logo
 

Marco Jofré Muñoz con Fundación Integra Rol: C469-11

Consejo para la Transparencia, 31/08/2011

Se interpuso amparo en contra de Fundación Integra, fundado en que ésta dio una respuesta negativa a su requerimiento de información, fundada en que, al tratarse de una institución de derecho privado, no está regida por la Ley N° 20.285. El Consejo estimó que si bien Fundación Integra es una entidad cuya naturaleza es de derecho privado, esta sola razón no es óbice para sustraerla de la aplicación de las normas y principios de derecho público, entre las cuales se encuentra el principio de publicidad establecido en el art. 8° inciso 2° de la Constitución Política y desarrollado en la Ley N° 20.285, decidiendo que debe acogerse la petición referida a la entrega de la planta de personal y las remuneraciones, información pública conforme lo dispone el art. 7° de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:




Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C469-11

Entidad Publica: Fundación Integra

Requirente: Marco Jofré Muñoz

Ingreso Consejo: 13.04.2011

En sesión ordinaria N° 278 de su Consejo Directivo, celebrada el 31 de agosto de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C469-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de marzo de 2011, don Marco Jofré Muñoz, concejal de Calera de Tango, solicitó a la Fundación Integra la siguiente información:

a) Planta de personal y remuneraciones al 28 de febrero de 2010 de los ocupantes de los siguientes cargos:

i. Director Ejecutivo, Subdirector, Director Nacional de Recursos Humanos, Subdirector de Recursos Humanos, Director de Regiones, Director de Comunicaciones.

ii. Dotación y remuneraciones por cargo de la Dirección de Comunicaciones

iii. Dotación y remuneraciones por cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

b) Planta de personal y remuneraciones al 28 de febrero de 2011 de los ocupantes de los siguientes cargos:

i. Director Ejecutivo, Subdirector, Director Nacional de Personas, Subdirector de Personas, Dirección de Regiones, Director de Marketing y Comunicaciones

ii. Dotación y remuneraciones por cargo de la Dirección de Comunicaciones

iii. Dotación y remuneraciones por cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

c) Información de los gastos realizados con la donación de tres millones de dólares entregados por el gobierno australiano, según las noticias de su página web del mes de abril de 2010, específicamente lo siguiente:

i. Nombre y dirección de los jardines reparados

ii. Nombre de las empresas que se adjudicaron las reparaciones

iii. Nombre y costo de las empresas que realizaron estudios en los jardines involucrados en este proyecto.

iv. Montos utilizados en cada uno de ellos.

d) Información sobre los gastos realizados con la donación de 100 mil dólares entregados por el Sr. Ricardo Arjona para la Reconstrucción del Jardín Infantil Chacra Alicia de la localidad de Dichato, según noticias de su página web del mes de mayo de 2010. Además, solicita la nómina de beneficiarios con la reconstrucción de este jardín.

2) RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN INTEGRA: Mediante carta de 1° de abril de 2011, notificada al peticionario el día 8 del mismo mes y año, el Director Ejecutivo de la Fundación Integra, respondió la solicitud de acceso, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Fundación Integra es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene como misión otorgar educación inicial de calidad a niños y niñas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. De acuerdo a su naturaleza jurídica, se rige por las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, por sus propios estatutos, y en cuanto a las relaciones laborales, por el Código del Trabajo y legislación afín.

b) La Ley de Transparencia se aplica exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado, definidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de modo que las fundaciones y corporaciones de derecho privado, como la fundación a la que representa, no están regidos por la ley indicada.

c) Como contrapartida sí está obligado a cumplir con las normas sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal que le imponen la Ley N° 19.628, siendo las remuneraciones de los trabajadores un dato personal que se encuentra protegido por dicha ley. En el mismo sentido el artículo 5° del Código del Trabajo exige al empleador respeto a la intimidad, honra y vida privada de sus trabajadores, de modo que éste debe mantener reserva de toda información y datos privados que lleguen a su conocimiento por causa de la relación laboral y no usarlos para fines diferentes a los buscados originalmente.

d) Sin perjuicio de lo anterior, Fundación Integra desde abril de 2009, ha optado voluntariamente por mantener un link de transparencia activa en su página web institucional www.integra.cl, en el que se pude consultar antecedentes tales como el marco normativo que regula la fundación, su estructura orgánica, dotación de personal, contrataciones e información sobre presupuesto asignado.

