Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1645-14

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Reclamante:	VILMA URBINA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en la denegación de la información solicitada referente al Subdepartamento de Fiscalización Operativa de la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso: a) Resolución N° 8559, de 30 de octubre de 2012; b) Oficio Ord. N° 1520, de 21 de noviembre de 2013, del Jefe del Departamento Fiscalización DRAV. c) Oficio N° 910, de 22 de noviembre de 2013, que remite el expediente de observación de la Agente de Aduana, Sra. María Angélica Cabezas, y expediente adjunto a dicho oficio (folio 1 a 129). El Consejo acoge parcialmente el amparo, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, la información individualizada en el literal a) de la parte expositiva, a través de la notificación de la presente resolución. Respecto a los literales b) y c), se rechaza el amparo toda vez que a la época de la presentación de la solicitud de acceso, habría afectado las facultades disciplinarias del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/20/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C383-14
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C1645-14 Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas. Requirente: Vilma Urbina. Ingreso Consejo: 04.08.2014. En sesión ordinaria N° 629 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de julio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C1645-14. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de junio de 2014, doña Vilma Urbina, solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, en adelante, el Servicio, la siguiente información del Subdepartamento de Fiscalización Operativa de la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso: a) Resolución N° 8559, de 30 de octubre de 2012. b) Oficio Ord. N° 1520, de 21 de noviembre de 2013, del Jefe del Departamento Fiscalización DRAV. c) Oficio N° 910, de 22 de noviembre de 2013, que remite el expediente de observación de la Agente de Aduana, Sra. María Angélica Cabezas, y expediente adjunto a dicho oficio (folio 1 a 129). 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 3989, de 14 de julio de 2014, del Director Nacional de Aduanas, el Servicio denegó el acceso a la información solicitada en virtud de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, argumentando que los antecedentes solicitados son previos a la adopción de la resolución que, en definitiva, deberá adoptar el Director Nacional de Aduanas en el expediente de observación a la Agente de Aduanas, Sra. María Angélica Cabezas. 3) AMPARO: El 4 de agosto de 2014, doña Vilma Urbina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio, fundado en que el señalado órgano de la Administración del Estado denegó el acceso a la información solicitada. La reclamante fundamenta su amparo en los siguientes términos: a) La resolución que niega la publicidad del acto carece de fundamento. b) No concurren los supuestos de la causal de secreto invocados por el Servicio, ya que lo solicitado consiste en actos ya adoptados o emitidos por el órgano, lo que se manifiesta en la forma que reviste dicha información, es decir, se trata de oficios y resoluciones, que por tal calidad serían manifestaciones finales de la voluntad de la administración. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 4579, de 14 de agosto de 2014, confirió traslado al Sr. Director Nacional de Aduanas, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera a las causales de secreto o reserva legal que harían procedente la denegación de la información solicitada; y (2°) explicara en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; las implicancias de dicha medida, explicitando las características particulares de lo solicitado que justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación. Mediante documento ingresado al Consejo el 3 de septiembre de 2014, don Javier Uribe Martínez, invocando la representación del Servicio, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) La información solicitada corresponde a antecedentes previos a la adopción de la resolución que deberá adoptar el Director Nacional de Aduanas, sobre la eventual aplicación de una medida disciplinaria, respecto de la Despachadora objeto del procedimiento. b) A continuación, se refiere a los hechos que originaron el procedimiento cuya entrega se solicita y los distintos hitos del mismo, informando que el 22 de noviembre de 2013 se remitió al Director Nacional de Aduanas el expediente para su análisis y resolución final, la que aún se encontraba pendiente y no se adoptaba al 14 de julio de 2014, fecha en la que se negó la entrega de la información solicitada. c) Explica que todo Despachador, atendida su calidad de auxiliar de la función pública aduanera y ministro de fe en los actos en que interviene, se encuentra sujeto a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, quien en virtud de tal facultad legal, contemplada en el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas, puede sancionar los incumplimientos de las obligaciones inherentes a su cargo, sujetándose para ello al procedimiento regulado en la Resolución N° 8559/2012, del Servicio Nacional de Aduanas, el que consta de múltiples etapas: investigación o fiscalización, discusión, prueba, decisión, impugnación judicial y cumplimiento. Agrega, que el referido procedimiento concluirá administrativamente con la decisión firme que adopte el Director Nacional de Aduanas. d) Concluye, que conforme lo señalado, resulta evidente que la resolución del Director del Servicio será consecuencia necesaria de los antecedentes previos generados durante la tramitación del procedimiento