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Marcelo Vargas Troncoso con HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO Rol: C1810-14

Consejo para la Transparencia, 03/03/2015

Se dedujo amparo en contra del Complejo Hospitalario San José, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al detalle de atenciones realizadas producto de accidentes de tránsito de los últimos dos años, la información debe contener por cada uno, número de atención, fecha de la atención, días de hospitalización y todas las prestaciones efectuadas. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que contestar la solicitud de información implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1810-14

Entidad pública: Complejo Hospitalario San José

Requirente: Marcelo Vargas Troncoso

Ingreso Consejo: 28.07.2014

En sesión ordinaria N° 598 del Consejo Directivo, celebrada el 3 marzo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1810-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de agosto de 2014, don Marcelo Vargas Troncoso solicitó al Complejo Hospitalario San José "el detalle de atenciones realizadas producto de accidentes de tránsito de los últimos dos años, la información debe contener por cada uno, número de atención, fecha de la atención, días de hospitalización y todas las prestaciones efectuadas".

2) RESPUESTA: Mediante documento de 20 de agosto de 2014, el Hospital de San José dio respuesta a la solicitud de información, señalando que no es posible entregar la información solicitada por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 21 de agosto de 2014 don Marcelo Vargas Troncoso dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del organismo reclamado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo, mediante el Oficio N° 4.836, de 28 de agosto de 2014, confirió traslado al Sr. Director del Complejo Hospitalario San José, quien, mediante Ordinario N° 900, de 15 de septiembre de 2014, evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos:

a) Actualmente no es factible responder a la totalidad de la solicitud debido al volumen de datos requeridos, esto fundamentado en que nuestro recurso humano destinado para realizar el proceso administrativo de pacientes lesionados por accidentes de tránsito es limitado, por lo que destinar parte de este recurso a reunir la información iría en desmedro de todos los pacientes que actualmente ingresan a esta institución a causa de este tipo de accidentes, ya que en cada caso se debe realizar un proceso de validación de pólizas, valorización de cuentas y orientación a pacientes y familiares, como también, la no realización de este proceso afecta directamente a la institución en el aspecto financiero por la no recuperación del gasto en que se incurre para dar atención a estos pacientes mediante Seguro Obligatorio de Accidentes Personales.

b) Nuestro proceder se fundamenta en la Ley N° 18.490, artículo 32: "El pago de los gastos de hospitalización y atención médica, quirúrgica o farmacéutica, también se podrán hacer en forma directa al Servicio de Salud o a la entidad previsional u hospitalaria, que acredite haber prestado a la víctima el correspondiente servicio"; y en la Ley N° 18.834, De las obligaciones funcionarias; a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a esta correspondan.

c) Por lo expuesto, actualmente no es posible destinar recursos para la consolidación de los datos requeridos por lo que nuestra capacidad de respuesta a esta solicitud se traduce a la cantidad de pacientes ingresados a causa de accidentes de tránsito de los últimos dos años:

i. Enero 2012: 153 lesionados. Enero 2013: 64 lesionados.

ii. Febrero 2012: 70 lesionados. Febrero 2013: 59 lesionados.

iii. Marzo 2012: 120 lesionados. Marzo 2013: 101 lesionados.

iv. Abril 2012: 105 lesionados. Abril 2013: 98 lesionados.

v. Mayo 2012: 102 lesionados. Mayo 2013: 105 lesionados.

vi. Junio 2012: 173 lesionados. Junio 2013: 98 lesionados.

vii. Julio 2012: 212 lesionados. Julio 2013: 94 lesionados.

viii. Agosto 2012: 121 lesionados. Agosto 2013: 73 lesionados.

ix. Septiembre 2012: 87 lesionados. Septiembre 2013: 62 lesionados.

x. Octubre 2012: 123 lesionados. Octubre 2013: 121 lesionados.

xi. Noviembre 2012: 89 lesionados. Noviembre 2013: 115 lesionados.

xii. Diciembre 2012: 104 lesionados. Diciembre 2013: 86 lesionados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el organismo reclamado, en respuesta a la solicitud de información formulada por el reclamante, invocó la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. No obstante ello, con ocasión de sus descargos, entregó parte de la información solicitada, esto es, el número de lesionados por mes durante los años 2012 y 2013. En consecuencia, no dio respuesta al número de atención, fecha de la atención, días de hospitalización y todas las prestaciones efectuadas, respecto de las cuales esta Corporación entiende que el organismo reclamado ha invocado la causal de reserva antes invocada.

2) Que de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo, la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que de acuerdo al precepto legal citado en el párrafo precedente, concurre dicha causal cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimiento de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

4) Que, precisado lo anterior, cabe señalar que el Reglamento de la Ley de Transparencia, al precisar los supuestos de la causal del artículo 21 N° 1 letra c), señala en su artículo 7° N° 1, letra c), inciso 3°, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

5) Que respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

6) Que, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada, debiendo considerarse para ello que los datos referidos a las prestaciones médicas consultadas -número de atención, fecha de atención, días de hospitalización y todas las prestaciones efectuadas- han de contenerse en las respectivas fichas clínicas de cada uno de los pacientes que recibieron asistencia médica en el recinto hospitalario producto de accidentes de tránsito. En efecto, conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.584, la ficha clínica es el "es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente.".

7) Que, a objeto de fundar la causal alegada, el organismo reclamado señaló que "no es factible responder a la totalidad de la solicitud debido al volumen de datos requeridos, esto fundamentado en que nuestro recurso humano destinado para realizar el proceso administrativo de pacientes lesionados por accidentes de tránsito es limitado, por lo que destinar parte de este recurso a reunir la información iría en desmedro de todos los pacientes que actualmente ingresan a esta institución a causa de este tipo de accidentes, ya que en cada caso se debe realizar un proceso de validación de pólizas, valorización de cuentas y orientación a pacientes y familiares, como también, la no realización de este proceso afecta directamente a la institución en el aspecto financiero por la no recuperación del gasto en que se incurre para dar atención a estos pacientes mediante Seguro Obligatorio de Accidentes Personales". Además, indicó el volumen total de pacientes ingresados por causa de accidentes de tránsito, desglosados por mes, durante los años 2012 y 2013, que en total ascienden a 2.535 pacientes.

8) Que atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

9) Que, en consecuencia, y conforme con lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Marcelo Vargas Troncoso en contra del Complejo Hospitalario San José, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director del Complejo Hospitalario San José y a don Marcelo Vargas Troncoso.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.