<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C2361-14</p>
<p>
Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores.</p>
<p>
Requirente: María de los Ángeles Arrieta Ugarte.</p>
<p>
Ingreso Consejo: 05.11.2014.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 634 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de julio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2361-14.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 01 de septiembre de 2014, doña María de los Ángeles Arrieta Ugarte, solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores -y en forma paralela, al Ministerio de Justicia, quien derivó la solicitud a la referida Subsecretaría-, la siguiente información:</p>
<p>
a) Los antecedentes y documentos respecto a la denuncia del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) contra el Estado de Chile, deducido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;</p>
<p>
b) Todos los antecedentes que tengan del presente caso y que digan relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;</p>
<p>
c) Los antecedentes que se pueden encontrar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos;</p>
<p>
d) Información respecto de la postura del Estado chileno frente al caso anteriormente mencionado, así como también las acciones que pretende realizar en un futuro.</p>
<p>
e) El nombre y contacto de la persona a cargo del caso ya mencionado.</p>
<p>
2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Por correo electrónico de fecha 1° de octubre de 2014, la Subsecretaría comunicó a la solicitante la prórroga del plazo para responder la solicitud.</p>
<p>
Posteriormente, a través de carta, de fecha 14 de octubre de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, informó en síntesis que:</p>
<p>
a) En atención a que existe un proceso pendiente en contra del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas normas de procedimiento obligan al Estado chileno a mantener en reserva la denuncia y las demás presentaciones de las partes que forman el expediente del caso ante dicha Comisión, no es posible entregar copia de la denuncia que se solicita, ya que sólo el mencionado órgano internacional puede publicar información relativa al caso cuando así lo disponga de conformidad a sus estatutos.</p>
<p>
b) En cuanto a los demás antecedentes, documentos que podrían encontrarse en poder de la Subsecretaría, relativos a la mencionada denuncia y la postura del Estado chileno frente a este caso, tampoco pueden ser entregados debido a que forman parte de la defensa o estrategia jurídica internacional del Estado de Chile ante la Comisión, por cuanto su estrategia conlleva la expectativa de que su publicidad afecte la posición de la defensa jurídica internacional del Estado de Chile.</p>
<p>
c) Es necesario hacer presente que el Estado chileno se encuentra en la obligación de observar las normas de procedimiento al cual se encuentra sometido por la Convención Americana de Derecho Humanos y su Reglamento, no pudiendo acceder a la entrega de la copia de la denuncia del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentada en contra del Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en adelante e indistintamente CIDH-, ya que ello implicaría infringir un tratado internacional. En relación con lo anterior, cabe señalar que la entrega de la mencionada denuncia ante la CIDH afecta el interés nacional, en especial lo relativo a las relaciones internacionales entre Chile y la CIDH creadas en el marco de la Organización de Estados Americanos.</p>
<p>
d) Por otra parte, agrega que en el primer informe de la Comisión de Constitución del Senado, acerca de la modificación del nuevo artículo 8° de la Constitución Política de la República, se entiende claramente que es posible establecer limitaciones en virtud del interés nacional en razón de la política exterior, tal como señaló el Ministro Secretario General de la Presidencia de la época, señor Genaro Arriagada. Éste refirió que es necesario contemplar la posibilidad de establecer excepciones justificadas al principio de publicidad toda vez que de lo contrario se puede afectar seriamente el funcionamiento del Estado, los derechos de las personas o la seguridad e interés nacionales. En relación con el interés nacional o seguridad de Estado, indicó que el fundamento de la reserva o secreto puede estar relacionado con razones de defensa nacional, relaciones exteriores, etc. Lo anteriormente expuesto, sería suficiente para denegar la información solicitada.</p>
<p>
e) Con respecto a la solicitud de documentos que pudieran encontrarse ante la Corte Interamericana, cabe manifestar que no hay antecedentes por cuanto esta denuncia no ha sido elevada a aquella instancia.</p>
<p>
f) En atención a las consideraciones anteriores y a las normas citadas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su Reglamento y los artículos 21 N° 1, letra a) y N° 4 de la ley N° 20.285. sobre Acceso a la información pública, no es posible acceder a la entrega de la información solicitada.</p>
<p>
3) AMPARO: El 05 de noviembre de 2014, doña María de los Ángeles Arrieta Ugarte, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
<p>
En ese contexto, indicó que la denegación de información por parte de la autoridad resulta completamente inconstitucional e ilegal. Al efecto, invocando el artículo 8° y 19 N° 12 de la Constitución de la República de Chile, señala que la publicidad es la regla y el secreto la excepción, la que debe interpretarse restrictivamente.</p>
<p>
