<p>
<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1585-14</strong></p>
<p>
Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
<p>
Requirente: Matías Rojas Medina</p>
<p>
Ingreso Consejo: 29.07.2014</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 559 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de octubre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1585-14.</p>
<h3>
VISTO:</h3>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<h3>
TENIENDO PRESENTE:</h3>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de julio de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó Carabineros de Chile "copia íntegra de la hoja de vida del funcionario Sr. Jorge Iván Caamaño Muñoz".</p>
<p>
2) RESPUESTA: Mediante documento RSIP N° 25882, de 28 de julio de 2014, Carabineros de Chile dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:</p>
<p>
a) Se acompaña hoja de vida del Mayor (R) Sr. Jorge Iván Caamaño Muñoz.</p>
<p>
b) Se hace presente que de la misma fueron tarjados aquellos datos que, de conformidad al artículo 2, letras g) y h), en relación a los artículos 4° y 7° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, son calificados de personales o sensibles.</p>
<p>
3) AMPARO: El 29 de julio de 2014 don Matías Rojas Medina dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que se tarjó información de manera improcedente. Precisa que han sido tachados párrafos completos de la hoja de vida solicitada.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 4.322, de 7 de agosto de 2014, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile. Mediante Oficio N° 197, de 27 de agosto de 2014, Carabineros de Chile evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos:</p>
<p>
a) De la hoja de vida remitida, fueron tarjados datos como la identidad de los padres (pág. 1), las sanciones (páginas 2, 5, 7); nombre de la cónyuge (pág. 9, 12 y 22); nombre de el o los hijos (pág. 9, 12, 18); felicitaciones (página 10 dos veces, 13, 16, 19); y licencias médicas (pág. 10, 15).</p>
<p>
b) La Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal, precisa en el artículo 2°, letra f), que son datos personales "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". En cambio, son datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o síquicos y la vida sexual -artículo 2, letra g)-.</p>
<p>
c) Es así que considerándose que la identidad de los padres respecto de quien se pide su hoja de vida, nombre de la cónyuge, nombre de el o los hijos y licencias médicas, como datos privados y sensibles, el tratamiento de aquellos, que incluye su transferencia o transmisión, solo puede efectuarse cuando el texto legal en análisis u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular expresamente consienta en ello, a menos que provengan o se recolecten de fuentes accesibles al público (artículo 4°).</p>
<p>
d) Asimismo, el artículo 7° prescribe, en lo que interesa, que quienes "trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismo públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos [ ... j".</p>
<p>
e) El artículo 21 dispone que los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a, en lo que interesa, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción administrativa, o cumplida o prescrita la sanción, con las excepciones que el inciso 3° estipula, ninguna de las cuales concurre para el caso en análisis. Es así que los datos relativos a sanciones y felicitaciones, cumplidas que están, no es posible comunicarlas.</p>
<p>
f) Corresponde analizar si el secreto del artículo 7° de la ley N° 19.628, es de aquellos contemplados por el orden jurídico en materias de transparencia en el artículo 21 de la ley N° 20.285, que como se dijo, bajo el N° 5, hace esa calificación cuando se trata de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política. El criterio expuesto, de protección de datos personales, ha sido recogido por el Consejo para la Transparencia en Decisión de Amparo C43-10, particularmente en su considerando 24.</p>
<p>
g) De este modo, concurriendo la situación descrita, y en virtud de mandato legal del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 4° y 7° de la ley N° 19.628, no es posible entregar la información requerida.</p>
<h3>
Y CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, la hoja de vida, junto con la observación personal, cualidades profesionales, morales, intelectuales y capacidad física, sirve de fundamento preferente de la evaluación del desempeño profesional de los funcionarios, sin perjuicio de lo cual no existe ninguna norma, legal o reglamentaria, que establezca la información o antecedentes que debe contener la hoja de vida del personal de Carabineros. Sobre el particular, se hace necesario considerar que la hoja de vida, en términos generales, contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación.</p>
<p>
2) Que, de diversos Reglamentos de Carabineros, se desprende que en la hoja de vida de cada funcionario se debe dejar constancia de las sanciones aplicadas, de las medidas que se hayan tomado con motivo de los sumarios que se les haya instruido, irresponsabilidad en los hechos que se les inculpaba (Reglamento de Sumarios Administrativos de Chile N° 15), que deben ser consideradas en el proceso de calificación y ascenso del personal (Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8), y que constituye el elemento fundamental para determinar la conducta de los funcionarios, ya que, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, se define conducta como "... la calificación del comportamiento funcionario y privado del personal y se determinará de acuerdo con la correspondiente Hoja de Vida".</p>
