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Christian Wegmann Ivars con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C577-11 y C639-11

Consejo para la Transparencia, 09/09/2011

Se dedujo los correspondientes amparos en contra del Servicio de Impuestos Internos, ya que solicitó que se le otorgara copia electrónica de toda la planimetría catastral de la Región Metropolitana de la cual dispone el Servicio y que le otorgara copia digital completa de la base catastral de bienes raíces, agrícolas y no agrícolas, elaborada por el Servicio. El Consejo estimó que la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma –lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros–, no requiere autorización de sus titulares, por lo que se acoge en su totalidad el amparo presentado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 




Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C577-11 y C639-11
 
Entidad Publica: Servicio de Impuestos Internos
 
Requirente: Christian Wegmann Ivars
 
Ingreso Consejo: 12.05.2011 - 26.05.2011

En sesión ordinaria N° 281 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de septiembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos Roles C577-11 y C639-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y la Ley N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Christian Wegmann Ivars, realizó, en las fechas que en cada caso se indican y por medio del sistema electrónico, dos solicitudes de información ante el Servicio de Impuestos Internos (en adelante, indistintamente, “SII”), según se detalla a continuación:

a) Solicitud del 24 de marzo de 2011, folio N° AE006W50002689 (Amparo Rol C577-11): El requirente solicitó al SII que le otorgara copia electrónica de toda la planimetría catastral de la Región Metropolitana de la cual dispone el Servicio (como imágenes o vectorizada), así como de aquella disponible en las Oficinas de Convenio Municipal (OCMs), que haya sido adquirida con recursos públicos, generada con recursos propios o recibido a través de otras vías.

b) Solicitud del 7 de abril de 2011, folio N° AE006W50002726 (Amparo Rol C639-11): El requirente solicitó al SII que le otorgara copia digital completa de la base catastral de bienes raíces, agrícolas y no agrícolas, elaborada por el Servicio, excluyendo el nombre y el RUT de los propietarios de los bienes raíces.

2) RESPUESTAS: El Servicio de Impuestos Internos dio respuesta a ambas solicitudes de información conforme al siguiente detalle:

a) La solicitud de información del 24 de marzo de 2011 (que dio origen al amparo Rol C577-11), fue contestada por el SII a través de la Resolución Exenta N° 1.457, de 21 de abril de 2011, la que, en definitiva, negó el acceso a la información requerida, debido a que «[l]as Oficinas de Avaluación de este Servicio no cuentan con planos digitales oficiales, adquiridos o generados con recursos propios. Por su parte, las oficinas de convenio municipal (OCM), que existen en algunas comunas, no corresponden a dependencias de este Servicio, sino que a las respectivas entidades edilicias, por lo que sus bienes están fuera del ámbito de disposición de esta repartición fiscalizadora».

b) La solicitud de información del 7 de abril de 2011 (que dio origen al amparo Rol C639-11), fue contestada por el SII a través de la Resolución Exenta N° 1.639, de 6 de mayo de 2011, por medio de la cual se rechazó la entrega de la información en la forma requerida, sin perjuicio de lo cual se puso a disposición del requirente en la forma en que el Servicio dispone de ella. Al respecto, el órgano requerido informó lo siguiente:

a) No cabe acceder a la entrega de la información solicitada en la forma requerida, ya que ello implica disponer la elaboración especial de una base de datos, excluyendo datos personales como el nombre y RUT del propietario, solicitud de información que tendría carácter genérico al referirse a un número elevado de actos administrativos, lo que configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ya que implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

b) Sin perjuicio de lo anterior, señala que el rol de avalúo fiscal, la dirección completa o nombre de la propiedad y la comuna a la que pertenece el inmueble, se encuentra permanentemente a disposición del público en el “Libro de Cobro Comunal”, el cual se encuentra disponible en el mesón de atención de público de todas los Departamentos de Avaluaciones del SII, respecto de las comunas de jurisdicción, cuya ubicación se encuentra publicada en el sitio electrónico www.sii.cl, link Oficinas del SII, o en las Oficinas de Convenio Municipal correspondientes.

c) Agrega que el requirente, con el rol de la propiedad respectiva, puede acceder a la información solicitada mediante el sitio electrónico www.sii.cl, link Bienes Raíces – Consulta y certificado de avalúo – Consultar antecedentes de un bien raíz.

d) Por último, señala que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia, la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no imponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, caso en el cual la entrega de la información solicitada se hará en la forma y a través de los medios disponibles, y que, en la especie, el SII ha regulado la forma de poner la información requerida a disposición del público, cumpliendo el principio de la libertad de información (contenida en la letra b) del artículo 11 de la Ley de Transparencia) y la entrega de la información en la forma requerida implicaría un gasto no previsto en el presupuesto institucional.

3) AMPAROS: Don Christian Wegmann Ivars dedujo los correspondientes amparos a su derecho de acceso a la información en contra de del Servicio de Impuestos Internos, conforme al siguiente detalle:

a) Amparo presentado el 12 de mayo de 2011, al cual se le asignó el Rol C577-11, fundado en que recibió respuesta negativa del órgano requerido, debido a que la información solicitada no obra en su poder y se encuentra en posesión de otro órgano o servicio. Al respecto, invoca, en resumen, los siguientes fundamentos:

i) El sitio electrónico del SII publicita a las Oficinas de Convenio Municipal (OCM) como parte de sus dependencias, detallando sus facultades y funciones que, en líneas generales, son similares a las de los departamentos de avaluaciones de dicho órgano, entre las cuales no se indica ninguna que competa al campo de acción de las municipalidades (http://www.sii.cl/sobre_el_SII/oficinas/ocm_tram.htm). Por otro lado, los jefes de cada una de dichas oficinas, a lo menos, son funcionarios de planta del SII, razón por la cual resulta irregular que el órgano requerido sostenga que dichas oficinas no corresponden a dependencias de dicho servicio.

ii) A partir de las respuestas que distintas Municipalidades han dado a sus solicitudes de información, concluye que el SII, aparentemente, sí cuenta con la información requerida. Así, por ejemplo, en la viñeta del "Plano comunal de valores de terreno" de la Municipalidad de El Bosque, se indica como propietario al SII, especificándose además al Departamento Regional de Avaluaciones XVI, de la Dirección Regional Metropolitana Sur; asimismo, en la "plancheta 2820 Layout 1", de la Municipalidad de Lo Barnechea, se aprecia, en su parte inferior, que es de propiedad de la OITM (Oficina de Impuesta Territorial) –al respecto, también señala que pese a que dicho oficina funciona en instalaciones de la Municipalidad de Lo Barnechea, sus funcionarios dependen jerárquicamente del SII, según lo indica el sitio electrónico de la municipalidad–; por otra parte, la Secretaria Municipal de la Municipalidad de Quilicura, por medio del Oficio N° 272/2011 indica que la información solicitada está disponible, pero que no puede ser entregada a terceros bebido a que fue recibida de parte del SII bajo un convenio de cooperación.

iii) Asimismo, sostiene que, tras visitar diferentes departamentos de avaluaciones existentes en la Región Metropolitana, pudo constatar que en las salas de atención al público y en los equipos utilizados por los tasadores de turno existe planimetría catastral.

