Se dedujo recurso de queja en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago quienes acogieron el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) contra la decisión de amparo rol C1266–11. La Corte Suprema señaló que que los sentenciadores recurridos, al declarar que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras no se encontraba obligada a entregar la documentación solicitada por don Marco Correa Pérez, en base a lo dispuesto en el art. 7º de la Ley General de Bancos, sin hacerse cargo de la regulación constitucional del asunto, limitándose a señalar que la información referida excedía con creces la naturaleza de estadística y que su divulgación podría tener impacto en el funcionamiento de las instituciones financieras, sin explicitar suficientemente el por qué de su decisión, han incurrido en falta o abuso grave que debe ser subsanada por esta vía, toda vez que con lo resuelto permitieron que un Órgano del Estado retuviera información que estaba obligado a entregar y afectaron el derecho constitucional de un ciudadano de acceder al conocimiento de los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, por estas consideraciones se declara que se acoge el recurso de queja deducido en lo principal de fojas 2 y en consecuencia se deja sin efecto la resolución la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil doce, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el reclamo interpuesto por la SBIF en contra del Consejo para la Transparencia.