Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1779-14

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Reclamante:	JULIO PONCE LEROU
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado diversos motivos ante la solicitud de información referente al procedimiento sancionatorio que se indica. Respecto al literal a), se rechaza el amparo en la pare referente a las investigaciones llevadas a cabo respecto al requirente, toda vez que no sólo se refería a ella sino también a cualquiera otra de las personas que formuladas de cargo en el procedimiento, lo que reviste una potencial afectación suficiente para configurar la causal de reserva que se señala. Por el contrario, respecto a la información referente al requirente, no se advierte afectación como la anterior, acogiéndose el amparo. Respecto a los literales b) a q), debemos distinguir entre la siguiente información: i) sobre los oficios relativos a la solicitud, el órgano reclamado no acreditó de manera precisa cómo la entrega de ella afectaría el debido cumplimiento regular de sus funciones. Acogiéndose el amparo. ii) Respecto a la solicitud referente a que si el órgano "analizó cada uno de los hechos esenciales", se acoge el amparo, toda vez que tampoco se verifica la afectación alegada. iii) Respecto a aquella parte de la solicitud en que se pide al órgano reclamado "informar si consideró ilegal" determinados aspectos vinculados a los hechos esenciales, se acoge el amparo sólo en la medida que conste en soporte documental. Respecto al literal r), se rechaza el amparo toda vez que el órgano reclamado informe fuente y lugar en que el reclamante podía acceder a la solicitud de información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/23/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C41-09 C48-09 C603-09 C38-09 C80-09 C221-13 C377-13 C477-13 C16-10 C539-10 C91-14
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	6742-2015
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros - Procedimiento de acceso a la información >> Certificación de entrega >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas; Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C1779-14 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros Requirente: Julio Ponce Lerou Ingreso Consejo: 19.08.2014 En sesión ordinaria N° 624 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1779-14. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de julio de 2014, don Julio Ponce Lerou, representado por don Raimundo Labarca Baeza y don Alejandro Parodi Tabak, solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros -en adelante indistintamente SVS- información relativa al procedimiento sancionatorio que indica. Entre otros antecedentes, requirió lo siguiente: a) "Se exhiban todos los antecedentes relativos a investigaciones conducidas en el pasado por esa propia Superintendencia, en relación con nuestro representado, con cualquiera otra de las personas formuladas de cargo en este procedimiento, o en relación con cualquiera de las operaciones materia de la formulación de cargos. Deben incluirse especialmente los análisis internos efectuados por la Superintendencia en que consten las razones para no formular cargos, ordenando el archivo de los antecedentes; b) Se exhiban todos los antecedentes remitidos por Norte Grande y sus filiales a la Superintendencia, así como por parte de nuestro representado, a contar del día 10 de enero de 2008 y hasta antes del inicio de la investigación, y todos y cada uno de los informes, análisis y/o documentos producidos o elaborados por la Superintendencia en relación con los mismos. Especialmente, se exhiban los informes y análisis de la Superintendencia en relación con la carta que Ie dirigiera Inversiones SQ, con fecha 20 de noviembre de 2008, así como de los aumentos de capital que se solicitaron registrar en esa Superintendencia por parte de Norte Grande y sus filiales. c) Informe si analizó los hechos esenciales de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, de fechas 9, 15, 18 y 29 de abril de 2008 que se acompañan en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, dónde constan dichos análisis, exhibirlos, e informar si formuló algún cuestionamiento en relación con cualquiera de las informaciones y operaciones que en ellos se consignan. En particular, se solicita a la Superintendencia informar si consideró ilegal y/o manifestó algún reproche por el hecho de que nuestro representado, en el párrafo final de los hechos esenciales de fecha 18 de abril de 2008, haya informado el monto del aumento de capital que propondría en su calidad de "controlador indirecto", así como el uso de los fondos que se recaudaren. d) Informar si analizó los hechos esenciales de Pampa Calichera, relativos a la modificación del bono, de fechas 20 y 27 de noviembre, y 4 de diciembre de 2008 antes referidos, dónde constan dichos análisis, exhibirlos, e informar si, en su oportunidad, consideró ilegal y/o formuló algún cuestionamiento o reproche por el hecho de que Pampa Calichera haya efectuado estos anuncios. e) Informe si analizó eI hecho esencial de Pampa Calichera de fecha 17 de diciembre de 2008; que exhiba los análisis; e indique si requirió a Oro Blanco información relativa al uso que daba a los fondos que percibía como consecuencia del pago de dicho dividendo; y si consideró cuestionable o ilegal que Oro Blanco los utilizara para pagar deudas, en el contexto de la crisis financiera más profunda de las ultimas décadas. f) Informar si analizó el mencionado hecho esencial Hecho esencial de Oro Blanco de fecha 14 de mayo de 2009, relativo a la venta de 126 millones de acciones Calichera-A y al uso que se Ie daría a los fondos que se obtuvieran de dicha operación y dónde constan los análisis (exhibiéndolos) y, adicionalmente, si consideró ilegal o formuló reproches en relación con: (i) la decisión del Directorio de Oro Blanco de vender este paquete de acciones Calichera-A, no obstante tener en cartera acciones de propia emisión; (ii) la decisión de utilizar los fondos para pagar pasivos bancarios de manera de reducir la deuda consolidada del grupo; (iii) la decisión de pagar no Ia integridad de los pasivos bancarios, sino parte "sustancial" de los mismos; (iv) la decisión de vender estos activos para pagar deudas bancarias, no obstante que la intención original de la sociedad era renegociarlas a largo plazo; (v) el precio mínimo fijado para la venta; y (vi) la modalidad bursátil merced a la cual la venta sería implementada. g) Informe si la autoridad analizó el hecho esencial de fecha 8 de junio de 2009 Hecho esencial de Oro Blanco de fecha 8 de junio de 2009, referido a la venta de 18.500 millones de acciones de propia emisión dónde constan dichos análisis -los que pedimos que se exhiban-, y si formuló reproches o consideró ilegal la operación, o contraria al "interés social" de Oro Blanco. h) Informe si analizó los hechos esenciales de Oro Blanco y Norte Grande Hechos esenciales de Oro Blanco y Norte Grande de fecha 5 y 10 de agosto de 2009, referidos a diversas operaciones de financiamiento antes referidos, exhiba dichos análisis, y si consideró que las operaciones de financiamiento allí informadas eran ilegales o contrarias al "interés social" de las compañías. i) Informar si analizó el hecho esencial de Norte Grande de fecha 19 de agosto de 2009, referido a la venta del remanente del aumento de capital aprobado en eI año 2008 indicado en el epígrafe, donde constan dichos análisis, exhibirlos, y si consideró que la venta de estas acciones, la modalidad bursátil y/o el precio mínimo fijado, eran contrarios a la ley o al "interés social" de Norte Grande. j) Informar si analizó el hecho esencial de fecha 6 de octubre de 2009, dónde constan dichos análisis -los que pedimos que se exhiban-, y si cuestionó o consideró que la venta de estas acciones era iIegal o contraria al "interés social", habida consideración, entre otros factores, de su oportunidad, precio o modaIidad bursátil. k) Informe si analizó el hecho esencial de fecha 10 de diciembre de 2009, referido a la contratación de un crédito con Inversiones SQ por US$ 210 millones y la compra de 12.086 miIIones de acciones Oro Blanco, a