Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2374-14

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Reclamante:	JORGE VENEGAS MÜLLER
Reclamado:	AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Agencia de Calidad de la Educación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información relativa a la prueba de Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 2013, rendida por su hijo, en particular, "el número de preguntas buenas, número de preguntas malas y número de preguntas omitidas en SIMCE 2013, de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, rendidas por su hijo", de quien señala nombre y RUT. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado cuenta con los soportes computacionales para poder generar lo pedido, sin hacer referencia en su respuesta o descargos el tiempo que requeriría elaborar la información solicitada. No acreditando la causal de secreto alegada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/30/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:	C2155-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Sumarios e investigaciones sumarias >> Afinados
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C2374-14 Entidad pública: Agencia de Calidad de la Educación Requirente: Jorge Venegas Müller Ingreso Consejo: 06.11.2014 En sesión ordinaria N° 620 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2374-14. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 03 de octubre de 2014, don Jorge Venegas Müller solicitó a la Agencia de Calidad de la Educación información relativa a prueba de Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 2013, rendida por su hijo, en particular, "el número de preguntas buenas, número de preguntas malas y número de preguntas omitidas en SIMCE 2013, de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, rendidas por su hijo", de quien señala nombre y RUT. 2) RESPUESTA: El 30 de octubre de 2014, la Agencia de Calidad de la Educación respondió a dicho requerimiento de información mediante Carta N° 505, señalando, en síntesis, que se deniega el acceso a la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, puesto que se distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores. Agrega el órgano reclamado, que la información requerida pedida no es generada por ellos, dado que no está contemplada en el proceso de análisis de datos SIMCE ni en la entrega de resultados del mismo. Finalmente, hace presente que para obtener los resultados SIMCE, se utiliza el método de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) y no se efectúa un cálculo bajo la teoría clásica de los resultados de los estudiantes. 3) AMPARO: El 06 de noviembre de 2014, don Jorge Venegas Müller dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, mediante oficio N° 6501, de fecha 11 de noviembre de 2014. El órgano reclamado, a través de Ord. N° 247, de fecha 26 de noviembre de 2014 presentó sus descargos, reiterando que la información solicitada fue denegada toda vez que se configuraría la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto la solicitud de información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del Servicio, debido a que la generación de los datos requeridos no está contemplado dentro de los procesos de la Agencia, por lo que su elaboración conllevaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores o la contratación de personal adicional sólo para efectos de entregar la información, lo que genera un perjuicio al funcionamiento de la institución toda vez que se trata de un organismo nuevo que aún no alcanza su dotación máxima de personal, por lo que existen unidades o departamentos que tienen personal mínimo para el desempeño de sus funciones, como es el caso de la Unidad de Análisis Estadístico, compuesta por 5 profesionales más la jefatura por lo que si un funcionario realiza otras tareas es notoriamente perjudicial en la cadena de procesos. Ello se justifica por cuanto la prueba SIMCE no está diseñada para obtener resultados individuales, sino que puntajes en forma agregada, a nivel de establecimiento, común, región o país, por lo que no es posible entregar al peticionario lo solicitado. Agrega, la entidad reclamada, que utiliza el método de Teoría de Respuesta al Ítem, a través del cual no se analizan las pruebas individualmente, sino que se examina cada ítem (pregunta) en forma separada, sin especificar el niño que responde, ya que lo que se buscaría es medir habilidades y los conocimientos de los alumno en su conjunto y no en forma individual. Por ello, entregar el número de preguntas buenas, malas y omitidas de una prueba específica, significaría proporcionar informacion errónea, inválida y que no representa los conocimientos del estudiante, con lo que pierde su utilidad como indicador de la calidad de la educación. Por otro lado se agrega, que por la época del año en que se formula la solicitud es especialmente compleja para la institución, por cuanto están en pleno proceso de análisis de la prueba SIMCE 2014, lo que ha generado considerablemente su carga de trabajo. Finalmente, se hace presente que si bien la información solicitada no es procesada por la institución, si se cuenta con los soportes computacionales para poder generar lo pedido. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 03 de octubre de 2014, don Jorge Venegas Müller solicitó a la Agencia de Calidad de la Educación, información relativa al número de preguntas buenas, malas y omitidas en la prueba SIMCE 2013, de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, rendidas por su hijo, obteniendo respuesta denegatoria fundada en que se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Transparencia, en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Agrega dicho precepto legal, que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Luego, la información pedida es pública, a menos que concurra alguna de las excepciones que contempla la ley, lo que en todo caso debe adecuarse con las exigencias dispuestas por la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. 