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DECISIÓN AMPARO ROL C1933-14</p>
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Entidad pública: Servicio de Salud Libertador Bernardo O’Higgins</p>
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Requirente: Luis Sepúlveda López</p>
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Ingreso Consejo: 03.09.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 604 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1933-14.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 06 de agosto de 2014, don Luis Eduardo Sepúlveda López solicitó al Servicio de Salud Libertador Bernardo O’Higgins, "copia Resolución Exenta número 2958/2014 que instruye Sumario Administrativo interno.".</p>
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2) RESPUESTA: Que el 29 de agosto de 2014, el Servicio de Salud Libertador Bernardo O’Higgins respondió a dicho requerimiento de información mediante Ordinario N°1.631, señalando, en síntesis, que deniega el acceso a lo solicitado, fundado en la causal de reserva del artículo N° 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, toda vez que en la copia de la resolución solicitada se explicitan antecedentes que son parte del proceso sumarial, y dado que dicho proceso se encuentra aún en etapa de investigación, siendo improcedente su publicidad hasta que se encuentre afinado.</p>
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3) AMPARO: El 03 de septiembre de 2014, don Luis Sepúlveda López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio de Salud Libertador Bernardo O´Higgins, mediante oficio N° 5.227, de fecha 12 de septiembre de 2014.</p>
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El Servicio reclamado, a través de Ordinario N°1881, de fecha 07 de octubre de 2015, presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo sostenido en la respuesta formulada al solicitante, en orden a que la denegación a la información requerida se funda en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, toda vez que la resolución pedida instruye un sumario que aún se encuentra en etapa de investigación, y sólo una vez afinados los sumarios administrativos se encuentran sujetos al principio de publicidad para terceros, y desde la formulación de cargos respecto del inculpado y su abogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 inciso 2° de la ley N°18.834.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, don Luis Sepúlveda López, con fecha 06 de agosto de 2014, solicitó al Servicio de Salud de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins copia de la resolución exenta N° 2958/2014, que ordena instruir sumario, obteniendo respuesta denegatoria por parte del órgano reclamado dentro de plazo legal, fundado en que al tratarse de una investigación que se encuentra en curso, se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, y además en virtud del artículo 137 inciso 2° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en adelante e indistintamente, el Estatuto Administrativo.</p>
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2) Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado, y que impidió que accediera a la entrega de la resolución exenta requerida.</p>
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3) Que, no obstante lo expuesto en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, este Consejo estima que tratándose de una resolución que ordena instruir un sumario administrativo, como ocurre con lo requerido en el presente amparo, estamos frente a información de naturaleza pública que no pasa a ser secreta por el solo hecho de dar inicio al referido sumario, especialmente si no se ve frustrada la investigación que se lleve a cabo si es que se conociese o publicare la información requerida y, por otra parte, no se afectan los derechos de las personas involucradas. En efecto, dicha interpretación encuentra justificación en que el secreto del expediente sumarial constituye una excepción a la regla de publicidad consagrada por el artículo 8° de la Constitución Política, y artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, de conformidad al artículo 21 N° 5 y 1° transitorio de este último cuerpo legal, y por tanto, su aplicación debe encontrar fundamento en la afectación de los bienes jurídicos a que se refieren dichas normas: el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional, lo que de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, no ocurriría en el presente caso.</p>
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4) Que, en tal sentido además ha resuelto la jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señalando entre otras sentencia que "D) que en tal sentido, tal como se desprende del dictamen N° 36.929, de 6 de julio de 2008 de la Contraloría General de la República, lo que excepcionalmente se prohibe es la información "en detalle" de un sumario no afinado. Por ende, contrario sensu, es lícito recabar y entregar informaciones genéricas, marginales o tangenciales al fondo de la cuestión investigada, en cuanto con ello no se pone en jaque ni la honra de las personas ni el debido proceso en una condigna investigación" (Considerando 6°, sentencia del reclamo de ilegalidad rol N° 2335 - 2010). En la misma línea jurisprudencial la misma corte ha concluido que "Por otro lado, la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. De ahí que una información que no comprometa estos fines, que no sea detallada en relación con el asunto indagado, pudiera ser entregada" (Considerando 8° sentencia del reclamo de ilegalidad rol 7608 - 2012). Por último, refiriéndose a un caso idéntico, en que también se solicitó copia de una resolución que ordenó instruir un sumario, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago determinó que "el documento que fue requerido por el interesado fue aquella que solo se limita a ordenar la instrucción del sumario, ante la denuncia de la interesada, pero que en ningún caso individualiza a algún funcionario como afectado por aquel procedimeinto administrativo, esto es, no afecta a derechos de terceros que esten determinados en aquel acto, derechos que por lo demás, deben velar los interesados para su resguardo" (Considerando 3° sentencia del reclamo de ilegalidad rol 3326 - 2013).</p>
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5) Que, en virtud de lo señalado, cabe concluir que en la especie y de acuerdo a los antecedentes que rolan en autos no se configura la causal del artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, respecto de la resolución solicitada que da inicio al sumario, de modo que para este Consejo la información solicitada es pública conforme los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, motivo por el cual, se acogerá el amparo y se requerirá al servicio reclamado hacer entrega de ésta. No obstante lo anterior, habiendo tenido a la vista, la resolución requerida en la que se consignan datos propios del procedimiento sumarial, como el RUT del Fiscal Instructor, que en este caso se trata de un dato de contexto, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, deberá resguardarse dicha información de manera previa a su entrega, procediendo a tarjarla, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Luis Sepúlveda López, en contra del Servicio de Salud Libertador Bernardo O'Higgins, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Salud Libertador Bernardo O´Higgins:</p>
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a) Entregue al reclamante en conformidad a lo expresado en el considerando 5° de la presente decisión, copia de la resolución que da inicio al procedimiento sumario en tramitación a la fecha de la solicitud, aplicando el principio de divisibilidad, debiendo tarjar los datos personales de contexto, caso en el que se encuentra el RUT del Fiscal Instructor.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Sepúlveda López, y al Sr. Director del Servicio de Salud Libertador Bernardo O´Higgins.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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