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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1380-14</strong></p>
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Entidad pública: Corporación Nacional Forestal Dirección Regional de Valparaíso.</p>
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Requirente: Eduardo Flores Jara.</p>
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Ingreso Consejo: 10.04.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 565 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de octubre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1380-14.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de mayo de 2014, don Eduardo Flores Jara solicitó a la Corporación Nacional Forestal Dirección Regional de Valparaíso -en adelante indistintamente CONAF-, la dirección de los siguientes receptores de especies arbóreas en la comuna de Cartagena del Programa de Arborización Urbano 2013: María Abarca Alarcón, Agrícola Hacienda Canteras, Pedro Galarce, Rodrigo García San Miguel, José Garrido, Rodrigo Morandé y Alejandra Rabelo.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Carta Oficial N° 99/2014, la CONAF respondió a dicho requerimiento, señalando que no es posible entregar la información requerida en virtud de la Ley 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Indica que el domicilio de los beneficiarios del Programa de Arborización corresponden a datos personales, los que no pueden ser divulgados sin la autorización de dichos beneficiarios, autorización con que no cuenta la Corporación.</p>
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3) AMPARO: El 4 de julio de 2014, don Eduardo Flores Jara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, en contra de la Corporación Nacional Forestal, fundado en la respuesta negativa otorgada por ésta a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 3861, de 15 de julio de 2014, confirió traslado al Sr. Director Regional de la Dirección Regional de Valparaíso de la Corporación Nacional Forestal, solicitándole, entre otros, que señale las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
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Mediante presentación de 31 de julio de 2014, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:</p>
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a) En cuanto a los hechos indica que el recurrente durante el año 2014, en relación al Programa de Arborización que ejecuta la CONAF, efectuó la solicitud AR 003W-0000634, de 10 de enero de 2014, por la cual pidió se informe de los "Resultados del Programa de Arborización Urbana en la Provincia de San Antonio, en el año 2013". Esta solicitud le fue respondida, dentro de plazo, a través de Carta Oficial N° 1/2014, de 03 de febrero de 2014.</p>
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b) El 1° de mayo de 2014, don Eduardo Flores Jara ingresó una nueva solicitud de información (AR003W-0000716) por la cual requirió se le indicara la cantidad de árboles que corresponden a cada una de las personas e instituciones a las cuales se les entregó especies arbóreas, en la comuna de Cartagena, de acuerdo al Programa de Arborización Urbana. Dicha solicitud fue contestada dentro de plazo, a través de Carta Oficial N° 3/2014, de 13 de mayo de 2014.</p>
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c) Posteriormente, el 4 de junio de 2014, don Eduardo Flores Jara solicitó a la Corporación (AR003W-0000753), la dirección de los receptores de especies arbóreas en la comuna de Cartagena del Programa de Arborización Urbana 2013.</p>
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d) Previo análisis jurídico de la situación, la Corporación decidió no entregar la información solicitada al requirente, por tratarse de datos personales, no contar con la autorización escrita de los interesados ni de la ley, desconocer el propósito de la petición y por constituir su otorgamiento una contravención a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Con una decisión en contrario, eventualmente, en este caso se corría el riesgo de afectar la privacidad de las personas. Es así como dentro de plazo, con fecha 1° de julio de 2014, a través de Carta Oficial N° 99/2014 se le informó al requirente de la negativa de Corporación a entregar la información solicitada, expresando el fundamento de la misma en el sentido señalado precedentemente.</p>
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e) En cuanto al derecho señala que del análisis de las disposiciones de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en especial lo dispuesto en los artículos primero, segundo letra f), cuarto, séptimo y noveno, se decidió no entregar la información solicitada, pues no contaba con autorización de esta ley al efecto, ni tampoco con autorización de las personas involucradas.</p>
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f) El artículo 4° de la citada ley establece que "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito". El artículo 2° letra f), de la ley señala lo que debe entenderse por datos personales: "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". La Corporación no contaba ni cuenta con la autorización de 105 beneficiarios del programa para informar a un tercero un dato personal, cuál es su domicilio y, además, desconoce el propósito que persigue el requirente al solicitar el dato razón por la cual no puede dar cumplimiento al requisito legal de informar a éstos "el propósito" de su divulgación.</p>
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g) La decisión se tomó, además, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 19.628, que en su artículo 9°, que establece "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". En la especie, la CONAF ejecuta el Programa de Arborización, en virtud del cual, entre otras actividades, se entregan plantas a personas naturales y/o jurídicas que así lo solicitan, con el objeto de ser plantadas en sus domicilios o predios de su propiedad. Para el solo efecto de fiscalizaciones posteriores, el servicio pide a los solicitantes indicar su domicilio, es decir, para que posteriormente, esta Corporación u otro organismo contralor, pueda verificar que las plantas entregadas fueron efectivamente plantadas. Es decir, el único fin de esta Corporación de contar con el domicilio de los beneficiados es el anteriormente descrito y su obtención proviene directamente de la información que dan los propios interesados o beneficiarios.</p>
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5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión N° 549, celebrada el 29 de agosto de 2014, el Consejo Directivo de esta Corporación, dispuso como medida para mejor resolver, notificar a los terceros afectados que tuvieran la calidad de personas naturales, el amparo en cuestión, a fin de que presentaran sus descargos u observaciones en el plazo de 3 días hábiles, por la eventual publicidad de la información solicitada, todo lo cual se materializó mediante el envío de seis oficios, todos remitidos con fecha 24 de septiembre de 2014.</p>