3) AMPARO: El 13 de abril de 2011, don Marco Antonio Jofré Muñoz interpuso un amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de Fundación Integra, fundado en que ésta dio una respuesta negativa a su requerimiento de información, fundada en que, al tratarse de una institución de derecho privado, no está regida por la Ley N° 20.285.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Director Ejecutivo de la Fundación Integra mediante Oficio N° 960, de 21 de abril de 2011, quien, el 9 de mayo de 2011, evacuó sus descargos y observaciones, alegando, en síntesis, lo siguiente:

a) La Ley de Transparencia tiene por objeto declarado regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información que proviene de los órganos de la Administración del Estado y los procedimientos para el ejercicio del derecho por parte de la ciudadanía y su amparo, así como las excepciones a la publicidad de la información.

b) Conforme a lo dispuesto en los artículos 1° inciso 2°, 2°, 5°, 7° 10, 14, 25, se colige que ésta es aplicable exclusivamente a órganos e instituciones del sector público. Además, algunas partes de la Ley de Transparencia se aplicarán en forma restringida, según lo que para cada caso se detalla en las disposiciones transitorias a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, Empresa Nacional de Minería, Empresa de Ferrocarriles del Estado, Corporación Nacional del Cobre o Banco Estado.

c) Siendo la Ley de Transparencia aplicable a los órganos de la Administración del Estado, es posible afirmar que las Corporaciones y Fundaciones de derecho privado no están obligadas a sus disposiciones, tal como lo ha sostenido el mismo Consejo para la Transparencia en su decisión del amparo Rol C98-10, respecto de la entidad reclamada, Fundación Para el Desarrollo De Chile (FENDAL). En efecto, en su considerando 4º este Consejo ha establecido que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia sólo dice relación con los órganos de la Administración del Estado, de lo que resulta que no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información en conformidad a la citada Ley de Transparencia ante entidades que no invisten tal calidad. Por su parte, en el considerando 5º el Consejo manifiesta que al haber el reclamante interpuesto amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Fundación reclamada, "lo ha hecho en contra de una entidad que no queda comprendida dentro del ámbito de competencia de este Consejo, toda vez que la misma no es un órgano de la Administración del Estado, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo”

d) Además, en la historia fidedigna de la Ley de Transparencia, no se aprecia discusión o alusión alguna que permita concluir que el espíritu del legislador fue el de entender comprendidas en sus normas a entidades no expresamente señalados. Cita un pasaje de la exposición del entonces Ministro Secretario General de la Presidencia ante la Cámara de Diputados.

e) En cuanto a la naturaleza jurídica de la Fundación Integra, se trata de una institución de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene como misión otorgar educación inicial de calidad a niños y niñas que vienen en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. De acuerdo a su naturaleza jurídica, se rige por las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, por sus propios estatutos, y en cuanto a las relaciones laborales, por el Código del Trabajo y legislación afín.

f) El Consejo para la Transparencia ha planteado con anterioridad al presente reclamo que son aplicables los preceptos de la Ley de Transparencia a entidades de derecho privado cuando existe en éstas la participación y/o posición dominante de la Administración Pública, como ocurre con las Corporaciones Municipales, con la consecuente relación de instrumentalidad que viene dada por tres elementos básicos que por regla general concurren copulativamente:

i. La concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación;

ii. La integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombrados por éstos, y

iii. La naturaleza de las funciones que desempeña, que se alinea con el cumplimiento de funciones administrativas.