un precio de $8,56 por acción, dónde constan dichos análisis -los que pedimos que se exhiban-, y si consideró que estas operaciones eran ilegales o contrarias al "interés social" de Norte Grande. l) Informe: (i) las razones por las cuales despachó los Oficios N°s 23.317 y 23.318; (ii) si analizó las respuestas de Oro Blanco y Norte Grande a los mencionados oficios, y donde constan dichos análisis, los que pedimos que se exhiban; y (iii) si consideró que los aumentos de capital eran ilegales o contrarios al "interés social" de las compañías. m) Informe si analizó el hecho esencial de Pampa Calichera de fecha 24 de marzo de 2010, referido al remate del remanente del aumento de capital aprobado en el año 2008 en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, dónde constan dichos análisis, que los exhiba, y si formulo algún reproche o considera ilegal la operación anunciada, tanto por su oportunidad o precio, como por la modalidad bursátil mediante la cual se implementaría. n) Informe si analizó el hecho esencial de Pampa Calichera de fecha 12 de abril de 2010, relativo al reparto del dividendo eventual por la suma de US$370 millones, dónde constan dichos análisis, que los exhiba, y si formuló alguna crítica o consideró ilegal dicho reparto, o contrario al interés social de la compañía. Adicionalmente, se solicita a la Superintendencia informar si requirió de Oro Blanco algún tipo de información en relación con el uso que daría a dichos fondos, y/o si Ie instruyó alguna prohibición para no utilizarlos con el propósito de recuperar su participación en Pampa Calichera. o) Informar si analizo los hechos esenciales de Pampa Calichera de fechas 12 de mayo y 10 de junio de 2010, relativos a la disminución del capital de Pampa Calichera por USD$220 millones, dónde constan los análisis, que los exhiba y si consideró que el reparto de capital infringía la ley o el "interés social" de Pampa Calichera. p) Informar si analizó los hechos esenciales de fechas 3 y 20 de enero de 2011, relativos al aumento de capital por US$320 millones, dónde constan dichos análisis, que los exhiba, si cuestionó o consideró que dicho aumento de capital era contrario al "interés social" de Pampa Calichera, y si consideró ilegal o reprochable que, en paralelo, no se aumentara el capital de Oro Blanco y Norte Grande, como se cuestiona en los cargos q) Informar: (i) cuales fueron los análisis que efectuó en relación con el hecho esencial de fecha 28 de julio de 2011 y que derivaron en el envió del Oficio N° 20.026 de fecha 29 de julio de 2011, y dónde constan, pidiendo además que se exhiban; (ii) qué análisis efectuó la Superintendencia en relación con la respuesta de Pampa Calichera al oficio antes mencionado, y dónde constan, pidiendo además que se exhiban; (iii) si consideró que la división era ilegal o contraria al "interés social" de Pampa Calichera; y (iv) si consideró ilícita la creación de una sociedad que potencialmente pudiera convertirse en su competidor. r) En relación con los aumentos de capital aprobados en las Juntas de Accionistas de fecha 29 de abril de 2008, y los cuestionamientos del Oficio de Cargos en cuanto a por qué no se utilizaron los recursos provenientes de dichos aumentos de capital para financiar las compras de importantes paquetes de acciones realizadas a contar del día 12 de mayo de 2008, se solicita a la Superintendencia informar el tiempo promedio que, al año 2008, demoraba la Superintendencia en aprobar Ia inscripción de nuevas acciones emitidas con motivo de un aumento de capital. 2) RESPUESTA: La Superintendencia de Valores y Seguros respondió a los requerimientos de información mediante Oficios Nos 1.069 de 30 de julio de 2014, y 1071 y 1075 de 31 de julio de 2014. Al efecto indicó, en síntesis, que: a) En cuanto al literal a), aduce que las facultades de fiscalización ejercidas por esa Superintendencia referidas a la materia consultada, dan paso a actos administrativos que se comunican a los fiscalizados en oficios ordinarios y/o resoluciones. En tal sentido, dado lo genérico de la solicitud de dicho literal referida a todos y cada uno de los antecedentes relativos a procesos de fiscalización e investigaciones conducidas por esa Superintendencia, tanto en relación con el reclamante, así como de Norte Grande, sus filiales y cualquiera de los restantes formulados de cargos", estima que se están requiriendo todos los actos administrativos derivados de actuaciones fiscalizadoras que se hayan dictado para Norte Grande y sus filiales, así como para los restantes formulados de cargos; toda vez que el reclamante no acota el periodo para el cual requiere dicha información. Satisfacer el requerimiento implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, toda vez que se debería descargar y copiar uno a uno todos los actos administrativos que se hubieran emitido para Norte Grande y sus filiales, así como para todos los formulados de cargos. b) En tal contexto, señala que conforme con lo dispuesto en los artículos 6 y 15 de la Ley de Transparencia, la información requerida puede ser recabada directamente de los computadores que están disponibles en el Centro de Documentación (CEDOC) de esa Superintendencia, en el horario y lugar que indica, en el cual el solicitante podrá obtener copia del mismo, en papel o en CD, pagando el costo de las fotocopias o de los CD. En los computadores a los que se ha hecho referencia, podrá acceder a toda la información pública que está en poder de esa Superintendencia para las sociedades Norte Grande S.A. y sus filiales así como para los demás formulados de cargos. c) En cuanto a los procesos de investigación, hace presente que en la página web de la SVS, específicamente en la sección Sanciones del ítem Mercado de Valores, el solicitante podrá consultar todas las resoluciones sancionatorias dictadas por esa Superintendencia. Por otra parte, podrá obtener copia de los expedientes administrativos asociados a dichas resoluciones, ya sea en papel o en CD, pagando el costo de las fotocopias o de los CD en el Centro de Documentación (CEDOC) de esa Superintendencia, en la dirección y horario que indica. d) Sin embargo, en lo que atañe a los procesos de investigación que no tuvieron una resolución sancionatoria, cita lo señalado por la Corte Suprema en la sentencia dictada en la causa Rol N° 9363-2012, en orden a que "la difusión de las resoluciones que la quejosa ha dictado en procedimientos de fiscalización relativos al uso de información privilegiada que concluyeron sin establecer responsabilidad de los involucrados, supondría necesariamente una transgresión de dicho mandato constitucional, pues ella podría implicar colocar en entredicho la presunción de inocencia que ampara a esos mismos terceros, desde que ella no puede ser superada por una mera sospecha concretada en una investigación que no arroja antecedentes en su contra". Por consiguiente, concluye que no es posible proporcionar antecedentes de investigaciones que no concluyeron en una resolución sancionatoria, toda vez que la difusión de esa información, antes de dicho pronunciamiento, puede por sí misma afectar los derechos de los denunciados y de eventuales terceros que surjan de elIos, debiéndose rechazar dicha parte de la solicitud por la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. e) En cuanto a lo requerido en los literales b) a q), aduce que las facultades de fiscalización ejercidas por esa Superintendencia, referidas a la materia consultada, se comunican a los fiscalizados a través de actos administrativos que están contenidos en oficios ordinarios y/o resoluciones. Respecto de los oficios ordinarios hace presente que: (i) No lIeva un registro en cuanto a si un determinado hecho esencial fue objeto de una actividad de fiscalización; y (ii) No ha implementado un sistema de clasificación que Ie permita identificar qué oficios ordinarios han sido despachados a propósito de hechos esenciales, constando sólo una descripción genérica de la materia la cual no está parametrizada y/o estandarizada. Así, y considerando que la consulta la efectúa sobre un elevado número de actos administrativos los que se extienden desde el año 2008 al año 2011, satisfacer su requerimiento implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, toda vez que se debería buscar uno a uno los oficios ordinarios que se hubieran emitido en el periodo señalado de forma de descartar que no se efectuó una actividad fiscalizadora o en su defecto identificar el oficio ordinario que se emitió en tal sentido. f) En consecuencia, conforme con lo dispuesto en los artículos 6 y 15 de la Ley de Transparencia, indica que la información requerida puede ser recabada directamente de los computadores que están disponibles en el Centro de Documentación (CEDOC) de esa Superintendencia, en el horario y lugar que indica, en el cual el solicitante podrá obtener copia del mismo, en papel o en CD, pagando el costo de las fotocopias o de los CD. En los computadores a los que se ha hecho referencia, podrá acceder a toda la información pública que está en poder de esa Superintendencia para las sociedades Norte Grande SA., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. para el periodo a que alude la consulta. g) Sin perjuicio de lo anterior, y con motivo de diversos hechos esenciales, ese Servicio pudo haber elaborado eventuales informes y/o análisis internos, sobre los que a la fecha no existe un catastro o índice relativo a la posible existencia de los mismos. En tal sentido, hace presente que Superintendencia no cuenta con un repositorio que contenga los eventuales informes y/o análisis internos requeridos según la materia solicitada, por lo que satisfacer el requerimiento implicaría que funcionarios de ese Servicio tuvieran que revisar si efectuaron algún informe para los hechos esenciales informados. En consecuencia, y considerando que la consulta se efectúa sobre un elevado número de actos administrativos los que se extienden desde el años 2008 al año 2011, no es posible acceder a la entrega de la misma en virtud de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. h) A mayor abundamiento, para el caso de existir dichos informes y/o análisis internos, hace presente que sobre ese Servicio pesa un mandato legal de reserva que lo obliga y habilita a negar el acceso a aquella información que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones de esa Superintendencia. En efecto, es un riesgo, el que determinados análisis e informes elaborados por esa Superintendencia, con motivo de una serie de hechos esenciales, y requeridos en la presentación sean conocidos, pudiendo afectarse la labor de fiscalización y/o investigación que desarrolla ese Servicio, toda vez que se expondrían las directrices concretas de fiscalización que se emplean para cumplir esas funciones que la propia ley Ie ha encomendado. De este modo, la reserva sobre los eventuales informes y los análisis internos se fundamenta en la necesidad que cualquier persona que pudiere ser objeto de fiscalización, no deba conocer de antemano cuales actividades podrían ser controladas, toda vez que la reserva es el único medio idóneo para que el proceso de fiscalización sea eficiente y proporcione información veraz y confiable. De otro modo, los eventuales fiscalizados pondrían especial atención en aquellos aspectos que sabrían que van a ser revisados, pudiendo descuidar los otros, con lo que se perdería el objetivo de velar por el cumplimiento normativo que estos deben guardar, afectando la publicidad de los eventuales informes y/o análisis, el adecuado y eficiente cumplimiento de las funciones de fiscalización que la Ley ha entregado a esta Superintendencia. i) Asimismo, de la armónica lectura de los artículos 21 N° 1 de la Ley de Transparencia y 23 de D.L. N° 3.538, aparece con claridad que los funcionarios de la Superintendencia están obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización de la misma, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos, carácter que los eventuales informes y/o análisis internos no reúnen ya que, como se ha argumentado anteriormente, su publicidad, comunicación o conocimiento sería capaz de afectar el correcto y eficiente ejercicio de las funciones de fiscalización y/o investigación de ese Servicio. De este modo, la publicidad de los eventuales informes y/o análisis internos debe ser negada también, por la causal de reserva legal establecida en eI articulo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. j) Finalmente, respecto de la letra r), señala que no cuenta con el indicador solicitado, no obstante, en el sitio web de esa Superintendencia, particularmente en la ruta que indica, podrá tener acceso a todas las inscripciones de acciones realizadas en el año 2008. A partir de ello, la estadística del plazo promedio que solicita puede ser construida a partir de la documentación asociada a procesos de inscripción, que incluye la fecha de ingreso de la solicitud y la fecha de la inscripción. En tal sentido, y considerando que dicha tarea distraería indebidamente a los funcionarios de esa entidad, hace presente que la información puede ser recaba directamente por el solicitante en el CEDOC, según lo señalado previamente. 3) AMPARO: El 19 de agosto de 2014, don Julio Ponce Lerou, representado por don Raimundo Labarca Baeza, don Alejandro Parodi Tabak, y don Álvaro Jofré Serrano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en las siguientes consideraciones: a) Literal a): i. La SVS ha supervigilado muy de cerca el funcionamiento de Norte Grande y sus filiales, y a través de los años ha conducido diversos procesos de investigación, los cuales han sido archivados sin sanción. En el marco de dichos procesos de investigación, la Superintendencia ha tomado declaraciones, ha recopilado documentos y otro tipo de antecedentes, ha realizado análisis e informes, etc., todos los cuales han justificado, en definitiva, la decisión de no formular cargos y, desde luego, no sancionar. ii. Dichas investigaciones con un alto nivel de certeza podrían haber incidido en las mismas materias y operaciones que las cuestionadas en el procedimiento sancionatorio en curso, y de allí la relevancia de que su representado pueda acceder a las mismas para los efectos de hacer valer antecedentes que lo exculpen de las imputaciones formuladas en su contra. iii. La Superintendencia señaló que conoce y tiene claridad acerca de las investigaciones que realizó en el pasado, de sus análisis y, en definitiva, de las razones que la llevaron a adoptar la decisión de archivar los antecedentes y no formular mayores reproches o cuestionamientos. iv. Distinguió, por una parte, la información relativa a las investigaciones que terminaron con la imposición de una sanción, y por la otra, los antecedentes relativos a investigaciones que concluyeron sin la aplicación de una sanción, sin entregar en definitiva ninguno de dichos antecedentes. v. Respecto de las resoluciones sancionatorias, la Superintendencia se excusa de no entregar la información, indicando que se encontraría disponible en la página web de dicha institución, sin embargo no indica la ubicación específica de la información solicitada, para que pueda consultarla por sus propios medios. Agrega que en la sección de su página web a que alude el órgano reclamado, no se encuentran todas las resoluciones sancionatorias dictadas por dicho organismo, como se indicó en la respuesta, toda vez que sólo constan aquellas impuestas a contar del año 2002. En este sentido, manifiesta que la información anterior al año 2002 también resulta relevante ya que las denominadas sociedades cascadas existen desde fines de la década de los 80. vi. Seguidamente, señala que la sección de la página web a la cual se refiere la Superintendencia en su respuesta contiene cerca de mil sanciones, siendo muy dificultoso encontrar la información de su interés. Respecto de los expedientes administrativos en que inciden las resoluciones sancionatorias, la Superintendencia indica que podrá requerir copia de los mismos en el Centro de Documentación de la propia Superintendencia (CEDOC). Sin embargo, como no entregó la información de las resoluciones sancionatorias, resulta imposible conocer cuáles son los expedientes administrativos asociados a las mismas. vii. En cualquier caso, la respuesta también infringe el artículo 15 de la Ley de Transparencia, ya que si bien la autoridad puede