Expresa que lo solicitado dice relación con todos los antecedentes y documentos que tenga el órgano respecto a la denuncia y además, todos los antecedentes que tengan del caso referido y que digan relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tanto, aquello incluye las consultas, minutas, actas de reunión, resoluciones, apuntes y los correos electrónicos de funcionarios y autoridades enviados o recibidos en el ejercicio de funciones públicas, ya que es información potencialmente pública, a menos que concurra alguna de las excepciones señaladas por el artículo 21 del mismo cuerpo legal.</p>
<p>
Respecto a la implicancia de infringir un tratado internacional, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en el Reglamento que rige la Comisión existe norma alguna que diga relación con la reserva o secreto de los documentos emanados tanto del Estado de Chile como de la parte denunciante. Excepcionalmente, la reserva sólo se establece, exclusivamente respecto al informe emanado de la Comisión, conforme al artículo 50 de la Convención.</p>
<p>
Por otra parte, el órgano reclamado, no señala de qué forma se vulnera el interés nacional, existiendo una respuesta infundada. A su respecto, acceder a los documentos solicitados no afecta el interés nacional por tratarse de escritos que ya han sido interpuestos ante la Comisión Interamericana y que por tanto, si son conocidos, no cambia ni afecta de modo alguno la posición ya asumida por el Gobierno en su defensa ante dicho órgano internacional. Lo solicitado dice relación con documentos ya presentados, y no con aquellos que se presentarán en un futuro.</p>
<p>
De manera subsidiaria, solicita que se haga entrega de una copia íntegra del expediente tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rol N° P-946-12, con costas.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo y, mediante el Oficio N° 6542, de 14 de noviembre de 2014, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores, solicitándole que al formular sus descargos, entre otras cosas: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) remita copia íntegra de la solicitud de información que dio origen al presente amparo.</p>
<p>
El Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores, mediante Oficio N° 14391, de 27 de noviembre de 2014, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
<p>
a) Se rechazó la entrega de la información solicitada en atención a los artículos 21 N° 1, letra a) y N° 4, de la Ley de Transparencia, reproduciendo los argumentos dados en su respuesta al solicitante, anotados en el numeral 2° de la parte expositiva.</p>
<p>
b) Además, respecto a la primera causal invocada, hizo presente que la divulgación afecta la estrategia de defensa jurídica internacional que se materializará en la decisión de la Comisión Interamericana de someter o no el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado chileno, cuya sentencia en este caso producirá efectos jurídicos para toda la Nación. La entrega de la información solicitada, puede permitir su divulgación en la sociedad, antes de que la CIDH redacte su informe, lo que conlleva un perjuicio probable de entorpecer la defensa jurídica del Estado de Chile y con ello, el riesgo que la mencionada Comisión demande al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.</p>
<p>
c) La denuncia, junto con los demás antecedentes, y la postura del Estado chileno frente a este caso, tampoco pueden ser entregados debido a que forman parte de la defensa o estrategia jurídica, y por ello, su publicidad conlleva a la expectativa de que afecte la posición de la defensa jurídica.</p>
<p>
d) Además de lo expuesto precedentemente, la entrega de la mencionada denuncia ante la CIDH afecta también el interés nacional, en especial, lo relativo a las relaciones entre Chile y la CIDH creada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido, si bien no existe una definición legal acerca de qué se entiende por interés nacional, una aproximación a ella, se puede encontrar en la obra del profesor Enrique Evans de la Cuadra, llamado "Los Derechos Constitucionales", la cual fue citada también por el Consejo para la Transparencia, en la decisión de Amparo Rol C933-14, que reza que aquellos "expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la nación toda, entera, y jamás por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden". A continuación, del mismo, el Consejo agrega "Con todo, algunos autores matizan el punto y admiten que aunque el beneficio debe ser para el país en su conjunto, puede referirse a sectores de su población, áreas de actividad o zonas geográficas específicas o determinadas dentro de él." Pues bien, precisamente un ámbito donde por naturaleza puede expresarse este interés es la política exterior de un Estado, que debe representar al conjunto de la población.</p>
<p>
e) Por tanto, para llevar a cabo adecuadamente sus labores, vale decir, su normal funcionamiento, este Ministerio considera dentro de los principios que guían su política exterior fijada por S.E. la Presidenta de la República, el de cooperación con las organizaciones internacionales y los órganos creados al amparo de ellas, como es el caso de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, el cual evita tensiones en las relaciones internacionales, aspectos involucrados en el concepto de orden público, los cuales benefician a la sociedad toda, siendo en consecuencia, de interés nacional.</p>
<p>