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De las personas consultadas, sólo una respondió, oponiéndose a la entrega de la información, indicando, en términos generales, que no conoce a la persona que solicitó la información, por lo que podría verse afectada en "algún tipo de asalto futuro o daño a su integridad física", y debido a que la propiedad en que realizó la plantación de las especies es privada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, don Eduardo Flores Jara solicitó a la CONAF la dirección de siete receptores/beneficiarios de especies arbóreas en la comuna de Cartagena, del Programa de Arborización Urbano 2013, entre los que se encuentran seis personas naturales y una persona jurídica.</p>
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2) Que, la información relativa al domicilio de los beneficiarios consultados, del Programa de Arborización Urbano 2013, de la comuna de Cartagena, obra en poder del órgano reclamado según él mismo lo informó, pero no ha sido entregada al solicitante, toda vez que, a su juicio, y en virtud de la Ley 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, dicha información corresponde a un dato personal que no puede ser divulgado sin la autorización de los beneficiarios, autorización con que no cuenta la Corporación.</p>
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3) Que, el artículo 2° de la Ley N° 19.628, literal f), sobre Protección de la Vida Privada, define como datos personales "...los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". A la luz de esta definición cabe señalar, en primer lugar, que esta normativa no contempla la protección de datos relativos a personas jurídicas, como sería el caso de uno de los consultados (sociedad Agrícola Hacienda Canteras). En este sentido, este Consejo ha resuelto reiteradamente, a partir de las decisiones recaídas en amparo C461-09, C184-10 y C734-10, que en el caso de las personas jurídicas no resulta aplicable la Ley N° 19.628, por cuanto los datos personales están referidos a una persona natural identificada o identificable, de acuerdo a la definición prevista en el artículo 2°, letra f) de dicho cuerpo legal.</p>
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4) Que, seguidamente, es menester indicar que este Consejo ha estimado que el domicilio o dirección de una persona natural es un dato personal, por lo que la divulgación de este antecedente constituiría un tratamiento o comunicación de datos personales en los términos del artículo 2°, letra o), de la Ley N° 19.628, requiriendo autorización expresa de los titulares de los datos, de acuerdo a la norma prevista en el artículo 4° del citado texto legal, lo cual no se verificó en la especie por cuanto el órgano reclamado no les dio traslado en su oportunidad, aplicando derechamente la norma de secreto prevista en el artículo 7° de la Ley N° 19.628, configurando la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su reglamento, este Consejo notificó la presente reclamación a los seis terceros afectados que tienen la calidad de personas naturales, de los cuales sólo uno respondió dentro de plazo oponiéndose a la entrega de la información solicitada por afectarle en sus derechos.</p>
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6) Que, según ha razonado este Consejo en su decisión C315-11, no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de la de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11, letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando los denominados test de daños y de interés público: "Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva" (Decisión C193-10).</p>
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7) Que, el Programa de Arborización es una iniciativa del Gobierno de Chile que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los chilenos, por medio de la entrega de árboles a éstos para que sean plantados. Está dirigido a todos los chilenos, especialmente a quienes habitan en zonas urbanas y periurbanas. Su meta es entregar a lo largo de Chile 17 millones de árboles al año 2018, un árbol por cada integrante de la población chilena. El programa fue lanzado el 5 de junio de 2010 como un proyecto bicentenario y su ejecución está radicada en el Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Los árboles se entregan a la ciudadanía por medio de diferentes canales: municipios, empresas, programas ministeriales, centros educacionales, grupos de scouts, organizaciones vecinales, fundaciones, todo tipo de empresas públicas y privadas, ONG, entre otros grupos sociales. Éstos se pueden solicitar en las oficinas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a lo largo del país.</p>
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8) Que, de lo señalado precedentemente, se observa que cualquier persona puede concurrir a solicitar un árbol a las organizaciones referidas, sin que sea requisito para acceder al beneficio, tener su domicilio particular en un determinado lugar. Asimismo, cabe agregar lo afirmado por la CONAF, en cuanto a que este organismo sólo solicita el domicilio a los solicitantes para fines de fiscalización y que su obtención proviene directamente de la información que dan los propios interesados o beneficiarios.</p>
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9) Que, a juicio de este Consejo, al ser el Programa de Arborización una iniciativa abierta a toda la comunidad, en el caso de la especie no se advierte qué control social relevante se puede efectuar con la información solicitada -domicilio de 6 personas naturales beneficiadas con el programa en cuestión. Asimismo, tampoco se vislumbra un beneficio público de conocer la información requerida, por lo tanto, no se justifica su comunicación a terceros.</p>
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10) Que, por lo razonado precedentemente, se rechazará el amparo de la especie respecto de informar el domicilio de los señores María Abarca Alarcón, Pedro Galarce, Rodrigo García San Miguel, José Garrido, Rodrigo Morandé y Alejandra Rabelo.</p>
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11) Que, finalmente, y respecto de la solicitud de informar el domicilio de la sociedad Agrícola Hacienda Canteras, se acogerá en esta parte el presente amparo, en virtud de lo señalado en el numeral 3 de la parte considerativa, y por aplicación del principio de apertura o transparencia, por cuanto dicho antecedente obra en poder del órgano y no se encuentra sujeto a las causales de reserva establecidas en la Ley de Trasparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Eduardo Flores Jara en contra de la Corporación Nacional Forestal Dirección Regional de Valparaíso, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional de la Dirección Regional de Valparaíso de la Corporación Nacional Forestal:</p>
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a) Entregar al solicitante la dirección que tenga registrada de la sociedad Agrícola Hacienda Canteras.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo no superior a los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de la presente decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Regional de la Dirección Regional de Valparaíso de la Corporación Nacional Forestal y a don Eduardo Flores Jara.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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