iv) Acompaña imágenes de la planimetría registrada en la Dirección Regional Oriente del SII, y sostiene que resulta evidente que, en algunos casos, ésta fue elaborada a través de medios computacionales, por lo que probablemente está respaldada en algún soporte electromagnético.

v) Afirma, también, que tras visitar algunas OCM, pudo constatar que gran parte del material cartográfico disponible en dichas dependencias es producido o mejorado con aportes del SIl y de las municipalidades respectivas, lo que produce un problema de autoría, ya que, en la práctica, ninguno de los 2 servicios está facultado para entregar la información.

vi) El plan de modernización del SIl, que impulsó el Sr. Ricardo Escobar durante el periodo en que dirigió dicho Servicio, contempla medidas relacionadas con la modernización del sistema cartográfico utilizado, para migrar a una plataforma digital. El Sr. Escobar declaró, al diario El Mercurio, que durante el año 2009 se daría inicio a dicho programa de modernización, que contemplaba la articulación de una plataforma cartográfica con cobertura nacional (El Mercurio del 18 de marzo de 2009). Atendida la existencia del proyecto y su difusión hace dos años, resulta posible presumir que éste podría estar en ejecución, en particular la articulación de la nueva plataforma cartográfica. En la eventualidad de que esto fuese cierto, el material solicitado sí existiría.

vii) Por último, sostiene que la nómina del personal de planta y contrata del SII para el año 2011, publicada en su sitio electrónico, registra más de diez personas con formación profesional de “dibujante técnico” que cumplen funciones en la Región Metropolitana, y que le resulta difícil creer que todo este personal trabaje dibujando en papel, y que los catastros de roles de avalúos no estén digitalizados.

b) Amparo presentado el 26 de mayo de 2011, al cual se le asignó el Rol C639-11, fundado en que recibió respuesta negativa del órgano requerido, debido a que la información solicitada estaría disponible en un medio distinto al requerido. Al respecto, invoca, en resumen, los siguientes fundamentos:

i) El sitio electrónico del SII no indica que la información requerida se trate de información sujeta a reserva, lo que permite suponer que es pública.

ii) La Ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, señala que la información solicitada es "pública", sin establecer salvedades y/o limitaciones respecto a todos los indicadores que el SII registra para los roles de avalúo fiscal.

iii) En el amparo Rol A296-09, que se refiere a una solicitud de la misma información requerida en la especie, el Consejo para la Transparencia otorgó amparo al requirente que efectuó dicha solicitud.

iv) Por otro lado, sostiene que la solicitud que ha dado origen al presente amparo no es “genérica”, como sostiene el SII en su respuesta, ya que detalla claramente la información solicitada (rol de avalúo agrícola y no agrícola) y su cobertura (todo). Agrega que no se han requerido certificados de avalúo para cada uno de los roles existentes en la base catastral del SII, sino que información que, según lo indicado por el órgano requerido en el amparo Rol A296-09, se encontraría en un único servidor de información computacional, por lo que el proceso de copia digital de la información se transforma en un solo acto y que el Consejo para la Transparencia ha verificado que el órgano requerido dispone de un software de extracción de datos, lo que permite presumir que el SII, al invocar la inexistencia de la información como causa de denegación, intenta obstaculizar el acceso a ella (o evidencia un desconocimiento total de quien redacta la mencionada resolución de denegación).

v) Hace presente que intentó acceder a la información por medio del procedimiento indicado por el SII, pero que, lamentablemente, dichas recomendaciones teóricas no permiten en la práctica acceder al total de la información solicitada, obstaculizándose de forma evidente el acceso a la información. Al respecto, indica lo siguiente:

Los roles de avalúo indicados en los Libros “Rol de cobro comunal" existentes son, al menos, cien mil por comuna, los que llevan adicionados, a lo menos, 5 campos adicionales de información. Considerando que en la Región Metropolitana existen 52 comunas, el total de datos a transcribir para unificar todo en un solo archivo digital asciende a treinta y un millón seiscientos mil. Contemplando sólo 30 segundos para la transcripción de cada rol, y sus respectivos campos adicionales, se necesitarían 32.916 horas de trabajo para que una persona realice la transcripción y, asumiendo que las unidades de avaluaciones del SII atienden a público solo medio día, dicho proceso de levantamiento duraría al menos 100 días hábiles (5 meses). Si esto se extrapola al país completo, existirían adicionalmente costos de movilización, alojamiento y tiempos de viaje que elevan la duración del proceso total a más de 1 año.

Este cálculo puede ser aplicado de la misma forma a la descarga de la información a través de la página del SII, link Bienes raíces, por lo que tampoco es una real fórmula para acceder a la información.

Por otro lado, sostiene que en diversas unidades de avaluaciones de la Región Metropolitana se le prohibió ingresar con un computador portátil para transcribir directamente la información solicitada desde el libro "rol de cobro comunal", agregando que solicitó copia de dicho libro en diversas oficinas de avaluaciones del SII, lo que fue rechazado.

Por último, señala que la información contenida en los libros de "Rol de cobro comunal" no corresponde a todos los antecedentes requeridos por medio de la solicitud que ha dado origen al presente amparo.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación los amparos Roles C577-11 y C639-11, trasladándolos mediante los Oficios N° 1.176, de 18 de mayo de 2011, y N° 1.320, de 2 de junio de 2011, respectivamente, al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos. El traslado de dichos amparos fue evacuado por el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, por medio de sendas presentaciones del 14 y 28 de junio de 2011, respectivamente, solicitando el rechazo de los amparos, invocando, en resumen, los siguientes fundamentos:

a) Respecto del amparo Rol C577-11: Señala lo siguiente:

i) El catastro del Servicio de Impuestos Internos corresponde al conjunto de datos, antecedentes y descripciones de los bienes raíces del país, referidos a su ubicación, propietario, superficies de terrenos y construcciones, y otras circunstancias físicas, económicas y jurídicas que permite la especificación de cada una de las propiedades y, muy especialmente, de su avalúo o valor fiscal para efectos de determinar el impuesto territorial, es decir, corresponde a un inventario valorado de todos los bienes raíces. La descripción física de los inmuebles que conforman este padrón se denomina catastro físico y está constituido oficialmente por los planos de los predios del padrón (en papel).

ii) Los planos oficiales del Catastro de Bienes Raíces que posee el Servicio, son aquellos ordenados por el artículo 4° N° 2 de la Ley sobre Impuesto Territorial, esto es, los planos de precios que en cada reavalúo se disponen por resolución del Director de dicho organismo fiscalizador, de tal forma que los planos vigentes a esta fecha son los integrantes de la Resolución Exenta SII N° 8, de 18 de enero de 2006, que fija valores de terrenos, construcciones, definiciones técnicas y monto de avalúo exento para el reavalúo de los bienes raíces de la Segunda Serie No Agrícola, que se encuentran en exhibición en las respectivas Direcciones Regionales del Servicio, siendo su soporte físico de papel.