f) Por otra parte, corresponde tener presente la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en el reclamo de ilegalidad Rol N° 1808-2014, la cual en el considerando sexto señala: "el tema es determinar qué autoridad se encuentra autorizada para efectuar la ponderación de los efectos dañinos que la revelación de la información pedida podría probablemente ocasionar, es decir, quien se encuentra dotado de las facultades y capacidades técnicas para ello. Esa evaluación de la concurrencia de la causal de exoneración, corresponde, a juicio de estos sentenciadores, al Presidente de la República de Chile, a quien la Constitución Política de la República encomienda, en su artículo 32 N° 15, con carácter de atribución especial, "la de concluir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales". A su turno, el artículo 33 de la misma Carta Fundamental, indica: "los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado". En efecto, el Decreto con Fuerza de Ley N° 161, de 1978, que fija el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores dispone en su artículo 3° que "El Ministro de Relaciones Exteriores es el jefe Superior del Ministerio y el colaborador inmediato del Presidente de la República en el ejercicio de las atribuciones conferidas a este por la Constitución Política del Estado para la dirección, conducción y mantenimiento de las relaciones internacionales del país". Agrega dicha Corte de Apelaciones en el considerando séptimo que "(...) el estudio de la solicitud de acceso a la información, en este caso corresponde exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que es único órgano técnico capaz de sopesar el impacto que la divulgación de la información requerida podría causar en las relaciones...", estas últimas en este caso, operan con un Organismo Internacional, creado en el marco de una Organización Internacional. Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha actuado legalmente como ejecutor de la política exterior de la Presidenta de la República, en una materia que constitucionalmente es privativa de ésta, al quedar ella comprendida dentro de la facultad de "conducir" un aspecto preciso de la Administración del Estado, cual es la dirección de las relaciones internacionales.</p>
<p>
g) En otro orden de ideas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 50, en lo que interesa, señala:</p>
<p>
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y las conclusiones.</p>
<p>
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.</p>
<p>
Por su parte, el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 14, número 3, indica: "Cada periodo se compondrá de las sesiones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Las sesiones tendrán el carácter de reservado, a menos que la Comisión determine lo contrario".</p>
<p>
El artículo 20 N° 1 del aludido Reglamento, manifiesta:</p>
<p>
1. En cada sesión se levantará un acta resumida en la que constará el día y hora de celebración, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y cualquier declaración especialmente formulada por los miembros con el fin de que conste en acta. Estas actas son documentos internos de trabajo de carácter reservado.</p>
<p>
El artículo 44, en lo que atañe, estipula:</p>
<p>
1. Si establece que no hubo violación en un caso determinado, así lo manifestará en su informe sobre el fondo. El informe será transmitido a las partes, y será publicado e incluido en el informe anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA.</p>
<p>
2. Si establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en cuestión. En tal caso, fijará un plazo dentro del cual el Estado en cuestión deberá informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. El Estado no estará facultado para publicar el informe hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto.</p>
<p>
En consecuencia, si no hay acuerdo entre las partes para dar solución al caso, la CIDH redactará un informe que sólo será público por decisión de la propia Comisión, A ello se debe agregar que las sesiones y las actas de las mismas, son reservadas, como asimismo, el expediente de la denuncia, y que por tratarse de una materia sometida a su conocimiento, es la propia CIDH quien tiene la atribución de divulgar dicha información.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, de información consistente en los antecedentes respecto a la denuncia del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) en contra del Estado de Chile, deducido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y demás documentos señalados en el numeral 1° de la parte expositiva de la presente decisión. En este contexto, el órgano fundó su rechazo a la solicitud, en virtud del artículo 21 N° 1, letra a) y N° 4, ambas de la Ley de Transparencia, en la forma expuesta en los numerales 2° y 4° de lo expositivo.</p>
<p>
2) Que, de acuerdo a la invocada causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si se tratare de "antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". En el mismo sentido el artículo 7° N° 1 letra a) de su Reglamento califica como secretos los antecedentes "(...) destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico".</p>
<p>
3) Que, sobre este punto cabe recordar el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, mediante las cuales se resolvió que dicha causal debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia.</p>
<p>
4) Que este Consejo ha fijado algunos criterios en relación a la causal alegada, a saber:</p>
<p>
a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (criterio sostenido invariablemente por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C380-10).</p>
<p>
b) En materia de medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio:</p>
<p>
i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (por ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la etapa probatoria, pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo (así se reconoce en decisión de amparo roles A68-09 y A293-09).</p>
