Se dedujo reclamo de ilegalidad por parte del Consejo de Defensa del Estado contra Decisión del Consejo C1270-13, que acogió un amparo y por el cual se le ordenó proporcionar copia del acta o documentos en que consten los argumentos en que el Còmite Penal del CDE decidió hacerse o no parte de un proceso penal, del Ministerio Pùbluco de Viña del Mar, relativo a una investigación contra Alcaldesa de dicha ciudad por irregularidades observadas en el proceso de obtención de su licencia de educación media. La Corte rechazó el reclamo señalando que la actuación del Consejo de Defensa del Estado, implica la forma en que ha ejercido las competencias otorgadas en su Ley Orgánica y por ende, su decisión de no intervención conlleva un acto de carácter administrativa en tanto órgano de la Administración del Estado. Entonces, la actuación del Consejo de Transparencia reclamado, aparece amparada en las letras b) y j) del artículo 33 de la Ley respectiva, situación jurídica que debe contextualizarse en estrecha relación con el inciso 2 del artículo 8 de la Carta Fundamental, más aún cuando no se justifica legalmente la reserva del acto nominado ni menos de encontrarse cubierto por el secreto profesional pues, se insiste, éste debe supone la existencia de un proceso judicial, que no existe.