g) En relación a lo anterior, no compartiendo tal criterio, ni aun aplicándolo al presente caso, se darían los presupuestos para entender que la Ley de Transparencia es aplicable a la Fundación Integra, según se señala a continuación.

i. Concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación. Fundación Integra fue creada como entidad de derecho privado sin fines de lucro, en el año 1979, por iniciativa de la Primera Dama de ese entonces, doña Lucía Hiriart y otras personas naturales que no detentaban cargo alguno en la administración pública. En efecto, cabe recordar que el artículo 3 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, en su letra a) define como cargo público a "aquel que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en las instituciones señaladas en el artículo 10 de esta misma ley, a través del cual se realiza una función administrativa."

ii. Integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombrados por éstos. Respecto del Consejo Nacional, este está presidido por doña Cecilia Morel Montes en su calidad de cónyuge del Presidente de la República y lo integran en calidad de consejeros las personas que ejercen los siguientes cargos y mientras mantengan estos en la institución a la que pertenecen:

1. Un Consejero que designa la Presidenta Nacional.

2. El Director o Directora de la Carrera de Educación de Párvulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

3. El Director o Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile.

4. El Coordinador o Coordinadora Nacional de la Unidad de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

5. El Jefe o Jefa de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación.

6. El Director o Directora del Programa Interdisciplinario en Educación PIIE.

Respecto de la Presidenta del Consejo Nacional, cabe señalar que no existiendo disposición legal ni acto de autoridad competente que haya conferido a la cónyuge del Presidente de la República la calidad de funcionario público ni de autoridad del Estado, no es posible atribuirle tal calidad. De hecho y sólo a modo de ejemplo, se destaca la circunstancia que no está afecta ni obligada a efectuar declaración de intereses, como establece el artículo 57° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con el artículo 7°, del Decreto Supremo N° 99, Reglamento para la Declaración de Intereses de las Autoridades y Funcionarios de la Administración del Estado, ambas del año 2000.

En consecuencia y de acuerdo al criterio utilizado por el Consejo para la Transparencia en su Instrucción General N° 4, punto 2, al referirse a los órganos de la Administración del Estado obligados por la Ley de Transparencia, en su letra l), señala a las corporaciones y fundaciones de derecho privado, en la medida que más del cincuenta por ciento de su órgano directivo sea designado por autoridades o funcionarios públicos o esté integrado por éstos, situación que en el caso de Fundación Integra no se produce.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de la Fundación, la encabeza la persona que sea designada por el Consejo Nacional, a propuesta de la Presidenta Nacional y es quien ejerce la dirección y la administración especial de la Fundación para el cumplimiento de sus fines.

Actualmente quien suscribe ejerce el cargo de Director Ejecutivo de Fundación Integra.

A nivel regional la institución está a cargo de un Director Regional, designado por la Dirección Ejecutiva. En el Director Regional recae la dirección y administración especial de la Fundación en todo el ámbito de la región respectiva, ejecutando los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones regionales cuya ejecución o celebración delegue la Dirección Ejecutiva.

Como órgano de control existe a nivel nacional la unidad de Contraloría Interna, encargada de elaborar y/o perfeccionar las políticas, normas y procedimientos de la fundación, resguardar su debido cumplimiento y ejecutar las labores de auditoría interna. El cargo de Contralor Interno lo ejerce actualmente la abogado Julia Paulina Correa Henríquez.

Delo expuesto, puede constatarse que no existe participación y/o posición dominante de la Administración Pública en relación a los órganos de administración y control de Fundación Integra, puesto que como ya se dijo, todos los trabajadores de Fundación Integra se rigen por el Código del Trabajo y no han sido designados por funcionario o autoridad pública alguna

iii. Naturaleza de las funciones que desempeña, que se alinea con el cumplimiento de funciones administrativas.