<p>
ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente, a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia. Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo Rol A380-09).</p>
<p>
5) Que, analizando la solicitud de información anotadas en el numeral 1°, letras a) y b), de lo expositivo, se advierte que aquellas naturalmente forman parte del expediente interno que lleva el órgano reclamado. En este sentido, de conformidad a lo expuesto en la letra a), del considerando precedente, al guardar ellos relación con la estrategia jurídica del órgano, la publicidad de estos antecedentes lógicamente afectaría la defensa respectiva, ya que de esta manera, se adelantaría información relevante, que dependiendo de la estrategia judicial que se aplique en la especie, podrían o no presentarse ante la Comisión, y en caso de hacerlo, la oportunidad procesal en la que se hagan valer, podría ser determinante. Así las cosas, a criterio de este Consejo, la causal de reserva alegada concurre efectivamente en este caso, rechazándose en esta parte el amparo objeto de esta decisión.</p>
<p>
6) Que, en lo que atañe a lo pedido en la letra c) del numeral 1°, de la parte expositiva, que se refiere a los documentos o antecedentes que "se pueden encontrar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", el órgano reclamado, fue claro al señalar que no hay antecedentes, por cuanto la denuncia no ha sido elevada a la mencionada Corte. Esto, en consecuencia, da cuenta de la inexistencia evidente de la documentación requerida en esta parte del literal referido, debiéndose rechazar el amparo en esta parte.</p>
<p>
7) Que, respecto a la solicitud anotada en la letra d), del numeral 1°, de la parte expositiva, cabe hacer presente que lo solicitado constituye en sí misma la estrategia jurídica del Estado de Chile, frente a la denuncia interpuesta en su contra. En consecuencia, en la especie ha de aplicarse el mismo razonamiento expuesto en el considerando 4° precedente, referente al perjuicio de la publicidad anticipada de las estrategias judiciales, configurándose por lo tanto, la causal de reserva contemplada en la letra a) del numeral 1°, del artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
8) Que, por otra parte, en relación la letra e), del numeral 1°, de lo expositivo, tal como se razonó en el amparo rol C2306-14, la divulgación de la identidad de los funcionarios que toman parte en las respectivas causas judiciales o extrajudiciales, necesariamente supone un riesgo de afectación en el cumplimiento de sus funciones habituales. En efecto, exponer a los especialistas a consultas de interesados, a recibir antecedentes por medios postales y electrónicos o verse obligados a atender llamados telefónicos que se le formulen para requerir información sobre el avance de sus respectivas presentaciones como a dar explicaciones por un eventual rechazo de los recursos o presentaciones efectuados, supone distraer a dicho personal de las tareas habituales que les han sido encomendadas.</p>
<p>
9) Que asimismo, a criterio de este Consejo, la divulgación de los antecedentes del o de los funcionarios respectivos, supone afectar y restar eficacia a los mecanismos internos tales como oficina de partes, central telefónica, operadores del portal electrónico, todos los cuales han sido implementados a fin de brindar un servicio oportuno y eficaz a las presentaciones, consultas y reclamos efectuadas por los usuarios del organismo requerido. En concordancia con lo anterior, y encontrándose acreditada la hipótesis de reserva invocada en esta sede por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, contenida en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, se rechazará el presente amparo.</p>
<p>
10) Que, habiéndose acreditado la configuración de la causal recién referida, resulta inoficioso analizar el resto de las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado.</p>
<p>
11) Que, en lo que atañe a la solicitud subsidiaria contenida en el amparo -anotado en la parte final del numeral 3°, de la parte expositiva-, en orden a que se le haga entrega de una copia íntegra del expediente tramitado ante la CIDH Rol N° P-946-12, es necesario señalar que ésta constituye una solicitud de información, que debe ser dirigida a la Subsecretaría a través del medio que la Ley de Transparencia establece al efecto. En este sentido, el amparo al derecho de acceso a la información, regulado en el artículo 24 y siguiente de la mencionada ley, no constituye una vía para realizar peticiones de esa naturaleza. En consecuencia se rechazará la solicitud subsidiaria deducida.</p>
<p>
12) Que, en relación con la solicitud de condenación en costas de parte del reclamante, anotada en el numeral 3°, parte final, de lo expositivo, cabe hacer presente que, a criterio de este Consejo, ésta resulta ser improcedente en virtud del Principio de Gratuidad en que se inspira este procedimiento administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 letra k), de la Ley de Transparencia y artículo 6°, de la ley N° 19.880, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por doña María de los Ángeles Arrieta Ugarte en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, por haberse configurado la causal de reserva del artículo 21 N° 1° de la Ley de Transparencia, conforme a los razonamientos expuestos en los considerandos precedentes.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María de los Ángeles Arrieta Ugarte, y al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>