Se dedujo reclamo de ilegalidad contra la decisión del Consejo para la Transparencia, recaída en el amparo C516-11, que resolvió acoger dicho recurso ordenando la entrega de las órdenes de aprehensión solicitadas. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo por estimar que, en primer lugar, el Consejo era competente para conocer el amparo de acceso correspondiente, pues se configuró la denegación de información por parte del recurrente y, por considerar que la existencia de una base de datos en el Servicio de Registro Civil de las órdenes de aprehensión no exime a la recurrente de la obligación de dar acceso a la información que le fue solicitada, en virtud de la Ley de Transparencia, cuyas disposiciones no pueden estimarse alteradas por normas reglamentarias anteriores.