Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C270-10

Reclamante:	MARIA VILCHES GARCIA
Reclamado:	SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML)
Resumen del caso: Se interpone amparo contra el Servicio Médico Legal (SML) por la entrega incompleta de infomación relativa a autopsias realizadas en el mes de agosto de 1973 asi como los nombres de los médicos que las realizaron, argumentando que art 23 de la Ley Nº 20.065 señala que el personal que cumpla sus funciones en el Servicio Médico Legal estará obligado a guardar reserva acerca de los hechos o los antecedentes de que tuviere conocimiento en razón de su desempeño y, por tanto, parte de la infomación reservada en virtud del art 21 Nº 1 de la Ley 20.285. El Consejo acoge el amparo señalando que la causal de reserva invocada por el SML no se aplica en este caso
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/29/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09
Jurisprudencia a:	C334-10
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Horas extraordinarias
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C270-10 Entidad pública: Servicio Médico Legal Requirente: María José Vilches García Ingreso Consejo: 07.05.2010. En sesión ordinaria N° 184 de su Consejo Directivo, celebrada el 24 de septiembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C270-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 20.065, sobre modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 18 de marzo de 2010 doña María José Vilches García solicitó al Servicio Médico Legal (en adelante también S.M.L.), acceso y copia de la siguiente información: a) Índice, listado o catastro de informes de autopsias realizadas en el S.M.L., entre el 1° y el 31 de agosto de 1973, ambos días inclusive; b) Señalar en dicho listado la fecha y hora de la autopsia, nombre de los médicos que la realizan, fecha, hora y lugar de la muerte, identificación del occiso y causa de muerte; Finalmente solicita la entrega de esta información en formato digital, en un archivo Excel. 2) RESPUESTA: Mediante oficio ordinario N° 744, de 16 de abril de 2010, el Director Nacional del Servicio Médico Legal, en respuesta a la solicitud de información antes referida, señala lo siguiente: a) Que, en términos generales, se accede a lo requerido. b) Sin perjuicio de lo anterior, el órgano reclamado atiende a lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 23, de la Ley N° 20.065, en cuanto a que: "El personal que cumpla sus funciones en el Servicio Médico Legal estará obligado a guardar reserva acerca de los hechos o los antecedentes de que tuviere conocimiento en razón de su desempeño". Esta norma sería aplicable tanto a los funcionarios como a las autoridades del Órgano, en virtud de las normas pertinentes de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Por su parte, el inciso tercero del artículo 23 en comento, señala que "la vulneración de la obligación de reserva establecida en los incisos anteriores será sancionada en conformidad a la ley, siendo aplicable lo dispuesto en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal, según corresponda". c) De esta manera, el Servicio requerido opina que respecto a la información sobre el procedimiento de identificación de los fallecidos que ingresan al Servicio Médico Legal así como la determinación de su causa de muerte, dado que forman parte integrante del peritaje médico legal de autopsia, encargado por el Tribunal competente, correspondería a información incluida dentro del ámbito de aplicación de la normativa citada, siendo por tanto de carácter reservado, en aplicación del artículo 21, N° 5, de la Ley N° 20.285 y el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política, al haber sido la Ley N° 20.065, Orgánica del Servicio Médico Legal, aprobada con el quórum requerido en la normativa citada. d) Atendido lo anterior, el Servicio entrega un listado en formato Excel que, respecto al periodo solicitado, contiene los siguientes campos: ciudad, número de protocolo de autopsia, tribunal o fiscalía que remitió el cuerpo, lugar del deceso o sitio del hallazgo del cadáver, fecha y hora del fallecimiento, procedencia del cuerpo y médico que realizó la autopsia. 3) AMPARO: Doña María José Vilches García, formuló amparo por denegación de acceso a la información el 7 de mayo de 2010 ante el Consejo para la Transparencia, alegando que la información entregada por el S.M.L. es incompleta, respecto a lo solicitado, reconociendo que se le entregó un listado de autopsias correspondientes a la fecha requerida, pero que excluía el nombre del occiso y la causa de muerte. Considera la reclamante que la respuesta del S.M.L. va en contra de lo que propugna la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pues las razones esgrimidas por el Servicio no justificarían la exclusión de la causa de muerte e identificación del occiso, toda vez que ya se están entregando otros datos sin violar las condiciones de funcionamiento del mismo. