Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, ordenándose la entrega de copia de “las comunicaciones entre las direcciones regionales y la Dirección Ejecutiva del SEA, según lo dispone la letra f) del Nº4 del Oficio Ord. Nº 150575/2015 de 24 de marzo de 2015” sostenidas en el contexto de las resoluciones que han puesto término anticipado a proyectos de inversión a la luz del artículo 15 bis de la Ley Nº19.300 durante el año 2024. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que debería obrar en poder del órgano requerido, conforme al artículo 8°, inciso segundo de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual no se invocaron causales de secreto o reserva. En cuanto a los correos electrónicos, se tiene presente también que los antecedentes generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. En virtud del principio de divisibilidad previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto y sensibles incorporados en la documentación requerida; ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. El presente acuerdo se adoptó con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados, para quien se configura respecto de los correos electrónicos contenidos en la solicitud, la causal de secreto o reserva de afectación de los derechos de las personas, procediendo, en consecuencia, rechazar el presente amparo en ese punto.