Institucional, describe el procedimiento para el desarrollo de dicho proceso y de cada una de sus etapas, determinando los documentos y antecedentes (tales como el Informe de Autoevaluación; él o los Informes de Evaluación Externa; el Informe Financiero; las Observaciones de la institución y otros antecedentes que permitan corroborar, verificar o complementar la información proporcionada por la institución) que conforman dicho expediente administrativo y que la CNA debe ponderar para emitir el juicio de acreditación correspondiente. La mencionada resolución, indica que para incorporarse al proceso, las instituciones deberán presentar, entre otros antecedentes, una Ficha Institucional Introductoria, el que contempla un núcleo mínimo de información básica, la que puede ser complementada con otros antecedentes que la institución considere útiles para dar cuenta de su acción. Entre los datos que se requieren se encuentran los siguientes antecedentes financieros: estados financieros auditados con notas completas e informes de auditores, idealmente de los últimos 5 años; estado financiero proforma o último disponible; estructura de propiedad de la institución; malla detallada de sociedades con participación en propiedad y de empresas relacionadas; detalle de cuentas por cobrar separados por tramos de morosidad; datos de cartera renegociada de los últimos 5 años; líneas bancarias totales y disponibles al cierre de 2013 y última información disponible; plan de inversiones y estrategia de financiamiento para los próximos 5 años; política de provisiones; política de capitalización; entre otros. 2) Que, en lo que atañe a los actos administrativos requeridos en los literales a) a h) de la solicitud de acceso -el solicitante los denomina "acuerdos" y "resoluciones" de acreditación institucional-, el órgano reclamado en su respuesta manifestó que dichos documentos "se encuentra permanentemente a disposición del público en la página web de la CNA -www.cnachile.cl-". En la especie, el órgano comunicó al solicitante la fuente y el lugar en que podía acceder a la información requerida, pero no le indicó la forma de acceso, especificando el vínculo preciso que conduce a la información publicada. Al respecto, cabe señalar que de encontrarse disponible de manera permanente, la información solicitada, el organismo reclamado puede dar respuesta conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Para ello, deberá ajustarse a lo señalado en dicha norma, así como lo dispuesto en el numeral 3.1., de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, según el cual "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva". 3) Que, revisados los vínculos específicos que debió haber informado la reclamada a fin de ajustarse a los términos indicados en el considerando precedente, (http://www.cnachile.cl/transparencia/1sept_post.html; http://www.cnachile.cl/transparencia/terceros_historico_2013.html#ai; http://www.cnachile.cl/transparencia/terceros_historico.html -, se advierte que allí se contienen las actos administrativos solicitados en los literales a), b), d), e), f), g), h), con lo cual se tendrá por contestada dicha parte de la solicitud respecto de tales documentos con la notificación de la presente decisión. Sin embargo, de la mencionada revisión no se ha advertido la publicación del acto administrativo solicitado en el literal c), de manera tal que se requerirá a la reclamada que haga entrega del mismo o, en su caso, informe del modo indicado precedentemente, la fuente, el lugar y la forma en que el solicitante puede tener acceso a tal documento. 4) Que, el fundamento de la CNA para denegar la entrega de los demás antecedentes requeridos, se basó en la oposición manifestada por los terceros involucrados, luego de haber sido notificados en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. De esta forma, corresponde analizar los argumentos de dichos terceros y si, finalmente, la información requerida se encuentra sujeta a reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 5) Que, de acuerdo a la causal de reserva indicada, la información solicitada tendrá el carácter de secreta o reservada "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Por su parte, el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la Ley señala que "se entenderá por tales -derechos de carácter comercial o económico- aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés". En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, de entregarse lo solicitado, se vería afectado. 