Se interpuso reclamo de ilegalidad en contra de la decisión C17-13. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo y señaló que que tratándose de una excepción al principio general de publicidad, lo alegado debe probarse; pero aún más, incluso de establecerse algún grado de afectación a los derechos que enuncia, deberá ponderarse si el beneficio que genera la publicación es mayor que el daño que pudiera aquella ocasionar (test de daños); y, en este entendido, la reclamante nada ha probado, circunscribiendo su fundamentación a aspectos generales, aludiendo, en cuanto al derecho de propiedad, al know–how, métodos de gestión y datos sensibles, antecedentes que de ser conocidos le generarían perjuicios; manifestando por otra parte, que los expedientes administrativos de que se trata contienen aspectos propios de la privacidad de sus docentes y alumnos, y finalmente, que también se afecta la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en materia económica y otros derechos; aspectos todos que no concretiza en aristas lesivas precisas, erigiéndose por tanto como enunciados faltos de contenidos y significancia, enmarcado en el cual solo cabe desestimarlos, situando por tanto los antecedentes de que se trata en la regla general de lo público