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 150, de 20 de mayo de 2010, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 926, de 26 de mayo de 2010, al Director Nacional del Servicio Médico Legal, quien evacuó respuesta mediante oficio ordinario N° 904, de 11 de junio de 2010, señalando, en resumen, lo siguiente: a) El Servicio Médico Legal respondió el requerimiento mediante ordinario N° 744, de 16 de abril del 2010, entregando toda la información existente, la cual fue levantada y consolidada por la Unidad de Estadística y Archivos de este Servicio directamente desde los datos consignados en las carpetas o protocolos de autopsia individuales correspondientes a las personas que la autoridad competente ordenó ingresar a esta institución, para su peritación tanatológica en el periodo solicitado, lo cual finalmente fue volcado al formato electrónico requerido por la solicitante. b) Agrega que el mencionado oficio N° 744 comunicaba asimismo que, de toda la información consolidada, el Servicio Médico Legal se encontraría imposibilitado de entregar aquella cuya generación sea consecuencia directa de los procedimientos periciales que la Autoridad competente ha decretado realizar. Lo anterior en aplicación del artículo 23° de la Ley 20.065, sobre modernización, orgánica y planta del personal del S.M.L., en concordancia con el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 21° de la Ley de Transparencia, razón por la cual dicha repartición pública se encontraría en la imposibilidad de entregar la causa de muerte y la identidad de las personas periciadas, por ser ambas informaciones generadas por consecuencia directa y necesaria de la práctica del peritaje médico legal de autopsia, el cual tiene por objeto esencial, precisamente, la identificación del cadáver y la determinación de su causa de muerte. c) A continuación, la reclamada estima pertinente analizar la normativa legal aludida, a fin de exponer los fundamentos jurídicos tras la no entrega de la información de un peritaje médico legal, como sucede en la especie. Así, citando el texto del artículo 23 de la Ley 20.065, señala que, a fin de llegar a una correcta interpretación de este precepto, sería necesario desentrañar su verdadero sentido y alcance recurriendo a la intención del legislador, consignada en la denominada historia fidedigna del establecimiento de la ley, para lo cual destaca en su informe las discusiones que estima relevantes respecto al alcance del deber de reserva, además de acompañar el texto del Mensaje, discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, de la ley en análisis. d) En el mismo sentido, el Servicio reclamado opina “que el legislador ha expresado su voluntad en orden a que el Servicio Médico Legal, a fin de dar cabal cumplimiento a su objeto primordial y mantener la integridad del peritaje médico legal, no haga públicos los resultados de las pericias forenses que realiza, llegando incluso al punto de establecer sanciones en el orden penal contra quién materialice una contravención a dicha voluntad”. En conclusión, en la normativa aplicable a dicho Servicio se establecería, en su criterio, una reserva o secreto relativo del peritaje médico legal consistente en la prohibición expresa, dirigida directamente al Servicio Médico Legal, en orden a no permitirle que revele o entregue antecedentes o resultados de las pericias forenses que realiza, sino al Órgano Jurisdiccional o de Investigación Penal competente. e) Asimismo, hace presente que la Ley 20.065, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se aprobó con Quórum especial de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio (Quórum calificado). f) Por otra parte, en respuesta al argumento de la reclamante en cuanto a que no existiría problema en entregar información respecto a la causa de muerte e identidad de los fallecidos, toda vez que en la respuesta ya se habrían entregado datos supuestamente de carácter reservado, en su informe la reclamada analiza, en primer lugar, la procedencia de los datos ya entregados, además de la justificación de aquellos respecto de los cuales alega la reserva. g) En este sentido, respecto de lo primero, señala la reclamada que ninguno de los datos consignados en la respuesta nace directa y esencialmente de la práctica de protocolos médico legales como si lo serían, la causa de muerte y la identificación del fallecido. h) En cuanto a esto último, agrega el Servicio que la autopsia médico legal, peritaje forense que nos convoca en la especie, es aquella ordenada por el Tribunal, Ministerio Público o Fiscal Militar (según sea aplicable la normativa contenida en el Código de Procedimiento Penal, Código Procesal Penal o Código de Justicia Militar, respectivamente) cuando hubiese motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible. Dicho procedimiento es esencialmente obligatorio, pues corresponde a la ejecución de una orden emanada de la autoridad constitucional y legalmente facultada para instruir la persecución penal, y sus fines son eminentemente investigativo forenses, buscando determinar, conjuntamente con la causa precisa y necesaria de la muerte, la identificación del cadáver, la eventual acción de terceros y todo otro aspecto relevante a fin de establecer si el deceso es el resultado de la comisión de un ilícito penal y establecer las eventuales circunstancias específicas de comisión que hubiesen plasmado su signología típica en el cadáver. i) A mayor abundamiento sobre este punto, es el Servicio Médico legal quien establece la identidad del fallecido, la informa al órgano que decretó la