iii) El órgano señala que, actualmente, no cuenta con planos digitales, en imágenes o vectorizados, del catastro de bienes raíces, generados oficialmente por este organismo. Asimismo, sostiene que debe distinguirse entre un plano digitalizado y un plano de imagen o vectorizado, ya que el primero es aquél que puede visualizarse en un computador (como la fotografía de un plano en papel, un archivo PDF o JPG), mientras que un plano de imagen o vectorizado «[e]s aquel que podemos entender como una imagen vectorial, esto es: “una imagen digital formada por objetos geométricos independiente (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, su radio, el grosor de línea y su color. / Este formato de imagen es completamente distinto al formato de los gráficos rasterizados, también llamados imágenes matriciales, que están formados por píxeles. El interés principal de los gráficos vectoriales es poder ampliar el tamaño de una imagen a voluntad sin sufrir el efecto de escalado que sufren los gráficos rasterizados. Asimismo, permiten mover estirar y retorcer imágenes de manera relativamente sencilla. Su uso también está muy extendido en la generación de imágenes en tres dimensiones tanto dinámicas como estáticas.” (fuente: htlp://es.wikipedia.org)», agregando que «[e]l producto que solicita el reclamante al SII es ciertamente este último, el plano base del catastro, que… no existe o se encuentra en proceso de construcción, respecto de algunas comunas».

iv) Sostiene que al no contar con planos vectorizados propios, ha debido recurrir a los municipios que disponen de ellos a fin de perfeccionar el catastro de bienes raíces utilizados para cumplir el cometido de administrar el Impuesto Territorial, agregando que «[e]sta repartición utiliza planos digitalizados e incluso vectorizados que le han sido facilitados por algunas municipalidades para efectos de actualizar el catastro de bienes raíces…».

v) Sin perjuicio de lo anterior, afirma que se encuentra impedido de otorgar copia de dichos planos ya que las Municipalidades respectivas son titulares de derecho de autor respecto de ellos. Fundamenta lo anterior en que el artículo 88 de la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual, dispone que «[e]l Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, las Instituciones semifiscales o autónomas y las demás personas jurídicas estatales serán titulares del derecho de autor respecto de las obras producidas por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos», por lo que resultan aplicables, en la especie, los artículos 17 y 18 de dicho cuerpo legal, en cuya virtud, el titular del derecho de autor (en este caso, las municipalidades) detentan las facultades de utilizar directa y personalmente los planos; de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ellos y de autorizar su utilización por terceros, como asimismo la de reproducirlos por cualquier procedimiento o autorizar expresamente a otros para hacerla. Asimismo, señala que en los casos en que se utiliza un plano como base de uno nuevo, que lo mejora, se estará frente a la situación prevista por el artículo 9° de la Ley de Propiedad Intelectual, conforme al cual «[e]s sujeto del derecho de autor de la obra derivada, quien hace la adaptación, traducción o transformación, de la obra originaria protegida con autorización del titular original. En la publicación de la obra derivada deberá figurar el nombre o seudónimo del autor original. / Cuando la obra original pertenezca al patrimonio cultural común, el adaptador, traductor o transformador gozará de todos los derechos que esta ley otorga sobre su versión; pero no podrá oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria para producir versiones diferentes».

vi) Por otro lado, señala que las Oficinas de Convenio Municipal (OCM) y las Oficinas de Impuesto territorial (OITM), son oficinas que cumplen las funciones de colaboración dispuestas en el artículo 83 del Código Tributario y artículo 3° de la Ley de Impuesto Territorial entre las Municipalidades respectivas y el Servicio de Impuestos Internos, y que dicen relación con la actualización del catastro de bienes raíces, el que, a su vez, es base para la determinación de los avalúos sobre los cuales se aplica el Impuesto Territorial, cuya recaudación es destinada a las Municipalidades.

vii) Señala que las OCM son oficinas municipales, por lo que no cuentan con personalidad jurídica ni patrimonio propios –por lo que cada Municipalidad es dueña de los bienes que aporta para su funcionamiento–, que funcionan en dependencias, locales o recintos de las municipalidades, con funcionarios contratados por dichas entidades y con infraestructura municipal, tal como sus denominaciones lo indican: “Oficina de Convenio Municipal" (OCM) y "Oficina de Impuesto Territorial Municipal" (OITM), agregando que la Contraloría General de la Repúblicas les ha dado el tratamiento de dependencias municipales, por ejemplo, en el Dictamen N° 20.587, de 21 de abril de 2009, o en el Reporte de auditoría denominado “Informe Final Municipalidad de Las Condes, N° 79/2010”, de 14 de marzo de 2011. Indica, además, que dichas Oficinas son coordinadas, conjuntamente, por un representante del SII y uno de la Municipalidad respectiva, precisando que el coordinador del SII ejerce una dirección técnica del trabajo y el coordinador municipal «[r]epresenta a la municipalidad en la toma de decisiones que afecten a la OITM» u OCM, labores que son asignadas en forma precisa en los convenios suscritos entre las municipalidades y el SII.

viii) Asimismo, indica que la expresión "jefe de grupo" es una denominación interna del SII en relación a las materias a cargo de un funcionario, y que "jefe de grupo de OCM" alude a la calidad de coordinador del SII con una OCM, pero que ello no transforma al funcionario de dicho Servicio en jefe de dicha Oficina.

ix) Las OCM tienen múltiples funciones, las que pueden resumirse en la coordinación de las labores de entrega de información y colaboración de las municipalidades al Servicio, para la actualización del catastro y trasmisión datos del Servicio a las municipalidades para la gestión de los impuestos municipales, todo conforme al tenor de los convenios.

x) Respecto a los funcionarios del SII que poseen la calidad de dibujantes técnicos, el órgano sostiene que ellos no son suficientes para desempeñar todas las labores que corresponden al órgano. Agrega que de las tres áreas dependientes de la Subdirección de Avaluaciones, dos dicen relación con la materia del presente amparo, a saber, el Departamento de Catastro y Tasaciones y el Departamento de Operaciones, agregando que al primero de los Departamentos mencionados le corresponde, entre otras cosas, diseñar, ejecutar y dirigir los procesos de reavalúos, la fiscalización del catastro de los bienes raíces y la coordinación con los municipios del funcionamiento de las OCM, mantener actualizada la información y reavaluar periódicamente, el catastro de bienes raíces, que al año 2010 alcanzaba a 6.130.443 predios a nivel nacional, de los cuales 2.423.238 pertenecen a la Región Metropolitana, y «[e]n el cumplimiento de esta tarea debe plasmar las variaciones físicas de los inmuebles en los planos, para lo que cuenta con un número exiguo de dibujantes; los que además de cumplir su función primordial de actualizar periódicamente los planos oficiales en papel de 52 comunas, realizan ingentes esfuerzos para avanzar, paralelamente en la construcción de la planimetría que hoy exige el reclamante». A su turno, al Departamento de Operaciones le corresponde, entre otras funciones, coordinar con otras áreas del Servicio y con organismos externos, la captura, intercambio y entrega de información relacionada con dicho catastro, y que, por tercera vez, lidera una iniciativa de digitalización del catastro, a la espera de obtener esta vez consideración presupuestaria.

