Se dedujo reclamo de ilegalidad en contra de la decisión C1482-11. La Corte de Apelaciones de Santiago señaló que acoge el reclamo ya que la Constitución Política de la República consagra la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, pudiendo interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la ley. El correo electrónico está englobado en el concepto de comunicación privada. En el caso de los funcionarios públicos, también se aplica la garantía constitucional y solo una ley –que no se ha dictado– podría establecer una suerte de reducción de la privacidad. De esta manera, la inviolabilidad de la comunicación, cualquiera sea su contenido, es eficaz respecto de terceros, esto es, para distinguir si una comunicación es pública o privada, lo constituye la intención de publicidad o privacidad ya sea que emanen de un servidor público o privado, se refieran al ejercicio de sus funciones o hechos de su vida privada.