eximirse de entregar la información cuando esta consta en registros públicos, ello no la exime de indicar, con precisión, el lugar exacto donde puede accederse a la información solicitada y obtenerse copia de la misma. El CEDOC es una división interna de la propia Superintendencia donde están archivados literalmente millones de documentos, en forma completamente indescifrable para los particulares, de los cuales no todos se encuentran a disposición del público, sino que solamente algunos, a través de terminales computaciones a los cuales puede accederse en determinados horarios. viii. En cuanto a las investigaciones que no concluyeron con la aplicación de una sanción, la reclamada invoca el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia fundado en la afectación de la presunción de inocencia de los investigados. Sin embargo, ello no sería aplicable a su representado ya que no se trata de un "tercero" sino que es el sujeto pasivo de las investigaciones -al que se le han formulado cargos- y, en consecuencia, tiene derecho a conocer los antecedentes de dichas investigaciones, lo que no puede importar una vulneración de su propia honra. b) Literal b) a q): i. Respecto de cada uno de dichos hechos esenciales, y tratándose de una diligencia necesaria para el ejercicio del derecho de defensa y para acreditar que la formulación de cargos importa una contravención a los "actos propios", se solicitó a la Superintendencia -en síntesis- entregar la siguiente información: si analizó los hechos esenciales en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, dónde constan dichos análisis, exhibirlos, e informar si formuló algún cuestionamiento en relación con cualquiera de las informaciones y operaciones que en ellos se consignan. i. Habiendo la SVS cuestionado, en sus cargos, operaciones que se han realizado hace ya varios años -entre el 2008 y 2011-, tiene derecho a conocer en función del largo tiempo que ha transcurrido, son las actuaciones y análisis que en su oportunidad efectuó la Superintendencia y que la llevaron a no formular, en esa época, ningún cuestionamiento. ii. La respuesta de la Superintendencia es incompleta ya que sólo se refiere, en lo que respecta a sus propias actuaciones, a los "oficios ordinarios" y "resoluciones" que dictó en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, sin referirse, ni tangencialmente siquiera, a los informes, análisis y otro tipo de documentos que fueron materia del requerimiento de entrega de información. Además, la respuesta infringe el artículo 15 de la Ley de Transparencia, ya que si bien la autoridad puede excusarse de entregar información cuando ésta se encuentra en registros de acceso público -en este caso, y en su concepto, en el CEDOC-, ella no la exime de la obligación de indicar, con precisión, dónde específicamente se encuentra. iii. En este caso, y dado que la Superintendencia tenía claridad acerca de sus actuaciones, debió haber indicado, con precisión, el número de todos los oficios, resoluciones y demás actos administrativos que expidió en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, además de poner a su disposición los análisis internos que elaboró en su oportunidad, en relación con las operaciones. iv. La Superintendencia no sólo reconoció tener perfecta claridad acerca de sus actuaciones, sino que además, está instruyendo un procedimiento infraccional, en el que cuestiona una serie de operaciones de Norte Grande y sus filiales, entre los años 2008 y 2011. En dicho contexto no resulta aceptable que la autoridad haya, previamente, revisado cuales son los oficios que dictó, sus resoluciones, sus análisis y los informes que realizó con motivo de las operaciones. v. A diferencia del Oficio Reservado N° 1069, el Oficio Reservado N° 1071 sí se refirió a los análisis e informes internos elaborados por la Superintendencia en relación con las operaciones informadas a través de "hechos esenciales", cuestionadas en los cargos. Respecto de estos antecedentes, la Superintendencia no señaló si existen o no, y negó la entrega de cualquier informe o análisis que pudiera llegar a existir. Así las cosas, la invocación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia resulta improcedente. vi. Igualmente cabe desestimar las causales de reserva N° 21 N° 1 y 5 de la Ley de Transparencia atendido que eI riesgo de que se revelen las directrices investigativas es meramente potencial e infundado, y ciertamente no justifica restringir el derecho de defensa, que constituye un elemento consustancial al debido proceso, garantizado tanto en la Constitución como en tratados internacionales. vii. Por último, el deber de reserva previsto en el artículo 23 del D.L. N° 3.538 no pesa sobre la Superintendencia en cuanto órgano, sino que respecto de sus funcionarios, por lo que no resulta aplicable la causal del articulo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. c) Literal r): i. La respuesta de la Superintendencia adolece de una falta de prolijidad manifiesta, que sólo viene a confirmar el afán de denegar, por la razón que sea, la información que se solicita. En efecto, parte por indicarse que la información para calcular los tiempos promedios puede encontrarse en la página web institucional, luego, y sin ningún fundamento, se indica que recabar la información solicitada importaría distraer a los funcionarios de la Superintendencia de sus funciones. Y es que contrariamente a lo que señala la SVS en su respuesta, el documento que se encuentra disponible en su página web, referido a las colocaciones de acciones del año 2008, únicamente expresa la fecha de inscripción de las acciones, pero no la fecha de ingreso, por lo que resulta imposible calcular el tiempo que dicho organismo demora en inscribir las colocaciones. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, mediante Oficio N° 4.841 de 28 de agosto de 2014. A través de Oficio N° 24.783 de 12 de septiembre de 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros formuló una solicitud de prórroga del plazo para evacuar el referido trámite la que fue acogida por este Consejo a través de Oficio N° 5.334 de 16 de septiembre de 2014. Mediante Oficio N° 25.274 de 24 de septiembre de 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: I. Literal a) : i. Contrariamente a lo señalado por el reclamante, se señaló de manera específica y precisa dónde podría ser recabada la información, mencionándose la fuente, el lugar y la forma en que se puede tener acceso a ella, a saber: (i) la página web de la SVS, específicamente en la sección Sanciones del ítem Mercado de Valores, para consultar todas las resoluciones sancionatorias dictadas por entidad; y, (ii) además, la dirección y horario de atención del CEDOC. Si bien no se indicó el "link" con la información, sí se informó al reclamante, paso por paso, cómo llegar en el sitio web de la SVS a la información requerida, por lo que se entiende cumplido con el estándar exigido por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, de la especificidad necesaria para hallar la información solicitada. ii. Por tanto, el recurrente reclama un incumplimiento sin determinar con exactitud cuál habría sido la información faltante. En tal sentido, resulta relevante destacar lo señalado en el amparo en orden a que "La sección de la página web a la cual se refiere la Superintendencia en su respuesta contiene cerca de mil sanciones, siendo muy dificultoso, sino imposible, encontrar la información de interés." De lo anterior se puede concluir que las referencias entregadas por la SVS al sitio exacto donde se podía encontrar esta información, son adecuadas desde el momento que reclamante logró acceder a esa información. En dicho contexto, lo que parece ser la verdadera dificultad del reclamante es encontrar la información exacta que necesita, y no en un incumplimiento del artículo 15 de la Ley de Transparencia. iii. Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el reclamante respecto de que en la página web de la SVS no se encuentran todas las sanciones cursadas, ya que sólo estarían aquéllas impuestas desde el año 2002 a la fecha, cabe precisar que en el contexto del requerimiento del solicitante, y al referirse a las "operaciones formuladas de cargo en este procedimiento", operaciones que se extendían entre el año 2008 a 2011, esa Superintendencia asumió que el requerimiento de información se refería a dicho período. iv. Si bien ese Servicio mantiene a disposición del público todas las sanciones cursadas por él, las más antiguas se encuentran en proceso de digitalización, por lo que efectivamente las resoluciones sancionatorias previas al año 2002 no se encuentran publicadas en la página web. Aun cuando el proceso de digitalización de los actos administrativos es continuo, éste debe responder a los principios de eficiencia y eficacia, por lo que el CEDOC se ha focalizado en mantener en línea las sanciones cursadas desde el año 2002 en adelante, por ser las más consultadas y buscadas en razón a su actualidad. v. Con todo, si un usuario solicitara acceso a una resolución sancionatoria específica anterior al año 2002 ese Servicio cuenta físicamente con ella y le sería proporcionada al peticionario de dicha consulta. Lo anterior se comprueba -en concreto- que, para el caso en cuestión, durante la primera quincena de agosto concurrieron al CEDOC los abogados del recurrente, quien por no estar disponibles en la página web de ese organismo eventuales sanciones anteriores al año 2002, consultaron verbalmente si existían sanciones respecto de determinadas personas. Como dicha información data de más de 12 años, ese Servicio le indicó que le podrían entregar en el acto, copia de las resoluciones a través de las cuales se le cursaron sanciones de multa a las personas que indica. En lo demás, su petición sería respondida a la brevedad una vez consultados los archivos de las áreas que pudieron haber instruido las eventuales sanciones, indicándosele que volviera en unos días. No obstante ello, el representante del reclamante se negó a recibir dicha información, dado que ésta sólo correspondía a una parte de la información requerida. Luego de unos días, éste concurrió nuevamente al CEDOC y se le indicó, también verbalmente, que aún no era posible obtener toda la información por él requerida, sin perjuicio de lo cual se le podía, por mientras, entregar copia de las resoluciones a través de las personas que se indica, sin embargo, nuevamente éste optó por no recibir dicha información. vi. Posteriormente y transcurrido pocos días desde el requerimiento verbal del mencionado profesional éste concurrió por tercera vez al CEDOC y, como toda la información restante no había sido obtenida, éste fue derivado con funcionarios del Área de Cumplimiento de Mercado, unidad de ese Servicio que tramita los procedimientos sancionatorios por infracciones a la normativa que regula el Mercado de Valores. En dicha oportunidad se le comunicó que el CEDOC se encontraba trabajando en su petición de información, pero que no existiendo un catastro de todas las sanciones cursadas desde la creación de la SVS en 1980, resultaba impracticable dar cabal respuesta a su consulta verbal teniendo presente que ésta sólo había sido desde hace pocos días. Asimismo, se le informó que, mientras tanto, podía acceder a un CD con la copia de la sanción a las personas que se señala, sin embargo nuevamente se negó. Finalmente, y a pesar que ese Servicio hizo todos los intentos por entregar esta información, los apoderados del representante no apersonaron a retirar esta información, la que esa defensa cataloga de sumamente importante. vii. Como ha quedado de manifiesto, no ha habido denegación de la información solicitada, atendido que se ha explicado a los abogados del solicitante las razones de por qué las sanciones anteriores al año 2002, no estaban en la página web del Servicio, pero sí archivadas y prontas para su consulta y entrega de ser requeridas, más aun teniendo presente que dicha petición verbal había tenido lugar pocos días antes. viii. En relación a los procedimientos administrativos terminados sin sanción, no obstante haber explicado en su respuesta las causales de reserva, como ya se indicó, ese Servicio rechazó el acceso a dicha información en virtud de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto la publicidad de ésta afectaría derechos de terceros, en especial, aquellos referidos a la esfera privada y al respeto a la presunción de inocencia, como también los derechos de carácter comercial o económico de quienes fueron parte de dichos procesos. ix. En su amparo, el reclamante asegura que no se afectarían "derechos de terceros" por no ser él un tercero, sino "él mismo". Dicho argumento debe descartarse por cuanto teniendo presente el contexto en que se sitúa el requerimiento de información solicitado por el recurrente, esto es, incumplimientos a las normas que regulan el Mercado de Valores y los deberes exigidos respecto de los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas abiertas en bolsa, sería iluso pensar que en dicho escenario las facultades fiscalizadoras de esa Superintendencia se centran en un único actor o implicado en los hechos. Lo planteado por el reclamante implicaría entregar información específica de quiénes están siendo investigados y los hechos motivo de dicha investigación dentro de la etapa conocida como el "período de información previa o de investigación" desarrollada conforme el inciso segundo del artículo 29 de la Ley N° 19.880. x. Así, por el sólo hecho de responder, sea afirmativa o negativamente, se tendría certeza de qué estaría haciendo la SVS en relación a éste y a personas relacionadas o cercanas a él, vulnerándose la privacidad y el respeto al principio de inocencia de estos terceros. De este modo, por el sólo acto de informarse públicamente que la SVS investiga al requirente de información, se levantarían sospechas en contra de cualquier tercero relacionado, vinculado o que hubiera efectuado cualquier tipo de operación con el requirente, lesionándose sus derechos a la privacidad y de paso, vulnerando y repercutiendo directamente en la confianza que debe imperar en el Mercado de Valores. xi. Asimismo, en caso de responder que la SVS ésta investigando a determinada persona y los hechos que motivan la investigación, tornaría en ineficaz la labor fiscalizadora por cuanto podrían requerir dicha información, incluso, todos los actores relevantes del Mercado de Valores (corredoras de bolsa, gerentes y directores de sociedades abiertas en bolsa, empresas de auditoría externa, entre otros), transformándose en inútil la labor fiscalizadora, configurándose al mismo tiempo, la causal de denegación de acceso a información consagrada en el artículo 21 N° 1 tanto en su literal a) como en su literal b), dependiendo el estado del procedimiento. xii. Además, es necesario tener presente que en los períodos de información previa, regulados en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley N° 19.880, se recopilan o reúnen los antecedentes necesarios, ya sea con fundamento en una denuncia presentada o de propia iniciativa del Servicio, con el objeto de establecer o eventualmente descartar la posible ocurrencia de hechos que podrían constituir una vulneración o infracción a las leyes, reglamentos o normas que rigen el mercado de valores y seguros. xiii. La entrega de información que se recaba con ocasión de dichos procedimientos previos podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de fiscalización, por una parte, porque alertaría de las pesquisas y pruebas que se han reunido para establecer una presunta infracción y/o influir en los terceros que deben proporcionar información dentro del marco del proceso investigativo y, por la otra, porque al entregarse, se podría poner en entredicho la presunción de inocencia de la persona o entidad cuya actuación se fiscaliza, respecto de los que aún no hay antecedentes suficientes para formular cargos, así como afectar el derecho de terceros que sin tener parte en la materia, aparezcan de modo circunstancial en alguno de los antecedentes recopilados. En este último punto, se aprecia que la necesidad de reserva emana desde al menos dos causales de reserva, tanto del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia como de su numeral 1 literales a) y b). xiv. Sobre la base de tales consideraciones, toda la información que la SVS