Se interpuso reclamo de ilegalidad en contra de la decisión C1000-12. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo y señaló que con el único propósito de dar algún tipo de respuesta a los planteamientos del Consejo de Defensa del Estado ha de expresarse que esta Corte no entiende comprometido el "secreto profesional" invocado. Por lo pronto, porque no existe entre el reclamante y el tercero una relación de abogado/cliente. Lejos de ello, está involucrada información que ha de ser de acceso público porque sirvió de sustento para tomar una decisión. En tal sentido, resulta orientador el criterio contenido en el artículo 21 letra b) de la Ley de Transparencia, de acuerdo con el cual tienen el carácter de reservados los antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, pero sólo hasta que sean adoptadas. Enseguida, tampoco se está en presencia de un caso en que el órgano haya debido preparar una defensa de los intereses del Estado, toda vez que –en la especie– se decidió no iniciar acción judicial alguna.