pericia médico legal de autopsia, a fin que este ordene la inscripción de la defunción de dicha persona en el Servicio de Registro Civil e Identificación, quién no califica técnicamente la idoneidad de dicha orden. j) Con lo anterior, el Servicio Médico Legal al evacuar su traslado concluye que los datos que no se entregaron a la recurrente en la respuesta respectiva, dicho Servicio Público se encontraría imposibilitado de proporcionarlos según la legislación actualmente vigente, en aplicación del artículo 23 de la Ley 20.065 en concordancia con el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República y el numeral 5°, del artículo 21°, del artículo primero de la Ley 20.285, toda vez que la identificación del occiso, así como la causa precisa y necesaria de su muerte corresponden al producto esencial del peritaje médico legal de autopsia. k) Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad de la información, consagrado en la letra e), del artículo 11°, de la Ley 20.285, igualmente se levantó la información y se elaboró un documento con todos aquellos elementos solicitados que podían entregarse sin vulnerar la voluntad del legislador en cuanto a que dicho Servicio no entregue los resultados de las pericias que practica sino a los órganos jurisdiccionales o de investigación penal competentes. 5) TENGASE PRESENTE DE LA RECLAMANTE: Por medio de carta presentada a este Consejo el 26 de julio de 2010, doña María José Vilches García, complementa su amparo de acceso a la información, en los siguientes términos: a) En cuanto a la naturaleza jurídica del Servicio Médico Legal y estatutos jurídicos aplicables, señala la reclamante que el S.M.L. es un servicio público centralizado que depende del Ministerio de Justicia, constituyendo un órgano de la Administración del Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En esta condición, el S.M.L., además de su Ley Orgánica N° 20.065, se rige íntegramente por el artículo 8° de la Constitución Política de la República y por las disposiciones de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública; b) En cuanto al alcance de la obligación de reserva establecida en la citada Ley N° 20.065, particularmente en su artículo 23, la reclamante plantea que tendría por destinatarios a los funcionarios del S.M.L., pero no al Servicio en cuanto órgano de la Administración del Estado. Agrega que la reserva se refiere a los hechos o antecedentes de que tuviere conocimiento, en razón de su desempeño, el personal del S.M.L.; por ejemplo, se debe cautelar la identidad de una persona que se somete a un peritaje médico-legal. Pero esta obligación de reserva dice relación con un marco temporal acotado y preciso: el desarrollo de una investigación judicial. Por consiguiente, respecto de las investigaciones judiciales concluidas en virtud de un sobreseimiento o de una sentencia judicial, no existirían, en su opinión, razones para mantener la reserva de las pericias practicadas por el S.M.L. en dichas causas. c) Finalmente, en relación con la causal de reserva de la Ley de Transparencia invocada en el presente caso, doña María José Vilches García estima que, además de efectuar una sesgada interpretación del sentido y alcance de la obligación de reserva que recae sobre sus funcionarios, el S.M.L. invocaría erróneamente la causal de reserva que le permitiría eximirse de la entrega completa de la información requerida. Lo concreto es que no se ha dictado ninguna ley de quórum calificado que haya declarado reservados o secretos documentos, datos o informaciones específicas del S.M.L., de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución: afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. La única causal de reserva aplicable al caso es la señalada en el literal a), del N° 1, del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Específicamente, el S.M.L. podría haber argumentado que la publicidad de la información sobre las autopsias practicadas entre el 1 y el 31 de agosto de 1973 va "en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas o judiciales". Pero, al no acreditar el Servicio que existan investigaciones judiciales en tramitación asociadas a las pericias solicitadas, no resultaría aplicable la causal de reserva en comentario, por lo que no existen razones legales para negar la publicidad íntegra de la información requerida. 6) TÉNGASE PRESENTE DEL ÓRGANO RECLAMADO: Que mediante ordinario N° 1210, de 31 de agosto de 2010, el Director Nacional del Servicio Médico Legal, solicita a este Consejo tener presente, al momento de resolver el presente amparo, lo siguiente: a) Que, es absolutamente indispensable para la integridad del peritaje médico legal que quién lo practica guarde la absoluta reserva de sus resultados, pues constituyen un insumo esencial para la determinación de las consecuencias jurídicas derivadas de los hechos puestos en la esfera de conocimiento de la autoridad judicial o de investigación llamada a resolver o perseguir la responsabilidad, según el caso, constituyendo funciones privativas de quien tiene la potestad constitucional y legal de ordenar una pericia, el pronunciarse sobre ella. b) Que, según el Servicio, es en este orden de ideas que el legislador decidió cambiar el término "sigilo", contenido en el proyecto original, por el