3) Que, lo requerido constituye un dato personal a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, en tanto se trata de un conjunto organizado de información concerniente a una persona natural identificada. Por lo tanto, en principio, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4°, 7° y 20 de la citada ley, su comunicación sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello. En la especie, la titularidad de los datos personales solicitados le pertenecen a un menor de edad, razón por la cual, el consentimiento para revelar sus datos personales debe ser prestado por quien ostente su representación legal. Al respecto, se ha acreditado que el requirente es el padre del menor a cuyo respecto solicitó la información, mediante la respectiva copia del certificado de nacimiento. 4) Que, de acuerdo al artículo 11 letra h) de la ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, dentro de las atribuciones de la Agencia para el cumplimiento de sus funciones, señala "Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos. En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística a nivel individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia, cancelación o condicionalidad de matrícula u otros similares", existiendo un precepto en el mismo sentido en el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, que establece la Ley General de Educación. 5) Que, el órgano reclamado invocó la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, para justificar la denegación de la información solicitada. Cabe tener presente que dicha causal, permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, este Consejo ha establecido que dicha causal sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado. 7) Que, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada, debiendo considerarse para ello que la información pedida es información de naturaleza pública de acuerdo a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, y que reviste gran interés ciudadano a fin de velar por la educación escolar de sus hijos. Además, los antecedentes solicitados constituyen un universo de información muy reducido, preciso y delimitado, esto es, el resultado individual detallado de un alumno determinado en la prueba SIMCE del año 2013, de entre miles de alumnos que la rindieron. 8) Que, por su parte, el órgano reclamado para fundamentar la causal de reserva invocada, ha sostenido que la solicitud de información afecta el debido cumplimiento de las funciones del Servicio, debido a que la generación de los datos requeridos no está contemplado dentro de los procesos regulares de la Agencia, por lo que su elaboración conllevaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores o la contratación de personal adicional sólo para efectos de entregar la información, lo que genera un perjuicio al funcionamiento de la institución toda vez que su personal es mínimo para el desempeño de sus funciones, como es el caso de la Unidad de Análisis Estadístico, compuesta por 5 profesionales más la jefatura, por lo que si un funcionario realiza otras tareas es notoriamente perjudicial en la cadena de procesos, añadiendo que a la época de la solicitud tenía una mayor carga de trabajo por cuanto se encontraban en pleno proceso de análisis de la prueba SIMCE 2014. 9) Que, no obstante lo expuesto, la propia entidad requerida señala que si bien la información solicitada no es procesada por la institución, si cuenta con los soportes computacionales para poder generar lo pedido, sin hacer referencia en su respuesta o descargos al tiempo que requeriría elaborar la información solicitada, en relación al volumen de la misma, a fin de ponderar el modo en que realmente la solicitud de información afectaría el debido cumplimiento del órgano, distrayendo indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, por lo que a juicio de este Consejo los antecedentes proporcionados por el órgano requerido no resultan plausibles para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia invocada, razón por la cual se desestimará dicha causal de reserva, y en definitiva, acogerá el presente amparo. 10) Que, a mayor abundamiento, siendo lo requerido los resultados de un solo alumno, aparece notoriamente inverosímil que la solicitud afecte el debido funcionamiento del órgano reclamado, por lo que su conducta constituye una dilación innecesaria, lo que configura una infracción a los principios de facilitación y oportunidad contemplados en el artículo 11, letras f) y h) de la Ley de Transparencia, lo que será representado en lo resolutivo de la presente decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Venegas Müller, en contra de la Agencia de Calidad de la Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación : a) Hacer entrega al reclamante la información pedida al tenor de lo señalado en el N°1 de lo expositivo, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad estadística que a nivel individual o por alumno, tendría la prueba SIMCE, en atención a su diseño metodológico. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar severamente al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación la infracción a los principios de facilitación y oportunidad contemplados en el artículo 11, letras f) y h) de la Ley de Transparencia, toda vez que denegó la información pedida invocando una causal de reserva manifiestamente improcedente para el presente caso, constituyendo una dilación innecesaria en la obtención de la información pedida por parte del requirente, Lo anterior, a fin que adopte las medidas que sean necesarias para adecuar todas y cada una de sus actividades institucionales a la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Venegas Müller y al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.