recopile (i) durante el período de información o bien, (ii) durante un procedimiento sancionatorio administrativo y/o que pueda afectar los derechos terceros y/o afecte las funciones de este Servicio; debe quedar sujeta a la reserva de los N° 1 Y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia por afectarse las labores de fiscalización de este Servicio y, asimismo, por afectarse los derechos de terceros. II. Literal b): i. Las facultades de fiscalización ejercidas por esa Superintendencia. referidas a la materia consultada, se comunican a los fiscalizados a través de actos administrativos que están contenidos en oficios ordinarios y/o resoluciones, que son de acceso público y pueden ser consultados en el CEDOC. Dichos oficios ordinarios y resoluciones se encuentran clasificados en el CEDOC, por cada sociedad o persona fiscalizada y, además, éstos están subclasificados por materias. Esta información puede ser consultada tanto de manera digital o en papel y pedir copia de la misma (sea CD o papel) una vez que el consultante haya identificado la información que necesita. Así, carece de asidero lo señalado por el recurrente, en cuanto ese Servicio no habría señalado con precisión cuál es la información y dónde específicamente se encuentra. III. Literales c) a q): i. El artículo 23 de su Ley Orgánica establece una obligación legal de guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a su fiscalización, pudiendo únicamente el Superintendente, levantar dicha reserva para difundir o hacer difundir la información o documentación relativa a los sujetos fiscalizados, en base a motivos fundados, tales como velar por la fe pública o por el interés de los accionistas, inversionistas y asegurados. El fundamento de ello es permitir las labores de fiscalización propias de la SVS, consagradas en los artículos 3 y 4 del D.L. N° 3538, sin las cuales ésta sería ineficaz. En tal orden de ideas, concluye que se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. ii. En cuanto a la petición de acceso a información relativa a actos de fiscalización asociados a determinados hechos esenciales señala que se aclaró al solicitante que en caso de haberse ejercido dichas facultades de fiscalización, se habría comunicado a los fiscalizados a través de oficios ordinarios o bien mediante resoluciones, en el evento en que la facultad fiscalizadora y/o sancionadora haya finalizado con una sanción. Sin embargo, y en lo que concierne a los oficios ordinarios, (i) esa Superintendencia no lleva un registro en cuanto a si un determinado hecho esencial fue objeto de una actividad de fiscalización; y (ii) no ha implementado un sistema de clasificación que le permita identificar qué oficios ordinarios han sido despachados a propósito de hechos esenciales, constando sólo una descripción genérica de la materia la cual no está parametrizada y/o estandarizada. iii. Por lo anterior, y considerando que no ha confeccionado los registros cuya consulta requiere el reclamante y, en atención a que ésta se efectúa sobre un elevado número de actos administrativos los que se extienden desde el año 2008 al año 2011, satisfacer su requerimiento implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, " ... toda vez que se debería buscar uno a uno los oficios ordinarios que se hubieran emitida en el período señalado de forma de determinar si se efectuó una actividad fiscalizadora o en su defecto identificar el oficio ordinario que se emitió en tal sentido. iv. Sin perjuicio de ello, informó al reclamante que la información requerida puede ser recabada en el CEDOC, donde podrá acceder a la información requerida, si bien, no del modo solicitado por éste (ya que no se encuentra clasificada en los términos exigidos), pero sí debidamente ordenada por sociedad. Así, cada hecho esencial enviado por cada sociedad cascada, está dentro de la carpeta de fiscalización de cada una de ellas. Asimismo, se le mencionó que, de haber sanciones, podrá consultarlas en el portal web de la SVS. De este modo, el requerimiento fue respondido por este Servicio, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, se le mencionó cómo y dónde obtener la información pública requerida. v. Sin embargo, y habiendo el solicitante requerido "informes y/o análisis internos" (distintos de los oficios ordinarios y resoluciones), para el caso de existir dichos informes y/o análisis internos, éstos son reservados, por cuanto su conocimiento afectaría el debido cumplimiento de las funciones de ese Servicio. Lo anterior, de conformidad a los elementos considerados previamente, según los cuales el artículo 23 del D.L. N° 3538 dispone la reserva de aquellos antecedentes que tengan relación con facultades de fiscalización propias de la SVS, según expresamente lo advierten los artículos 3 y 4 de dicha Ley Orgánica. Así, en caso de entregarse la información requerida, se incumpliría no sólo la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sino también la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, por afectarse las labores de fiscalización de la SVS. vi. En cuanto a los oficios ordinarios requeridos por el solicitante, señala que la defensa de aquél sí pudo acceder a las carpetas con información pública relativa a las sociedades Cascada. Por lo anteriormente señalado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y 5 de la Ley de Transparencia, y en atención al deber de reserva del artículo 23 de D.L. N°3.538, fue negado el acceso a los eventuales informes y/o análisis intemos, en caso de existir. IV. Literal r): i. En relación al requerimiento de información relativo al tiempo promedio que, al año 2008, demoraba la Superintendencia en aprobar la inscripción precisa que en ningún momento se le indicó al recurrente que éste podría ser encontrado en la página web de esta Superintendencia. En efecto, lo que se le comunicó es que dicho indicador podría ser construido a partir de información contenida en la página web e información que podría recabar en el CEDOC. ii. Es por esto último que se indicó al peticionario que su requerimiento afectaba el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio, en atención a que para calcular el indicador que requería se haría necesario conformar un equipo de funcionarios para identificar, recabar la información y luego efectuar el cálculo de dicho indicador, con lo que se distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones fiscalizadoras y/o sancionadoras, especialmente al tener que hacer un análisis del factor tiempo en relación a todos los aumentos de capital inscritos durante el año 2008. iii. Con todo, informa que con fecha 11 de agosto de 2014, el solicitante acompañó, durante el período probatorio, dicho indicador, lo que da cuenta que a partir de las instrucciones entregadas por esa Superintendencia, la defensa del solicitante pudo construir el indicador por lo que no se entiende el motivo del amparo en esa parte. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer lugar, cabe señalar que la solicitud de información que dio origen al presente amparo comprendía diversos requerimientos formulados por el reclamante en su calidad de parte en el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la reclamada- debiendo consignarse que la presente decisión se pronunciará sólo respecto de aquellas solicitudes que fueron objeto del presente amparo. 2) Que, respecto del literal a) de la solicitud, es posible advertir que la información solicitada se refiere a "todos los antecedentes relativos a investigaciones conducidas en el pasado por esa propia Superintendencia" respecto de: i) el solicitante, ii) cualquiera otra de las personas formuladas de cargo en el procedimiento en el que se insertan las solicitudes, y iii) cualquiera de las operaciones materia de la formulación de cargos. Precisa el requirente que se incluyan especialmente "los análisis internos efectuados por la Superintendencia en que consten las razones para no formular cargos, ordenando el archivo de los antecedentes". 