concepto de "reserva" que guarda una mayor concordancia sistemática con el ordenamiento jurídico vigente, dejando claramente expresado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que el buen funcionamiento del Servicio requiere que los resultados de las pericias se mantengan en el ámbito de quienes practican la pericia y quienes la encargaron. c) A entender de la reclamada, el dar a conocer el resultado de las pericias médico legales a terceros e incluso al mismo periciado, supondría atribuir al Servicio Médico Legal la idoneidad técnica, o la facultad legal, de dirigir los destinos de investigaciones que se construyen sobre la base de pericias que se pronuncian sobre infracciones a la Ley de Drogas, Ley Antiterrorista, Ley de Tránsito y otras causas criminales y civiles que constituyen el quehacer diario de dicho Servicio. Tal situación, que pone en riesgo la integridad del flujo de información entre el órgano que se aboca a la fase procesal de conocimiento y el órgano que genera la información, fue prevista y prevenida por el Legislador al decretar la reserva de información que afecta sólo a este Órgano y cuya transgresión supone la comisión de un ilícito penal tipificado como un delito funcionario especial de violación de secretos. d) En orden a lo expresado, se concluye que la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal, atendidas las especiales características de este Servicio Público, y su inserción en el sistema de administración de justicia, establecería, en su artículo 23°, la obligación de guardar reserva respecto al contenido de los peritajes que practica en orden a ser esto imprescindible para el buen desempeño y el cumplimiento de los fines propios y específicos del Servicio, siendo, asimismo, indispensable para el funcionamiento del sistema de administración de justicia en su conjunto que, sean sólo los órganos jurisdiccionales y de investigación quienes determinan el destino de la información que ordenan recabar. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, lo solicitado en este caso por la peticionaria corresponde a los datos sobre el nombre del occiso y la causa de muerte que se encuentran en informes de autopsias realizadas por el S.M.L., entre el 1° y el 31 de agosto de 1973, ambos días inclusive. Dicho Servicio deniega el acceso a esta información por estimar que en la especie concurre una causal de reserva o secreto, establecida en el artículo 23 de la Ley N° 20.065, de 2005, de modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal, vinculado al numeral 5° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, y al artículo 8° de la Constitución Política. 2) Que respecto de la causal de reserva invocada, este Consejo ha dispuesto (en decisiones amparos Rol A45-09 y A266-09, por ejemplo) que se entiende que ésta concurre cuando: a) Se trate de documentos, datos o informaciones, que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos; y b) Dicha causal de reserva se encuentra vinculada con una de las causales del art. 8° de la Constitución que exceptúan la publicidad de la información. 3) Que, en relación con el primero de dichos puntos, cabrá determinar si el artículo 23 de la Ley N° 20.065, invocado por el S.M.L. –sin perjuicio del análisis que posteriormente se hará respecto de su mérito para configurar la causal de reserva alegada– ostenta el rango de quórum calificado que exigen tanto el artículo 8° de la Constitución como el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, resulta pertinente destacar que las leyes de quórum calificado son aquéllas que se refieren a materias que el constituyente ha estimado de tal trascendencia que exigen para su aprobación, modificación y derogación, de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. 4) Que respecto al deber de reserva contenido en el artículo 23 de la Ley N° 20.065 de modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal puede estimarse que, dado que el constituyente señaló que el secreto o reserva sólo se puede establecer por L.Q.C., basta que exista una ley aprobada por dicho quórum y que establezca el secreto o reserva en base a algunas de las causales constitucionales, lo que en apariencia ocurriría, sin perjuicio del análisis de mérito de si concurren o no dichas causales constitucionales. De este modo, el artículo 23 de la Ley N° 20.065 tendría rango de quórum calificado, por lo que corresponde realizar el análisis señalado precedentemente. 5) Que este Consejo ha estimado (por ejemplo al resolver los amparos Rol A147-09 o C512-09), que la causal del art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, no sólo exige que una ley de quórum calificado establezca la reserva o secreto de documentos, datos o información, sino además, y en forma copulativa, requiere que la declaración que haga dicha ley, sea de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución, a saber: afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 6) Que, respecto al deber de reserva establecido en la disposición legal aludida, esto es, el artículo 23 de la Ley N° 20.065, cabe extender lo señalado por este Consejo en su decisión A11-09, de 4 de septiembre de 2009, respecto del deber de guardar reserva de los funcionarios de la Administración del Estado, en conformidad con el artículo 61, letra