xi) Por último, hace presente que existe una iniciativa institucional denominada "Plataforma Web de publicación del Geocatastro”, consistente en la «[i]mplementación de la plataforma web necesaria para la publicación del Geocatastro generado con ocasión del reavalúo año 2013. Esta plataforma, además de facilitar el análisis y desarrollo de los procesos de reavalúo y fiscalización, permitirá incorporar a contribuyentes y otros usuarios externos a las herramientas de análisis y consultas desarrolladas parara tales fines, permitiendo una alta disponibilidad de servicios. Se proyecta para finales de 2014 un total de 90 comunas publicadas a nivel de manzana». Asimismo, precisa que la implementación de cartografía digital en términos generales, al igual que otras actividades de la Subdirección de Avaluaciones de esta repartición, debieron ser reprogramadas por modificación de las prioridades con motivo del terremoto del 27 de febrero de 2010 y la postergación del reavalúo de bienes raíces no agrícolas del año 2011 al 2013, dispuesta por la Ley N° 20.455.

b) Respecto del amparo Rol C639-11: El órgano requerido señala lo siguiente:

i) El SII, en tiempo y forma, dio respuesta al requirente, informándole la forma en que se encuentra disponible la información requerida y la manera en que se puede acceder a ella –que se encuentra permanentemente a disposición del público–, dando cumplimiento, con ello, a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y al principio de facilitación, consagrado en la letra f) del artículo 11 de dicho cuerpo legal. Asimismo, indicó al Sr. Wegmann Ivars que la información solicitada no obra en su poder en el formato requerido y que, para entregarla de dicha forma, debía disponer la elaboración especial de un listado con los datos requeridos, lo que exigiría –además de distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales– un gasto no previsto en el presupuesto institucional, resultando aplicable, a la especie, lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia, así como el numeral 6° de la Instrucción General N° 6 del Consejo para la Transparencia, sobre gratuidad y costo directo de reproducción, el cual dispone que la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, salvo que el valor del costo directo de reproducción de la información importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en los cuales el órgano requerido debe informar las circunstancias que justifiquen la calificación del gasto como “excesivo” o “no previsto” y los medios y formatos alternativos a través de los cuales se puede acceder a la información.

ii) Precisa que lo que lleva al Servicio a calificar como excesivo o no previsto el gasto necesario para entregar la información, dice relación con el capital humano que se debe destinar para construir la base de datos en la forma que solicita el requirente, debiendo tenerse presente que la información debe ser procesada y preparada por el área de la Subdirección de Avaluación del SII, con el apoyo de la Subdirección de Informática.

iii) La administración del Impuesto Territorial la realiza el SII por medio de la Subdirección de Avaluaciones y las Unidades Operativas Regionales, sobre las cuales dicha Subdirección tiene la tuición técnica. Dicha Subdirección mantiene un catastro actualizado y valorizado de bienes raíces agrícolas y no agrícolas de más de seis millones de propiedades, que crece a una tasa anual de, aproximadamente, tres por ciento, para lo cual se dispone, a nivel nacional, de 420 funcionarios. Este catastro constituye la base para la determinación de los avalúos y de los giros semestrales de contribuciones y debe mantenerse actualizado, incluyendo las nuevas propiedades, nuevas construcciones, ampliaciones, cambios de destino, actualizaciones de nombre de propietarios por transferencias de inmuebles, etc.; asimismo, se deben llevar a cabo las labores de preparación de los procesos de reavalúos que periódicamente corresponde efectuar. La Subdirección de Avaluaciones, por otro lado, también debe determinar, anualmente, la tasación fiscal de los vehículos para los efectos de obtener el valor de los permisos de circulación, en el caso de vehículos livianos, y para determinar el impuesto a la renta en el caso de los vehículos pesados.

iv) La Subdirección de Avaluaciones se encuentra organizada, principalmente, en Departamentos y Oficinas, y, en la especie, cobra especial relevancia el Departamento de Operaciones, el cual está integrado por un (1) jefe de departamento, una (1) secretaria, tres (3) jefes de áreas y quince (15) funcionarios dependientes de las señaladas área, y, ante un requerimiento de extracción de datos del catastro de los bienes raíces, dichos funcionarios, en particular del área de Procesos de Negocios (integrado por seis personas), son los encargados de coordinar con la Subdirección de Informática las actividades necesarias, por su conocimiento de las bases de datos y porque la extracción de éstos no se puede efectuar en desmedro de otras actividades. Es del caso hacer presente que dichos funcionarios no tienen como función exclusiva aquella relacionada con requerimientos de información.

v) La preparación de la información en el formato que pretende el requirente, obligaría a implementar labores extraordinarias para que los funcionarios pudieran abordar la tarea, lo que implicaría aceptar el costo asociado a la remuneración extraordinaria de los funcionarios que debieran trabajar reformateando la información que ya se encuentran a su disposición, tanto en las unidades de la institución como en la página web de la misma, generándose un gasto no previsto en el presupuesto institucional, ya que cada hora extraordinaria que se debiera destinar a labores que los distraen de sus funciones, representa un gasto que excede del presupuesto. Al respecto, debe tenerse presente que la Ley de Presupuestos año 2010, no establece ítem o glosa relativa a los gastos por entrega de información y, considerando la prohibición establecida en los arts. 6° y 7° de la Constitución Política, no corresponde a este organismo efectuar desembolsos económicos que no se prevén en el presupuesto institucional.

vi) El espíritu de la Ley de Transparencia ha sido permitir un mayor control de la ciudadanía frente a la Administración, tomándose como precaución el cautelar la primacía de la función administrativa o pública que el órgano o institución requeridos están llamados a atender, de modo que el ejercicio del derecho de acceso no se transforme en un entorpecimiento del funcionamiento normal. Para lo anterior, el legislador estableció un límite a la entrega de la información, el cual dice relación con que los organismos públicos no se desvíen en las funciones para las cuales se crearon y se transformen en meros proveedores de información, el cual se encuentra consagrado en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, norma conforme a la cual se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información «[c]uando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:... c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales», lo que es reiterado por el artículo 7, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, el cual prescribe que «[l]as únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente acceso a la información, serán las siguientes:… c) Tratándose de requerimientos… referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales... Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales…».

vii) El sentido de la Ley de Transparencia es que la ciudadanía tenga acceso a la información que los órganos públicos poseen, con la finalidad de fortalecer la transparencia de la función pública y ejercer un control ciudadano del uso de los recursos públicos, evitando o reduciendo, de esta forma, cualquier atisbo de corrupción, pero ello no implica que los órganos de la administración del Estado se transformen en proveedores de información de los particulares, olvidando la misión para la cual fueron creados primariamente. Al respecto, el órgano señala que «[s]i bien el legislador ha querido impedir que los órganos de la Administración del Estado, arbitrariamente, traben o entorpezcan el legitimo derecho a exigir transparencia de la función pública, razón por la cual la ley impide solicitar expresión de motivos o finalidad a quién pide entregar esa información, esto de forma alguna debe inhibir al ente encargado de administrar y custodiar la información de cumplir su misión de resguardo de los antecedentes que terceros han puesto en su poder, y por lo tanto, pese a no estar facultado para que se le comunique la finalidad con que se solicita la información, si se estima que el uso que se hará de ella se desvía de los fines con que fue creada la ley, afecta las bases de la institucionalidad, priva, perturba, amenaza o afecta en su esencia garantías constitucionales, coloca en riesgo inminente al Estado o sus ciudadanos, etc. es su deber adoptar todas las medidas que sean pertinentes para evitar estas consecuencias».

