Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1498-14

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Reclamante:	INMOBILIARIA ASTRA SA NA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al permiso de urbanización N° 115, de 22 de julio de 2011 (OFPA 821/11), y de todos los permisos anteriores y posteriores relacionados con los trabajos que se aprueban y los documentos que acompañaron la presentación, plano de tratamiento exterior Minuta 76, del 05/10/2010, plano aprobado por el Departamento de Construcciones y Aguas según Memo Depco N° 994, de fecha 22/09/2010 y N° 1053 de fecha 06/10/2010, por alumbrado público y soterramiento de redes. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado sólo ha acreditado la existencia de un litigio pendiente, pero no ha probado la concurrencia de los demás requisitos de la causal de secreto invocada, debiendo desestimarse.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/27/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C39-09 C68-09 C293-09 C380-09 C380-10
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Descriptores analíticos:	Otros; Aseo y Ornato

DECISIÓN AMPARO ROL C1498-14 Entidad pública: Municipalidad de Las Condes Requirente: Inmobiliaria Astra S.A. Ingreso Consejo: 21.07.2014 En sesión ordinaria N° 586 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de enero de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1498-14. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de junio de 2014, Inmobiliaria Astra S.A., representada por don Julio Rasilla Álvarez, solicitó a la Municipalidad de Las Condes "acceso a la información relacionada con el permiso de urbanización N° 115, de 22 de julio de 2011 (OFPA 821/11), y de todos los permisos anteriores y posteriores relacionados con los trabajos que se aprueban y los documentos que acompañaron la presentación, plano de tratamiento exterior Minuta 76, del 05/10/2010, plano aprobado por el Departamento de Construcciones y Aguas según Memo Depco N° 994, de fecha 22/09/2010 y N° 1053 de fecha 06/10/2010, por alumbrado público y soterramiento de redes." 2) RESPUESTA: El 18 de julio de 2014, la Municipalidad de Las Condes respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio DOM N° 1168, de fecha 27 de junio de 2014 señalando, en síntesis, que deniega la información solicitada por la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia. Ello, en atención a que existe una demanda de indemnización de perjuicios radicada ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Valencia con Inmobiliaria Astra S.A y Municipalidad de las Condes", Rol N° 6177-14, en la que se encuentra emplazada tanto al empresa solicitante como la Municipalidad de Las Condes, en calidad de codemandados solidarios. 3) AMPARO: El 21 de julio de 2014, Inmobiliaria Astra S.A., representada por don Julio Rasilla Álvarez, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, mediante Oficio N° 4.149 de 1° de agosto de 2014, quien presentó sus descargos y observaciones a través de Oficio N° 3/272 de 19 de agosto de 2014, señalando, en síntesis que: a) La causal de secreto o reserva invocada se relaciona con una demanda de indemnización de perjuicios, interpuesta en contra de la empresa Inmobiliaria Astra S.A. y la Municipalidad de Las Condes, la cual se encuentra radicada ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Valencia y otra con Inmobiliaria Astra S.A. y Municipalidad de Las Condes", Rol C-6177-2014 (actualmente en etapa de discusión del juicio). b) Dicha demanda se funda en que la empresa Inmobiliaria Astra S.A., por intermedio de sus contratistas o subcontratistas, realizó trabajados de instalación de ductos, tubos y cámaras, en el inmueble ubicado en calle Gerónimo de Alderete N° 903, esquina Hermanos Cabot, de propiedad de los demandantes, sin el consentimiento de éstos. c) En relación con la responsabilidad de la Municipalidad de Las Condes, los demandantes argumentan que hubo de parte del municipio falta de servicio en la dictación de los permisos que aprobaron los trabajos antes señalados. Por último, los demandantes exigen por concepto de indemnización de perjuicios, el pago solidario de la suma de $ 250.000.000.-, más reajustes, intereses y costas. d) Si bien la empresa Inmobiliaria Astra S.A. y la Municipalidad de Las Condes son demandados solidarios, sus posiciones en el litigio no son coincidentes, por lo que corresponde, en consecuencia, que dichas alegaciones y/o defensas sean acreditadas en el proceso, en el término probatorio respectivo, conforme a las normas procesales contenidas en Código de Procedimiento Civil, ya que los documentos solicitados por la empresa Inmobiliaria Astra S.A al Municipio, guardan relación directa con la demanda y la controversia generada como resultado de ésta, afectando su publicidad, comunicación o conocimiento, el ejercicio adecuado del derecho a defensa de la Municipalidad de Las Condes, en el que se encuentra pendiente el trámite de la contestación de la demanda. e) Lo expuesto, evidentemente, es sin perjuicio de que el reclamante y demandado a la vez, pueda solicitar dichos documentos por intermedio del tribunal, sujetándose a las normas procesales que la ley contempla; caso en el cual, incluso, el Municipio puede oponerse, con fundamento plausible. f) En consecuencia, los antecedentes solicitados por el reclamante, forman parte de la estrategia jurídica del municipio, tendiente a desvirtuar no sólo la pretensión indemnizatoria de la parte demandante, sino que además las excepciones y/o defensas opuestas por la empresa Inmobiliaria Astra S.A., que tienen por finalidad responsabilizar a la Municipalidad de Las Condes, de los hechos contenidos en la demanda. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que lo solicitado en la especie son antecedentes fundantes de permisos de urbanización singularizados en el requerimiento. En cuanto a la naturaleza de dicha información, cabe tener presente que el legislador ha dispuesto un procedimiento de publicidad de las gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Así el inciso primero del artículo 116 del D.F.L. N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante LGUC), ordena que "la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General". Agrega en su inciso 9° y final que "la Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos". 2) Que, por su parte, el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) refuerza la norma indicada en el considerando anterior, señalando expresamente que las "Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona", en conformidad al principio de probidad y a la "Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado". Continúa precisando que los referidos documentos "serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas". 3) Que las citadas disposiciones legales y reglamentarias son concordantes con la Ley de Transparencia, particularmente lo prescrito en sus artículos 5° y 10, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones previstas en leyes de quórum calificado. Del mismo modo, declara pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones ahí señaladas. 4) Que de acuerdo a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia -alegada por el órgano en este caso respecto de la información materia del presente amparo- se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si se tratare de "antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". En el mismo sentido el artículo 7° N° 1 letra a) de su Reglamento califica como secretos los antecedentes "...destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". 5) Que, en relación a la causal de reserva en análisis, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que dicha causal debe interpretarse de manera estricta, y que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Así, por ejemplo, se ha resuelto que: a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (criterio sostenido invariablemente por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C380-10). b) Los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio: i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (por ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la/s etapa/s probatorias, pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo (así se reconoce en decisión de amparo roles A68-09 y A293-09). ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a). Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo Rol A380-09). 6) Que al respecto, cabe señalar que la Municipalidad de Las Condes sólo ha acreditado en esta sede la existencia de un litigio pendiente en el cual tiene la calidad de demandada, pero no ha probado la concurrencia de los demás requisitos que permiten configurar la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, literal a) de la Ley de Transparencia. En este sentido, es dable señalar que conforme ha resuelto anteriormente este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C39-09, siendo la reserva de derecho estricto, cuando se invoca una circunstancia que exima de la obligación de entregar la información pedida corresponde al órgano respectivo, o en su caso, al tercero, acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva invocada, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual se desestimará la causal de reserva alegada. En el presente caso, el ente comunal se limitó a alegar la existencia de un juicio pendiente, circunstancia que no altera el carácter público de la información solicitada. Además, es menester agregar que la eventual afectación del patrimonio edilicio proviene del resultado de la demanda indemnizatoria que ha iniciado y no de la publicidad de la información de que se trata. 7) Que, así las cosas, a juicio de este Consejo, no resulta posible estimar que la sola invocación de la existencia de un litigio aún en etapa de notificación de la demanda, tenga el mérito suficiente para alterar la naturaleza pública de la información solicitada -acorde con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia-, la que, además, ha sido elaborada en una fecha ostensiblemente anterior al inicio de la controversia en que la reclamada funda la causal de reserva alegada. En consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la entidad edilicia reclamada que haga entrega de la información solicitada. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por Inmobiliaria Astra S.A., en contra de la Municipalidad de Las Condes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes: a) Hacer entrega al reclamante de la información señalada en el numeral 1° de lo expositivo del presente acuerdo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Inmobiliaria Astra S.A. y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.