h), del Estatuto Administrativo, señalando, en lo pertinente, que “no puede sostenerse que dicho artículo 61, letra h) constituya en sí un caso de reserva. Simplemente se trata de la explicitación de un deber funcionario cuyo contenido —los casos de secreto o reserva— están establecidos en leyes de quórum calificado ajustándose a las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política. Por lo mismo su invocación será rechazada”. Asimismo, analizando el inc. 3° del art. 50 de la Ley Nº 20.255 que, a propósito de la Superintendencia de Pensiones establece, en términos muy semejantes a los aquí invocados, que “El Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores”, este Consejo estimó en el considerando 8° de su decisión en el amparo A147-09, de 16 de marzo de 2010, que dicho precepto “no se condice con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el art. 8° de la Constitución”, desechándose su invocación. 7) Que, no obstante lo anterior, puede estimarse de los argumentos planteados en esta sede, que el S.M.L. de manera indirecta ha invocado también la causal de reserva o secreto contemplada en la letra a) del numeral 1 del artículo 21, esto es, cuando la publicidad de la información afecte el debido cumplimiento de la función del órgano requerido por ir en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito. 8) Que en este sentido el artículo 2° de la Ley N° 20.065 establece que el objeto del S.M.L. es el de asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación, en lo relativo a la medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito, correspondiéndole, especialmente, entre otras, la función de realizar peritajes médico-legales, en materias tanatológicas, evacuando los informes periciales del caso (artículo 3° letra a). 9) Que, cabe tener presente, que la autopsia médico legal es aquella ordenada por el tribunal competente o el Ministerio Público –dependiendo de la normativa aplicable al caso en particular, esto es, la contenida en el Código de Procedimiento Penal o en el Código Procesal Penal, respectivamente- cuando hubiese motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible. Dicho procedimiento es esencialmente obligatorio, pues corresponde a la ejecución de una orden emanada de la autoridad constitucional y legalmente facultada para instruir la persecución penal, y sus fines son eminentemente investigativo forenses, buscando determinar, conjuntamente con la causa precisa y necesaria de la muerte, la identificación del cadáver, la data de la muerte, la eventual acción de terceros y todo otro aspecto relevante a fin de establecer si el deceso es el resultado de la comisión de un ilícito penal y establecer las eventuales circunstancias específicas de comisión que hubiesen plasmado su signología típica en el cadáver. 10) Que así, en lo pertinente al presente amparo y en especial consideración al periodo respecto del cual se solicita la información, el origen de la autopsia médico legal se encuentra regulada en los artículos 121 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De ello se desprende que la procedencia de la autopsia médico legal está dada por la orden emanada de un órgano competente abocado a la investigación penal, fundada en la sospecha de ser la muerte el resultado de un hecho punible. Así, puede entenderse que este tipo de autopsias son antecedentes que forman parte de una investigación penal en curso o afinada. 11) Que, resulta relevante a lo decisivo de este amparo la circunstancia de que la información solicitada se refiere a hechos ocurridos hace más de 35 años –mes de agosto de 1973-, respecto de los cuales no se ha acreditado por parte del Servicio Médico Legal la existencia de procesos penales pendientes, los cuales se puedan ver afectados con la publicidad de la información solicitada y, menos aún, la manera en que esta afectación se produciría. 12) Que, reiteradamente este Consejo ha estimado que las causales de reserva o secreto constituyen la excepción a la regla general establecida primero en el artículo 8°, inciso segundo de la Constitución Política, y reafirmado en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, y como tal es resorte de quien alega la reserva acreditar su procedencia en los hechos. 13) Que con todo lo anterior, en opinión de este Consejo, no se vislumbra de qué modo la publicidad de la información relacionada con el nombre del occiso y su causa de muerte, en el caso particular que venimos tratando, pueda afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, razón por la cual se acogerá en definitiva el presente amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por doña María José Vilches García en contra del Servicio Médico Legal, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta decisión. II. Requerir al Director Nacional del Servicio Médico Legal que entregue a la solicitante la información pedida dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión con copia a este Consejo, sea a la dirección Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, con el fin de verificar el cumplimiento de esta decisión. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña María José Vilches García y al Director Nacional del Servicio Médico Legal. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.