viii) Asimismo, debe tenerse presente el interés público en la entrega de la información solicitada. El Consejo para la Transparencia ha justificado, en diversas decisiones, la entrega de información en «[e]l interés público involucrado en la solicitud de acceso a la información» ya que su conocimiento «[p]ermite que la sociedad controle el ejercicio de las funciones públicas…» (decisión del amparo Rol A91-09); también ha empleado el interés público como fundamento para denegar la entrega de la información requerida, así, por ejemplo, en la decisión del amparo Rol C403-10, señaló que «[e]n la especie no se percibe un interés público en conocer dicha información, como sucede en el caso del amparo Rol A91-09,… »; asimismo, al defender en estrados la legalidad de una de sus decisiones señaló que esta «[s]e ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública,… ».

ix) A partir de lo indicado, se constata que «[n]o es ajeno al Consejo analizar si el interés que motiva un requerimiento de información obedece a un interés público o a uno meramente privado. Como tampoco le es extraño acudir no sólo a la letra, sino que también al espíritu de las normas de transparencia».

x) Asimismo, la Corte de Apelaciones de Santiago, al pronunciarse sobre la legalidad de entregar los datos de campos del formulario 2890 solicitados al SII por don Pablo Trivelli, desestimó su entrega fundada en la consideración de los fines perseguidos por la Ley de Transparencia, sus principios rectores y el tenor del requerimiento, concluyendo que en la especie no concurría un elemento indispensable de la solicitudes formuladas al amparo de esta ley, a saber, un interés legitimo, expresando así la exigencia de interés público que el propio Consejo ha explicitado en algunos casos. Respecto a este punto, debe tenerse presente lo razonado por la corte en los considerando décimo quinto y décimo sexto de dicha sentencia, que indican lo siguiente:

Considerando «DECIMO QUINTO: Que sin perjuicio de lo razonado y concluido precedentemente es conveniente hacerse cargo de la solicitud del peticionario, que según puede leerse a fs.16 aparece emanada de "P. Trivelli y Cía. Ltda.", la cual no contiene ningún elemento que conduzca a estimar que se trata en este caso del ejercicio del derecho ciudadano "que contribuya a fortalecer la transparencia de la función pública y la reducción de los posibles ámbitos de corrupción, ni que se trate de una expresión de control democrático de la gestión estatal, para poder considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas”, tal como ya antes se ha reflexionado en este fallo.

Tampoco aprecia este tribunal que el ejercicio de este derecho de acceso a la información conduzca a fomentar una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad».

Considerando «DECIMO SEXTO: Que en esta misma línea de razonamiento, puede agregarse –en razón de los fundamentos que ya se han expresado– que la solicitud del peticionario debe contener un interés legitimo, puesto que de lo contrario puede tratarse de un caso de abuso del derecho».

xi) Por último, el órgano sostiene que «[e]n la especie, no se vislumbra ningún elemento que revele un interés legítimo o interés público en su petición, por lo que consideramos que no se ajustaría a derecho compeler a este Servicio a crear un documento que no existe, como lo es la especial agrupación de datos solicitada, para luego entregar una copia al peticionario; vulnerando de paso una prohibición legal de hacer y gastando recursos humanos y materiales en una forma no prevista en el presupuesto de la institución, para organizar la información de una manera distinta a la que tienen acceso permanentemente todas las personas del país».

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, es necesario señalar que el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, y, atendiendo al hecho de que en los amparos Roles C577-11 y C639-11 existe identidad respecto del requirente y del órgano de la Administración del Estado requerido, además de tratarse de solicitudes que han requerido información de similar naturaleza, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, entrando al fondo de lo controvertido, el amparo Rol C577-11 fue deducido por el reclamante debido a que el SII le negó copia electrónica de la planimetría catastral de la Región Metropolitana (como imágenes o vectorizada) –que obraría en poder de dicho órgano–, así como de aquella planimetría disponible en las Oficinas de Convenio Municipal (OCMs), y que haya sido adquirida con recursos públicos, generada con recursos propios o recibido a través de otras vías. Dicha negativa se fundó, por una parte, en que el SII no cuenta con planos digitales oficiales y que las OCMs, que existen en algunas comunas, dependen directamente de las Municipalidades respectivas y no forman parte del SII, razón por la cual carece de competencia para disponer de los planos que dichas oficinas pudiesen poseer.

3) Que, en lo que dice relación con las OCMs, debe tenerse presente que éstas han sido implementadas por las Municipalidades que han suscrito convenios de cooperación con el Servicio de Impuestos Internos, cuyo objetivo ha sido el establecimiento de acciones mutuas de colaboración tendientes, en lo esencial, a dar cumplimiento a las obligaciones legales del referido servicio relacionada con la tasación y modificación del avalúo de los bienes raíces; la determinación y cobro del impuesto territorial correspondiente y la asignación de roles de contribuciones. Dichas OCMs estarán constituidas por personas naturales remuneradas por la municipalidad, para el cumplimiento de las funciones asignadas a tal unidad, lo que permite concluir que, pese a la coordinación que se debe realizar con los respectivos funcionarios del SII, dichas oficinas constituyen una dependencia municipal, de modo tal que, y en la medida que el SII no posea la información pedida –salvo que la haya generado o debido generar, en ejercicio de sus funciones o atribuciones–, no corresponde al órgano requerido pronunciarse respecto de solicitudes de información relativas a antecedentes que obren en poder de dichas oficinas, ya que, en definitiva, el órgano competente para pronunciarse de ella son las entidades edilicias que han habilitado dichas OCMs.

4) Que, por lo expuesto precedentemente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, así como en los principios de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y h), de la Ley de Transparencia, el SII, tal como lo sostuvo en su respuesta y descargos, si no poseía planos digitales del catastro de bienes raíces provenientes de fuentes ajenas al Servicio ni los había generado o debido generar con recursos propios, correspondía que derivara la solicitud de don Christian Wegmann Ivars a las Municipalidades cuyas Oficinas de Convenio Municipal poseyeran dicha planimetría –dado que conocía de su existencia en poder de dichas OCMs–, lo que, en la especie, no ocurrió, situación que le debe ser representada a dicho órgano, a quien se le requerirá que adopte las medidas administrativas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, frente a situaciones similares, una vez recepcionada la solicitud de información realice inmediatamente el análisis competencial pertinente, en cuanto a determinar si lo requerido se encuentra dentro de la esfera de sus competencias y atribuciones y, en caso que lo pedido exceda dicha esfera, proceda a la derivación de la misma solicitud al órgano competente para pronunciarse de ella, conforme a lo ordenado en el citado artículo 13.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, y pese a que el SII asegura no contar con planos digitales oficiales, generados oficialmente por dicho organismo, en sus descargos señala que ha debido recurrir a los planos vectorizados de los Municipios que disponen de ellos a fin de perfeccionar el catastro de bienes raíces utilizado para cumplir el cometido de administrar el Impuesto Territorial, agregando que «[e]sta repartición utiliza planos digitalizados e incluso vectorizados que le han sido facilitados por algunas municipalidades para efectos de actualizar el catastro de bienes raíces…», lo que permite concluir, en definitiva, que obran en poder del órgano requerido planos digitalizados y vectorizados de algunas comunas de la Región Metropolitana, que habría sido elaborados por las respectivas Municipalidades, razón por la cual corresponde determinar a continuación si el SII se encuentra obligado o no a entregar al requirente copia de dicha planimetría.