<p>
3) Que, por otro lado, el artículo 52 del Reglamento de Documentación N° 22, regula las constancias en los Libros de Vida del Personal de Nombramiento Supremo y de Vida del Personal de Nombramiento Institucional, estableciendo que en ellos deberán dejarse, cuando corresponda, las siguientes anotaciones: procedencia, traslado y licenciamiento -con indicación precisa de las causas que lo hayan motivado-, examen o cursos -indicándose la nota obtenida-, ascensos, sanciones, licencias, feriados o permisos, partes de enfermo, reconocimiento de beneficios económicos, matrimonios, aumento o disminución de cargas familiares, nombramiento y renuncia de profesores, títulos o especialidades otorgados, distinciones o felicitaciones y medallas o condecoraciones otorgadas. El artículo 53 del mismo Reglamento regula, a su vez, la hoja de vida de los funcionarios a contrata que ingresen a la Institución, señalando que se iniciará con los siguientes datos: nacimiento, estado civil, oficio o empleo (de la vida civil), cumplimiento de la Ley de Reclutamiento, estudios, fecha de ingreso a la institución y seguro de vida.</p>
<p>
4) Que, precisado lo anterior, cabe señalar que este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C47-09, de 15 de julio de 2009; C58-09, de 4 agosto de 2009; y C95-09 y C327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009, entre otras, ha sostenido que la órbita de privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, y ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009), registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009) currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10). Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.</p>
<p>
5) Que la hoja de vida funcionaria del Sr. Caamaño ha sido elaborada con presupuesto público y obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituye información que, en principio, posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva, la cual en la especie no ha sido alegada.</p>
<p>
6) Que, conforme la normativa reglamentaria que regula la materia, las hojas de vida pueden contener datos personales de contexto, relativos al domicilio particular del funcionario, sus condiciones de vida y antecedentes médicos, los que están referidos a datos personales respecto de los cuales el citado funcionario es titular, a la luz de la definición contenida en el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628, los que incluso podrían tener el carácter de datos sensibles, conforme lo señala el literal g) del mismo artículo, y que no dicen relación directa con la función pública que desempeñó, por lo que resulta improcedente su entrega. En efecto, el organismo reclamado tarjó una serie de información de contexto en cumplimiento de dicha normativa.</p>
<p>
7) Que, además, el organismo reclamado procedió a tarjar información relativa a medidas disciplinarias, en cumplimiento del artículo 21, inciso primero, de la Ley N° 19.628, que establece que "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Al respecto, cabe señalar que dicha norma debe ser interpretada de manera restrictiva, de modo tal que su aplicación corresponde únicamente a los supuestos que la norma señala, esto es, condenas por delitos y la aplicación de medidas disciplinarias. No obstante lo anterior, en el caso de sanciones administrativas, existe una evidente contradicción en reservar tal información, toda vez que una vez afinados, los sumarios tiene el carácter de públicos en aplicación del artículo 137 del Estatuto Administrativo. Además, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. En ese sentido, conocer las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos permite el ejercicio del control social respecto de sus actuaciones. Por tales motivos, este Consejo estima que no resultó procedente que el organismo reclamado tarjara las anotaciones y medidas disciplinarias registradas en la hoja de vida del funcionario en comento.</p>
<p>
8) Que, a su vez, Carabineros de Chile procedió a tarjar las felicitaciones registradas respecto del funcionario por el cual consultó el reclamante, información que no corresponde a datos de contexto ni a datos sensibles.</p>
<p>
9) Que, en consecuencia, por los fundamentos esgrimidos precedentemente, se acogerá el amparo de la especie y se requerirá al organismo reclamado que haga entrega de la hoja de vida solicitada sin tarjar las felicitaciones, anotaciones ni medidas disciplinarias en ella anotadas.</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRAS B) Y M) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
<p>
I. Acoger el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile lo siguiente:</p>
<p>
a) Entregue al reclamante la hoja de vida del Sr. Jorge Caamaño Muñoz, sin tarjar las felicitaciones, anotaciones ni medidas disciplinarias en ella registradas.</p>
<p>
b) Cumpla con tal requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión Sr. General Director de Carabineros de Chile y a don Matías Rojas Medina.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Alejandro Ferreiro Yazigi. El Consejero don José Luis Santa María Zañartu no firma por no concurrir al acuerdo.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.</p>
<p>
</p>