disciplinario, como lo son precisamente los oficios N° 910 y 1.520. e) Indica que el Oficio N° 1.520, consiste en el antecedente al que se refiere el artículo 9 de la Resolución 8559/2012, ya citada. Dicho documento contiene el informe realizado por el Jefe de Fiscalización de Aduana de Valparaíso, dirigido a la Directora Regional de Aduana de Valparaíso, el que contiene la relación de los hechos, los descargos de la agente, las consideraciones específicas que efectúa el remisor, el mérito específico que éste le otorga y las conclusiones que hacen procedente la mantención o no de las observaciones. Asimismo, se adjunta a dicho oficio todo el expediente disciplinario a objeto de ser analizado, en su oportunidad, por el Director Nacional. f) Por su parte, el Oficio N° 910, de 22 de noviembre de 2013, consiste en el documento a que se refieren los artículos 10 y 11 de la Resolución 8559/2012 ya citada, por el que la Directora Regional de Aduanas de Valparaíso remite al Subdirector de Fiscalización del Servicio, el Expediente de Observación de la Agente de Aduana. Dicho oficio señala las consideraciones que formula la Directora Regional respecto de la mantención o no de las observaciones formuladas, es decir, dicho antecedente contiene precisamente la opinión previa de una autoridad administrativa, a ser considerada por el destinatario quien, a su vez, también deberá informar previo a su remisión al Director Nacional para su revisión. g) Agrega, que la resolución que se dicte en el procedimiento debe contener los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen su determinación, lo que obliga al Director Nacional a sujetarse a todos los antecedentes incorporados en el proceso y que componen el expediente administrativo. h) Concluye que, en virtud de lo expresado, queda de manifiesto la calidad de antecedente previo de la información solicitada por la Sra. Urbina, ya que existe una clara relación de causalidad entre los antecedentes solicitados y la decisión que se adoptará, siendo aquéllos límite y fundamento inmediato de dicha decisión. i) Respecto de la afectación del debido cumplimiento de la función del servicio que conllevaría la publicidad de la información solicitada, indica que el procedimiento disciplinario de que se trata se origina en una fiscalización, investigación o denuncia fundado en un incumplimiento de los deberes de los despachadores. Dicho procedimiento está destinado a determinar la responsabilidad administrativa de los despachadores o, incluso, la existencia de responsabilidades civiles o penales. j) Añade que el expediente se compone de diversos antecedentes que contienen opiniones, juicios de valor o consideraciones particulares, emitidas por personas y en momentos distintos de aquel en que se adoptará la decisión final. Por tanto, la reserva aplicada tiene por objeto asegurar el éxito del procedimiento fiscalizador y disciplinario, como asimismo, la posición del Servicio ante determinadas infracciones, resguardando las opiniones no concluyentes ni definitivas emitidas durante el proceso, evitando inducir erradas concepciones acerca de la posición del Servicio en los hechos investigados e impidiendo conocer la estrategia de la fiscalización aplicada, cuyo acceso público podría mermar la efectividad y asertividad de la medida que se pretenda adoptar por el Director Nacional. k) Con respecto a la argumentación de la reclamante para fundamentar su amparo, afirma que de la lectura de las normas de transparencia se desprende que cualquier documento, independiente de su formalidad, puede ser considerado como antecedente previo y, por tanto, la aplicación de una causal de reserva puede comprender resoluciones u oficios, como en la especie, debiendo ser desestimadas las alegaciones de la solicitante a este respecto. l) Por su parte, informa que la Resolución 8559, de 2012, se encuentra publicada en el sitio web del Servicio, en el siguiente link: http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20121108/pags/20121108153846.html. m) Finalmente, hace presente la jurisprudencia de este Consejo contenida en las resoluciones de los amparos Roles C383-14, A 79-09 y 248-10. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de información relativa a un procedimiento disciplinario en curso respecto de un Agente de Aduanas. 2) Que, en relación a la solicitud referida a la Resolución N° 8559, de 30 de octubre de 2012, contenida en el literal a) del N° 1 de lo expositivo, si bien el Servicio denegó su entrega a la reclamante, posteriormente en sus descargos ante este Consejo, informa que dicha resolución se encuentra permanentemente a disposición del público en el sitio web institucional. Dicha resolución en cuestión regula el procedimiento para aplicar la jurisdicción disciplinaria del Servicio Nacional de Aduanas respecto de los Agentes de Aduanas, no existiendo duda respecto a su carácter público. 3) Que, conforme lo indicado, se advierte que no correspondía la denegación de esta parte de la solicitud, por cuanto no concurre a su respecto la causal de reserva invocada. En efecto, la información solicitada se encontraba permanentemente a disposición del público en formatos electrónicos en el portal web del Servicio, correspondiendo en tal caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, que se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que podía acceder a la información solicitada. En consecuencia se acogerá en esta parte el amparo interpuesto, dándose por entregada la información requerida a través de la notificación de la presente resolución a la reclamante. 4) Que, corresponde ahora analizar la solicitud relativa a los oficios y expediente ya individualizados en la parte expositiva correspondientes a los literales b) y c) del N° 1 de lo expositivo de la presente decisión. Al respecto, resulta necesario referirse a la regulación del procedimiento disciplinario a que se refiere la información objeto del presente amparo. 