6) Que, al respecto, este Consejo ha entendido que un Servicio resulta competente para resolver una solicitud de acceso cuando, en ejercicio de sus funciones y/o atribuciones, generó o debió generar la información solicitada, directamente o a través de un tercero o, en cualquier caso, cuando aquella obrase en su poder, excepto si la hubiese generado una autoridad legalmente facultada para cobrar por ella un valor distinto a los costos directos de reproducción, caso en que será este último servicio el competente para conocer de la solicitud respectiva. Que, en tal sentido, el artículo 18 de la Ley de Transparencia, complementado por el artículo 20 de su Reglamento, establecen la gratuidad de la información pública, salvo los casos allí previstos, esto es, los costos directos de reproducción y los demás valores que una ley expresamente autorice a cobrar por la entrega de la información solicitada. Por tanto, en la especie, cabe establecer si nos encontramos frente a uno de los casos regulados por dichos preceptos que autoricen a las respectivas Municipalidades poder cobrar por la información requerida.

7) Que, al respecto, en la decisión recaída en el amparo Rol C71-11, de 1° de abril de 2011, y que fue deducido por el mismo requirente de la especie, en contra de la Municipalidad de La Reina, este Consejo resolvió que la cartografía digital en formato vectorial empleada por dicha entidad edilicia, y que obra en su poder, tiene carácter pública y que, para su entrega, sólo procede el cobro de los costos directos de reproducción, según la forma y el medio que el requirente lo haya solicitado, ajustándose, en tal materia, a lo dispuesto en la Instrucción General N° 6, de este Consejo. Que, a mayor abundamiento, y tal como se indicó en la citada decisión, este Consejo en sus decisiones Roles C380-10 y C381-10 ha ordenado la entrega de información cartográfica de una determinada comuna, entre la cual se encuentra la información requerida en formato vectorial.

8) Que, teniendo lo anterior presente, debe establecerse que la Ley N° 17.336 –de quórum calificado para los efectos del numeral 5° del artículo 21 de la Ley de Transparencia– no dispone de manera expresa que los planos u obras objeto de propiedad intelectual ni las que hayan sido depositadas al momento de su inscripción sean obras reservadas. Por ello, en la especie no puede configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 5 porque no existe norma expresa que establezca la reserva de la información pedida, dejando a salvo los derechos del titular de los derechos de propiedad intelectual para su divulgación o reproducción.

9) Que, de esta forma, este Consejo acogerá el amparo Rol C577-11 y requerirá al Director del Servicio de Impuestos Internos que entregue al requirente copia electrónica de la planimetría catastral de la Región Metropolitana (como imágenes o vectorizada), que obre en poder de dicho órgano, y, además, que derive la solicitud de información que ha dado origen a este amparo a las Municipalidades con las cuales haya suscrito convenios de colaboración relativos a las Oficinas de Convenio Municipal, a fin de que dichas entidades edilicias se pronuncien respecto de la solicitud relativa a los planos que obran en poder de dichas oficinas.

10) Que, por su parte, mediante la solicitud que dio origen al amparo Rol C639-11, se requirió al SII la copia digital completa de la base catastral de bienes raíces agrícolas y no agrícolas elaboradas por el Servicio de Impuestos Internos, excluyendo el nombre y el RUT de los propietarios de los bienes raíces respectivos.

11) Que, en los descargos evacuados por el SII en el amparo Rol A296-09 (contenidos en el Oficio Nº 706, de 6 de octubre de 2009), el órgano requerido señaló que efectivamente cuenta con un sistema de base catastral de bienes raíces, la cual almacena datos que permiten determinar la tasación fiscal de inmuebles agrícolas y no agrícolas, así como de datos, aplicaciones y servicios necesarios para la administración del impuesto territorial.

12) Que, a efectos de determinar el alcance de dicha base catastral, este Consejo examinó, a modo de contexto, lo establecido en los numerales 3.1 y 3.2 del Anexo Técnico del Convenio suscrito el 15 de marzo de 2000 entre el órgano requerido y la Municipalidad de Providencia, para desarrollar un plan de cooperación para la mantención del catastro de los bienes raíces afectos y exentos de contribuciones de dicha comuna. En virtud de tal Convenio, la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas se compone de los siguientes campos de información registrados en el SII:

a) Base de datos catastral de propiedades No Agrícolas:

i) Catastro Legal: Código comuna, número de Rol de Avalúo, Dirección, Población, Nombre propietario, Rut propietario, Inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces (fojas, numero y año), Exención (Código, Porcentaje, Año de Término).

ii) Catastro Físico: Ubicación, Destino, Datos terreno (Número de línea, Frente, Fondo, Superficie), Datos Construcciones (N° de línea, clase, calidad, Año de construcción, N° de pisos, Destino, Condición especial, Superficie).

iii) Catastro Valórico: Avalúo total, Avalúo de terreno, Avalúo de construcciones, Valores por cuota de Giro de Impuesto Territorial, Sobretasa a sitios no edificados, Adicional 0,025%, Derechos de Aseo.

b) Base de datos catastral de propiedades Agrícolas:

i) Catastro Legal: Código comuna, Número de Rol de Avalúo, Nombre o ubicación del predio, Nombre propietario, Rut propietario, Inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces (fojas, numero y año), Exención (Código, Porcentaje, Año de Término).

ii) Catastro Físico: Ubicación, Destino, N° Mosaico, Datos terreno (Número de línea, Código de suelo, Sector, Superficie total y parcial en Há por tipo de suelo), Datos Construcciones (N° de línea, Clase, Calidad, Estado de conservación, Destino, Superficie).

iii) Catastro Valórico: Avalúo total, Avalúo de terreno, Avalúo de construcciones, Avalúo obras complementarias, Giro de Impuesto Territorial (valor cuota)

13) Que, por otro lado, debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial, el SII, una vez que concluye el proceso de tasación de los inmuebles de una comuna, debe formar el rol de avalúos correspondiente, en el cual se deben indicar la totalidad de los bienes raíces de la respectiva comuna, expresando además, respecto de cada uno de ellos, el nombre del propietario, la ubicación o el nombre si es rural y el avalúo que se le haya asignado, y, en el caso de las propiedades que gocen de exención del impuesto establecido en dicho cuerpo legal, se pondrá de manifiesto tal circunstancia.

14) Que, el SII debe remitir dichos roles comunales a las municipalidades respectivas para que el Alcalde, dentro de los diez días siguientes a su recepción, lo haga fijar durante treinta días seguidos en lugar visible del local donde funciona la municipalidad respectiva y, además, “hará publicar en un periódico de la localidad o, a falta de éste, en uno de circulación general en la comuna, un aviso en el que informará al público del hecho de encontrarse los roles de avalúos a disposición de los interesados para su examen y el plazo que durará dicha exhibición”.