De acuerdo con sus estatutos originales, Fundación Integra se constituyó principalmente para fomentar la acción social a través de la conformación de un cuerpo de voluntariado, y para dar apoyo a otras iniciativas privadas de voluntarias, sin que mediara ley que mandatara su creación ni concurrieran órganos públicos en dicho acto constitutivo.

Hoy en día, Fundación Integra centra su quehacer en la primera infancia específicamente entregando atención, cuidado y educación a niños y niñas pertenecientes a las familias de mayor vulnerabilidad social, a través de salas cunas y jardines infantiles. Asimismo, cumple una función de bien común, como tantas otras organizaciones y grupos intermedios a los cuales la Constitución Política de la República les garantiza la autonomía necesaria para cumplirla, tales como el Hogar de Cristo, Un Techo Para Chile, Belén Educa y tantos más. Lo cierto es que por ese sólo hecho no puede entenderse que cumpla por ello una función administrativa, esto es, tal como lo ha señalado el Consejo, funciones propias de los organismos públicos que concurren a su creación.

Sin embargo, la situación de Fundación Integra dista mucho de la naturaleza instrumental de la administración pública a que se refiere el Consejo para la Transparencia en sus pronunciamientos respecto de Corporaciones Municipales, y por ello tampoco a la luz de estos criterios se encuentra obligada por los preceptos de la Ley de Transparencia.

Por último, la pretensión del reclamante respecto de Fundación Integra, entra en abierta contradicción con los deberes que como empleador ésta se encuentra obligada a cumplir. En efecto el artículo 154 bis del Código del Trabajo dispone que el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral.

A mayor abundamiento, Fundación Integra también se encuentra regida por las disposiciones de la Ley 19.628 Sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal, que impide la publicación de antecedentes personales de sus trabajadores, de los niños a los que presta atención, o de sus familias, por tratarse de datos de carácter personal.

h) Acompaña los documentos que especifica en su presentación para una mejor ilustración de los fundamentos expuestos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a abordar el fondo, cabe analizar si la Ley de Transparencia resulta aplicable a Fundación Integra, hecho que ha sido controvertido en el tramitación del presente amparo.

2) Que, si bien Fundación Integra es una entidad cuya naturaleza es de derecho privado, esta sola razón no es óbice para sustraerla de la aplicación de las normas y principios de derecho público, entre las cuales se encuentra el principio de publicidad establecido en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política y desarrollado en la Ley N° 20.285, Ley sobre Acceso a la Información Pública, sino que resulta necesario efectuar un análisis a la luz del criterio que en la materia ha desarrollado este Consejo, en las decisiones de los Amparos A211-09, A242-09, A327-09, C115-11 y Reclamo R23-09, a modo ejemplar, en relación a la aplicabilidad de la Ley de Transparencia a las Corporaciones Municipales, entidades con las que la reclamada en la especie comparte su naturaleza de entidad de derecho privado.

3) Que, en las decisiones aludidas, este Consejo ha afirmado que la utilización de formas organizativas privadas al ámbito estatal, como las corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, persigue una actuación más eficiente de la Administración en beneficio de los ciudadanos pero que, en tanto estas entidades tengan un carácter evidentemente instrumental respecto de la Administración Pública, deben considerarse parte de ésta, resultándoles aplicable las disposiciones de la Ley de Transparencia como parte del estatuto mínimo de las organizaciones que integran la Administración del Estado.

4) Que, para determinar lo anterior, es preciso que el Estado tenga una participación y posición dominante en dichas entidades y que realicen funciones administrativas, pues en estos casos la naturaleza pública debe predominar por sobre la forma privada. Tal participación y/o posición dominante de la Administración Pública sobre una entidad de Derecho Privado, con la consecuente relación de instrumentalidad, viene dada por tres elementos básicos, a saber:

a) La concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación);

b) La integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación públicas de los órganos de decisión, administración y control); y

c) La realización de funciones administrativas (función pública administrativa).

