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Diego Grez Cañete con MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU Rol: C2554-14

Consejo para la Transparencia, 03/07/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Pichilemu, fundado en que el sitio web sólo contiene información relativa al período 2011 al presente, referente a los datos que se indican de todos los funcionarios de que se tenga registro en el municipio. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto del Artículo 21 N°1 letra c, de la Ley de Transparencia. En efecto, toda vez que el conjunto de actividades para la entrega de la información supone un despliegue de un ingente esfuerzo para hallar cada uno de los datos solicitados en los formatos físicos en que se encuentran, sistematizarlos, y posteriormente elaborar un archivo en formato y desglose requerido por el reclamante.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2554-14

Entidad pública: Municipalidad de Pichilemu

Requirente: Diego Grez Cañete

Ingreso Consejo: 27.11.2014

En sesión ordinaria N° 629 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de julio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2554-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de noviembre de 2014, don Diego Grez Cañete solicitó a la Municipalidad de Pichilemu en formato Excel, los siguientes datos de "todos los funcionarios de que se tenga registro" en el municipio:

a) Apellidos;

b) Nombres;

c) Fecha de ingreso a la institución;

d) Funciones ejercidas como empleados municipales;

e) Período en que fueron ejercidas dichas funciones;

f) Profesión, si tiene;

g) Fecha de nacimiento;

h) Fecha de término de funciones, si aplica;

i) Razón de término de funciones;

j) Remuneraciones de cada mes en que hayan ejercido;

k) Remuneraciones totales;

l) Estamento en el municipio;

m) Grado;

n) Sección de trabajo (municipal, educación, salud);

o) En el caso de educación, en qué establecimiento educacional o DAEM;

p) En el caso de salud, en qué institución sanitaria (CESFAM, posta, hospital, etc.);

q) En caso municipal, departamento en el que se desempeña; y,

r) Fotografía, si está disponible.

El recurrente agrega que "aunque la información sobre el personal actual está documentado y publicado en el portal de transparencia, se necesitan mayores antecedentes y reunidos en formato Excel."

2) RESPUESTA: El 27 de noviembre de 2014, la Municipalidad de Pichilemu respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 983 de 26 de noviembre de 2014, señalando, en síntesis, que la información presente en el su sitio web, sección Personal y Remuneraciones, es toda aquella que posee el municipio sobre la solicitud.

3) AMPARO: El 27 de noviembre de 2014, don Diego Grez Cañete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el sitio web sólo contiene información relativa al período 2011 al presente.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu, mediante Oficio N° 7.024 de 5 de diciembre de 2014, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada a la solicitud satisface íntegramente lo requerido por la parte recurrente; (2°) indique si la información requerida correspondiente al período 2008 a 2010, obra en su poder en el formato requerido por el recurrente o en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna causal de hecho, secreto o reserva de la información solicitada. A través de Oficio N° 1.104 de señalando, la autoridad reclamada presentó sus descargos y observaciones señalando, en síntesis, que:

a) Si bien el sitio web del municipio no incluye en su totalidad los datos solicitados por el reclamante si lo hace en su mayor parte, según el detalle que indica.

b) Respecto de la información que no se encuentra publicada en su sitio web invoca la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Agrega que sin perjuicio de lo anterior, los datos requeridos serán considerados como información a ser incluida en un futuro dentro del apartado "Personal y Remuneraciones" del sitio web de transparencia Municipal, sin perjuicio de lo cual la recopilación de dicha información y su posterior inclusión en el sitio ya señalado requiere tiempo, razón por la cual el plazo considerado para dar respuesta a la solicitud de acceso resulta insuficiente.

c) Señala además, que debe tenerse presente que el requirente no señala un rango de tiempo para realizar la búsqueda de la información toda vez que requiere datos de todos los funcionarios de que se tenga registro, comprendiendo la solicitud aquellos antecedentes generados desde la creación del municipio, en 1891.

d) Respecto de la información de Personal y Remuneraciones de los años 2008 a 2010, informa que éstos se encuentran en archivos físicos no informatizados, cuya inclusión en su página web requiere de un tiempo considerable, razón por la cual no está disponible actualmente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme con el tenor literal de la solicitud de acceso que ha dado origen al presente amparo se advierte que ésta tiene por objeto la entrega en formato Excel de la totalidad de la información relativa a funcionarios de que tenga registro el ente edilicio reclamado, incluyendo cada uno de los datos singularizados en el requerimiento. De acuerdo con lo señalado por el reclamante en su amparo, éste estima insuficiente la respuesta de la reclamada -que señaló que la información que posee es aquella que está disponible en su sitio web- por cuanto "sólo contiene información relativa al período 2011 al presente."

2) Que, en sus descargos, el órgano reclamado ha denegado la entrega de la información solicitada fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, que habilita para denegar su entrega cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos (...) cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, al establecer que "un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

4) Que, conforme con los antecedentes tenidos a la vista se advierte que la satisfacción cabal del requerimiento en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de hallar cada uno de los datos solicitados en los formatos físicos en que se encuentran, sistematizarlos, y, posteriormente, elaborar un archivo con el formato y desglose requerido por el reclamante. Lo anterior, implica para el municipio reclamado revisar cada uno los archivos del personal que posee desde su existencia, esto es, desde 1891 a la fecha, actividad, que importa no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible, sino también el procesamiento de la misma para la posterior elaboración del listado solicitado en el formato requerido -planilla Excel- con cada uno de los tópicos consultados.

5) Que en tal orden de ideas, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

6) Que, por lo tanto, se hará lugar a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia y se rechazará el presente amparo.

7) Que, por último, y sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, respecto de aquella parte de la solicitud relativa a fotografías y fecha de nacimiento de los funcionarios cabe rechazar igualmente el presente amparo atendido que tales datos se encuentran protegidos por la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, así como por la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. En efecto resulta aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 9° del mencionado cuerpo normativo el cual dispone que los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. En dicho contexto, la requerida se encuentra impedida de divulgar la referida información de sus funcionarios sin la autorización previa de sus titulares -de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° del citado texto normativo-, por cuanto ha sido obtenida sólo con el objeto de incorporarla en los registros internos de la reclamada. Además, cabe consignar que ninguno de los datos mencionados precedentemente dicen relación con el cumplimiento de deberes funcionarios y, por tanto, no existe en la especie control social alguno que justifique divulgar tales antecedentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Diego Grez Cañete, en contra de la Municipalidad de Pichilemu, por concurrir la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Grez Cañete, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.