Se dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos citados en la decisión C592-09. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el requerimiento ya que señaló que el recurso de inaplicabilidad no está diseñado para ordenarle a un juez que deba resolver una gestión pendiente, cuál es la norma que debe aplicar. Su efecto es más bien negativo, pues suprime del universo normativo que debe considerar un juez, determinados preceptos legales. Finalmente, hay que considerar que en este ámbito la propia jurisprudencia de los tribunales se ha encargado de establecer criterios orientadores en la materia, sobre la base de sus propias potestades, sin necesidad de transformar el conflicto de legalidad en uno de constitucionalidad, considerando la importancia que tiene para el país la selección de altos directivos públicos a través del sistema de la Alta Dirección Pública, que 19 ayuda a garantizar el “carácter técnico y profesional” (artículo 38 de la Constitución) que éste debe tener. (Con voto disidente)