3) Que, el órgano reclamado ha distinguido entre investigaciones que concluyeron con la imposición de una sanción y aquellas que se afinaron sin establecer responsabilidades de los sujetos investigados. En cuanto a las primeras, informó al solicitante el acápite de su sitio web en el que podía acceder a las resoluciones sancionatorias dictadas por esa Superintendencia, y, respecto de los expedientes administrativos asociados a dichas resoluciones le comunicó que éstos podían ser obtenidos concurriendo a su Centro de Documentación en la dirección y horario que indica. Al respecto el solicitante manifestó que la SVS no indica la ubicación específica de la información solicitada, para que pueda consultarla por sus propios medios y, asimismo, agrega que en la sección de la página web informada, no se encuentran todas las resoluciones sancionatorias dictadas por dicho organismo precisando que su solicitud respecto del referido literal comprende información generada desde que existen las denominadas sociedades cascadas, esto es, "fines de la década de los años 80". 4) Que, el literal en análisis se refiere a antecedentes relativos a investigaciones conducidas "en el pasado" por la SVS, de modo que del tenor literal del requerimiento se advierte que éste no se encuentra acotado a un período determinado -como lo interpretó el órgano reclamado- y, por tanto, no existiendo controversia en cuanto al hecho de que su sitio web sólo contiene las resoluciones sancionatorias dictadas a contar del año 2002 a la fecha, es posible concluir que la respuesta de la SVS resultaba insuficiente para dar por cumplida cabalmente su obligación de informar respecto de las resoluciones que afinaron los procedimientos investigativos con la aplicación de sanciones. En efecto, sólo con ocasión de sus descargos, dio cuenta de las gestiones que llevó a cabo con el objeto de hacer entrega de aquella información que no se encontraba disponible en su sitio web relativa a su solicitud al reclamante respecto de tales procesos, y que se encuentra en el Centro de Documentación de la SVS. En consecuencia, se acogerá respecto de dicha parte del referido literal el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega de la misma al solicitante -previo pago de los costos de reproducción que fueren procedentes- o, en el evento de ya habérsela proporcionado, que acredite la entrega efectiva de la misma. 5) Que, por otra parte, en lo que atañe a los antecedentes requeridos en el mencionado literal referidos a investigaciones que no concluyeron con la aplicación de una sanción, el órgano reclamado denegó la entrega de la misma, fundado en la causal de reserva contenida artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al estimar que la publicidad de ésta afectaría derechos de terceros, en especial, los referidos a la esfera privada y a la presunción de inocencia, como también los derechos de carácter comercial o económico de quienes fueron parte de dichos procesos. Del mismo modo, la SVS estima que se configuran también las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b), del referido cuerpo normativo. 6) Que, establecido lo anterior, cabe tener presente que, en su amparo, el solicitante precisa su pretensión de acceder a todos aquellos antecedentes a que se refiere el literal en comento en virtud de los cuales la SVS ha fundado su decisión de no formular cargos en los mencionados procesos investigativos, y agrega que respecto la anotada documentación no tiene la calidad de tercero, sino que es el sujeto pasivo de las investigaciones por lo que tiene derecho a conocer los antecedentes de dichas investigaciones. 7) Que, respecto de la mencionada información resulta útil tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C91-14 deducido por el solicitante en contra del órgano reclamado en el contexto del procedimiento sancionatorio en análisis en orden a que "(...) aquellos sujetos que han sido o están siendo investigados se encuentran en una posición jurídica diversa a la de aquellos respecto de los cuales la entidad fiscalizadora dispuso formularles cargos. En efecto, la divulgación de la identidad de dichos terceros en un estado procesal de carácter preliminar que aún no ha permitido atribuirles -a través de la formulación de cargos- algún grado responsabilidad en la ejecución de una conducta antijurídica significaría una exposición pública de dicha condición y una eventual afectación a la presunción de inocencia que los ampara, principio consustancial a todo procedimiento administrativo de carácter sancionatorio como el que se examina, circunstancia que a juicio de este Consejo justifica reservar la información en análisis.". 8) Que, conforme con el tenor literal de la solicitud en análisis se advierte que, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, ésta no sólo se refiere a las investigaciones llevadas a cabo a su respecto sino también alude a cualquiera otra de las personas formuladas de cargo en el procedimiento en el que se insertan las solicitudes, y de las operaciones materia de la formulación de cargos. A juicio de este Consejo, en lo que atañe a la información solicitada relativa a investigaciones dirigidas en contra de personas diversas al solicitante resulta plenamente aplicable el criterio señalado en el considerando precedente, toda vez que la divulgación de los antecedentes que obran en poder de la SVS respecto de sujetos que fueron investigados por dicha entidad fiscalizadora y que, en definitiva, no fueron suficientes para formularles cargos, reviste un potencial de afectación suficiente para configurar la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en los términos consignados en el considerando precedente. En consecuencia se rechazará en esta parte el presente amparo. 9) Que, por el contrario, tratándose de aquella parte de la solicitud del literal en análisis relativa al solicitante y aquellas personas jurídicas respecto de las cuales éste tenga facultades de representación no es posible advertir una afectación como la indicada en el considerando precedente. Al efecto, y respecto de lo señalado por la reclamada en orden a que las facultades fiscalizadoras de esa Superintendencia en las materias sobre las que versa el requerimiento -incumplimientos a las normas que regulan el Mercado de Valores y los deberes exigidos respecto de los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas abiertas en bolsa- no se centran en un único actor o implicado en los hechos, cabe consignar que ello no se opone a que, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el consagrado en el artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia, sólo haga entrega de aquella documentación que se refiere al solicitante, cautelando por esa vía la presunción de inocencia de los demás sujetos que hayan sido fiscalizados así como de otros terceros respecto de los cuales la reclamada hubiere igualmente recopilado antecedentes en el curso de los respectivos procedimientos investigativos. Conforme con lo razonado, se acogerá el presente amparo sólo en lo relativo a aquella parte de la información que diga relación directa con el solicitante o sus representadas, y se requerirá a la reclamada que haga entrega de la misma al solicitante, previo pago de los costos de reproducción que fueren procedentes. 10) Que, en los literales b) a q), el solicitante requiere, en síntesis, que el órgano reclamado le informe si analizó cada uno de los hechos esenciales señalados en los referidos literales, dónde constan dichos análisis, exhibirlos, e informar si consideró ilegal o formuló reproches en relación con cualquiera de las informaciones y operaciones que en ellos se consignan. 11) Que, al efecto, la reclamada manifestó que las facultades de fiscalización ejercidas por esa Superintendencia, referidas a la materia consultada, se comunican a los fiscalizados a través de actos administrativos que están contenidos en oficios ordinarios y/o resoluciones, respecto de los cuales no lIeva un registro que le permita identificar qué oficios ordinarios han sido despachados a propósito de los mencionados hechos esenciales, constando sólo una descripción genérica de la materia la cual no está parametrizada y/o estandarizada. Agrega que, considerando que la solicitud se refiere a un elevado número de actos administrativos que se extienden desde el año 2008 al año 2011, satisfacer el requerimiento implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales -en los términos del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, toda vez que se debería buscar uno a uno los oficios ordinarios que se hubieran emitido en el periodo señalado de forma de descartar que no se efectuó una actividad fiscalizadora o en su defecto identificar el oficio ordinario que se emitió en tal sentido. Sin perjuicio de lo anterior, aduce que el reclamante puede concurrir a su Centro de Documentación a fin de acceder a toda la información pública que está en poder de esa Superintendencia para las sociedades Norte Grande S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. para el periodo a que alude la consulta. 