5) Que siendo la “Fundación Integra” una persona jurídica de Derecho privado, de acuerdo a lo que indican sus estatutos, corresponde analizar si a su respecto concurre cada uno de los tres requisitos señalados en el considerando precedente, y si, de esta forma, le resulta aplicable o no las disposiciones de la Ley de Transparencia.

6) Concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación): La actual “Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor”, o Fundación Integra, se denominó originalmente como “Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad” el año 1979, obteniendo su personalidad jurídica mediante D.S. Nº 900/1979, del Ministerio de Justicia. Sus socias fundadoras son cinco personas naturales de manera que, en principio, no se divisa que concurran órganos públicos en su creación. Sin embargo, este Consejo estima que diversos elementos ponen de manifiesto que estas personas concurren a esta constitución no como particulares que pretenden formar un cuerpo intermedio, sino que como personas que tienen el propósito de constituir un órgano de colaboración con el Gobierno en el área social, a propósito de sus vínculos con éste. Lo anterior se desprende, por ejemplo, de lo siguiente:

a) Su sesión constitutiva fue presidida por la primera dama de ese entonces, invocando expresamente esta calidad, y se realizó en el Edificio Diego Portales, entonces sede de Gobierno. Es más, la presidenta y la secretaria de esas sesión se domicilian en el piso 17 de dicho edificio, al igual que la abogada a que facultan para reducir el acta constitutiva a escritura pública;

b) Si bien las cinco socias fundadoras son personas naturales entre ellas se encuentran la “primera dama de la Nación”, esto es, la cónyuge del entonces Presidente de la República, la cónyuge del entonces Ministro del Interior y la cónyuge de otro integrante del ejército, que había sido Intendente de Antofagasta y que luego lo sería de la Región Metropolitana.

c) La estructura de los estatutos está evidentemente ligada con el régimen de gobierno interior y sus autoridades, pues conforme a él, las cónyuges de las autoridades son las autoridades de esta Fundación. Así, tal como la primera dama preside la organización, existían comités regionales dirigidos por “…la cónyuge del Intendente Regional respectivo o por la persona que la Presidenta del Consejo Nacional designe..." (art. 21°), quienes serían las “Vicepresidentas Regionales”, y comités provinciales a cargo de la cónyuge del Gobernador de la provincia o la persona que la Vicepresidenta Regional designase -a propuesta del Gobernador- (art. 25°), quienes serían “Vicepresidentas Provinciales”. Por último, habían oficinas comunales (art. 28°) a cargo de las cónyuges de los Alcaldes o, a falta de ésta, por la persona que el Consejo Nacional, a propuesta del Alcalde, designase. Puede advertirse que más que unos estatutos privados pareciera tratarse de la Ley Orgánica de un servicio público, que otorga potestades para nombrar o proponer personas a autoridades públicas.

d) Las dos actas extraordinarias de reforma acompañadas señalan que la sesión se realiza en la oficina del Gabinete de la esposa del Presidente de la República, ubicadas en el Palacio de La Moneda.

e) Los estatutos atribuyen al Presidente la facultad de designar al Presidente del Consejo Nacional, pues es el cónyuge del Presidente de la República “o la persona que éste designe”, de manera que el Presidente define, en definitiva, quien dirige esta Fundación.

Todo lo anterior, unido a lo que se indicará a continuación, hace que no pueda aceptarse que quienes constituyen esta fundación lo hagan como particulares que ejercen la libertad de asociación, sino que deba entenderse que la creación de esta fundación fue realizada a instancias del poder público, de manera que existe, en suma, una decisión pública de creación.

7) Integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación públicas de los órganos de decisión, administración y control): De acuerdo a lo indicado por los estatutos de la Fundación Integra, el Consejo Nacional de ésta está conformado por:

a) La o el cónyuge del Presidente de la República o la persona que éste designe, quien presidirá el Consejo y la Fundación con el título de Presidenta Nacional o Presidente Nacional.

b) Un Consejero que designe la o el Presidente Nacional.

c) El Director o Directora de la Carrera de Educación de Párvulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

d) El Director o Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile.

e) El Coordinador Nacional de la Unidad de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

f) El Jefe o Jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación.

g) El Director o Directora del Programa Interdisciplinario en Educación PIIE.