6) Que, en relación con las alegaciones formuladas por los terceros en el curso del procedimiento de acceso a la información en análisis, cabe indicar lo siguiente: a) Del análisis de la solicitud que ha dado origen al presente amparo, se advierte que el recurrente ha identificado de manera precisa los documentos solicitados, como lo exige el artículo 12 de la Ley de Transparencia. Ahora bien, en cuanto a aquella parte de la solicitud en que requiere "cualquier información elaborada por la Comisión o enviada por la Universidad(...)" cabe tener presente que si bien no especifica en su solicitud de acceso los documentos a los que pretende acceder, a juicio de este Consejo, resulta inteligible para el organismo reclamado, por cuanto se encuentra vinculada con los actos administrativos que encabezan cada una de las solicitudes, de modo que identifica la materia, que es una de las características esenciales de toda solicitud, conforme con lo dispuesto en el art. 7° N° 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia. Ello, se ratifica además en el hecho que ante la solicitud de acceso la reclamada se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, de acuerdo a lo previsto en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia. Por tanto, se desestimará la alegación relativa a dicha materia formulada por los terceros. b) En cuanto a la causal prevista en el artículo 21 N°1 letra c) del cuerpo legal citado, cabe reiterar el criterio uniforme adoptado por este Consejo en cuanto a que dicha ésta sólo puede ser invocada por el órgano de la Administración que ha sido objeto del requerimiento, pues es justamente éste quién se encuentra en la posición adecuada para ponderar en qué medida la naturaleza del requerimiento afecta su debido funcionamiento -razonamiento expresado por ejemplo en las decisiones amparo Roles C641-10 y C39-12-. En virtud de lo anterior, se desestimará la alegación formulada en tal sentido por la Universidad de las Américas. c) De conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (decisiones Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, etc.). En la especie, los terceros involucrados no han proporcionado antecedentes que permitan a esta Corporación verificar la afectación de algún derecho económico, y sus alegaciones se basan en especulaciones y riesgos remotos que no permiten identificar una afectación o daño presente, probable y específico a sus derechos. 7) Que, la información solicitada obra en poder de la Comisión Nacional de Acreditación en su calidad de órgano encargado de la acreditación de las respectivas universidades e institutos, y corresponde a antecedentes que han servido de sustento y fundamento de los acuerdos en virtud de los cuales resolvió acerca de cada una de las respectivas solicitudes de acreditación de dichas instituciones así como de los recursos de reposición deducidos por éstas impugnando tales decisiones. En efecto, su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual se dictaron dichos actos administrativos, en tanto aquéllos dan cuenta del cumplimiento o incumplimiento de los elementos y requisitos ponderados por la CNA para otorgar o denegar las respectivas acreditaciones. Por lo tanto, atendido lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia y artículo 3°, letra g), de su Reglamento, los antecedentes requeridos constituyen el sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos que resolvieron los respectivos procesos de acreditación, de manera que, teniendo los acuerdos de la CNA la naturaleza de información pública por expresa disposición de la ley -artículo 8°, letra e), en relación con el artículo 47 de la Ley N° 20.129-, su complemento directo posee, en principio, el mismo carácter. 8) Que, sobre el particular, conviene tener presente que este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C184-10, C70-11 y C122-12 y C2229-13, entre otras, se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. En particular, en relación con la información financiera o económica de las universidades que pudiera obrar en poder de la CNA, en la decisión de amparo Rol C70-11, este Consejo señaló que "dichas opiniones -análisis acerca de la sustentabilidad acerca del proyecto institucional en base a los indicadores financieros- resultan absolutamente relevantes para que la autoridad pública adopte una decisión en lo relativo al otorgamiento o no de la acreditación de dicha Universidad, aspecto que, atendido al bien público que constituye el otorgamiento de una educación de calidad, no puede mantenerse reservado". La citada decisión agregó que "el conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una Universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas". 9) Que, a mayor abundamiento, tal criterio fue refrendado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 22 de septiembre de 2011, recaída sobre el reclamo de ilegalidad Rol 2742-2011, en cuya virtud se señaló que "...la decisión que el reclamante impugna no es de aquéllas que afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el derecho de acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información". En el mismo sentido, en sentencia de 15 de julio de 2013, Rol 1443-2013, el mencionado tribunal señaló que :"(...) en este entendido cabe entonces tener por establecido que la UDLA, en forma voluntaria, ingresó al sistema público a fin de obtener un pronunciamiento de la autoridad administrativa pertinente, CNA, proporcionando al efecto del pronunciamiento buscado, todos los antecedentes necesarios para la decisión, requeridos por la normativa y la Comisión, erigiéndose por tanto dicho cúmulo de información, en la base, fundamento y sustento de las decisiones emanadas del órgano señalado, en los elementos de juicio que alimentaron sus actos y resoluciones, conformando en tal entendido un todo justificativo de su actuar público administrativo." 