12) Que respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado, costo de oportunidad (criterio aplicado invariablemente a partir de las decisiones de amparo roles C38-09, C41-09, C48-09, C80-09, entre otras). 13) Que, en lo que incumbe a la entrega de los oficios relativos a la solicitud, el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo ello distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales. En efecto, ha justificado la imposibilidad de hacer entrega de la misma en que no contaría con un registro que le permita identificar qué oficios ordinarios han sido despachados a propósito de los mencionados hechos esenciales, aludiendo a que sólo dispone de "sólo una descripción genérica de la materia". Al respecto, se advierte que la descripción de materias a que se refiere el reclamante en su solicitud, resulta lo suficientemente precisa como para permitir a la reclamada recabar la información de sus unidades internas competentes respecto de tales asuntos. En definitiva, la reclamada no ha explicitado las dificultades específicas que tendría en el acceso a la información que se pide, como tampoco los recursos personales y materiales que se deban comprometer y el tiempo específico que sus funcionarios deberían emplear, en relación con su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de las mismas. Por lo demás, las dificultades para acceder a la información que expone resultan inconsistentes con lo que indica en sus descargos en orden a que "cada hecho esencial enviado por cada sociedad cascada, está dentro de la carpeta de fiscalización de cada una de ellas". En consecuencia, se requerirá a la reclamada que haga entrega de los oficios a que ha aludido en su respuesta respecto del mencionado literal -previo pago de los costos de reproducción- y en el evento de ya haber proporcionado tales antecedentes acredite la entrega efectiva de los mismos. 14) Que, respecto de aquella parte de la solicitud relativa a que el órgano informe "si analizó cada uno de los hechos esenciales" cabe tener presente que ésta constituye una consulta que puede ser satisfecha con una respuesta afirmativa o negativa. En efecto, conforme lo ha resuelto este Consejo, entre otras, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C603-09, C16-10, C539-10, C221-13 y C477-13, la Ley de Transparencia ampara el derecho de acceso a la información de aquellas solicitudes que implican informar, afirmativa o negativamente, "si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado", como acontece en la especie. Por tanto, no habiéndose verificado la afectación alegada por la reclamada respecto de dicho punto de la solicitud se acogerá igualmente el presente amparo, y se requerirá a la reclamada que se pronuncie derechamente sobre la información solicitada. 15) Que por otra parte, en lo que atañe a la solicitud de los literales en comento relativos a los "análisis" efectuados por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de los hechos esenciales a que se refieren los antedichos literales, el órgano reclamado igualmente alegó la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° letra c) de la Ley de Transparencia fundado en las mismas consideraciones respecto de los otros antecedentes mencionados en tales literales. En subsidio de la anotada causal, indicó que en el evento de que los mencionados informes existieren, son reservados, fundado en lo dispuesto en el artículo 23 del D.L. N° 3.538 -que indica que los funcionarios de las SVS están obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización de la misma- en relación con la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, y del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 16) Que, respecto de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia cabe tener por reproducido lo señalado precedentemente en orden a que los elementos de juicio aportados por la reclamada resultan insuficientes para tener por configurada la referida hipótesis de reserva. Por otra parte, cabe igualmente desestimar la invocación del artículo 23 del D.L. N° 3.538, toda vez que los hechos esenciales a que se refieren los referidos literales fueron comunicados por aquellas personas jurídicas que representa el propio solicitante, de modo que el deber de reserva que en dicho precepto se establece respecto de "los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización" de la SVS, no se configura en la especie desde que los informes solicitados se fundan en los referidos hechos que ya son conocidos por la parte solicitante. 17) Que, enseguida, en lo relativo a aquella parte de la solicitud en que el solicitante requiere a la reclamada "informar si consideró ilegal" determinados aspectos vinculados a los hechos esenciales a que se refiere el requerimiento, se requerirá la entrega de dicha información sólo en la medida de que obre en un soporte documental por cuanto, de lo contrario, ésta se enmarca en el legítimo ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y de la ley N° 19.880, pero en ningún caso puede dar origen a una solicitud de información por la vía de la Ley de Transparencia 18) Que, en consecuencia, habiéndose desestimado las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado se acogerá el presente amparo respecto de los informes que haya realizado respecto de los hechos esenciales informados y, en el evento de que dicha información no obre en su poder lo señale expresa y fundadamente al solicitante. 19) Que, en cuanto al literal r) de la solicitud, relativo al "tiempo promedio que, al año 2008, demoraba la Superintendencia en aprobar Ia inscripción de nuevas acciones emitidas con motivo de un aumento de capital ", el órgano reclamado, comunicó al solicitante que no contaba con la información solicitada. Sin embargo, le comunicó el acápite de sus sitio web en el que podía acceder a todas las inscripciones de acciones realizadas en el año 2008 y, en cuanto a la fecha de ingreso de las mencionadas solicitudes le informó que podría obtenerla en su Centro de Documentación concluyendo, en definitiva que, con el mérito de dichos antecedentes el reclamante podía obtener el dato solicitado. En dicho contexto, cabe concluir que la reclamada ha procedido conforme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, informando la fuente y lugar en que el reclamante podía acceder a la información base para, luego de su procesamiento, dar satisfacción a su solicitud, razón por la cual se rechazará el presente amparo respecto del mencionado literal. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Julio Ponce Lerou, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Valores y Seguros: a) Hacer entrega al reclamante -previo pago de los costos de reproducción que fueren procedentes- de la siguiente información: i. Antecedentes solicitados en el literal a) respecto de las investigaciones que concluyeron con la aplicación de sanciones. En el evento de haberla proporcionado al solicitante, deberá acreditar la entrega de la misma. ii. Respecto de aquellos procesos investigativos que concluyeron sin aplicación de sanciones - a que se refiere el literal a)- sólo deberá hacer entrega de aquellos antecedentes referidos al solicitante o sus representadas. iii. Información solicitada en los literales b) a q), y en el evento de que ésta no obre en su poder deberá informarlo expresa y fundadamente a solicitante. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Julio Ponce Lerou, y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.