Dado que quien preside el Consejo de la Fundación es una persona que, directa o indirectamente es designada por el Presidente de la República, indirectamente también lo es el Consejero que, a su vez, designa el/la Presidente/a de la Fundación. Por otro lado, el académico de la Universidad de Chile es también un funcionario público, al igual que los integrantes señalados en los literales e) y f), funcionarios del Ministerio de Educación. En suma, sólo dos integrantes provienen del mundo privado, a saber, el académico de la Universidad Católica y el Director o Directora del Programa Interdisciplinario en Educación PIIE(una ONG, como puede verse en http://www.piie.cl/), y quien preside la Fundación depende, en definitiva, de una decisión del Presidente de la República. En consecuencia, existe una integración o conformación con control mayoritariamente público de los órganos de decisión y administración de esta fundación.

8) Naturaleza administrativa de las funciones desempeñadas (función pública administrativa): El artículo 5º de los Estatutos de la Institución reclamada señala que “La Fundación tiene por objeto contribuir a la superación de las desigualdades en nuestro país con la implementación de un proyecto nacional dirigido a los niños de escasos recursos menores de seis años, que favorezca su desarrollo intelectual, emocional, social y nutricional, que les permita superar la desventaja con la que acceden a la educación básica y que contribuya a solucionar el problema de su cuidado”, detallando a continuación las funciones que podrá ejercer la Fundación de acuerdo al citado objetivo. Si se revisa la descripción de la labor que realiza en el informe ejecutivo de la “Evaluación comprehensiva del gasto 2006 a la Subsecretaría de Educación”, de julio de 2008, INTEGRA, junto a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, “atendía hasta 2006 todos los niveles de la educación parvularia, desde sala cuna hasta Kinder, sin perjuicio que los niveles de prekinder y kinder además eran ofrecidos por establecimientos municipales y particulares subvencionados por el Estado”. A partir de ese año JUNJI e INTEGRA se concentran en los niveles de sala cuna y medios (0 a 4 años) y la Subsecretaría de Educación, a través del mecanismo de subvención, en prekinder y kinder. A partir del 2007 el prekinder se universaliza en lo que dice relación con el financiamiento, es decir todos los niños y niñas tienen acceso asegurado. Así, JUNJI e INTEGRA «prestan servicios de educación parvularia en todo el país, incluyendo el servicio de alimentación. En el año 2006 se registró una matrícula promedio de 87.754 niños(as) en los establecimientos administrados por JUNJI (según información entregada durante el transcurso del estudio), y de 66.849 en los administrados por INTEGRA». El siguiente recuadro refleja el presupuesto para estas tareas de 2007:

Cuadro N° 1. Presupuestos 2007 MINEDUC

 

  (MM$ 2007) % c/r Ed. Parv. % c/r MINEDUC
JUNJI 100.431 62.31% 3.50%
INTEGRA 58.620 36.37% 2.04%
SUBSECRETARIA 2.125 1.32& 0.07%
TOTAL Ed. Parv. 161.176 100.00% 5.62&
TOTAL MINEDUC 2.868.436   100.00%

La misma evaluación consigna como objetivos estratégicos de la fundación los siguientes:

Cuadro N° 7. Objetivos Estrategicos Fundación INTEGRA

 