10) Que, en consecuencia, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, y no advirtiéndose que su divulgación pueda configurar la afectación de los derechos que le asisten a los establecimientos educacionales de que se trata, ni observándose tampoco la configuración de alguna causal de secreto o reserva que releve al organismo reclamado de su obligación de entregarla, se acogerá el presente amparo, requiriéndose a la CNA entregar al solicitante copia de la documentación solicitada. 11) Que, en lo relativo a los literales d) y e), cabe precisar que conforme con lo señalado por el solicitante, por un error involuntario se refirió en su solicitud a la "Universidad del Mar", en lugar de la "Universidad de Viña del Mar". Según se advierte, la reclamada dio traslado a la primera y atendido que ésta no se opuso a la entrega de la información solicitada, proporcionó al solicitante ciertos antecedentes que obraban en su poder relativos a dicha Casa de Estudios. Ahora bien, atendido que en los mencionados literales el solicitante identificó de modo preciso los documentos requeridos, singularizando los números de los actos administrativos así como las fecha de la documentación solicitada, que correspondían a la Universidad de Viña del Mar, la reclamada -considerando la contradicción existente entre el tenor literal de la solicitud y los documentos requeridos- debió requerir al reclamante aclarar su presentación, conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, trámite que no llevó a cabo en la especie. Ello, en definitiva, ha implicado que la mencionada Casa de Estudios a que se refería la solicitud no haya podido ser emplazada en el procedimiento de acceso a la información seguido ante la CNA a fin de hacer valer sus derechos en el mismo, y, por tanto, se rechazará el presente amparo respecto de los mencionados literales. 12) Que, con todo, y atendido que con el mérito de la presentación realizada por el reclamante ante este Consejo, ha quedado suficientemente acreditado que la solicitud consignada en los mencionados literales se encontraba dirigida a documentos relativos a la Universidad de Viña del Mar, se ordenará a la CNA que dé curso progresivo al procedimiento de acceso a la información en lo relativo a lo allí solicitado y proceda conforme con el procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, esto es, dentro del plazo de dos días hábiles contados desde la recepción de la presente decisión, comunique mediante carta certificada, a la mencionada universidad la facultad que le asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo, a fin ésta pueda ejercer su derecho de oposición en el plazo y el modo que dicho precepto establece. 13) Que, por último, este Consejo ha podido constatar lo señalado por el reclamante, en orden a que el órgano reclamado comunicó la solicitud de acceso a los terceros involucrados una vez expirado el plazo de dos días hábiles contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En efecto, la Comisión Nacional de Acreditación notificó dicha solicitud el 4 de junio de 2014, en circunstancias que el plazo para efectuar tal trámite expiraba el 2 de junio del mismo año. Por lo anterior, el órgano reclamado deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento al plazo indicado. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Esteban González Zapata, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación : a) Hacer entrega al reclamante de la información señalada en el numeral v del literal a), numerales i y ii del literal b), literal c) y sus numerales i a vi, numerales i a iv del literal f), numerales i y ii del literal g), y numerales i a vi del numeral 1° de lo expositivo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Trasladar la solicitud consignada en los literales d) y e) a la Universidad de Viña del Mar, dentro del plazo de dos días hábiles contados desde la recepción de la notificación de la presente decisión, conforme con el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia a fin de dar curso progresivo al procedimiento de acceso a la información respecto de lo allí solicitado, conforme con lo razonado en el considerando duodécimo de la presente decisión. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Esteban González Zapata, a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación, y a la Universidad de las Américas, a la Universidad Andrés Bello, al Instituto Profesional AIEP, y a la Escuela Moderna de Música, en su calidad de terceros involucrados en este procedimiento. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.