15) Que, por otro lado, parte de la información requerida consta en el Formulario 2890, “Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces”, cuyo uso está regulado por la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004, del mismo Servicio, que debe ser llenado por los notarios y conservadores de bienes raíces. A los notarios les corresponde identificar al (o los) enajenantes(s) o causantes –indicando su razón social o apellido paterno, apellido materno y nombres, RUT y porcentaje de derechos de que sean titulares–, al (o los) adquirentes o herederos –indicando su razón social o apellido paterno, apellido materno y nombres, RUT y porcentaje de derechos adquiridos–, a la propiedad enajenada –indicando, en este caso, el nombre y código comuna, número de rol, calle o nombre del predio, número, departamento, local, box, bodega, población/villa/lugar, fecha de escritura, naturaleza de la escritura (compraventa, inscripción especial de herencia u otro) y el repertorio–, identificación del monto de transferencia y forma de pago y el domicilio postal, teléfono y firma del adquirente. Por su parte, los Conservadores de Bienes Raíces deben indicar las fojas, número, año y fecha de inscripción respectiva.

16) Que, dicha información, se encuentra permanentemente a disposición del público, además, en registros que poseen, precisamente, carácter publico, ya sean los repertorios de las notarías, los archivos judiciales o los registros de propiedad de los conservadores de bienes raíces, en donde, además, se indica la superficie de los inmuebles y sus deslindes.

17) Que, por otra parte, las características o datos de las construcciones edificadas en cada inmueble, conforme a lo dispuesto en las normas pertinentes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, deben constar en los anteproyectos y proyectos de edificación que deben presentarse en las Direcciones de Obras Municipales respectivas, los que, una vez aprobados por dichos órganos, adquieren carácter público, según lo ha señalado este Consejo en las decisiones de los amparos Roles A115-09, C439-09, C402-09 y C653-10, entre otras.

18) Que, de esta manera, la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma –lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros–, no requiere autorización de sus titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4º de la Ley Nº 19.628.

19) Que, de esta forma, dada la naturaleza de la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, las fuentes empleadas para su elaboración, la publicidad de los roles comunales, reconocida expresamente en la Ley Nº 17.235, así como el hecho que dicha información obra en poder del organismo reclamado y es elaborada con presupuesto público, este Consejo estima que se trata, en principio, de información pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia.

20) Que, en la respuesta dada al requirente, el SII indica que no puede entregar la información en la forma y por el medio requerido, e invoca al efecto la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de lo cual le comunica al Sr. Wegmann Ivars que dicha información se encuentra disponible en otro formato, indicándole la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, con lo cual, habría dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley de Transparencia.

21) Que, en la especie, debe desestimarse que la entrega de la información requerida se haya efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, por cuanto no se advierte que la información indicada en el considerando precedente se encuentre íntegra y permanentemente a disposición del público en los “Libros de Cobro Comunal” –que se encontrarían disponibles en el mesón de atención de público de todos los Departamentos de Avaluación del SII– y en el sitio electrónico del órgano requerido. Que, por su parte, el reclamante ha sostenido que intentó acceder a la información por medio del procedimiento indicado por el SII, pero que, lamentablemente, no le fue posible acceder al total de la información solicitada, obstaculizándose, a su juicio, el acceso a la información pedida. Que, al respecto, debe estimarse que el órgano público que ha sido requerido no podrá utilizar el procedimiento a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Transparencia cuando ello importe un entorpecimiento al ejercicio del derecho de acceso a la información, en términos tales que, no obstante existir información que se enmarque en los supuestos de dicha normas, pueda concurrir a su respecto cualquier circunstancia que impida el acceso a los mismos por parte del solicitante, como cuando el domicilio indicado en su solicitud se encuentre a una distancia considerable del lugar donde dicha información está a disposición del público y deba invertir excesivo tiempo y recursos para trasladarse, o el acceso a la información conlleve un alto costo para el solicitante, lo que se verificaría en la especie, dado que éste debiera recorrer todas las Oficinas del SII a lo largo del país a fin de acceder a la información disponible en los referidos “Libros de Cobro Comunal”. En virtud de ello, se tendrá por no entregada la información requerida conforme a lo dispuesto en el artículo 15 citado.

22) Que, por lo anterior, corresponde analizar la procedencia o no, en la especie, de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, por tratarse de un requerimiento «[de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales», la cual sustenta el órgano en que, para dar respuesta el requirente en la forma y por el medio solicitado, deberá elaborar un programa computacional que permita elaborar la información requerida, a que la solicitud se refiere a una gran cantidad de actos del órgano, que su atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales y, además, que todo ello implica incurrir en un gasto no previsto por el órgano.

23) Que, al respecto, debe tenerse presente que el Consejo para la Transparencia, en la tramitación del amparo Rol A89-09 –con ocasión de la visita técnica practicada por este Consejo–, tuvo oportunidad de analizar el sistema catastral de bienes raíces agrícolas y no agrícolas del SII, lo que, además, tuvo en consideración para resolver el amparo Rol A296-09, y, con ocasión de la tramitación del amparo Rol A575-09, también tuvo oportunidad de conocer, en una visita técnica, la base de datos histórica que almacena la información contenida en el formulario N° 2890 –que, a su vez, genera dos productos, conformados por la actualización del catastro y el formulario 2890 bis, utilizado para la operación renta–.

24) Que, este Consejo, en el considerando 11°) de la decisión del amparo Rol A296-09, de 25 de junio de 2010, tras explicar el procedimiento de análisis efectuado por el Ingeniero Informático de este Consejo, don Marcos Müller Pinto, respecto del sistema catastral de bienes raíces agrícolas y no agrícolas del SII, «[c]oncluye lo siguiente:

a) Copia Digital de la parte de la Base Catastral existe y es actualizada, al menos, dos veces al año, en relación a los municipios respecto de los cuales el SII ha celebrado un Convenio para la mantención del catastro bienes raíces o similar, lo que evidencia que el SII ha desarrollado un programa computacional a efectos de la extracción de los datos correspondiente. Así lo afirma con ocasión de los descargos evacuados por el SII en la tramitación del amparo C575-09, éste afirmó que “si se quiere una copia digital de todos los datos provenientes del formulario 2890 a nivel nacional, de los últimos 10 años, que sea legible, es necesario crear un programa nuevo que permita compilar y descifrar la información requerida por cada bien raíz respecto del cual se haya presentado el citado formulario en el plazo señalado, similar al generado, por ejemplo, para la entrega de información a las Municipalidades con las cuales el Servicio de Impuestos Internos tiene convenio para la administración del impuesto territorial, a las cuales se les entrega parte de la información catastral”. Lo anterior evidencia, por una parte, la existencia de dichos convenios y, por otra, afirma la factibilidad técnica de extraer datos de la base de datos catastral y que dicha extracción ya se ha efectuado anteriormente por lo que el programa para hacerlo ya se ha desarrollado por el organismo reclamado, al revés de lo afirmado en sus descargos.

b) La extracción de datos de la base catastral del SII en relación a los inmuebles ubicados en las comunas con las cuales el Servicio no ha suscrito convenio alguno, no representa para el organismo reclamado una inversión de tiempo y destinación de funcionarios que permita verificar la afectación del debido cumplimiento de sus funciones, por cuanto, parte de la información ya está generada y se actualiza dos veces al año y dado que, según el juicio técnico del experto informático de este Consejo, dicha tarea sólo debiera tardar un tiempo aproximado de 8 horas, en horas persona. Además, el que parte de la base catastral de bienes raíces del SII esté puesta a la venta, según Resolución Exenta N° 32, implica necesariamente el desarrollo de programas para la extracción de datos según el requerimiento del comprador.