5) Que, tal como ha expresado latamente la reclamada en sus descargos, los antecedentes solicitados son constitutivos de un procedimiento sancionatorio pendiente, el cual ha sido instruido en ejercicio de las facultades disciplinarias que el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas otorga al Director Nacional de Aduanas, respecto del incumplimiento de los deberes de los Agentes de Aduanas. Dicho procedimiento se encuentra regulado en la Resolución N° 8559, de 30 de octubre de 2012. 6) Que, el Oficio N° 1520, de 21 de noviembre de 2013, solicitado por la reclamante corresponde al informe a que se refiere el artículo 9 de la resolución citada: "Vencido el término probatorio, el Jefe del Departamento de Fiscalización, en el plazo de 30 días, remitirá un informe, visado por el Departamento Jurídico o el asesor jurídico, según proceda, al Director Regional o Administrador de Aduana respectivo, debiendo contener una exposición breve de los hechos investigados, una síntesis de las alegaciones, pruebas rendidas y las consideraciones de hecho y de derecho que sean necesarias para la resolución del asunto". 7) Por su parte, el Oficio N° 910, de 22 de noviembre de 2013, corresponde a la propuesta de aplicación o no de medidas disciplinarias dirigida al Director Nacional de Aduanas, en los términos del artículo 10 de la resolución ya citada: "Con el informe a que se refiere el artículo anterior, el Director Regional o el Administrador de Aduana que corresponda, en el plazo de 10 días, propondrá al Director Nacional de Aduanas, fundadamente y conforme al mérito del informe a que se refiere el artículo anterior, aplicar o no medidas disciplinarias al interesado, adjuntando todos los antecedentes", los que se refieren al expediente adjunto al Oficio 910 ya individualizado. 8) Que, el Servicio en su respuesta denegó la entrega de la información requerida, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se puede denegar total o parcialmente la información que se solicita cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Al respecto, y conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 9) Que, sobre el particular, cabe tener presente los criterios fijados por este Consejo para los efectos de configurar la causal analizada, esto es la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 10) Que, en relación al primer requisito señalado en el considerando precedente, el Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa, en la especie, los oficios y expediente que solicita la reclamada, y la resolución a adoptar por dicho órgano, a saber, la resolución que debe dictar el Director Nacional, aplicando o no medidas disciplinarias respecto de la Agente de Aduanas objeto del procedimiento, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Resolución 8559 antes citada. 11) Que, respecto del segundo requisito para configurar la causal de reserva invocada -referido a la afectación concreta del debido cumplimiento de las funciones- el Servicio ha señalado que "la reserva aplicada tiene por objeto asegurar el éxito del procedimiento fiscalizador y disciplinario, como asimismo, la posición del Servicio ante determinadas infracciones, resguardando las opiniones no concluyentes ni definitivas emitidas durante el proceso, evitando inducir erradas concepciones acerca de la posición del Servicio en los hechos investigados e impidiendo conocer la estrategia de la fiscalización aplicada, cuyo acceso público podría mermar la efectividad y asertividad de la medida que se pretenda adoptar por el Director Nacional". Al respecto, este Consejo estima que la divulgación de la información a la época de la respuesta, razonablemente habría afectado las facultades disciplinarias propias del Servicio, respecto de un procedimiento sancionatorio que a la fecha del requerimiento de información se encontraba pendiente de resolución. 12) Que, en mérito de lo expuesto, a juicio de este Consejo, procedía que el Servicio, a la época de presentación de la respectiva solicitud de acceso, denegará la entrega de los antecedentes requeridos, debiendo por tanto, tenerse por acreditada la causal, a dicha época, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte. 13) Que, no obstante lo indicado precedentemente, este Consejo recomendará, en virtud del principio de facilitación, la entrega de la información correspondiente al Oficio Ord. N° 1520, de 21 de noviembre de 2013, del Jefe del Departamento Fiscalización DRAV y al Oficio N° 910, de 22 de noviembre de 2013, que remite el expediente de observación de la Agente de Aduana, Sra. María Angélica Cabezas, y expediente adjunto a dicho oficio (folio 1 a 129), una vez que se encuentre afinado el respectivo procedimiento sancionatorio. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Vilma Urbina, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, la información individualizada en el literal a) de la parte expositiva, a través de la notificación de la presente resolución. II. Recomendar al Sr. Director Nacional de Aduanas, la entrega de la información correspondiente al Oficio Ord. N° 1520, de 21 de noviembre de 2013, del Jefe del Departamento Fiscalización DRAV y al Oficio N° 910, de 22 de noviembre de 2013, que remite el expediente de observación de la Agente de Aduana, Sra. María Angélica Cabezas, y expediente adjunto a dicho oficio (folio 1 a 129), una vez que se encuentre afinado el respectivo procedimiento sancionatorio. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Vilma Urbina y al Sr. Director Nacional de Aduanas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.