Objetivos estratégicos institucionales N° objetivo estratégico ministerial con el cual se vincula
1.- Contribuir a la cobertura de educación parvularia en el país, en niños y niñas entre tres meses y cinco años de edad que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, considerando una política de crecimiento focalizado en el 40% más pobre de la población infantil (I y II quintiles de ingreso) y cuyas madres trabjan, estudian y /o buscan trabajo.               1
2.- Lograr aprendizajes y desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a los jardines infantiles y salas cunas de Fundación INTEGRA, a través de una atención educativa de calidad, para posibilitar que ingresen a la escuela con los aprendizajes, habilidades y capacidades necesarias para adaptarse plenamente y disfrutar de la educación escolar, contribuyendo así aminorar a la brecha de inequidad.             1, 2
3.- Fortalecer la calidad del servicio de la Fundación a través del mejoramiento continuo de la gestión, con equipos de personas altamente competentes, comprometidas y con óptimos niveles de desempeño.              3
4.- Incorporar la informática en el quehacer pedagógico y administrativo de los Jardines Infantiles, lo que permitirá contribuir a la disminución de la brecha digital existente entre los distintos estratos socieconómicos de nuestro país y en especial en nuestros niños y niñas.             2

La dotación de personal de la Fundación en 2006, por su parte, es la siguiente:

 

                                                            Región  N°   %
I Región 368 4.3%
II Región 215 2.5%
III Región 249 2.9%
IV Región 351 4.1%
V Región 678 8.0%
VI Región 342 4.0%
VII Región 673 7.9%
VIII Región 1.000 11.8%
IX Región 1.109 13.1%
X Región 842 9.9&
XI Región 103 1.2%
XII Región 133 1.6%
Región Metropolitana Sur Oriente 1.129 13.3%
Región Metropolitana Nor Poniente 1.158 13.6%
Nivel Central 147 1.7%
Total 8.497 100%
Direcciones Regionales 8.350 98%
Nivel Central 147 2%

Adicionalmente, el informe recuerda que el financiamiento de la Fundación es básicamente público. De hecho, el presupuesto vigente a 2011 contempla en el Subtítulo 24, ítem 01, asignación 024, un total de $ 104.047.959.000 para transferir a INTEGRA, lo que da cuenta de que su tarea es considerada como una función que debe realizar la Administración. En definitiva, el volumen y la naturaleza de su actividad ponen de relieve que la labor de INTEGRA es una tarea administrativa, realizada en conjunto con la JUNJI.

9) Que todo lo anterior pone de manifiesto que la Ley de Transparencia debe aplicarse a la Fundación Integra.

10) Que, entrando al fondo de la solicitud, debe acogerse la petición referida a la entrega de la planta de personal y las remuneraciones, información pública conforme lo dispone el art. 7° de la Ley de Transparencia, sin perjuicio que deba subirse a la página web de la Fundación conforme el texto legal y las Instrucciones Generales N° 4, 7 y 9 impartidas por este Consejo, lo que también se requerirá en esta decisión.

11) Que, asimismo, deberá acogerse la solicitud de informar los gastos realizados con las donaciones del gobierno australiano y del Sr. Ricardo Arjona, pues al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia se trata de actos realizados por una entidad pública y no se divisa que concurra alguna causal de secreto o reserva.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger totalmente el amparo interpuesto por don Marco Antonio Jofré Muñoz en contra de la Fundación Integra, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación Integra que:

a) Entregue al reclamante los gastos realizados con las donaciones del gobierno australiano y del Sr. Ricardo Arjona dentro de un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.

b) Informe el cumplimiento de este requerimiento, enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

III. Requerir al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación Integra que incorpore en su página web de manera completa y actualizada toda la información a que se refiere el artículo 7º de la Ley de Transparencia, dentro de un plazo máximo de 45 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, debiendo informar a este Consejo el plan de trabajo que seguirá para ello y los avances efectuados, dentro de los primeros 10 días hábiles del plazo de 45 días precedentemente señalado. Lo anterior, bajo el apercibimiento del art. 47 de la Ley.

IV. Encomendar a la Directora de Fiscalización de este Consejo hacer especial seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior.

V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Marco Antonio Jofré Muñoz y al Director Ejecutivo de la Fundación Integra.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Enrique Rajevic Mosler, Director General (S) del Consejo para la Transparencia.