c) Por su parte, el reclamante ha manifestado su satisfacción con la entrega de la información de la Base Catastral del SII, por comuna, en los términos de las bases catastrales comunales que acompañó y que se estrega por el SII al municipio en el marco de un convenio, según ya se indicó.

d) Por lo tanto, a juicio de este Consejo, en relación a la información relativa a la base catastral relacionadas a las propiedades ubicadas en las comunas que han suscrito un convenio con el SII no se verifican los supuestos de la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto respecto de esta el servicio ya ha desarrollado los programas respectivos para la extracción de datos y entrega en forma digital, por lo que mal puede sostener que realizar dicha actividad a efectos de dar respuesta a un requerimiento de información podía afectar el debido cumplimento de sus funciones.

e) Sobre aquella parte de la base catastral de bienes raíces del SII, que no ha sido objeto de convenio con el SII, como señaló el experto de este Consejo, la extracción de datos de la misma del mismo modo que se efectúa en cumplimiento de los convenios no implica desde un punto de vista técnico un esfuerzo adicional significativo para el organismo reclamado, por lo que respecto de esta información a juicio de este Consejo tampoco se configura la causal de reserva alegada por el SII, indicada en el punto anterior».

25) Que, asimismo, en la decisión del amparo Rol C575-09, de 17 de agosto de 2010, este Consejo concluyó, en base a lo observado en la visita técnica realizada al SII en el curso de la tramitación de dicho amparo, que el esfuerzo que debe destinar dicho organismo para extraer información requerida de la base de datos histórica que almacena la información contenida en el formulario N° 2890 –información requerida en la solicitud que dio origen al mismo–, no suponía la configuración de la causal de reserva en comento. Así, el considerando 20) de la citada decisión indicó que «[u]na inversión de 3 a 6 días hábiles para entregar la información requerida no implica distraer indebidamente a los funcionarios de SII del cumplimiento regular de sus funciones por cuanto las actividades necesarias para realizar tal entrega pueden ser distribuidas entre varios funcionarios dentro del plazo que otorgará este Consejo para tal efecto, por lo que se desestimará la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia». Asimismo, en su considerando 21), este Consejo complementa lo señalado indicando que un razonamiento en sentido opuesto supondría entender que la información solicitada, pese a su naturaleza pública, sería permanentemente reservada, lo que contravendría los principios de la Ley de Transparencia, de modo que, tratándose de información de naturaleza pública, los organismos públicos deben velar por su accesibilidad en aras de los principios de libertad de información, apertura y facilitación, consagrados en el artículo 11, letras b), c) y f) de la Ley de Transparencia, respectivamente, lo que supone que deben desarrollar sistemas de almacenamiento de la información utilizada que sean compatibles con tales principios y ajustar a los mismos los actualmente en uso.

26) Que, por otro lado, y no obstante haberse acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago el reclamo de ilegalidad interpuesto por el SII contra la decisión recaída en el amparo Rol C575-09, que ordenaba entregar la información solicitada –que coincide con la solicitada en la especie–, cabe tener presente que este Consejo, en forma posterior, pudo constatar la entrega de similar información por parte del SII, según consta en el Ordinario Nº 979, de 21 de abril de 2011, a través del cual el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio respuesta a una solicitud de acceso a la información que se le formulare, en el que se señala que ha recibido en dos ocasiones los antecedentes de un conjunto de campos de la base de datos del Formulario Nº 2.890 desde el SII, conjunto que es muy similar a la lista de campos solicitados por el reclamante tanto en el citado como en el presente amparo.

27) Que, no obstante lo anterior, y considerando que lo discutido en sede del reclamo de ilegalidad decía relación con la inexistencia de la información solicitada en el formato y con la desagregación requerida, este Consejo puede presumir, al menos razonablemente, en base a los antecedentes tenidos a la vista, que la información solicitada puede extraerse sin que esto implique un esfuerzo adicional por parte de los funcionarios del SII, tal como se indicara en el considerando 19º) de la presente decisión, por lo que en base a los principios de apertura o transparencia, máxima divulgación, divisibilidad y facilitación, reconocidos en el artículo 11 letras c), d), e) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, y no discutiéndose el carácter de público de la información solicitada, se rechazará la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por el Servicio de Impuestos Internos y, en virtud de lo razonado en los literales d) y e) del considerando 11°) de la decisión del amparo Rol A296-09 –transcritos en el considerando 18°) de la presente decisión– se requerirá al SII que entregue al requirente una copia digital íntegra de la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, incluyendo el mismo contenido que entrega a los municipios con quienes ha suscrito convenios al efecto, o, alternativamente, una copia de dicho catastro excluyendo el nombre y el RUT de los propietarios de los predios contemplados en dicha base de datos, según le signifique un menor gravamen para el funcionamiento del Servicio.

28) Que, por otro lado, en lo que dice relación a la exigencia de un interés legítimo del requirente, debe tenerse presente que la Ley de Transparencia, en su artículo 11 letra g), es claro al referirse al principio de no discriminación, conforme al cual «[l]os órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud» (lo destacado es nuestro).

29) Que, por lo expuesto, este Consejo acogerá el amparo Rol C639-11 y requerirá al Sr. Director del SII que entregue al requirente la información solicitada, en los términos del considerando 27) anterior.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos Roles C577-11 y C639-11, deducidos por don Christian Wegmann Ivars en contra del Servicio de Impuestos Internos, por los fundamentos antes desarrollados.

II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos que:

a) Entregue al Sr. Wegmann Ivars una copia electrónica de la planimetría catastral de la Región Metropolitana (como imágenes o vectorizada) que obre en poder de dicho órgano, así como una copia digital íntegra de la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, incluyendo el mismo contenido que entrega a los municipios con quienes ha suscrito convenios al efecto, o, alternativamente, una copia de dicho catastro excluyendo el nombre y el RUT de los propietarios de los predios contemplados en dicha base de datos, según le signifique un menor gravamen para el funcionamiento del Servicio.

b) Derive a las Municipalidades de las comunas de la Región Metropolitana que poseen Oficinas de Convenio Municipal, en virtud de convenios suscritos con el SII, la solicitud que ha dado origen al amparo Rol C577-11, a fin de que dichas entidades edilicias se pronuncien respecto del requerimiento de copia electrónica de la planimetría catastral que obre en su poder.

c) Cumpla con lo anterior dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director del Servicio de Impuestos que al no derivar la solicitud de información que dio origen al amparo C577-11 a las Municipalidades de las comunas de la Región Metropolitana que poseen Oficinas de Convenio Municipal, en virtud de convenios suscritos con el SII, a fin de que dichas entidades edilicias se pronunciaran respecto del requerimiento de copia electrónica de la planimetría catastral que obre en su poder, ha infringido lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y los principios de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y h), de la Ley de Transparencia, respectivamente, motivo por el cual se le requiere que adopte las medidas administrativas necesarias a fin de que, en lo sucesivo frente a situaciones similares, una vez recepcionada la solicitud de información, realice inmediamente la derivación al órgano competente para pronunciarse de ella, conforme a lo ordenado por el artículo 13 ya citado.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Christian Wegmann Ivars y al Sr. Director del Serde Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.